Nuestro país se ha convertido en uno de los peores lugares para hacer periodismo. Decenas de periodistas han sido asesinados, desaparecidos y amenazados de muerte, sin dejar de lado las agresiones que sufren en su actuar cotidiano. En la mayoría de los casos no hay justicia para ellos.
En la actual administración, ha habido un número importante de periodistas que han sido asesinados pero también en los sexenios anteriores los hubo, lo que significa que no es una cuestión nueva, sino que no ha sido atendida como debería.
Durante el gobierno de Felipe Calderón (FeCal), según una publicación del periódico La Jornada, del 18 de julio de 2013, fueron 60 periodistas asesinados y 15 fueron víctimas de desaparición forzada. En dicho artículo se menciona el informe ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la libertad de expresión 2012, realizado por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en el cual se documenta un total de 258 agresiones contra comunicadores durante el último año de Calderón al frente del gobierno, que van desde asesinatos y desapariciones forzadas hasta amenazas y ataques armados contra instalaciones de medios de comunicación. Se menciona que el principal agresor fue el crimen organizado, aunque los agentes del Estado también lo hicieron, tanto para agredir de forma directa a los comunicadores como para negarles protección y no garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, lo cual generó un clima de impunidad.
Las agresiones, la amedrentación y los asesinatos no fueron exclusivos del gobierno de FeCal y su sanguinolenta guerra contra el narcotráfico, sino que se extendió al gobierno de Enrique Peña Nieto.
De la misma forma, en una publicación del periódico La Jornada, del 02 de abril de 2019, se menciona que durante el sexenio de Peña Nieto se convirtió en el más peligroso para el ejercicio periodístico en todo el continente pues dejó un saldo de 47 reporteros asesinados y cuatro desaparecidos, así como un total de 2 mil 502 agresiones contra informadores, según el informe «Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva», presentado por la organización Artículo 19. En el informe se puede ver que:
“Desde su creación, en 2010, hasta diciembre de 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha iniciado mil 140 investigaciones y sólo ha conseguido diez sentencias, equivalente a 0.87 por ciento de efectividad, es decir, existe 99.13 por ciento de impunidad”.
Aunado a ello, el reporte agrega que de 2012 a 2018 el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, recibió 747 solicitudes de incorporación, de las cuales, 59 por ciento corresponden a comunicadores.
En lo que va del sexenio de AMLO, se tiene la cifra de 20 periodistas asesinados, algunos datos indican que son 15 y otros 17, contando los 7 los casos que se ha registrado este 2020, sin embargo, cualquiera que sea la cifra es alarmante que sigan ocurriendo.
El más reciente caso fue el del periodista Israel Vázquez Rangel, asesinado a balazos en el municipio de Salamanca, Guanajuato, mientras realizaba una cobertura, en la que se encontraron bolsas de plástico, presumiblemente con restos humanos. Israel estaba asignado a la fuente policiaca, por lo que con frecuencia realizaba transmisiones en vivo de atentados criminales y homicidios. Lo extraño del caso es que, en el lugar de la escena, hombres no identificados lo obligaron a bajar de su automóvil y le dispararon a quemarropa.
El resto de periodistas asesinados en lo que va del año son: María Elena Ferral, en Veracruz; Jorge Miguel Armenta Ramos, en Sonora; Pablo Morrugares Parraguirre, en Guerrero; Julio Valdivia, Veracruz; Arturo Alba Medina y Jesús Alfonso Piñuelas, en Chihuahua.
Un ejemplo más de las dificultades que enfrentan los periodistas es Carlos Zataraín, en este caso un fotoperiodista, quien fue secuestrado junto a otros dos hombres, Kevin “N” y Christian “N”, el sábado 14 de noviembre, en Culiacán, Sinaloa, cuando un comando armado se presentó y se llevó a los tres hombres, dejando a una mujer amordazada en el domicilio.
La pronta respuesta de organizaciones sociales de derechos humanos, ante el secuestro y que hicieron presión el domingo 15 por la tarde, con una manifestación en el Malecón, en la que exigieron la presentación con vida de Carlos, además de pedir que la investigación sea inmediata, ya que su actividad periodística lo ubica entre los grupos de mayor riesgo de agresiones y vulneración de derechos humanos. Derivado de la presión ejercida, en la noche del mismo domingo Carlos fue liberado, sin embargo, uno de los jóvenes que se llevaron junto a Carlos, aún no aparece.
Como hemos visto, la labor periodística en nuestro país es muy peligrosa y aunque el gobierno de AMLO ha dicho que existe libertad de expresión y que no se censurara a nadie, la realidad es que se siguen asesinando a los periodistas. Tal vez desde el gobierno federal no se reprima o censure a nadie, pero no sucede lo mismo con los gobiernos estatales y municipales, que muy probablemente estén vinculados a grupos delictivos.
No necesitamos buenos deseos o discursos, es imperante, en primer lugar, que se esclarezcan todos los homicidios, no solo del sexenio, sino los casos en los que se mantiene la impunidad, en segundo lugar, mientras no exista una verdadera transformación de la realidad en la que vivimos, los asesinatos van a continuar, así como los feminicidios, la delincuencia, el narcotráfico y los demás males que nos aquejan.
Y justamente esa transformación no caerá del cielo, la tenemos que ir construyendo y, para eso, lo fundamental es la organización y la lucha bajo un programa socialista que defienda nuestros derechos, incluido el derecho a la vida.
