Engels dijo que el Estado es un cuerpo de hombres armados en defensa de la propiedad. En la sociedad actual resguarda los intereses del gran capital.
En México, en los últimos años, creció el negocio de las drogas (siembra, procesamiento, traslado y venta) estando al frente capos con ganancias multimillonarias. El crimen organizado no se ha quedado ahí, se ha inmiscuido en todo tipo de negocios ilícitos como el robo y venta de los combustibles petroleros (huachicol), la trata de blancas y hasta el negocio de secuestros-rescates de migrantes. Las estructuras criminales han adquirido un enorme poder económico, el Chapo Guzmán llegó a estar en la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. Hablamos de organizaciones con enorme poder que se ha infiltrado en las estructuras del Estado a muy altos niveles. Podríamos hablar de una burguesía ilegal que vía la corrupción y el permitir a funcionarios el acceso directo a parte de los beneficios de este jugosos negocio ha puesto a estructuras del Estado a su servicio.
Éste proceso ya se veía configurando en varias presidencias priístas pero es en el segundo sexenio panista cuando hay un punto de inflexión. No olvidemos que Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006 por la puerta de atrás, apoyado por la oligarquía, el imperialismo y el aparato estatal debido a su nulo apoyo popular, pues fue impuesto por un fraude electoral en medio de movilizaciones con un enorme potencial revolucionario. Su “guerra contra el narcotráfico”, fue solamente una forma de consolidar con la militarización su presidencia y así desactivar la protesta social, sirvió también para que el Estado actuara principalmente a favor del cartel de Sinaloa. El Estado, además de seguir velando por los intereses de la gran burguesía legal nacional e imperialista, promovió en su dirección el fortalecimiento de un monopolio del negocio de la droga aunque tuvo fracturas que hicieron que distintas alas del Estado, a distintos niveles, protegieran a otros carteles.
Lo que vivimos en México fue la creación de un narcoestado. La corrupción es inherente al capitalismo, en México es algo firmemente estructurado en el Estado por eso la lucha contra la corrupción de AMLO choca con muchas resistencias. El cínico actuar de la burocracia priísta que consolidó al Estado permeó en toda la sociedad pero la evolución de la corrupción la convirtió en una enfermedad crónico-degenerativa. No sólo es el caso de los negocios ilícitos de los cárteles de la droga, vemos la compra de lujosas mansiones con el erario público (como la casa Blanca de Angélica Rivera, ex esposa de EPN), incluso el título universitario de Peña Nieto fue un plagio por no hablar del desvío de un monto que podría superar los 190 millones de dólares del erario público a empresas fantasmas durante el último sexenio priista conocido como la Estafa maestra.
Los juicios en EEUU
El Chapo Guzmán, quien fuera el principal narcotraficante del país, escapó dos veces de cárceles en México, pero finalmente fue aprehendido y extraditado a los EEUU, país donde fue condenado por el delito del narcotráfico y cumple condena.
El Chapo fue juzgado en la corte de Nueva York, tras sus declaraciones fue aprehendido García Luna, Salvador Cienfuegos y otros funcionarios mexicanos. Hemos tenido en México un Estado criminal donde los elementos más hábiles y mafiosos de la policía son los que van escalando en la estructura estatal.
Gerardo García Luna inició como pandillero de barrio y terminó como el principal jefe policiaco del país, siendo el hombre fuerte de Felipe Calderón. Su corporación, la Policía Federal, llegó a disparar a mansalva a elementos de la DEA que operaban en México, usó las flotas aéreas y hangares policiacos para la transportación de la droga. Hoy está en la cárcel. Aunque tiene delitos de larga data, el juzgado de Nueva York ha sido cuidadoso en imputarle cargos que no han prescrito y con los cuales puede ser realmente condenado. Muestra que el proceso va en serio y están buscando más que aprehender a un par de mafiosos, tomar a peces grandes que pueden traer más peses grandes.
Nunca antes se había aprehendido y juzgado a un militar mexicano de tan alto rango como lo es Salvador Cienfuegos. Él sería el jefe de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y hoy está siendo juzgado por los delitos que incluyen la producción, distribución e importación de metanfetaminas, heroína, cocaína y marihuana, así como lavado de dinero del propio negocio de las drogas. Estos delitos fueron presuntamente cometidos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 (correspondiente al sexenio de Peña Nieto) y son completamente vigentes para que pueda ser juzgado y condenado.
Salvador Cienfuegos era el responsable de la seguridad nacional, de luchar contra la violencia y el crimen, pero en realidad protegía al cartel de los hermanos Beltrán Leyva, protegía a los criminales y narcotraficantes.
El gobierno estadounidense ha manifestado abiertamente su desconfianza en la justicia mexicana para condenar a estos criminales. Desde el punto de vista de la legalidad burguesa hay completas razones para desconfiar pero hay que decir que el imperialismo no actúa ni con moralidad ni respeto a la legalidad sino bajo la consigna de la defensa de sus intereses. En su historia ha apoyado dictaduras sangrientas y en ocasiones, cuando estas ya no les son utiles, les retira su apoyo. Cuando le ha convenido ha permitido y difundido el negocio de la droga. Los carteles mexicanos adquieren un tamaño tal y un cinismo en su actuar, que se vuelven dificiles de controlar. Cuando tu mesa se ha llenado de demasiada basura y polvo pasas un trapo para limpiarla, así actúan hoy.
En el caso Salvador Cienfuegos el gobierno mexicano no fue siquiera informado, el embajador estadounidense en el país, Christopher Landau, declaró que él tenia conocimiento de que se le estaba investigando, pero no podía informarlo. Ésta actitud llevó a una queja de la cancillería mexicana. Es un ejemplo ilustrativo que habla de la real actitud del imperialismo hacia México y la falta de respeto hacia la soberanía nacional pues, pese a los discursos del presidente, la inteligencia estadounidense y otros cuerpos estatales imperialistas siguen actuando dentro del territorio nacional como Juan en su casa.
El Estado mexicano se construyó como un instrumento que en última instancia protegió y promovió la creación de una burguesía nacional defendiendo intereses también de los altos funcionarios. El termino carrancear, robar, da cuenta de esto así como también la famosa frase de Álvaro Obregón: “nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”. El Estado mexicano tuvo como uno de sus cimientos a la corrupción. En los últimos sexenios el Estado actúo (y no sólo en el caso del narcotráfico) como un grupo de la delincuencia organizada. Los funcionarios y empresarios le han ordeñado como ratas que dejan sin leche a su madre.
La Estafa maestra implicó a varias dependencias estatales que incluyen a SEDESOL, SEDATU y PEMEX que a su vez contrataron a universidades públicas para algunos supuestos servicios quienes a su vez subcontrataron a empresas fantasmas. En el caso de las universidades se habla que se destinaron 7 mil millones de pesos que simplemente desaparecieron en estas empresas fantasmas. Se ha capturado de México a Rosario Robles, quien fuera Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con Peña Nieto; a Emilio Lozoya, ex director de Pemex también bajo Peña Nieto y más recientemente a Emilio Zebadúa, uno de los principales operadores de esta estafa.
Zebadúa se ha dedicado a interponer amparos y ya que no pudo evitar ser detenido se ha ofrecido como testigo colaborador (como lo es Lozoya), que le da beneficios judiciales. Estos funcionarios al verse acorralados buscan salidas pero debe sacárseles la información y expropiar sus bienes malversados y que haya justicia, que no queden en impunidad. Estos burócratas que vivían como príncipes se han convertido en sapos buscando salvar sus pellejos. Se dice que el siguiente en la mira es Luis Videgaray, ex Secretario de Haciendo a quien, bajo el gobierno de Peña Nieto, también se le descubriera que adquirió una mansión con un costo de 58 millones de pesos.
La periodista Nayeli Roldán, que fuera una de las que sacaron a la luz la estafa maestra, ha señalado que puede ser valiosa la información que los testigos protegidos den pero que el Estado en realidad no necesita de ellos para investigar a las redes de corrupción y castigar a los culpables, simplemente hay que seguir la ruta del dinero.
En el caso de la estafa maestra se pondrá a prueba la capacidad del nuevo gobierno de hacer justicia frente a crímenes del pasado, pero los genes del Estado no han cambiado. El propio hermano de AMLO ha aparecido en videos recibiendo sobornos, lo cual ha sido usado ampliamente por la derecha para golpearle. AMLO creó el instituto para “Devolver al Pueblo lo Robado” que se vio inmiscuido en denuncias de corrupción que terminaron con la renuncia de su director Jaime Cárdenas.
La solución no está en un cambio moral individual sino en cambiar las estructuras estatales para no dejar margen para la corrupción. Se debe castigar a los funcionarios y empresarios corruptos, desmantelar las mafias de corrupción pero ante todo transformar al Estado pues el actual tiene la corrupción en sus genes.
La implicación de Peña Nieto
El diario Reforma filtró información de que la Fiscalía General de la República dio una orden de aprensión contra Luis Videgaray al que culpabiliza, junto a Lozoya, de ser el autor material de los actos de corrupción pero pone a Enrique Peña Nieto como el líder de “un aparato de poder criminal”. La FGR pone al pasado jefe del ejecutivo al nivel de un capo de un grupo criminal. En este documento filtrado, Videgaray señala que:
“Peña Nieto contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores y tuvo un poder de mando y directivo sobre sus allegados en el Gobierno que, desde luego, no era simbólico, sino que también incluía la capacidad de dar órdenes específicas, las cuales estaban obligados a cumplir”.
La FGR habla que se realizaron hechos delictivos de cohecho y traición a la patria (uno de los delitos más serios tipificados en la legislación mexicana) que emanaron del propio Peña Nieto.
Como hemos señalado, el Estado es un aparato de protección de los intereses de la clase en el poder. La burguesía vive de apropiarse del trabajo ajeno, manteniendo a la población en la miseria. El Estado en realidad instrumenta, defiende y justifica el robo hacia los trabajadores. En un capitalismo no degenerado esto ocurre bajo la aureola del respecto a la legalidad. El capitalismo decadente no sólo lleva a que el Estado se convierta en un instrumento de defensa de la burguesía ilegal, sino a que éste mismo actúe como un aparato más del crimen organizado. El documento de la FGR, que implica a EPN en los descarados actos de corrupción, no hace más que ratificar una vez más éste hecho.
Ayotzinapa, la justicia aun no llega
No podemos decir que AMLO actúe de la misma forma que Calderón o Peña Nieto, éste no es un político corrupto y creemos busca acabar realmente con la corrupción. Dice que no protege a los criminales y que busca justicia para Ayotzinapa. Los padres de los 43 han reconocido que hay buena intención del gobierno pero también han dicho que pasa el tiempo y la justicia no llega.
El gobierno de AMLO ha recibido el boicot del poder judicial y Ayotzinapa no es la excepción, aun con ello se ha logrado levantar ordenes de aprensión a decenas de personas presuntamente involucradas, pero cuidando no tocar al ejército.
Los estudiantes de Ayotzinapa tuvieron la mala suerte de tomar un autobús en Iguala, la capital de Guerrero, que contaba con un cargamento de droga, sin que ellos lo supieran. El narcotráfico y las fuerzas armadas estatales actuaron coordinadamente en este operativo de rescate de la droga que significó la muerte de 6 personas, incluyendo el sádico asesinato del estudiante Julio Cesar Mondragón y la desaparición de los 43 normalistas.
Se sabe que el ejército estuvo al tanto de todo el operativo de esa noche del 26 de septiembre de 2014. Salvador Cienfuegos había sido jefe militar del Estado de Guerrero y en ese momento era el jefe de la SEDENA. Guerrero era un estado donde el cartel que protegía tenía como centro de operaciones. Salvador Cienfuegos no actuó en la defensa de los estudiantes sino en la protección del ejército, negó la participación de esta fuerza armada en la noche de Iguala y declararía: “No voy a permitir que se interrogue a mis soldados”.
El Estado en su conjunto actuó para protegerse pues hacer justicia significaba levantar la cloaca y tener a toda vista la podredumbre del Narcoestado.
Cienfuegos además también está implicado en el caso Tlatlaya, que es la más sangrienta ejecución extrajudicial del ejército conocida durante el sexenio de EPN. La ONU en aquel sexenio criticó al gobierno mexicano por usar recurrentemente la tortura. Torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son el legado de Cienfuegos, del Ejército, de las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto.
AMLO ha dicho que sea culpable o inocente Salvador Cienfuegos su gobierno va a defender al ejército. Él busca ganar su apoyo y no ha tomado medidas para investigar ni a Cienfuegos ni a esta institución en el caso Ayotzinapa ni en ningún otro. ¿Con la entrada de AMLO mágicamente el Estado dejó de estar infiltrado por el crimen organizado? AMLO ni siquiera ha tomado medidas para depurar las fuerzas armadas que debería ser el paso mínimo.
¿Apoyarnos en el viejo Estado?
Lo que tenemos es un escenario donde ha sido el imperialismo el que ha tomado las medidas más serias contra políticos y elementos estatales corruptos y vinculados a mafias de criminales. El imperialismo puede sacrificar a algunos capos y funcionarios, al final actuará en defensa de sus intereses y en última instancia buscará la subordinación del gobierno mexicano.
El gobierno de AMLO seguramente quiere combatir realmente la corrupción y hacer justicia contra las víctimas de violencia como el caso Ayotzinapa pero también ha aceptado actuar bajo las reglas del actual Estado. Sus reformas van contra la naturaleza del Estado y éste genera resistencia, los resultados finales son que no se ha resuelto ninguna contradicción principal como se puede ver, por ejemplo, en los casos de los homicidios, desapariciones forzadas y feminicidios.
AMLO, al buscar el apoyo de las fuerzas armadas les hace concesiones a sus altos mandos, no las depura ni transforma ni mucho menos sustituye por otras instituciones basadas en la organización de los trabajadores. Si no hay un cambio de rumbo y no se transforma al Estado construyéndolo en uno basado en la organización de los trabajadores para nuestro beneficio, a la larga los costos serán caros.
El triunfo contundente en el referéndum constitucional en Chile y las elecciones en Bolivia, la crisis política en EEUU tras su elección, la desesperación de la débil derecha en México son síntomas de un proceso de búsqueda de un cambio profundo donde la correlación de fuerzas nos es favorable, pero se necesita también una dirección revolucionaria con un programa que aspire realmente a acabar con el capitalismo y su Estado.
Lenin, basándose en la experiencia del movimiento obrero parisino resumió las tareas para transformar al Estado en beneficio de los trabajadores con estos 4 sencillos puntos:
1) Elecciones libres y democráticas con derecho a revocación de todos los funcionarios.
2) Ningún funcionario puede recibir un salario superior al de un trabajador cualificado.
3) No al ejército permanente sino el pueblo en armas.
4) Gradualmente, todas las tareas de la administración deben ser realizadas por todos a turnos («¡cuando todo el mundo es un burócrata, nadie es un burócrata!»)
Es por este programa básico que debemos organizarnos los trabajadores para acabar definitivamente con el Estado corrupto que protege a empresarios y narcotraficantes.