Las fuerzas armadas estatales fueron partícipes, desde el primer momento, del crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa iniciado en la noche del 26 de septiembre de 2014. El saldo es de 6 personas asesinadas en esa noche, un estudiante aún en coma y la desaparición de 43 más, de los cuales se han encontrado hasta ahora restos humanos de 3 de ellos. Fue un actuar estructurado entre las fuerzas armadas del Estado y el crimen organizado. Perpetuado el crimen había que ocultar o distorsionar los hechos, tanto para la opinión pública como para encubrir el proceso legal. Eso ocurrió desde las altas esferas del Estado, inventando una versión falsa de los hechos, la llamada “verdad histórica”. El poder judicial dispersó el caso en varias fiscalías del país, para complejizar y hacer muy difícil el acceso a la justicia. Muchos jueces han liberado a presuntos culpables y desechado pruebas clave. Aunque el mismo presidente ha solicitado información fundamental que tiene el ejército y la marina, estos sólo han dado una pequeña parte de la misma, mienten sobre su actuar, destruyen información clave o la ocultan. No cabe duda, más allá de las buenas intenciones que pueda tener el gobierno actual, el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa fue y sigue siendo un crimen de Estado.
El corrupto Estado mexicano tiene una historia de sangre, donde la tortura y asesinato han formado parte de su actuar regular, basta recordar el 2 de octubre de 1968. Así como la democracia burguesa es una delgada hoja de parra que encubre la dictadura del capital, el Estado sirve para protegerse y defender los intereses de la burguesía legal e ilegal (narcotráfico) pero debe dar una cara pública de paladín de la justicia imparcial y defensa de la democracia. Debido a acuerdos internacionales, el gobierno de Peña Nieto se vio obligado a aceptar la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Su objetivo ha sido siempre la defensa y fortalecimiento de las instituciones del Estado, pugnando por su buen actuar. Lo interesante es que eso ha implicado críticas a su funcionamiento, mientras hacen una investigación paralela en el caso Ayotzinapa. Esto ha dejado en evidencia la putrefacción del Estado mexicano y su implicación directa en el asesinato y desaparición de estudiantes y en el ocultamiento del crimen. No cabe duda: ¡Fue el Estado! ¡Fue el ejército!
Bajo el gobierno de AMLO ha habido más apertura, se ha intentado avanzar en la verdad y la justicia, se ha dado mayores facilidades al GIEI. Pero el aparato Estatal actúa de forma independiente, reacciona contra ello y sigue boicoteando para que no haya justicia. AMLO puede tener mejor voluntad política, en su persona podría querer que se sepa la verdad y se haga justicia. Pero su política entra en contradicción entre lo que quiere y lo que ocurre. En su lógica de reformar al sistema, inevitablemente se apoya y fortalece instituciones clave del Estado como el ejército para gobernar. A eso hay que sumar que esas no han sido ni siquiera depuradas y se convierten en el Estado dentro del Estado, ejerciendo una gran presión contra el mismo poder federal. El resultado es que AMLO no va a fondo pues significaría combatir al ejército criminal, en que se apoya y es su aliado. Eso quedó en evidencia en la negociación que hizo con Trump cuando en EEUU detuvieron al que fuera jefe de las fuerzas armadas en los tiempos de la desaparición de los 43, Salvador Cienfuegos, acusado de delitos de narcotráfico (quien además actuó como protector del ejército tras la noche de Iguala). Por la intervención de AMLO y Marcelo Ebrard, Cienfuegos fue liberado sin juicio ni investigación en México. El que AMLO no quiere enfrentarse al ejército lo vemos en el mismo caso Ayotzinapa, donde tiene una actitud tímida contra las fuerzas armadas.
El problema de fondo no es el gobierno, es el sistema y su Estado. No basta cambiar la administración del Estado, hay que destruirlo y sustituirlo por otro basado en la organización de los trabajadores.
El VI informe de GIEI
Los estudiantes de Ayotzinapa, tenían designado por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la que están afiliados, conseguir autobuses para que los estudiantes de las normales rurales pudieran asistir a la marcha del 2 de octubre, aniversario de la masacre estudiantil de 1968, en ciudad de México. A eso fueron a Iguala ese 26 de septiembre. Tomaron 5 autobuses. En ese momento fueron atacados por fuerzas estatales y grupos de narcotraficantes Guerreros Unidos. Eso derivó, como ya dijimos, en 43 estudiantes desaparecidos, 6 muertos (incluyendo un estudiante desollado y 3 civiles que no pertenecían a la normal) y, entre los heridos, un estudiante en estado vegetativo.
El informe del GIEI demuestra la actuación de distintas corporaciones estatales: policías Estatales, Ministeriales, el ejército y la marina (en los días posteriores), así como del crimen organizado. Esto ocurre en distintas zonas de la ciudad de Iguala. Se ve el actuar coordinado de policías y elementos del crimen organizado, quienes atacan a los estudiantes, mientras que los elementos del ejército estaban presentes (dejando abierta la posibilidad de su actuación) y no actuaron en la defensa de los estudiantes.
El GIEI señala que las declaraciones del ejército han cambiado en el tiempo, de acuerdo a los descubrimientos que sus investigaciones han arrojado. Que han dado información parcial o de plano han ocultado la verdad. Por ejemplo, hay declaraciones de elementos de la Sedena que señalan que estuvieron en ciertos escenarios particulares pero la geolocalización de sus teléfonos móviles demuestra que estuvieron moviéndose en los distintos escenarios de la ciudad donde se perpetró el crimen.
También se sabe que el ejército tenía infiltrados dentro de los estudiantes que daban información en tiempo real y que hubo también información entre el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) y los militares (quienes de hecho tenían gente en esa dependencia manipulando las cámaras y manteniendo comunicación directa). Esa información, también, llegaba de manera continua con el Secretario de la Defensa Nacional, al que de hecho no se ha investigado. ¿Qué demuestra esto? Qué el ejército estuvo presente en los escenarios del crimen, saben qué pasó y ocultan la verdad.
Gracias a la investigación, por ejemplo la comunicación del ejército con otras dependencias, se sabe de la existencia de información y documentos probatorios en propiedad del ejército que éste ha ocultado o destruido.
También se muestra en el informe del GIEI que el ejército, en coordinación con el grupo Guerreros Unidos del narcotráfico, ayudó a desaparecer al menos a 6 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por ello los padres y estudiantes de la normal han realizado protestas frente al 23 batallón.
De la verdad histórica a la institucionalización de la mentira
¿Por qué se fue el GIEI del país? Porque no tenía posibilidad de avanzar significativamente en la investigación debido al ocultamiento de la verdad por parte de instituciones como el ejército. Sin embargo, AMLO, tras el VI informe, dijo que no coincidía con ellos señalando que se habían abierto las carpetas y habían 150 detenidos, incluyendo dos generales y altos funcionarios como el pasado fiscal.
A dos días del 9⁰ aniversario de la sangrienta noche de Iguala, el presidente mexicano ha declarado que ya se entregó toda la información. Se tuvo una reunión entre el gobierno y los padres de los 43 el 25 de septiembre de este año, pero en esta ocasión López Obrador no estuvo presente. Al finalizar la reunión, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales declaró:
«Alejandro Encinas lee una narrativa de dónde estamos en este momento, una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos».
«Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo… no se dice nada de quién construyó la verdad histórica».
Este fue un crimen de Estado en colusión con el crimen organizado. Es el reflejo claro del fracaso del reformismo, que se apoya en las instituciones estatales que tienen un historial de crímenes contra los trabajadores y que después sucumbe a sus presiones. Vemos la claudicación de López Obrador ante la presión del ejército. No hay verdad y no hay justicia para Ayotzinapa
Nos faltan 43 y muchos más
El caso Ayotzinapa y el problema de la violencia serán cuentas pendientes que no logrará resolver el actual presidente. Es un problema heredado, pero que hunde sus raíces en la descomposición social a la que nos ha llevado el capitalismo. Décadas de ataques, privatizaciones, sobreexplotación, falta de educación, falta de empleos formales, pérdidas de contratos colectivos, ruina en el campo, etc. llevaron a un colapso de los niveles de vida y una desigualdad obscena. Esa precariedad dio paso a la instauración sólida del mercado de la droga, creándose poderosas organizaciones de narcotraficantes, con fuerte poderío económico y militar, que controlan o se disputan amplios territorios. AMLO lleva adelante programas sociales que contienen parcialmente la precarización de la población, pero eso es una aspirina para curar la enfermedad llamada capitalismo.
Combatir de raíz el problema significa atacar las riquezas de los grandes capitalistas y narcotraficantes, poner las palancas económicas en manos de los trabajadores y las riquezas al servicio de la sociedad, así podemos acabar con la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de educación y la violencia.
Parte del problema de la violencia está ligada al crimen organizado pero no se limita a éste. Fuera de esto también vemos alarmantes cifras de homicidios, feminicidios y desapariciones, lo que indica que hay una descomposición social muy profunda y arraigada, que, sostenemos, está intrínsecamente ligada a un sistema capitalista putrefacto que nos lleva a la barbarie.
La derecha arremete contra él actual gobierno de manera hipócrita. Xóchitl Gálvez ha reivindicado la política de seguridad de Felipe Calderón, donde no sólo se expone el saldo de sangre sino también la infiltración del narcotráfico en el Estado, llegando a las más altas esferas. Pero es verdad que la 4T no ha logrado revertir el problema de la violencia.
Para un burócrata reformista, si las cifras no cuadran no hay que cambiar la realidad sino las estadísticas. Dado el alarmante problema de los desaparecidos, se han arrojado cifras de más de ciento diez mil casos. El equipo de seguridad de AMLO presionó para hacer un nuevo censo de las víctimas. Se ha descubierto a desaparecidos en listas de vacunación sin que realmente se sepa dónde están, pero también vemos que algunos sí han aparecido en casas (donde no dan datos si fueron secuestrados y no quitaron el reporte u otra razón). Sin embargo, el fin no es tener datos más fidedignos sino el de bajar las estadísticas. Esto llevó a la renuncia de Karla Quintana, comisionada de búsqueda de personas desaparecidas, identificada con el equipo de Alejandro Encinas, quien no estuvo de acuerdo con esta política.
El caso de Jalisco
No sólo no se ha dado justicia para Ayotzinapa, el problema de violencia persiste. El 11 de agosto desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco, 5 jóvenes. Se mostraron videos donde presuntamente se encontraban estos maniatados y posteriormente se encontró un auto, propiedad de uno de los chicos, en llamas, con restos humanos de una persona dentro del mismo. Eso generó la indignación de los tapatíos que realizaron protestas por su aparición.
Las cifras oficiales de desaparecidos en Jalisco son de más de 14 mil, aunque hay muchas críticas de que ocultan muchos casos. El actuar de las fiscalías y el gobierno de Alfaro es patético, parecen coludidos al crimen organizado
En Jalisco se han dado fenómenos de desapariciones múltiples como el de cuatro mujeres en Encarnación de Díaz, secuestradas fuera y dentro de su casa. Otro caso es el de unos trabajadores de un Call Center en Zapopan, que fueron secuestrados en su trabajo y luego aparecieron muertos. Es un ejemplo de la barbarie que recorre muchas zonas del país, donde los jóvenes, las mujeres y los trabajadores estamos en permanente riesgo y donde las autoridades se coluden con el crimen organizado y no son capaces de dar la más mínima justicia.
Jalisco representa un problema grave pero no el único. En varias zonas del país el crimen organizado es un cáncer. El estado de Guerrero mismo es un claro ejemplo de ello, donde el crimen organizado amedrenta a la población, impone tarifas en productos básicos, asesina a activistas sociales y a gente que les denuncia. Se infiltra en las policías y se disfraza en las policías comunitarias. Sólo ahí donde el pueblo trabajador muestra la fuerza de su unidad, su organización y lucha, es donde se les puede hacer frente y replegar.
La única forma de hacer frente a la violencia barbárica a que nos lleva el capitalismo es con un poderoso movimiento de masas revolucionario, como el que se vivió embrionariamente en 2014-15 que llevó a la unidad de los comunitarios, con los estudiantes y proletarios (empezando por los maestros) y a la toma del palacio municipal de Tixtla por parte del pueblo trabajador.
No hay alternativa dentro de este sistema
El crimen organizado sigue actuando, se infiltra en los partidos políticos y en los gobiernos locales. El Estado está podrido. Fiscales y jueces siguen protegiendo a los criminales, no hablamos solo de narcotraficantes, de militares o policías, sino de feminicidios y asesinos comunes, que siguen libres. Las madres se organizan más efectivamente que el Estado para encontrar desaparecidos, los familiares hacen mejores investigaciones que las fiscalías, el pueblo trabajador organizado es más efectivo que el Estado burgués.
Ya en 2014 vimos emerger un inspirador movimiento de masas que puso al régimen contra la pared, donde la rabia se mezclaba con aires de revolución. Vimos un profundo movimiento que augura un cambio radical y no es para menos. Lo cierto es que este sistema capitalista nos ofrece ser carne de explotación o la muerte. El movimiento está pasando por la experiencia de AMLO, lo que podemos concluir es que el sistema está tan enfermo, que pequeñas reformas no lo sanarán. El sistema debe morir para que la vida florezca. No hay salida, o nos organizamos para acabar con el capitalismo o el capitalismo acabará con nosotros.
¡Organízate, fórmate y lucha por el comunismo!