Nuevamente la sociedad salvadoreña ha experimentado un horroroso baño de sangre. El pasado 26 de marzo se registraron 63 muertes en tan solo 24 horas; y desde el viernes 25 hasta la madrugada del lunes 28, la PNC informó que habían muerto un total de 87 personas en esta escalada de violencia. Una cifra de homicidios y feminicidios que supera los récord históricos de asesinatos de la posguerra. El gobierno de Bukele ha respondido a estos hechos decretando un Régimen de Excepción por 30 días, este régimen limita derechos constitucionales a la población como: el derecho a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial y amplía el plazo de detención administrativa de 72 horas a 15 días. Además las autoridades están violando el artículo 20 de la Constitución que prohíbe la violación de la morada, algo que no está contemplado en el régimen de excepción.