Desde un inicio el poder judicial se construyó como una enmarañada institución con el claro objetivo de defender los intereses de la gran burguesía y la burocracia estatal. Hay miles de argucias que permiten a éstos salir impunes, aun cuando haya leyes que les desfavorecen o hayan cometido delitos. El poder judicial es el reflejo más fiel del carácter del Estado burgués en su conjunto, que es un aparato en defensa del gran capital. Los elevados salarios para los altos funcionarios tienen el objetivo de acercarlos material e intelectualmente a los intereses de la gran burguesía. Es una especie de soborno legal.
El Poder Judicial defiende al gran capital
En sus capas más altas es uno de los sectores con mayores privilegios, los jueces siguen ganando más que el propio presidente de la República. Si sumamos el sueldo base, la compensación garantizada y prestaciones de salud, un magistrado gana anualmente 2,483,371 mil pesos, que serían casi 207 mil pesos mensuales. Estas cifras no consideran las prestaciones adicionales, por ejemplo, un magistrado recibe $16,285 mensuales para gastos en telefonía celular, que es más de lo que recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos y que si se enfrenta a un problema legal se verá en dificultades para pagar siquiera un abogado. Sin embargo, no es el ingreso extra más oneroso que reciben los magistrados.
La magistrada Lenia Batres, identificada con la 4T, en su discurso en los foros de los diálogos nacionales sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial, ha señalado que sus puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. Y expone que de cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, 12 mil 845 son sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, mil 387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre libre mercado, que incluso se llegan a considerar “derecho humano”. Mientras que tan sólo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua.
Impunidad para los pobres
Cuando un delincuente entra a juicio, muchas veces queda en libertad pues hay leyes que lo permiten por razones tan absurdas como el que no se presentaron de una forma adecuada las pruebas. Por ejemplo, el poder judicial ha dejado en libertad a muchos implicados en el caso Ayotzinapa. Pero en contraste, se calcula que 4 de cada 10 personas privadas de la libertad no cuentan aún con sentencias y entre las mujeres esto pasa en una de cada dos. Las cárceles están llenas de pobres que no conocen de leyes ni pueden pagar abogados, mientras que los delincuentes de cuello blanco gozan de completa impunidad.
Además de ello está la acción política descarada del poder judicial, sobre todo, en la segunda parte del sexenio de AMLO. El poder judicial ha actuado en sincronía con los viejos partidos burgueses y las cámaras empresariales para bloquear las leyes aprobadas por la 4T para paralizar al gobierno. La diferencia ahora es que la 4T ha recuperado la mayoría calificada lo que le permitirá, a partir del 1 de agosto, hacer cambios constitucionales y, por tanto, aprobar la reforma al poder judicial.
La limitada reforma de la 4T
El gobierno de AMLO se despide con la reforma judicial. Ésta, sin embargo, no ataca problemas fundamentales. La propuesta plantea limitar los privilegios de los grandes magistrados que no deberían ganar más que el presidente; bajar de 11 a 9 el número de magistrados y su tiempo en el cargo de 15 a 12 años; se propone la separación del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se plantea un tribunal de disciplina judicial para que los ministros y magistrados sean electos por voto universal.
Estas reformas, sin embargo, no son toleradas por los grandes magistrados, la derecha y la gran burguesía. Por un lado, porque reduce sus privilegios y, segundo, porque pone bajo escrutinio de la población la elección de las autoridades judiciales cuando hasta ahora podían asegurar que hubiera representantes más fieles a los intereses del gran capital.
Para una estructura tan inamovible esto suena a un terremoto, pues puede cambiar de golpe a los funcionarios que dirigen la judicatura, pero esto en sí no cambia nada de fondo. Que el poder ejecutivo sea electo por voto universal no ha impedido tener gobernantes fieles a los intereses del gran capital. ¿Quién nos asegura que llegarán jueces sensibles a los intereses de la clase obrera? Pero esto no transforma el enmarañado sistema jurídico que por un largo periodo histórico se creó para asegurar los privilegios de los altos funcionarios y del gran capital. Como se puede inferir esta reforma no elimina los problemas de impunidad, ni el carácter de clase de esta institución, ni siquiera intenta resolver problemas de carácter estructural que mejoren su funcionamiento dentro de los marcos de una democracia burguesa sana.
Por una verdadera justicia para los trabajadores
El problema fundamental de la falta de justicia se sustenta en que vivimos en una sociedad económicamente injusta. La expresión más clara es que un puñado de parásitos capitalistas se enriquecen a costa de la mayoría de la clase obrera. Bajo el sexenio de AMLO, los 5 más grandes capitalistas aumentaron su riqueza en promedio un 226%, según la lista de Bloomberg. Sin dar concesión a los argumentos hipócritas de la derecha que sumieron al país en un permanente baño de sangre, debemos reconocer que el sexenio de AMLO será el más violento de la historia moderna. Incluso un poder judicial eficiente y no corrupto que en verdad castigue a los delincuentes no sería materialmente capaz de resolver las decenas de miles de expedientes de delitos como homicidios dolosos o feminicidios. Hay que cambiar las condiciones materiales que provocan esta violencia y el resto de los problemas sociales.
La 4T se ha planteado como objetivo la reforma del sistema y el Estado. Esta es una diferencia fundamental con nosotros los comunistas quienes vemos como el sistema está podrido, no tiene nada de progresista, es insalvable, nosotros no queremos restaurar al actual Estado, sino destruirlo y crear otro radicalmente diferente que sea dirigido por los trabajadores, que defienda nuestros intereses.
Es utópico creer que con mejores jueces y leyes acabaremos con el problema de la explotación o la violencia en nuestro país. Pueblos, municipios y estados enteros están acosados por el crimen organizado. Frente a ello, hemos visto la creación de organismos como la policía comunitaria y juicios populares democráticos. En el pasado también vimos la creación de organismos de naciente poder obrero como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Si bajo este sistema obtenemos derechos y limitamos el poder de los altos funcionarios, bienvenido sea, pero no podemos creer que una simple reforma jurídica sumamente limitada es la solución. Ésta vendrá de generalizar estas experiencias de poder obrero que deben transformarse en un Estado democrático de los trabajadores con milicias populares que aplasten a los delincuentes y en la expropiación de las grandes palancas económicas para que la riqueza no vaya a un puñado, sino que acabemos con el desempleo, la explotación y la pobreza en nuestro país. Cuando el poder lo tengamos los trabajadores bajo una economía nacionalizada y planificada, podemos hablar de verdadera justicia.