Publicamos a continuación una colaboración sobre la masacre en El Paso Texas y el racismo, puedes enviar tus denuncias, artículos o colaboraciones a contacto@marxismo.mx
El atentado terrorista acometido por el supremacista blanco Patrick Wood y que dejó 22 muertos y 24 heridos entre mexicanos y mexicoamericanos el pasado 3 de agosto en el Walmart de El Paso, Texas, no fue un hecho aislado a cargo de un individuo desquiciado, sino producto directo de la política racista promovido por la administración de Donald Trump.
Odio racial
Bajo el lema de «Hagamos Estados Unidos grande de nuevo», Trump impulsaría su carrera en 2015 y 2016 hacia la presidencia de los EEUU, poniendo especial énfasis en acalorados y calumniosos discursos en contra de los inmigrantes, en especial los de origen mexicano y centroamericano, culpándolos de ser el origen de todos los males habidos y por haber en territorio yanqui: de acuerdo a Trump, los inmigrantes mexicanos y centroamericanos, en su enorme mayoría ilegales, son criminales, narcotraficantes, violadores, etcétera. Dado ello, por consecuencia, para Trump se presentaría como alternativa el construir un gigantesco muro que sellara la frontera sur de su país, además de endurecer aún más las políticas migratorias. Y ya como presidente (enero 2017) esa misma política ha marcado su administración.
En ese marco resulta imposible no responsabilizar al presidente de los EE.UU. del ataque terrorista perpetrado por Patrick Wood en El Paso, Texas, pues como lo demuestran las estadísticas, existe una asociación directa entre la precampaña, la campaña y lo que va de la presidencia de Trump y el incremento de los grupos de supremacistas blancos en EEUU, pues durante todo ese periodo estos pasaron de 892 en 2015 a 1020 en 2018, de acuerdo a la organización Southern Poverty Law Center; también en 2018 Texas alcanzó su cifra record en crímenes de odio racial en una década.
El mercado de las armas
Otro factor que no puede ser frivolizado es la extraordinaria facilidad con que cualquier persona puede adquirir armas de fuego, incluidas las de alto calibre, en los EEUU. De acuerdo la suiza Small Arms Survey, los estadounidenses tienen el 48% de los 650 millones de armas en poder de los civiles en el mundo. Por otro lado la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego de EEUU (ATF), en datos de 2017, señala que aproximadamente 90 millones de civiles estadounidenses acumulan cerca de 270 millones de pistolas, escopetas y rifles de asalto.
El mercado doméstico norteamericano de armas de fuego tan sólo en 2017 arrojó ganancias por 41 mil millones de dólares; se trata de un rentable negocio con el cual en realidad tanto demócratas como republicanos se sienten cómodos, porque más allá de discursos y palabrerías, es necesario recordar que en 2008, año en el que Barak Obama llegó a la presidencia, la venta de armas cortas experimentó un significativo repunte, y tres años después serían abiertos 1176 nuevos establecimientos para la venta de pistolas, rifles y ametralladoras en todo EE.UU. Después, a lo largo del segundo periodo de la administración Obama, las ventas de Ruger, el principal fabricante de armas de fuego orientadas hacia el mercado de civiles norteamericanos, crecerían en un 86%.
En la actualidad se estima que existen unos 50 mil establecimientos en todos los EE.UU. dedicados a la venta de esa clase de armamento, todo ello al amparo de demócratas y republicanos.
El costo de esas complacencias ha sido en extremo alto para los trabajadores de los EE.UU. y sus familias, pues tan sólo en el primer semestre de 2019, es decir antes del atentado terrorista de El Paso, Texas, ya se habían registrado más de 250 ataques masivos con armas de fuego, dejando un saldo de al menos mil heridos y 200 muertos. De acuerdo a la estadunidense ONG Archivo de Violencia con Armas de Fuego, en éste país se ha perpetrado la tercera parte de este tipo de ataques en todo el mundo.
Otra secuela importante de esa apacible política de demócratas y republicanos y que se ha tenido que pagar con la sangre de cientos de miles de personas inocentes, son las más de 213 mil armas de fuego traficadas desde los EE.UU. a territorio mexicano para nutrir el potencial de fuego de los diferentes carteles de la droga y del crimen organizado, ello de acuerdo a un reporte de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
La lucha por la plusvalía
Es del todo cierto que Trump ha empleado el odio racial como una eficiente herramienta para amalgamar en su favor el apoyo de los sectores más atrasados y conservadores de la sociedad norteamericana, mismo entre los cuales su habitual rechazo hacia los inmigrantes se incrementa cada que los niveles de vida y oportunidades se deterioran, tal como ha sido en el caso de los EE.UU. en la última década. Esa estrategia le fue útil en su campaña hacia la presidencia, y ahora pretende repetir la misma fórmula de cara a la reelección en las presidenciales del 2020.
Pero por encima de esa razón política, existe otra argumento incluso de mayor peso, pero en este caso de tipo económica, que obliga a Trump a promover el odio racial con una magnitud pocas veces vista en alguien que ocupa el salón oval de la Casa Blanca.
Un factor que resulta necesario enfatizar para comprender la ecuación, es el de que a pesar del profundo odio racial y de todas las políticas para frenar la inmigración ilegal a los EE.UU. la mano de obra inmigrante resulta imprescindible para la economía del imperialismo yaqui.
El imperialismo yanqui se trasformó en la primera potencia industrial y la principal economía del planta, debido a diferentes factores, entre ello gracias a contar por décadas con una aparente inagotable fuente de mano de obra inmigrante, la cual se han visto obligados a ganarse la vida aceptando salarios por debajo del promedio y trabajando en condiciones ominosas de inexistentes o casi inexistentes derechos laborales. Por ejemplo, a datos actuales esa realidad cristaliza en los 681 dólares mensuales que gana en promedio un trabajador ilegal, contra los 837 USD mínimos que percibe un trabajador no inmigrante.
Por consecuencia, la inmigración se ha traducido, pues, en una gigantesca fuente de mano de obra barata, a la vez de poderoso motor de la economía yanqui. Esa realidad queda ilustrada por datos como los siguientes: se estima que en la actualidad el 50% de la mano de obra inmigrante en los EE.UU. está constituida por “latinos” (sobre todo mexicanos y centroamericanos) de los cuales al menos 11 millones son indocumentados. Partiendo de esa base material, la organización Latino Donor Collaborative calcula que la riqueza generada anualmente por el trabajo de los aproximadamente 55 millones de latinos que laboran en los EE.UU. podría equivaler fácilmente a la séptima economía del planeta. Estamos hablando de volúmenes de capital de un rango anual de los 2.13 trillones de dólares (¡!)
En términos prácticos eso querría decir que sin el llamado “PIB Latino”, los EE.UU. estarían muy por debajo de potencias económicas como Rusia, China, Alemania, Japón, Reino Unido, etcétera.
Esa realidad que les es bastante útil al imperialismo yanqui en momentos de auge económico, resulta doblemente cierto en periodos de estancamiento o de escaso crecimiento económico. Ésta última ha sido la realidad de los EE.UU. a lo largo de la última década, y por si fuera poco ahora dicha económica presenta síntomas de lo que eventualmente podría derivar en una nueva recesión. Trump es consciente de ello, pero también lo es del hecho del papel positivo ante dicha perspectiva que podría desempeñar la mano de obra ilegal a condición de que se logre obtener de ella la mayor tasa de beneficios posible.
Y para lograr dicho fin, Trump se apoya en la vieja fórmula, criminalizar a la mano de obra inmigrante acusándola de todo los peor, además de endurecer las políticas migratorias y las medidas policiales para perseguirla. En ese contexto se enmarca, por ejemplo, la redad del pasado 7 de agosto en Mississippi y que dejó como saldo la detención y arresto de 680 trabajadores indocumentados.
Dicha redada, misma que es considerada la más grande en una década y desarrollada a escaso días de la masacre de El Paso, Texas, y, demuestra las hipócritas palabras de Trump ante los lamentables hechos acaecidos en dicha ciudad, pero a la vez desenmascara el verdadero objetivo de la política migratoria del imperialismo yanqui, pues la mano de obra entre más ilegal, más perseguida y más criminalizada es una mano de obra más barata y que rinde mayores ganancias para la patronal, tan necesitada esta última de una mayor tasa de beneficios dada la desaceleración actual de la economía yanqui.
Ni republicanos, ni demócratas…
Frente al encarnizado racismo demostrado por Trump, se podría pensar que por consecuencia la alternativa para los trabajadores inmigrantes sería los demócratas, mismo que han cuestionado la política de Trump contra los indocumentados, además de acusar a la actual administración de no tomar medidas de peso para controlar el mercado de armas para civiles.
Sin embargo, a la luz de los resultados y tras contrastar los dichos con los hechos, podemos concluir que los demócratas representan una alternativa falsa para los trabajadores inmigrantes; ya más arriba explicamos el extraordinario repunte que experimentó el mercado de armas para civiles durante los ocho años de gobierno de Obama, pero más aún, en el caso de los indocumentados las cifras de dicho ex presidente son negras: a pocos meses de terminar su mandato, es decir al 30 de julio de 2016, las administración del demócrata Obama ya había deportados a 2,768,357 inmigrantes. Esos números ubican al carismático Barak Obama como el presidente yanqui que más deportaciones realizó en los últimos 30 años.
Demócratas y republicanos, difieren en los medios, aunque comparten objetivos; y si ello es así, es debido a que ambos partidos defienden al capitalismo yanqui y su posición como primer potencia imperialista, cuestión para la que se requiere entre, otras cosas, a una gigantesca mano de obra inmigrante tan barata como pueda ser posible.
Por una alterativa obrera
El gigantesco aporte de la mano de obra inmigrante a la economía yanqui por sí mismo expresa el enorme poderío político de éste sector de la clase obrera; y una forma de demostrarlo sería por medio de un paro laboral de 24 horas, mismo que cimbraría como pocas veces se ha visto al capitalismo de la máxima potencia económica del planeta, echando por la borda toda medida de persecución, ilegalización y criminalización promovida por Trump contra los trabajadores inmigrantes.
Por ejemplo la huelga general debería ser el camino empleado por la Unión de Trabajadores Campesinos (UFW), el sindicato fundado por el fallecido líder César Chávez, para obligar a Trump a dar marcha atrás en sus recientes intentos para reformar el programa H-2A, el cual permite más de 240 mil visas temporales para trabajadores agrícolas. De acuerdo a la UFE, la reforma propuesta por Trump “priva a los trabajadores el derecho de cambiar de trabajo, pone barreras contra reclamos a un trabajo digno y mantiene bajos salarios, empeorando las condiciones para todos los trabajadores”.
El hecho es que la explotación en estados unidos, si bien tiene las dramáticas características que ya hemos mencionado para el caso de los inmigrantes, no es un fenómeno que se limite a ellos y por el contrario éste se extiendo al conjunto de la clase obrera de los EE.UU. indistintamente de su origen racial.
Es por ello que los trabajadores inmigrantes se deben unificar en un solo frente por encima de su origen nacional, para caminar hombro a hombro con el resto de la clase trabajadora de los EE.UU. y luchar juntos por sus intereses, además de impulsar su propia alternativa política al margen de los partidos tradicionales de la burguesía yanqui, es decir al margen de demócratas y republicanos; alternativa en la que se enarbole un programa que cuestione la propiedad privada sobre la industria, la banca, la tierra, el trasporte, etcétera, y que llame a poner bajo el control democrático de los trabajadores a las principales palancas de la economía.
Solamente mediante la organización independiente de los trabajadores inmigrantes apoyados por el conjunto de la clase obrera norteamericana, se podrá frenar a los grupos supremacistas blancos junto con los ataques de Trump y la reaccionaria política que persigue, criminaliza y deporta a la los indocumentados con tal de exacerbar la explotación sobre esta tipo de mano de obra.