Lineamientos: una carta abierta para castigar y perseguir a los trabajadores del IPN
Adrián Alvarado
Bajo el argumento de que el Instituto Politécnico Nacional, como patrón, “tiene derechos”, las autoridades centrales promovieron la aprobación de nuevos “Lineamientos para el levantamiento de actas administrativas y aplicación de sanciones para el personal académico y no docente del Instituto Politécnico Nacional” en una instancia no facultada para generar acuerdos laborales: el Consejo General Consultivo.
La inconformidad no tardó en manifestarse. Los docentes han realizado paros de brazos caídos, mientras que el sector no docente ha convocado a una asamblea general y ha trazado una ruta de lucha para echar abajo lo que, correctamente, se interpreta como una carta abierta para que los funcionarios castiguen y persigan a los trabajadores politécnicos que se oponen a sus atropellos. El 29 de septiembre del año en curso, el Consejo General Consultivo aprobó dichos lineamientos con la oposición de 15 consejeros y la abstención de 17. Esto es importante de resaltar, ya que dicha instancia suele ser sumamente sesgada y aprobar por unanimidad los proyectos que ahí se le presentan. Si se analiza a fondo lo ocurrido en esa reunión, parece que la iniciativa tomó a varios por sorpresa, pues no conocieron el proyecto completo, sino solo un resumen en una presentación que realizó el Abogado General, Marx Yazalde. Los funcionarios no escucharon las voces que pedían un proceso de discusión más amplio antes de la aprobación del proyecto. Argumentaron, por el contrario, que los patrones tienen derechos y que se trataba de simples lineamientos administrativos sin ninguna implicación grave. Cabe destacar que, ante las preguntas sobre si se había consensuado con las representaciones sindicales de los académicos y el sector no docente ―es decir, la Sección 60 y la Sección 11 del SNTE―, el jefe de Capital Humano, el secretario de Administración y el Abogado General lo afirmaron categóricamente; sin embargo, cuando se les pidieron las minutas de tales reuniones, respondieron que no eran necesarias. Al final, los funcionarios impusieron su mayoría en la votación.
El Consejo General es un espacio antidemocrático y arcaico. No representa el sentir de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, ya que los funcionarios tienen el control absoluto de lo que allí se discute y aprueba. Además, esta instancia carece de facultades para generar acuerdos de índole laboral, incluyendo esos lineamientos punitivos que ya han sido publicados en un número extraordinario de la Gaceta Politécnica el 9 de septiembre.
Recordemos que, si algún trabajador comete alguna falta, el procedimiento para el levantamiento de actas administrativas y la aplicación de sanciones ya se encuentra establecido en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) y en las respectivas Condiciones Generales de Trabajo (CGT).
Estos lineamientos tienen una visión punitiva centrada en castigar al trabajador: en reiteradas ocasiones se mencionan sanciones e, incluso, cese del nombramiento, olvidando el proceso conciliatorio que debe existir en cualquier relación laboral. Además, por alguna razón, no se menciona que las sanciones deben ser progresivas, tal como lo establece la LFTSE y las CGT.
Por lo tanto, la defensa del trabajador se vulnera al imponer fechas fatídicas para el levantamiento de actas. El trabajador solo tendrá diez días para preparar su defensa y solamente podrá acudir acompañado de su representante sindical, prohibiendo al trabajador una defensa especializada o bien, acudir con una persona de su confianza. Asimismo, se limita la entrega de pruebas para la defensa.
Cabe resaltar que el derecho a una defensa adecuada es un derecho democrático básico ante cualquier acusación, que incluye la posibilidad de contradecir tales señalamientos, así como la asistencia por un abogado de su elección y el acceso a un proceso justo e imparcial. Se debe asegurar el equilibrio entre acusación y defensa para evitar posibles arbitrariedades, proteger los derechos individuales y, en este caso, los derechos laborales adquiridos. Por lo tanto, estos lineamientos limitan derechos democráticos básicos de los trabajadores del IPN.
Además, se otorgan facultades extraordinarias a los jefes inmediatos, quienes se convierten en juez y parte, ya que serán los mismos jefes quienes levanten el acta de hechos, acusen y levanten el acta administrativa. En la redacción original incluso se les facultaba para interrogar al trabajador y a sus testigos de descargo durante la declaración. Por supuesto, la determinación de la sanción continuará en la Oficina del Abogado General, quien a los 5 días después del levantamiento del acta, dictaminará la sanción que el trabajador amerita.
Y, por si fuera poco, tras la entrada en vigor de los lineamientos, quedará derogado (sic), todo lo que contradiga su contenido. Surge entonces la pregunta: ¿se está dando pauta para generar un régimen especial en el IPN, con carta abierta para perseguir y castigar a trabajadores de manera indiscriminada?
Es importante contextualizar la aprobación de dichos lineamientos. En el IPN existe una administración desgastada, que no cuenta con la aprobación en ningún sector de la comunidad. Cada semestre se desarrolla un conflicto escolar o laboral, resuelto mediante promesas vanas. Algunos funcionarios centrales han sido acusados de tener investigaciones por posibles actos de corrupción, y la administración del Politécnico nada relevante ha mencionado sobre esos casos, simplemente callan y los soslaya.
La represión se ha usado como nunca antes en la historia reciente de la institución; prevalece el acoso laboral; las oficinas del Abogado General y el Órgano Interno de Control se han convertido en instancias títere de algunos funcionarios centrales, que las utilizan para deshacerse de voces que ellos consideran incómodas. Se ha desatado un proceso indiscriminado de levantamiento de actas administrativas contra docentes y no docentes, algunas de las cuales, sin fundamento, han llegado a los tribunales por decisión de los altos funcionarios.
Por todo ello, en los centros de trabajo estos lineamientos se han interpretado como una licencia para que los funcionarios persigan y castiguen a los trabajadores de la educación que se oponen a sus abusos. La resistencia no se ha hecho esperar.
Profesores de la Escuela Superior de Cómputo han realizado asambleas y un paro de brazos caídos, y se han llevado a cabo algunas reuniones de coordinación del sector docente. Por su parte, el Bloque de Delegaciones Democráticas de la Sección 11 ha manifestado su rotundo rechazo a los lineamientos, llamando a los trabajadores a la lucha y convocando a una asamblea general el 23 de septiembre en el Centro Cultural “El Queso”, en Zacatenco.
La asamblea fue concurrida, a pesar de los intentos de la administración por evitarla ―como la cancelación de labores en centros de trabajo cercanos al lugar de la asamblea, bajo el pretexto de fumigación―. Asistieron docentes y no docentes del IPN, y tras una discusión incluyente y democrática, se acordó:
1.- Impulsar un amparo colectivo contra los lineamientos punitivos.
2.- Iniciar una recolección masiva de firmas entre docentes y no docentes, mediante un oficio dirigido al director general en el que se manifieste el rechazo a los lineamientos punitivos.
3.- Convocar a una movilización el 9 de octubre a las 10 de la mañana, desde las instalaciones del IPN en el Casco de Santo Tomás hacia la Secretaría de Gobernación.
4.- Valorar el escalonamiento de las acciones, hasta llegar a un paro de labores, en caso de que los lineamientos no sean derogados.
La presión ha sido tal, que incluso el secretario general de la Sección 60 del SNTE, que aglutina a los profesores del IPN, se vio obligada a emitir un comunicado en el que exige “dejar sin efectos” los lineamientos y acusa al secretario de Administración, al Abogado General y al jefe de Capital Humano de mentir, ya que afirma, que nunca consultaron a dicha representación sindical. En otro oficio, firmado por algunos secretarios generales delegacionales, se exige la renuncia del Abogado General.
La unidad y fortaleza de los trabajadores deben hacerse patentes para echar abajo estos lineamientos punitivos. No hay poder capaz de detener la fuerza de los trabajadores decididos a luchar. ¡Es el momento! ¡No hay espacio para las medias tintas!
