Escrito por Karen Campos
Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz en el periodo del 1 de diciembre al 12 de octubre de 2016, después de permanecer prófugo durante 6 meses, fue detenido en Guatemala el pasado 15 de abril del 2017, acusado con los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y malos manejos financieros en prejuicio del estado de Veracruz. El ex gobernador, se había negado a aceptar su extradición a México, hasta que no conociera los cargos a los que se enfrentaría en su país de origen por lo que el 7 de junio la PGR presentó la petición formal de extradición, con los cargos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, los cuales aceptó, en una audiencia el 4 de julio, en la que con seguridad argumento: “He decidido allanarme… con relación a los delitos federales que me imputan, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de la federación de mi país.”
Bajo esos cargos, Duarte parecía seguro de poder salir bien librado ante la justicia mexicana, la cual no es sorpresa para nadie el saber que está llena de irregularidades y vacíos legales que permiten a este tipo de delincuentes salir con relativa facilidad en libertad. Existen evidencias en las cuales se escucha al extesorero de Duarte y Karime Macías (su esposa), Tarek Abdalá Saad y al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quienes con nítida voz hablan sobre cómo el exmandatario priista desvió miles de millones de pesos para campañas políticas del PRI. Se ignora si dicha grabación corresponde a la elección presidencial del 2012, a la federal intermedia del 2015 o a la gubernatura de Veracruz del 2016, en donde tras 87 años ganó la oposición con el PAN-PRD. Lo que no es novedad ya que la inyección de dinero de dudosa procedencia a las campañas políticas es común en nuestro país, pero esto es evidencia de que Duarte puede llevarse por delante a muchos políticos, incluyendo al mismo presidente, dentro de su cadena de corrupción.
Finalmente el 17 de julio Duarte llegó a México para ser trasladado al Reclusorio Norte, donde enfrentara los siguientes cargos con sus respectivas posibles condenas:
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Delincuencia organizada: ya que es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma. Su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
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Operaciones con recursos de procedencia ilícita: utilización de recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
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Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión.
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Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Amerita una pena de 1 a 8 años de prisión.
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Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración. Contempla una pena de los 4 a los 15 años de prisión.
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Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Este delito contempla una pena de 1 a 4 años de prisión.
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Coalición: por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Alcanza una pena de 6 meses a 6 años de multa.
Durante las audiencias al seguimiento del caso de Javier Duarte, se le había visto muy sonriente e inclusive bromista con su permanencia en reclusión, su defensa se había enfocado en ridiculizar y menospreciar las pruebas presentadas por la PGR, para intentar que los delitos imputados considerados como graves, fueran desechados y así poder enfrentar cargos menores bajo prisión preventiva, sin embargo el pasado 22 de julio, tras una audiencia de 12 horas, la sonrisa de Duarte y la positividad de sus abogados se desvaneció, ya que no pudieron evadir las pruebas presentadas por la fiscalía, por lo que el Juez decidió que había pruebas suficientes para iniciar un proceso en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Después de esta audiencia, se abre un nuevo proceso para el exgobernador de Veracruz, de quien en primera instancia pareciera que la justicia mexicana está haciendo un buen papel, sin embargo y tratándose de épocas pre electorales, puede tratarse de un artilugio para intentar dar un poco de legitimidad al gobierno federal, cuya aceptación esta por los suelos. No es novedad que periódicamente el gobierno mexicano ha debido sacrificar a uno de los suyos para salvarse en conjunto, sobre todo en periodos de cirsis; allí está el ejemplo de La Quina o Elba Esther Gordillo. Mientras tanto, hay muchas preguntas que quedarán abiertas y sin resolver aún, con respecto a Javier Duarte, quien no tiene acusaciones por el asesinato y desaparición de periodistas en Veracruz, cual fue el cruel destino de los niños con cáncer que recibieron agua en vez de quimioterapia durante su gobierno, si se le pagará la deuda al presupuesto de la Universidad Veracruzana para que los jóvenes de la entidad puedan continuar sus estudios. Muchas atrocidades pasaron durante la gubernatura de Javier Duarte, no será suficiente las penas que se le puedan imputar, a comparación con todo el daño que ha causado a los veracruzanos.
El caso de Duarte, solo es un pequeño reflejo de la podredumbre, barbarie y corrupción que existe en el Estado mexicano, el cual es preciso combatir, si queremos lograr transformar nuestra sociedad y esto sólo será posible con la organización de los oprimidos, con la organización del pueblo trabajador.
