La llegada al gobierno de AMLO ha significado algunos cambios, muchos de ellos benefician directamente a los sectores de la población más vulnerables, los que siempre eran dejados a su suerte. Sin embargo, dichos cambios no han calado tan profundo en todos los ámbitos del gobierno o de las instituciones del Estado mexicano.
En lo tocante en materia económica no ha habido cambios sustanciales, es decir, aunque AMLO y los funcionarios de la 4T dan discursos sobre el fin del neoliberalismo, la política económica no ha resentido el calado de los discursos. Lo mismo ocurre con otras instancias, que, si bien son autónomas del gobierno, cumplen un papel importante dentro del Estado mexicano, una de ellas es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y una más es el Poder Judicial de la Federación. En ambos casos vemos una abierta cruzada contra el gobierno de la 4T y en una franca posición defensiva de sus privilegios y corruptelas.
Las triquiñuelas del INE y el TEPJF
Desde el ignominioso fraude electoral en 2006 el entonces IFE quedó totalmente desacreditado ante la mayoría de la población como un ente autónomo del gobierno, ya que, si bien ahí no se gestó el fraude contra AMLO, si fue ahí donde se llevó a cabo, dejando a la vista de todos que los dados estaban cargados en favor de Felipe Calderón, y posteriormente también a favor de Peña Nieto. Ya que en ninguno de ambos casos se prestó atención a las denuncias sobre las irregularidades que a todas luces se notaron en el desarrollo de las elecciones.
Después del “triunfo” de Peña, en 2014 se reformó el artículo 41 constitucional, homologando estándares a nivel federal y local. Por lo que pasó de ser un instituto federal a uno nacional, de esta forma el “nuevo” instituto ya no sólo le compete organizar las elecciones federales (presidente, diputados federales y senadores), sino que ahora se le faculta para colaborar —intervenir— en las elecciones locales (gobernador, diputados locales, presidentes municipales, regidores), además de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos durante todo el año, ser transparente y rendir cuentas, así como de promover una cultura cívica.
Sin embargo, el paso del IFE al INE, no significó la modificación de la estructura interna, ésta quedó intacta, y eso lo vemos en la persistencia de mantener sueldos privilegiados, además, del poder que concentran y que usan no para beneficiar a la democracia como tanto cacarean, sino para hacer que las cosas permanezcan tal y como están.
Lo anterior lo podemos ver en la forma en la que se ha pronunciado tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal Electoral. Por un lado, tenemos la cuestionable decisión del Tribunal para que fuera el INE quien se encargara de la renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y no el mismo partido, además de que dicha renovación se tenía que hacer por medio de una encuesta. Por otro lado, vimos como nuevamente el Tribunal e INE, retiraron las candidaturas de Morena, incluyendo las de gobernador en Guerrero y Michoacán, a unos días de las elecciones. En ambos casos vemos como interviene no de una forma justa e incluso democrática, sino de una forma parcial y hasta sospechosa.
Un ejemplo más reciente en la que podemos ver la forma de actuar de los funcionarios del INE fue la pasada consulta popular sobre el juicio a los expresidentes. Para iniciar se cambió la pregunta original por otra muy confusa. Pero lo que debe de llamarnos la atención es que el INE no quiso realizar la consulta el mismo día que la elección federal, sino que fue pospuesta. Desde ahí ya vemos un actuar faccioso.
Posteriormente el INE instaló menos casillas de las habituales, lo que significaba un menor número de boletas destinadas para la consulta, asimismo, vimos que los espacios en la radio y televisión que el INE puede utilizar se enfocaban a otros asuntos, menos promocionar la consulta. Obviamente la consulta fue saboteada desde el INE, los consejeros actuaron no en favor de la democracia, sino en favor de los intereses de una minoría rapaz.
En otro asunto de relevancia que tiene que ver con los órganos encargados de dar certeza sobre la vida democrática del país, vimos la destitución del presidente del Tribunal Electoral, por los mismos magistrados, por una serie de señalamientos, principalmente sobre la carpeta de investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reabierto en su contra por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos. En dicha investigación, la UIF ha solicitado el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y España, por ser los destinos más frecuentes del magistrado y en los que seguramente realizó operaciones sospechosas.
Las denuncias que la UIF presentó en contra de Vargas en 2020 ante la Fiscalía General de la República representan irregularidades y movimientos inusuales por más de 36 millones de pesos. Mientras que la interpuesta el 12 de junio y, que ahora incluye a su esposa Mónica Bauer Mengelberg, a su cuñado Peter y a las empresas Inmobiliaria Pasavaba, Inmobiliaria Schlafrau, Nerix, Consorcio de Litigio Estratégico y Asesoría Estrategia Total, señala movimientos irregulares por más de 106 millones de pesos y la alerta de que algunas de estas compañías tienen características de fachada.
El lado oscuro del Poder Judicial
Un obstáculo más al que se ha enfrentado la 4T es el del Poder Judicial de la Federación, en repetidas ocasiones hemos escuchado que AMLO se queja amargamente de los jueces, y es que, durante sus primeros años de gobierno, éste se ha enfrentado a una serie de amparos que han detenido los megaproyectos o reformas, como la eléctrica, que atentan contra los intereses de las compañías extranjeras.
Aunque más allá de eso, vemos como la mayoría de jueces y magistrados no velan por los intereses de la mayoría, sino los de un puñado de personas, obviamente las que tienen la capacidad de pagar amparo tras amparo, y que nunca pisan la cárcel, mientras que, por otro lado, vemos en las prisiones a miles de personas a las que ni siquiera han tendido un debido proceso, habiendo innumerables casos de injusticia, al estar presos personas inocentes. Por ejemplo, el caso de la indígena María Isabel San Agustín, que, tras 11 años de estar en el penal femenil de Santa Marta por supuesto secuestro, se determinó que fue forzada por medio de tortura a firmar su declaración, esto bajo la administración de Miguel Ángel Mancera.
Pero volviendo a los casos que ha enfrentado la 4T tenemos una lista importante. Para iniciar se puede mencionar las constantes suspensiones —se presentaron más de 80 amparos— contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
Otro aspecto que es de llamar la atención, es la liberación de criminales, tan solo porque no se sigue el “debido proceso” o porque “existen irregularidades” en su captura. Por ejemplo, en febrero de 2020, se liberó a Oscar Flores “El lunares”, presunto líder de la Unión de Tepito”. La misma jefa de gobierno de la Ciudad de México, declaro que incluso no se extienden las suficientes de órdenes de aprehensión, lo que limita la impartición de justicia.
Un caso muy sonado fue la suspensión a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), ya que se inhabilitó la ley a las pocas horas de entrar en vigor. La mayoría de los argumentos para promover los amparos es que la nueva ley atenta contra el medio ambiente y que afecta el libre mercado en lo referente a la generación de la energía eléctrica, sin embargo, podemos ver que detrás de esos amparos se encuentran empresas extranjeras y obviamente la nueva ley atenta sus intereses económicos, que es lo que realmente les importa.
Para finalizar, además del caso del juez falso en Puebla que beneficiaba a Rafael Moreno Valle, al encarcelar a sus opositores, es el de José Ramón Cossío, ministro en retiro, sobre su actuar en el caso de la guardería ABC, en el que se vieron involucradas personas cercanas a Felipe Calderón y Margarita Zavala y en el que al final sigue sin llegar la justicia para las familias de los niños y el caso está cubierto de un enorme halo de impunidad.
Conclusiones
Si bien no hay una profundización en cada uno de los temas que abordo, dado que sería un trabajo más extenso, y el cual no es mi intención realizar, puesto que lo quiero demostrar es que existen enormes resistencias de cambio dentro de las instituciones que he mencionado, y eso que estamos hablando de pequeños cambios cosméticos. No me quiero imaginar cómo se pondrían los jueces, magistrados y consejeros al tratarse de cambios de raíz.
Obviamente, AMLO no busca cambios de base, ya que suele decir que “las escaleras se barren de arriba para abajo”, pero siguiendo su analogía, vemos que desde arriba se oponen a la limpieza, lo cual es normal, pues no van a ceder fácilmente sus privilegios. Tan solo en los 3 años de su gobierno no ha podido bajarles el sueldo, es una clara demostración de que solo ven por su beneficio personal y el de sus familias —un aspecto que no abordé, fue el de los familiares y amigos de jueces que trabajan en el gobierno, y que asumieron los cargos debido a las influencias de su parentela—.
En resumen, se puede decir que, si bien AMLO tiene el control del gobierno, eso no ha significado eliminar completamente a la “mafia del poder”, pues existe un entrelazamiento de diversos sectores que bloquean e incluso anulan las propuestas presidenciales con la mano en la cintura, tan solo con apegarse al estado de derecho. Y mientras AMLO también se apega a ese mismo estado de derecho, cabe decir, dentro de los límites del capitalismo, nada de lo expuesto va a cambiar, ya que los cambios y transformaciones no se dan por decreto o simplemente por una superioridad moral, como a él le gusta expresar.
Si realmente queremos ver un cambio en las instituciones que aborda el presente artículo, no necesitamos reformarlas, sino eliminarlas y construir nuevas, pero sentadas sobre la verdadera democracia e impartición de justicia. Tenemos los ejemplos de las policías comunitarias de Guerrero o de Cherán en Michoacán, en donde los habitantes han tomado la justicia y la democracia en sus propias manos, de esa forma no hay titubeos, chantajes, ni corruptelas. Y lo que emana de sus asambleas o reuniones es justamente la voz de la mayoría no como a lo que estamos acostumbrados, en donde una minoría toma decisiones en las que nunca se ven en riesgo sus intereses y privilegios.