Escrito por: Hugo RE
Han pasado once años desde que el entonces presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles al ejército, situación que no cambio con la llegada de Peña Nieto a la presidencia, los gobiernos panista y priistas han seguido la misma estrategia de seguridad, sumergiendo al país en una guerra contra el narcotráfico la cual ha costado alrededor de 121 mil muertos en el gobierno panista (dato de El Universal) y 26,121 desapariciones forzadas, 78 mil 109 hasta agosto del 2012 al 2016 (según la Revista Proceso), datos que indican que en lo que va del gobierno de Peña Nieto, cada día desaparecen 13 personas, siendo de estas, el 40% jóvenes de entre 15 y 29 años.
Es cuestionable el papel que han desempeñado las fuerzas armadas en esta supuesta guerra contra el narcotráfico, un sin fin de documentos y reportajes demuestran que antes que combatir al crimen organizado transgreden los derechos civiles y por consecuencia se cometen una infinidad de violaciones a los derechos humanos, lo que conlleva a torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Uno de los casos más sonados fue la desaparición de 43 normalistas en Iguala en el estado de Guerrero, ya que según las declaraciones ministeriales de miembros del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, presenciaron y estuvieron al tanto de los hechos e incluso hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.
Un caso más de ejecución extrajudicial fue el de Tlatlaya en Estado de México, en el cual el ejército ejecuto a 15 de los 22 muertos hallados en la bodega el 30 de junio del 2014, la versión del gobierno federal y estatal fue que los 22 presuntos criminales habían muerto en un enfrentamiento con el ejército. Aunque se comprobó que la escena del crimen fue alterada con el fin de establecer que las muertes habían ocurrido en un enfrentamiento. Un sin fin de hechos relacionados con ejecuciones y desapariciones forzadas se viven a lo largo y ancho del país, lo que se está viviendo en México sobrepasa a muchas dictaduras en Latinoamérica, como la del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, la cual reconoce 40,000 victimas, 3,065 están muertas o desaparecidos.
Peña Nieto ha utilizado la fuerza pública para disolver movimientos sociales, el caso específico es el San Salvador Atenco en cual las fuerzas estatales y federales reprimieron a los comuneros de la región y murieron dos jóvenes de 14 y 20 años, esto, sin contar las torturas sufridas y las violaciones a mujeres.
Esta estrategia de seguridad va encaminada a preservar la paz y el orden público, en el cual no se permitirá ningún movimiento social que se pueda salir de las manos y que se convierta en un peligro para la estabilidad de clase poderosa de este país y, si es posible disuadirlo por la fuerza pública y la represión lo harán, bajo este contexto la SEDENA (Secretaria de la Defensa Nacional) presiona para que la ley de seguridad nacional se apruebe dando blindaje jurídico legal para situaciones como las de Ayotzinapa y Tlatlaya, al aprobarse esta ley se verán afectados gravemente la derechos de cada individuo.
Otro factor importante para que esta ley se promulgue lo antes posible son las elecciones federales ha celebrarse el próximo año en las que se elige presidente, que sin duda se vivirán bajo un proceso de coyunturas importantes a nivel nacional, con un gobierno que no cuenta con la aceptación de la población, cosa que no beneficia en mucho a su partido.
Los últimos dos gobiernos en México han llegado con fraudes electorales, y ya que tenían y tienen que proteger sus gobiernos espurios, la mejor solución para ellos es la represión.
Sin duda la burguesía está nerviosa no se pueden permitir un país con movimientos sociales en los que la clase trabajadora tome importantes lecciones de lucha, se les terminan las opciones para evitar a toda costa estos procesos, por ahora su opción es la represión. Los partidos que han gobernado este país han optado por una estrategia de seguridad en donde la clase trabajadora pone los muertos.