Juchitán: La incapacidad del Estado contra el crimen organizado 

Lucio Dantés

La crisis política que sacude a Juchitán de Zaragoza desde el pasado 23 de septiembre de 2026 no debe tomarse sólo como un episodio aislado de corrupción municipal. Es la culminación de un proceso de descomposición estatal que, al hacerse visible con la detención de su presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, revela la verdadera bancarrota de los dirigentes en el poder para hacerle frente a los problemas del México contemporáneo. Lo que se presenta como un operativo federal contra el crimen organizado revela la explosión de una contradicción evidente para los habitantes de Juchitán: que el Estado actual está para servir a los intereses de la clase dominante, sea de la burguesía oficial y/o ilegal. 

Los Hechos

El detonante inmediato fue la denuncia pública de la artista muxe Elvis Guerra, quien el 18 de septiembre denunció un ataque armado contra su vivienda tras negarse a pagar una extorsión de 200 mil pesos. Su caso, sin embargo, no era una excepción, sino la punta del iceberg de un sistema de extorsión generalizado que operaba con la complicidad del gobierno municipal.

Días después, el 23 de septiembre, fuerzas federales y estatales ejecutaron el Operativo Enjambre, deteniendo a Sánchez Altamirano y a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, La operación, fue ejecutada de manera coordinada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá. 

Ambos detenidos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, y se les señala como presuntos integrantes de “Los Cromos”, una estructura criminal de origen local que estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las investigaciones, “Los Cromos” operan como brazo criminal del CJNG en los municipios de Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo, y se les atribuyen actividades de narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro, portación de armas, producción de drogas ilícitas y trata de personas. La Fiscalía de Oaxaca estima que el 70% de los 957 homicidios dolosos registrados en el Istmo de Tehuantepec en los últimos cuatro años están relacionados con esta organización. 

Tras la audiencia inicial, un juez de control calificó de legal la detención y dictó prisión preventiva oficiosa: Sánchez Altamirano fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano, en el Estado de México, mientras que “La Parca” fue internado en el Cefereso de Perote, Veracruz. La vinculación a proceso de ambos imputados se formalizó el 29 de septiembre, cuando el juez determinó que existían datos de prueba suficientes para sustentar su probable participación en los delitos que se les atribuyen

Pero la investigación reveló algo más profundo: el alcalde no era un simple receptor de sobornos, sino un engranaje activo de la maquinaria criminal. Según la Fiscalía de Oaxaca, desde la infraestructura del municipio, Sánchez Altamirano brindaba cobertura política y económica a Los Cromos, facilitaba el acceso a las cámaras del C2 para alertar de operativos de seguridad, controlaba el cobro de piso a comerciantes y grandes cadenas, financiaba la compra de armamento y administraba casas de seguridad para el tráfico de migrantes.

La reacción de las estructuras de poder locales fue inmediata y reveladora. Elementos de la Policía Municipal se sumaron a los bloqueos carreteros y, en un acto de insubordinación armada, intentaron llegar a la base aérea de Ciudad Ixtepec para liberar a su alcalde, siendo contenidos por la Marina. Mototaxistas, controlados por “La Parca” según las investigaciones, paralizaron la Carretera Federal 185 Transístmica. No era una protesta ciudadana espontánea; era la movilización de un aparato paraestatal construido para la protección del negocio criminal.

Ante el vacío en el poder municipal —el suplente, Mariano Rosado, no se presentó, huyó y su domicilio fue cateado durante el operativo—, el gobernador Salomón Jara solicitó al Congreso la desaparición de poderes del Ayuntamiento, aprobada con 35 votos a favor el 25 de septiembre. En una sesión extraordinaria que duró menos de veinte minutos, los diputados decretaron la extinción del gobierno municipal sin un solo voto en contra. Horas después, el Ejecutivo estatal designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal, un locutor zapoteco y fundador del Heroico Cuerpo de Bomberos local que tomó protesta en el Palacio de Gobierno. 

La medida, presentada como una acción para “brindar gobernabilidad y seguridad a la población juchiteca”, consumaba la intervención del poder estatal sobre un municipio que ha estado controlado fuertemente por el crimen organizado, aliados con las estructuras del municipio, y desorganizando a la clase trabajadora para hacerle frente por su propia cuenta, con experiencias previas como la COCEI, que explicaremos más adelante. 

En paralelo al relevo municipal, las fuerzas federales y estatales asumieron el resguardo de la seguridad y trasladaron el armamento de la policía municipal al depósito general del estado. La corporación local, que el día anterior se había movilizado para intentar liberar a su alcalde, quedaba así desarmada y neutralizada. El 24 de septiembre, fue detenido John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal, por su presunta responsabilidad en brindar protección a Los Cromos. Con esta captura, sumaban tres los detenidos en el marco del Operativo Enjambre en Juchitán.

Las cifras de violencia que emergieron tras la caída del edil dibujaron el verdadero rostro de la crisis. Según la Fiscalía General de Oaxaca, Juchitán registró 23 homicidios en el primer trimestre de 2026, la cifra más alta del estado, y ocupó el quinto lugar entre las ochenta y ocho ciudades más importantes de México en tasa de homicidios por cada cien mil habitantes. El municipio se situaba en el primer lugar estatal en extorsión y el segundo en narcomenudeo. De enero a agosto de 2026, la violencia había dejado 44 homicidios dolosos: 40 hombres y 4 mujeres. La serie histórica era igualmente elocuente: 53 homicidios en 2022, 60 en 2023, 103 en 2024 y 88 en 2025.

La extorsión no era un fenómeno marginal. Regidores del propio ayuntamiento admitieron, sin denunciar formalmente, haber sido objeto de extorsiones y ataques a balazos en sus domicilios; al menos media docena había recibido amenazas. El cobro de piso frenó durante los meses de junio a agosto la ejecución de obras de pavimentación y drenaje, abandonadas por los trabajadores ante los disparos de desconocidos. La ciudad de 120 colonias populares se había convertido en un territorio donde el Estado había abdicado de sus funciones más elementales.

La respuesta gubernamental, sin embargo, había sido tardía y fragmentaria. Los operativos Sable y Juchitán Seguro, así como el Pacto por la Paz de Juchitán puesto en marcha en abril, no habían detenido la espiral de violencia. En junio de 2025, la administración estatal había ocupado las instalaciones del C2 y el cuartel de la policía municipal tras detectar los nexos de los agentes con grupos criminales y una red de cámaras espejo que servían para que los criminales tuvieran acceso al circuito cerrado. La complicidad, pues, no era un descubrimiento reciente: era un hecho conocido y tolerado durante años.

El Estado y el capital criminal 

Para comprender Juchitán no basta con denunciar la corrupción de un alcalde ni con exigir el respeto al federalismo. Hay que preguntarse: ¿qué es el Estado? ¿A qué intereses sirve? ¿Cómo influye el narcotráfico en la dominación del territorio y cómo combatirlo? La respuesta está en las relaciones de producción y en la correlación de fuerzas entre las clases.

El Estado no es un árbitro neutral por encima de las clases. Es la forma política que adopta la clase dominante para garantizar las condiciones de su reproducción, en este caso, el mantenimiento del modo de producción capitalista, la sociedad dividida en clases y la defensa de la propiedad privada. Esta definición, sin embargo, no debe conducir a una concepción instrumentalista del Estado, como si este fuera una simple herramienta que la burguesía usa y desecha a voluntad. El Estado es una relación social, un conjunto de instituciones y prácticas que condensan la correlación de fuerzas entre las clases en un momento histórico determinado. Su carácter de clase no depende de la voluntad de sus funcionarios, sino de la función objetiva que cumple en la reproducción del orden social. Por eso, el Estado burgués no desaparece cuando es capturado por el crimen organizado ni cuando sus instituciones se vuelven disfuncionales. Se reconfigura. Sus funciones se privatizan, sus aparatos se fragmentan, pero su esencia permanece: garantizar las condiciones de la acumulación capitalista, incluso si esa acumulación adopta la forma del capital originado por medios delictivos.

En México, el ascenso de los grupos del crimen organizado fuertemente armados ha llevado a una contradicción en donde al Estado ya no le es  posible ejercer el monopolio de la violencia en todo el territorio nacional. La crisis de Juchitán no es una excepción: es la expresión concentrada de una tendencia general en todo el territorio mexicano, particularmente en el norte del país.

El “narcogobierno”, como el que existía en Juchitán, no es una desviación moral ni un accidente administrativo. Emerge de la propia lógica del capitalismo en su fase de descomposición. Cuando el Estado no puede garantizar la acumulación de riquezas a partir de la explotación de la fuerza de trabajo y de la economía local, cede funciones a estructuras criminales que sí pueden hacerlo. La extorsión, el cobro de piso, el control del transporte y la regulación del comercio se vuelven funciones estatales privatizadas por el crimen organizado.

Lo que en Juchitán aparece como una alianza entre un alcalde y una célula del CJNG es, en realidad, una fusión orgánica de dos sectores de la burguesía: oficial e ilegal. El alcalde no era un obstáculo para Los Cromos; era su administrador político. La Policía Municipal no era una fuerza de seguridad pública; era un brazo armado del cártel. La infraestructura del municipio —cámaras del C2, patrullas, mototaxis, comercios— estaba integrada en la maquinaria de reproducción del capital criminal. No había dos poderes en conflicto, sino una sola estructura de dominación que combinaba la forma legal del Estado con la operación material del crimen.

El imperialismo y los planes de seguridad nacional

Este proceso no puede entenderse sin su dimensión imperialista. El Operativo Enjambre no es una operación de “justicia” desinteresada. Es parte de una estrategia más amplia de control territorial en el Istmo de Tehuantepec, una región estratégica por el Corredor Interoceánico, las rutas migratorias y los recursos energéticos. El imperialismo estadounidense ha diseñado durante décadas planes de seguridad nacional —desde la Iniciativa Mérida hasta el Entendimiento Bicentenario— cuyo objetivo no es combatir al crimen organizado, sino garantizar el control de las rutas comerciales y la estabilidad necesaria para la acumulación capitalista.

La intervención federal en Juchitán no responde a una preocupación humanitaria por las víctimas de la extorsión. Responde a la necesidad de restablecer el orden que el capital requiere para operar. El Estado mexicano, en su nivel federal, actúa como gendarme del capital transnacional: desmantela una estructura criminal que se había vuelto disfuncional para la acumulación, pero no porque sea criminal, sino porque su autonomía amenazaba los intereses superiores del capital financiero y de las cadenas de suministro globales.

La Descomposición como Preludio de la Reconstrucción

Lo que en Juchitán aparece como una crisis de gobernabilidad es, en realidad, la manifestación local de una contradicción que recorre todo el Estado mexicano: su incapacidad actual para hacerle frente a las problemáticas que agravan a la mayoría de la población en el terreno económico y de seguridad. El Estado no es una cosa que se pueda “reformar” o “recuperar” sin cambiar absolutamente nada. Es un aparato político que existe para asegurar la dominación de una clase sobre otra. Cuando la clase social dominante deja de jugar un papel progresivo (algo que desde hace mucho dejó de ser la clase capitalista), los problemas sociales, económicos y políticos no se arreglan con decretos ni con la designación de un comisionado. Se necesita la transformación completa de la sociedad y la entrada del proletariado en la toma del poder.

La experiencia de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) es un antecedente ineludible para cualquier análisis de la organización de la clase trabajadora en Juchitán. Fundada en 1974, la COCEI logró lo que pocas organizaciones populares en México: articular un movimiento de masas con base en demandas concretas —tierra, vivienda, servicios públicos, democratización municipal— y conquistar el gobierno municipal en 1981, convirtiéndose en la primera administración de izquierda en el país. 

Su acierto fundamental fue comprender que la lucha electoral, sin organización de base, es estéril; y que la organización de base, sin perspectiva de tomar el poder más allá de un solo municipio, agota el potencial revolucionario en la protesta. Sin embargo, la COCEI no logró trascender los límites de la democracia burguesa. Su integración paulatina al sistema político, la burocratización de sus estructuras y la pérdida de independencia de clase frente a los aparatos del Estado terminaron por vaciar su proyecto revolucionario. La lección es dialéctica: la organización popular puede conquistar espacios de poder, pero sin un partido de cuadros que mantenga la perspectiva revolucionaria permanentemente y que garantice la independencia de clase, esos espacios se convierten en trampas que absorben y desmovilizan a la propia clase trabajadora. La COCEI demostró que la clase trabajadora de Juchitán es capaz de organizarse y luchar; también demostró que sin dirección revolucionaria, esa capacidad se pierde en los laberintos de la política institucional.

La lección de Juchitán no es que el Estado haya “fallado” o que sus instituciones estén “corruptas”. La lección es que el Estado, en su forma actual burguesa, es incapaz de asegurar condiciones dignas de existencia para la amplia población. Y, por el contrario, sigue siendo utilizado por sectores de la burguesía, incluso aquella que forma parte del crimen organizado, para mantener a raya al proletariado. En Juchitán, esas fuerzas eran Los Cromos y su red de complicidades institucionales. En otras regiones, son otros cárteles, otras redes, otros intereses. Pero el fenómeno es el mismo: la violencia y explotación que sufre el trabajador y trabajadora a pie no es atacado por el Estado burgués, y en muchos casos, incluso es solapado y reproducido. En el mejor de los casos el gobierno central busca marginar a la burguesía no legal erradicando su influencia del aparato estatal (como con la destitución del presidente municipal de Juchitán). Pero esa tarea no la realizan a fondo, no desmantelan plenamente al crimen organizado y este, cuando ve la posibilidad, vuelve a penetrar en la estructura estatal para ponerla a su servicio.

Es necesario precisar el carácter de clase del Estado para no caer en el error de considerarlo una entidad neutral que “falla” o “se corrompe”. El Estado no deja de ser un aparato de dominación sólo por su aparente ineficacia. Al contrario: su disfunción es la prueba material de que la clase dominante ya no puede garantizar el progreso social que en otros momentos históricos le permitió ejercer su hegemonía. La burguesía, en su fase actual, no tiene un proyecto político ni económico que resuelva los problemas de la sociedad en su conjunto; de hecho, su único proyecto es la conservación de las estructuras que perpetúan la explotación, la acumulación de capital y la represión del Estado de quien se oponga a su programa. Por eso el Estado burgués se vuelve un obstáculo a superar y no un fin a ser conquistado. ¿Qué significa esto para la clase trabajadora? Que la tarea fundamental no es reformar el Estado, sino abolirlo construyendo un poder revolucionario que lo sustituya y lleve a cabo esas tareas revolucionarias que transformen las condiciones de vida de toda la clase trabajadora.

Esa construcción no puede ser espontánea. No basta con la indignación, ni con los bloqueos, ni con las marchas. La experiencia de Juchitán demuestra que la movilización sin dirección es absorbida por las mismas estructuras que se quiere combatir: los mototaxistas que bloquearon la carretera no luchaban contra el narcogobierno, luchaban por su continuidad. La espontaneidad, sin organización y sin programa, sirve a los intereses del propio enemigo.

La tarea revolucionaria es construir, desde abajo, formas de organización independientes del Estado para hacer frente a problemáticas a las que no puede dar solución. Comités de autodefensa, asambleas populares, organismos de control territorial que ejerzan las funciones que el Estado ya no puede ejercer: seguridad, justicia, regulación del comercio, distribución de los recursos. No como un fin en sí mismo, sino como el germen de un poder alternativo que ponga sobre la mesa la sustitución del viejo orden.

Ese poder alternativo no puede ser local ni aislado. La crisis de Juchitán es una crisis del Estado mexicano en su conjunto, y sólo puede resolverse en el marco de una estrategia nacional e internacional que plantee la destrucción plena del actual aparato Estatal y su sustitución por el naciente poder. El imperialismo no va a permitir que un territorio se sustraiga de su control sin resistencia. El capital criminal no va a renunciar a sus rentas sin lucha. La burguesía no va a entregar el poder sin una guerra.

Por eso, la construcción del poder popular exige un instrumento: el partido revolucionario. Un partido que no se limite a denunciar la corrupción ni a exigir “justicia” a los mismos aparatos que la obstruyen. Un partido que organice a la clase trabajadora, que concentre su experiencia, que le dé una dirección consciente y que la prepare para la toma del poder. Un partido que entienda que la crisis de Juchitán no es una tragedia, sino una oportunidad: la oportunidad de demostrar, en la práctica, que el viejo orden se está cayendo y que el nuevo no nacerá de sus cenizas, sino de la organización, la disciplina y la lucha de la clase trabajadora.

La descomposición del Estado burgués no es el fin de la historia. Es el comienzo de otra. Y ese comienzo necesariamente tiene que ser escrito conscientemente por la clase trabajadora. La tarea es clara: organizarse, luchar y construir el poder que hará posible su emancipación a través del Partido Comunista Revolucionario. 

¡Comunismo o barbarie!

Fuentes

Infobae (2026, 23-24 de septiembre). Cobertura del Operativo Enjambre, acusaciones contra el alcalde y contexto de violencia en Juchitán.

La Jornada (2026, 25-26 de septiembre). Cobertura de la sesión del Congreso, designación del comisionado y decomiso de armamento.

Proceso (2026, 23-24 de septiembre). Reportajes sobre el uso de la infraestructura municipal (C2) y detención del ex comisionado.

Reforma (2026, 25-26 de septiembre). Confirmación de la aprobación unánime de la desaparición de poderes.

Quadratín Oaxaca (2026, 24 de septiembre). Información sobre la desaparición del suplente del alcalde.

La Razón (2026, 24-25 de septiembre). Reportes sobre detenciones y contexto del Operativo Enjambre.

Lenin, V.I. (1917). El Estado y la Revolución. Obras Completas, Tomo 33. Progreso.

Lenin, V.I. (1917). Tesis de Abril. Obras Completas, Tomo 31. Progreso.

Marx, K. y Engels, F. (1848). Manifiesto del Partido Comunista. Obras Escogidas, Tomo I. Progreso.

Marx, K. (1852). El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Obras Escogidas, Tomo I. Progreso.

Trotsky, L. (1936). La Revolución Traicionada. Marxists Internet Archive.