La base del poder político en todo régimen de clase es el poder económico. En el caso mexicano dicho poder se concentra en el conglomerado bancario e industrial que lleva las riendas de la economía del país. Como se sabe, las líneas que atan a dicho conglomerado con el capital internacional, especialmente el norteamericano y europeo es múltiple, comparten visión y estrategias comunes.
La relación de ese poder económico con el poder político no es unidireccional. La Génesis de los grupos económicos más poderosos de la actualidad se puede encontrar en los gobiernos de Salinas y Zedillo, periodo en el cual se privatizaron a precio de liquidación más de 500 empresas del estado. En aquellos tiempos, el poder político concentrado en un grupo de tecnócratas buscaba servir a la gran burguesía ofreciéndole nuevos negocios en los cuales, habría también una tajada para ellos.
A las privatizaciones, a las concesiones indiscriminadas para la explotación minera se le sumó el tratado de libre comercio y finalmente la entrega de la banca privatizada al extranjero.
Este proceso, que hemos descrito en ocasiones anteriores, sentó las bases para hacer multimillonarias fortunas que finalmente fortalecieron sus posiciones, estableciendo un control hegemónico de las principales palancas de poder en el terreno político y judicial.
El gobierno del PAN-PRI (2000-2012) y luego el PRI-PAN (2012-2018) son más bien gestores de la política de la oligarquía que, mientras abre más y más espacios para nuevos negocios, achica profundamente los contrapesos sociales sobre los que se fincaba el viejo régimen priista.
También, como hemos dicho en otras ocasiones, esta “revolución de los ricos” busca construir una versión del mundo que la justifique, que haga lógica cada privatización y cada reducción de derechos sociales y que haga incluso un delito criminal el cuestionar la “mentalidad de tiburón” del capital y sus socios.
Una innovación de esta visión ideológica, que guía el actuar de la oligarquía, es la construcción de “instituciones de la sociedad civil”, que podemos dividir principalmente en dos grupos:
Unas instituciones son expertas en todos los temas, dueñas de la verdad absoluta en todo, y van reemplazando a las instituciones del estado en funciones de certificación de todo tipo de actividades. De tal modo que la oligarquía puede tutelar o en su caso sustituir funciones del estado en el caso de situaciones como la entrada de un gobierno no muy afín.
Otras más centradas en el terreno de la reproducción ideológica en ámbitos como la interpretación de la realidad, de la historia, de los derechos humanos, de la corrupción, la calidad, etc.
Pero no nos equivoquemos, en la oligarquía hay patrones y empleados. Los patrones pagan y mandan, los empleados producen ideas, ejecutan acciones e incluso son capaces de vivir en la ilusión de que son “independientes”. El tamaño de la oligarquía, su poder y redes de interés se pueden rastrear desde el sector bancario.
El frente económico
La banca mexicana maneja en términos monetarios 35.8 % del PIB, controla el 80% del total de los créditos del país, dejando al estado con sólo un 12%, cuyo presupuesto representa menos del 30% del PIB.
De ese total de financiamiento, BBVA tiene 30%, Banorte 16 %, Banamex 14% y Santander 13%. Los 4 bancos más grandes controlan alrededor del 75%., dejando el 25% restante para otras 46 instituciones privadas.
Cuatro entidades controlan la mayoría del crédito del país y los consejos de administración de dichas instituciones son una pequeña muestra de la manera en que se estructura la oligarquía:
BBVA tiene como presidente de su consejo de administración a Jaime Serra Puche, quien fue secretario de Hacienda de Ernesto Zedillo, el cual el día 19 de diciembre de 1994 entregó a los oligarcas la información de que el gobierno devaluaría el peso tres días después. Con dicha información los mangantes mexicanos cambiaron sus cuentas de pesos a dólares generando una avalancha que llevó a una devaluación del 100%, en cuestión de meses. Serra Puche siempre fue premiado por sus amos a tal grado que su papel sobre el “error de diciembre” prácticamente ha sido borrado. Ahora se le premia con la presidencia del banco que tiene casi tanto poder como una secretaría de estado.
Dentro de su consejo de administración figuran ejecutivos que establecen los vínculos con la metrópoli española, no obstante, también figuran los dirigentes de FEMSA, Grupo Bal (Peñoles, Palacio de Hierro, Grupo Nacional Provincial), Grupo Alfa, Grupo Frisa, Telefónica y directivos del ITAM.
Por su parte Banamex que fue entregado a finales de los noventas a Citibank incluye en su consejo de administración a miembros de otros consejos como Televisa, Zara, OHL, Aeroméxico, Kimberly Clark, Televisa, grupo Alfa, Bimbo, Lala, Soriana, Valmex y sorprende encontrarnos el nombre de José Ramón Cossío Díaz, como consejero independiente. En Bancomer tenemos a un exsecretario de hacienda, en este caso tenemos a un exministro de la suprema corte que al mismo tiempo es asesor legal de “mexicanos contra la corrupción”, quien está orquestando un boicot legaloide en contra del gobierno de López Obrador.
Por su parte, Santander, el cuarto banco más importante de México, integra en su consejo a miembros de Televisa, Coca cola, Vitro, MVS, Polar, ejecutivos de la bolsa de valores y, entre ellos, participa Jesús Reyes Heroles, ex director de Pemex, un gran ayudante en el saqueo de la paraestatal.
Banorte incluye en su consejo de administración a los directivos de Gruma, Televisa, Cerrey, Gimsa, Alfa, Cemex, Indeval, Infra, Iberdrola, Vitro, y diversas inmobiliarias y hoteleras, en su consejo de administración figura el ex director de Comisión Federal de Electricidad Alfredo Elías Ayub, otro gran orquestador.
En todos los casos participan, en distintos niveles ejecutivos, funcionarios del ITAM, del Tecnológico de Monterrey, etc.
Destacan por otro lado los miembros del Consejo de Administración de Televisa, que por razones históricas se ha convertido en un conclave de la alta burguesía mexicana, en ellos podemos encontrar a ejecutivos de Banamex, Banorte, BBVA, Peñoles, Grupo Monterrey, Alfa, ICA, GRUMA, entre otros.
Como se ve en todos los casos, la participación de ex funcionarios gubernamentales de otros sexenios es algo muy común.
Esto es en el caso del sector financiero. Ahora con lo que respecta a la estructura empresarial, se tiene que las 500 empresas más grandes del país, exceptuando a CFE y Pemex tienen ventas por 17.6 billones de pesos, 65 % del PIB. De estas 500 las 100 primeras acaparan el 71% de las ventas totales. La mayoría se consolidó durante el gobierno de Salinas.
El frente ideológico
El nivel de concentración monopólica en todos los sectores de la economía es inobjetable, estamos hablando de un negocio de casi 18 billones de pesos, en cuanto a ingresos de las 500 empresas y de 9 billones de pesos en cuanto a créditos, un negocio de este tipo, que por cierto se ha cebado en los últimos 30 años, tiene necesariamente que protegerse por diversos frentes, uno de ellos, y que está muy de moda actualmente son los que hemos denominado, centros empresariales de construcción de consenso, son evidentes en todo el mundo occidental, la mayoría de ellos presumen una independencia con respecto a gobiernos, sindicatos o partidos. No obstante, se utilizan sus redes entorno de la sociedad civil para crear consensos en favor de la élite empresarial, Alejandra Salas Porras, investigadora de la UNAM, señala que de 23 “Centros de pensamiento” 16 son directamente dependientes de organismos empresariales o de empresas mismas.
Como ya hemos señalado en otras ocasiones emplean su supuesta independencia para hacer aparecer su agenda de prioridades como si fueran clamores de la sociedad. Su acción se extiende desde supuestas organizaciones anticorrupción, hasta supuestas promotoras de la “democracia”, que extienden su acción en el terrero legal como una especie de poder de veto.
“Mexicanos contra la corrupción y la impunidad “, “No más derroches”,” “Instituto mexicano para la competitividad” etc., emplean distintas mecánicas, por un lado, promueven una serie de actividades para darse cierta legitimidad mientras que de manera paralela impulsan una estrategia de confrontación contra personas e instituciones que no coincidan con sus propuestas de capitalismo depredador.
“Artículo 19” en realidad defiende a ciertos periodistas, en el fondo lo hace con el objeto de legitimar su voz, para confrontar a gobiernos de izquierda.
Este doble juego combina acciones legales con iniciativas políticas para generar una concentración de intereses y acciones, en el caso de México, se convierten en una especie de poder alternativo.
Estas “ONG´s” no son exclusivas de México, forman parte de redes más grandes, la mayoría de ellas concentradas en los intereses de Estados Unidos y Europa Occidental.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), es una fuente de financiamiento, pero no es la única, como ya lo hemos dicho, la oligarquía financia e incluso evade impuestos transfiriendo recursos a estas “asociaciones sin fines de lucro”, que en el fondo pretenden sentar las bases para el lucro.
La Red Atlas, por ejemplo, enlaza a distintas ONG´s de América Latina para hacer frente y oponerse a todo aquel régimen en la región que no se someta a la agenda norteamericana ya sea en Ecuador, Honduras, Argentina, etc.
No cabe duda que la oligarquía mexicana, en coordinación con el imperialismo, actúa como clase y enfrenta de manera unificada a sus enemigos. Tampoco cabe duda que cuando más unidas están mayor es el ímpetu de aumentar el nivel de explotación.
Una tarea muy importante es que estos grupos sólo luchan por preservar su poder y su dinero, y que ello son el enemigo número 1 de los trabajadores, la otra es entender que solo es posible arrebatar la influencia política de esta élite arrebatándoles el poder económico y que, debido a la alta concentración de capitales, representaría una operación relativamente sencilla.
Tenemos el futuro en nuestras manos si también actuamos como clase.
