El balance del movimiento sindical en el actual sexenio es contradictorio, mostrando los límites de reformas en los márgenes permitidos por el capitalismo. En algunos sectores se han abierto coyunturas de lucha importantes y otros sectores de vanguardia, antes en movilización permanente, se han desmovilizado.
El gobierno ha otorgado alrededor de un millón de plazas a educación básica a las bases de la CNTE, ha reinstalado a cerca de 4 mil trabajadores que fueron despedidos por luchar en contra de las reformas neoliberales y ha desactivado la parte punitiva de la llamada reforma educativa —sin derogarla por completo— lo que explica la virtual desmovilización de la CNTE después de años de estar en la punta de la lucha sindical en nuestro país.
A inicios del sexenio vimos la irrupción de los trabajadores de la maquila en el norte del país, especialmente en Matamoros. El movimiento logró arrancar algunas concesiones económicas pero el papel del gobierno fue el de un árbitro que pretendía desactivar el movimiento y no apoyarse en él.
La reforma laboral del actual gobierno —que introduce el voto secreto de los trabajadores en la elección de las direcciones sindicales y la negociación de los contratos colectivos— abrió una coyuntura de oportunidad para el movimiento sindical democrático. Tuvimos el ejemplo de SINTTIA en el sector automotriz que lograron arrebatarle la titularidad al sindicato charro, un triunfo histórico y ejemplar.
Sin embargo, la verdadera democracia sindical no puede introducirse desde arriba y por decreto, sólo puede ser resultado de la organización y movilización de los trabajadores. La verdad es que en materia de titularidad y contratos colectivos las cosas no han cambiado mucho, sobre todo debido a la falta de una dirección sindical que haya sabido aprovechar la coyuntura. Más recientemente sectores nuevos, como los trabajadores de aplicación, se han movilizado sin el peso de las conservadoras estructuras sindicales.
Por una parte el aumento del salario mínimo —de 88 pesos diarios a 249 pesos, un incremento promedio del 135% y de 254% en la zona libre de la frontera norte— ha sido histórico, beneficiando directamente a unos 6 millones de trabajadores, pero está muy lejos de haber recuperado el poder adquisitivo de los años 70 cuyo colapso ronda el 70%. El fenómeno de la relocalización ha impulsado al sector privado donde se han dado aumentos salariales importantes, pero aparte de los eslabones más bajos del sector educativo público, quienes han recibido aumentos, los trabajadores del Estado han visto una política de contención salarial; en general los salarios contractuales se han visto estancados y sin ver cumplidas las promesas de aumento por encima de la inflación.
Iniciativas como la de la reglamentación del outsourcing resultaron en una vil simulación, prácticamente legalizando la superexplotación de trabajadores como los de limpieza en las instituciones de gobierno. Aunque las burocracias sindicales afines a la CTM han visto cimbradas sus estructuras, muchas de ellas se han adaptado al nuevo gobierno y participan cínicamente en las convocatorias de la 4T e incluso en la mañanera del presidente, correspondientemente la visión formalista y liberal de la burocracia del nuevo gobierno – especialmente de la Secretaría de Trabajo- no ha dudado en apoyarse en esas burocracias podridas para impulsar las políticas de gobierno, sin dar una batalla real contra esas estructuras priístas y sin respaldarse en el movimiento sindical democrático.
En general el gobierno no ha tenido una actitud de confrontación y ataques en contra de los trabajadores y sus sindicatos, como claramente era el caso en los gobiernos anteriores, pero la política de “austeridad republicana” sí ha afectado a trabajadores que, contratados bajo el régimen de honorarios, han pagado los platos rotos. Lamentable, en este sentido, fue el caso de Notimex desaparecida en el actual gobierno, en el cual los trabajadores tuvieron que padecer 4 años en huelga para finalmente ser liquidados, en una clara derrota del movimiento sindical que fue sacrificado por el gobierno de AMLO.
Todo indica que Claudia Sheimbaum será la próxima presidenta. Pero su gobierno se va a desarrollar sin la autoridad política de AMLO y en un contexto económico que promete complicarse, sometiendo al gobierno de la 4T a presiones que no pueden enfrentarse en los marcos del capitalismo. La crisis del capitalismo mostrará con un mayor relieve los límites del reformismo erosionando los pequeños avances logrados en la actual administración.
Si por un lado tenemos la actitud tibia y de “árbitro” del gobierno frente al movimiento de los trabajadores, por el otro vemos una clara incapacidad de las organizaciones sindicales llamadas “democráticas” para aprovechar iniciativas gubernamentales como la del outsourcing o el de la reforma a las pensiones para movilizarse y crear un movimiento unitario y de lucha. La visión estrecha y muchas veces sectaria del sindicalismo de izquierda ha quedado en evidencia. Lo que urge es levantar a lo interno de los sindicatos una política de clase y una organización comunista independiente, involucrando a sectores frescos y jóvenes que actualmente no cuentan con organización sindical.
