Venezuela: Última advertencia

Los ataques contra la revolución Bolivariana se han intensificado en los últimos días y semanas. Se han sucedido editoriales y portadas de los periódicos en EE.UU y España denunciando el “hambre” en Venezuela y exigiendo la “intervención” contra “el régimen”. Los problemas de escasez han llevado a casos de saqueo. La oposición de derecha está intentando activar un referéndum revocatorio presidencial, pero al mismo tiempo amenaza con acciones violentas y apela a las potencias extranjeras, en algunos casos incluyendo la intervención militar. Pero ¿qué está ocurriendo realmente en Venezuela y cómo se puede enfrentar esta amenaza?

 El viernes 13, el presidente de Venezuela, Maduro, extendió el “Decreto de Emergencia Económica” el cual le dio poderes especiales en Enero, y decretó, además, un Estado de Emergencia por 60 días que incluye amplios poderes para hacer frente a la amenaza militar exterior y a los problemas de producción y distribución de alimentos.

Como era de esperar, los medios de comunicación capitalistas de todo el mundo se unieron en un coro de denuncia, gritando histéricamente contra la «dictadura», mientras que uno de los principales líderes de la oposición de derecha, Capriles Radonski hizo un llamamiento público a desobedecer el decreto. Las amenazas, sin embargo, son muy reales. Vale la pena mencionar algunos ejemplos. Hace un mes, una editorial en el Washington Post(link is external) llamó abiertamente a la «intervención política» por parte de los vecinos de Venezuela. El fin de semana, el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, en el encuentro de «Concordia Summit» en Miami, hizo un llamamiento abierto(link is external) a las Fuerzas Armadas de Venezuela para llevar a cabo un golpe de Estado o, en su defecto, a la intervención militar extranjera contra «la tiranía».

La oposición de derecha venezolana ha hecho repetidos llamamientos a la Organización de Estados Americanos para aplicar su «Carta Democrática» e intervenir contra el presidente Maduro(link is external). Se sienten envalentonados por el éxito de la suspensión de Dilma Rousseff en Brasil y quieren seguir el mismo camino en Venezuela tan pronto como sea posible, por cualquier medio necesario, legal o ilegal. El influyente periodista venezolano de derecha y blogger Francisco Toro (editor de “Caracas Chronicles”) acaba de escribir un artículo(link is external) discutiendo abiertamente los pros y los contras de un golpe de estado, que según él sería compatible con la constitución y «lo contrario de un crimen».

Hoy el gobierno venezolano informó sobre la violación del espacio aéreo del país por un avión militar de Estados Unidos.

En un intento de sacar provecho de los graves problemas económicos a que se enfrenta el país, la oposición reaccionaria ha estado haciendo todo tipo de esfuerzos para crear una situación de caos y violencia que justificaría un golpe de estado o intervención extranjera para acelerar la remoción del presidente Nicolás Maduro. Se han producido incidentes de violencia en el Zulia y Táchira. Hay constantes rumores, sobre todo falsos, de saqueos y disturbios.

Una crisis muy seria

He estado implicado en la defensa de la revolución bolivariana desde hace más de 13 años, he visitado el país a menudo y he escrito sobre él con regularidad. Nada de lo que acabo de describir es realmente nuevo. Desde el principio, cuando Chávez fue elegido en 1998, y en particular desde las leyes habilitantes aprobadas en diciembre del 2001, la oligarquía de Venezuela y el imperialismo han participado en una campaña constante de acoso, violencia, desestabilización, golpes de estado, mentiras y calumnias, presión diplomática, sabotaje económico, cualquier cosa que se pueda pensar, lo han hecho ya.

Esta vez, sin embargo, es algo diferente. En todas las ocasiones anteriores, la voluntad revolucionaria de las masas trabajadoras bolivarianas, los campesinos y los pobres, han derrotado los intentos contrarrevolucionarios para poner fin a la revolución. Este fue el caso del golpe de Estado en abril de 2002 y luego el cierre patronal y el sabotaje de la industria petrolera en diciembre de ese mismo año, incluso antes de que la revolución fuera capaz de ofrecer cualquier mejora real en las condiciones de vida. Éstas vinieron principalmente después de que el gobierno fuera capaz de obtener el control total de la empresa estatal de petróleo en el año 2003.

Durante diez años, la revolución aplicó amplias reformas y mejoró sustancialmente las condiciones de vida de las masas. Esto fue acompañado por un proceso de radicalización política en el que el fallecido presidente Chávez y las masas revolucionarias se empujaban mutuamente hacia adelante. Se declaró que el objetivo de la revolución bolivariana era el socialismo, había una amplia variedad de experiencias de control obrero, se dieron ocupaciones de fábricas algunas de las cuales fueron expropiadas, se renacionalizaron empresas. Millones empezaron a participar activamente a todos los niveles en un intento de tomar el futuro en sus propias manos. La fuerza motriz de la revolución y su principal fuente de energía que le permitió frustrar todos los intentos de la oligarquía y del imperialismo fueron las masas revolucionarias, activas, políticamente conscientes y comprometidas a todos los niveles.

Por supuesto, este periodo fue ayudado por los altos precios del petróleo (que alcanzó un máximo de más de $ 140 por barril en 2008). El gobierno podía utilizar una enorme cantidad de dinero de la renta petrolera para financiar programas sociales que beneficiaron a millones (en educación, salud, alimentación, vivienda, pensiones, etc). La cuestión de hacerse cargo de la propiedad de los medios de producción no se planteó.

No se puede regular el capitalismo

Se tomaron una serie de medidas que limitaban el funcionamiento normal de la economía capitalista de libre mercado con el fin de defender la revolución contra el sabotaje de la clase dominante. Se aplicaron controles de divisas (para evitar la fuga de capitales) y controles de precios sobre los productos alimenticios de primera necesidad (para defender el poder adquisitivo de las masas pobres).

Pero pronto los capitalistas encontraron maneras de evitar estos controles. El control de cambios se convirtió en una estafa y dio lugar a una transferencia masiva de divisas de renta petrolera directamente a los bolsillos de capitalistas sin escrupulosos. ¿Cómo ocurrió esto? El gobierno estableció un tipo de cambio subsidiado, que se iba a utilizar para importar productos básicos (alimentos y medicamentos principalmente), así como maquinaria, componentes e insumos para la industria.

En lugar de eso, los capitalistas privados solicitaban los dólares preferenciales que luego desviaban al mercado negro (que se desarrolló como un efecto secundario inevitable del control de cambios) o directamente a sus cuentas bancarias en el extranjero. De esta manera hemos sido testigos de la increíble situación en la que las importaciones disminuyeron en volumen, mientras que el valor de las mismas en dólares aumentaron de forma masiva. El economista marxista Manuel Sutherland [que fue despedido de su empleo en la Universidad Bolivariana por sus posturas críticas] ha elaborado las cifras en relación a la importación de productos farmacéuticos:

En 2003 Venezuela estaba importando productos farmacéuticos a 1,96$ por Kg. Para el 2014 el precio había alcanzado 86,80 $ por Kg. Las importaciones colapsaron un 87% en volumen, pero se incrementó 6 veces su precio. Cifras similares pueden obtenerse para casi cualquier otro sector de la economía en los que los capitalistas reciben dolares subsidiados para la importación de mercancías.

Una situación similar se desarrolló con los controles de precios. El sector privado, que todavía tiene un control casi monopólico en el procesamiento y distribución de alimentos en muchos artículos básicos, se negó a producir ningún producto con precio regulado. Por lo tanto, con el fin de eludir los precios regulados para el arroz, por ejemplo, empezaron a producir variedades saborizadas o colorizadas, evitando así la regulación.

Esta huelga en la producción por parte de los capitalistas recargó todo el peso de la importación y distribución de productos alimenticios básicos en el estado. Los alimentos importados por el estado del mercado mundial, pagados a precios de mercado mundial con los dólares de la renta petrolera, son vendidos a precios muy subsidiados en las cadenas de supermercados estatales (PDVAL, MERCAL, Bicentenario).

Durante un período, mientras que los precios del petróleo eran altos, esta situación funcionaba más o menos. Una vez que los precios del petróleo entraron en caída libre y la economía entró en una profunda recesión, todo esto se vino abajo como un castillo de naipes. En 2014 el petróleo venezolano estaba todavía en 88$ por barril. En 2015 se redujo a la mitad a 44$. En enero de 2016 había alcanzado su nivel más bajo desde hace más de 10 años, a $ 24 dólares.

Con el fin de seguir pagando los programas sociales (incluidos los productos alimenticios subsidiados), el estado comenzó a imprimir grandes cantidades de dinero que no estaba respaldado por nada. Entre 1999 y 2015, la masa monetaria circulante (en su medida M2) aumentó en más de 15.000%.

Sin lugar a dudas, la combinación de la fuga masiva de capitales, el desarrollo de un enorme mercado negro de dólares, la masiva expansión de la oferta monetaria en un momento de recesión económica (2014 -3,9; -5,7% 2015) causó inevitablemente hiperinflación. En 2014, la tasa de inflación anual alcanzó un récord de 68%, pero en 2015 fue incluso superior al 180%, según el Banco Central de Venezuela (http://www.ine.gov.ve/documentos/NotasdePrensa/pdf/aviso180216.pdf(link is external)). Debemos señalar que la inflación en los alimentos y bebidas no alcohólicas fue incluso superior a la media.

La tasa de cambio del dólar en el mercado negro pasó de 187 bolíiacute;vares por dólar en enero de 2015 a más de 1.000 bolívares por dólar ahora (después de haber alcanzado un pico de 1.200 en febrero de este mismo año). Este es el tipo de cambio sobre el que se calculan los precios de la mayoría de los productos.

Otro efecto de esta dislocación económica masiva es el rápido agotamiento de las reservas de divisas del país:

De 24.000 millones de dólares a principios de 2015, se han derrumbado a 12.700 millones de dólares actualmente, según las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela.

Esta grave situación ha llevado a una fuerte disminución de las importaciones gubernamentales de alimentos y otros productos básicos. Las importaciones totales se redujeron en un 18,7% en 2015. Esto ha creado la escasez permanente de productos básicos en las cadenas de supermercados de propiedad estatal que los venden a precios regulados. A su vez esto crea un enorme mercado negro de estos productos. La causa principal del bachaqueo [mercado negro] es la escasez, que luego se agrava por la existencia del propio mercado negro. El enorme diferencial creado entre los precios regulados (cada vez más escasos) y el mercado negro, actúa como un enorme imán para los productos hacia este último.

Esta es una comparación de los precios de algunos productos básicos con relación a los precios vendidos por bachaqueros (mercado negro) en marzo en Petare, un barrio de clase trabajadora y sectores pobres en Caracas :

El gobierno ha decretado aumentos en el salario mínimo, varias veces, en los últimos dos años, pasando de alrededor de 10.000 Bs en noviembre de 2015 a 15.000 ahora (a lo que hay que añadir 18.000 Bs en Cesta Tickets). Sin embargo, si tienes que comprar la mayor parte de las cesta básica semanal en el mercado negro, esto no es suficiente. Y debido a que las importaciones estatales de alimentos ha sido disminuido, la escasez de productos regulados ha aumentado y la gente está obligada a comprar una mayor parte en su cesta básica en el mercado negro.

La escasez ha llevado a la corrupción generalizada a todos los niveles, el desvío de los productos de la cadena de distribución estatal hacia el mercado negro, desde la familia que está en cola durante horas y luego re-vende una parte de lo que ha comprado, al gerente de un supermercado del estado que desvía gandolas enteras llenas de productos (en colaboración con los funcionarios de la Guardia Nacional que custodiaban el establecimiento), a las bandas criminales que contratan a la gente para hacer cola durante horas y compran cualquier producto subsidiado que esté disponible (amenazando y pagándole a los trabajadores de supermercados, guardias nacionales, gerentes de supermercados, etc.), hasta el director nacional de la cadena de supermercados estatal Bicentenario, que desvía cargamentos enteros de productos.

A esto hay que añadir las miles de formas diferentes en las que el sector privado burla el régimen de regulación de precios. Hay escasez permanente de harina de maíz, pero las areperas están siempre bien abastecidas. Los pollos son casi imposibles de comprar a precios regulados, pero a los establecimientos de pollo asado nunca les falta. La harina de trigo no se puede comprar al precio oficial, y las panaderías utilizan la falta de harina como un argumento para no producir el pan normal (cuyo precio está regulado), pero misteriosamente luego son capaces de producir cualquier otra variedad de pan, pasteles, bollos y galletas, que hemos de asumir, se hacen con harina. ¿Qué hay detrás de este misterio? El hecho de que los productores mayoristas privados abastecen a estos establecimientos, pero por supuesto no a precios regulados.

Cualquier intento para poner freno a esta situación mediante el uso de medidas represivas contra el mercado negro, aunque necesario, está condenado al fracaso. La causa raíz del mercado negro no son los bachaqueros grandes o pequeños, sino la incapacidad real del gobierno para financiar el suministro necesario de productos para cubrir toda la demanda, sumado a la falta de voluntad del sector privado para producir y vender productos a los precios regulados fijados por el gobierno.

Una de las principales razones de este trastorno económico insostenible es por supuesto, la rebelión «natural» de los productores capitalistas contra cualquier intento de regular el funcionamiento normal del «libre mercado». Este es el verdadero significado de la «guerra económica» que el Gobierno Bolivariano ha denunciado desde hace muchos años. Sí, hay, sin duda, un elemento de sabotaje económico deliberado destinado a golpear a las masas trabajadoras con el fin de socavar su apoyo a la revolución. Pero, al mismo tiempo, es fácil entender que desde el punto de vista de los capitalistas, si pueden obtener un margen de beneficio del 100%, 1000% o incluso más en el mercado negro, no van a vender ni producir productos regulados con los que sólo pueden hacer una ganancia muy modesta o a veces una pérdida.

Lo que ha fracasado en Venezuela no es el «socialismo» como a los medios capitalistas le gusta afirmar en su campañas. Es precisamente lo contrario. Lo que claramente ha fracasado es el intento de introducir regulaciones con el fin de hacer que el capitalismo funcione, aunque sea parcialmente, en el interés de las masas trabajadoras. La conclusión es clara: el capitalismo no puede ser regulado. El intento ha dado lugar a la crisis económica a una escala masiva.

La respuesta del gobierno: apelaciones al sector privado

La mayoría de los venezolanos son conscientes, en un grado u otro, del papel despreciable que desempeñan las empresas privadas, como el Grupo Polar, en la creación de esta situación de acaparamiento, crimen organizado, mercado negro, especulación, etc. En mi última visita a Venezuela fui testigo del siguiente argumento en una cola del supermercado:

“- Mujer A: “aquí tienen su patria bonita” (significa: esto es lo que el chavismo te ha dado, colas).

– Mujer B: “a ver si creen que es el gobierno quien produce la Harina PAN” (de hecho, es el Grupo Polar quien tiene un control monopólico sobre la producción de harina de maíz).

El problema no es que las personas no se den cuenta de que el sector privado está saboteando la economía. El problema es que ellos no ven que el gobierno sea capaz ni esté dispuesto a tomar las medidas necesarias para solucionar esta situación.

A los problemas de escasez de alimentos y la delincuencia hay que añadir la grave sequía que afecta a Venezuela como un subproducto de El Niño, que ha significado problemas en la generación de energía en la presa hidroeléctrica El Guri. Esto ha llevado a cortes de energía regulares en los últimos meses. En abril, el gobierno decretó una jornada de trabajo de 2 días semanales en las instituciones públicas como medida para reducir el consumo de electricidad.

Incluso en este asunto tenemos que tomar en cuenta la campaña deliberada de sabotaje a la red eléctrica del país. Ha habido ya durante varios años, ataques explosivos regulares contra las plantas de generación de energía, centrales eléctricas y subestaciones en diferentes partes del país. Por lo general, coincidiendo con las campañas electorales y momentos de tensión política, y tienen por objetivo provocar cortes de energía con el fin de difundir una sensación de colapso, caos, inestabilidad, etc.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno a estos problemas extremos? Desde al menos el 2014 ha habido un reconocimiento abierto del fracaso del modelo anterior de regulación del capitalismo y el uso de los ingresos del petróleo para financiar programas sociales. Se podría decir que el punto de inflexión fue la salida del gobierno del ex-ministro de Finanzas Giordani en julio de 2014.

Desde entonces, la línea dominante en la política económica del gobierno ha sido la de hacer incluso más concesiones a los capitalistas con la esperanza de ganar de nuevo su confianza para que puedan colaborar con el gobierno con el fin de revertir la situación. Esto se ha manifestado en toda una serie de medidas concretas que se han tomado: la liberación parcial de divisas, levantamiento parcial del subsidio en el precio del combustible, la creación de zonas económicas especiales para atraer la inversión extranjera directa y la repatriación de capitales depositados en el extranjero por los capitalistas venezolanos, la apertura del Arco Minero (111.000 kilómetros cuadrados de terreno) para la explotación minera, etc.

Nada de esto ha funcionado. El gobierno mantiene conversaciones regulares con los empresarios donde se acuerdan concesiones a sus intereses y se les hacen llamamientos para que inviertan. En la siguiente ronda de conversaciones, los empresarios demandan aún más concesiones, pero la economía permanece en un estado de profunda crisis.

A decir verdad, las concesiones del gobierno al sector privado son acompañadas de vez en cuando con amenazas de expropiación. Estas amenazas no son seguidas por acciones. El viernes 13 de mayo, cuando el presidente Maduro extendió la emergencia económica y decretó el Estado de excepción por 60 días, advirtió específicamente que «cualquier fábrica que cierre un capitalista, la tomaremos y la entregaremos al poder comunal».

Menos de 48 horas más tarde, en una entrevista con Reuters, el vicepresidente a cargo de toda el área económica del gobierno, Pérez Abad, para tranquilizar al capital internacional, aseguró «descartamos la toma de las plantas que están paralizados por falta de materias primas «. En la misma entrevista, subrayó la intención de Venezuela de continuar pagando sus obligaciones sobre la deuda externa, de forma religiosa, en su totalidad y a tiempo. Añadió que esto significaría una reducción adicional de las importaciones para el 2016.

De hecho, a pesar de que la advertencia de Maduro fue destacada por los medios de comunicación internacionales, para la gente en Venezuela no tuvo mayor impacto. Él ha hecho la misma amenaza de expropiación, dirigida específicamente a Grupo Polar, tantas veces, que es como el cuento de Pedro y el Lobo. Siempre que los trabajadores de hecho se han apoderado de las fábricas que habían sido paralizadas por los patronos, se han encontrado ya sea con una cadena sin fin de obstáculos burocráticos o la represión directa por parte de la policía Bolivariana. En la mayoría de los casos, a pesar de que las leyes introducidas por Chávez están del lado de los trabajadores y permiten expropiaciones y el Control Obrero, en realidad, la mayor parte de los inspectores del trabajo están comprados por los patronos. En lugar de acelerar la expropiación, se dan prórrogas permanentemente a los empresarios con el fin de que paguen los salarios caídos y reiniciar la producción, lo que lleva a la desmoralización de los trabajadores en lucha.

Pérez Abad es el principal representante de la política de concesiones a la clase capitalista. Él mismo es un empresario y ex-presidente de una federación de empresas del país. Se convirtió en ministro a cargo del área económica del gobierno en febrero, cuando reemplazó a Luis Salas, quien era visto por los capitalistas como un «radical». Justo antes de que Maduro decretara una extensión de los poderes de emergencia económica, Pérez Abad ya había anunciado un nuevo aumento de los precios de los productos regulados, después de discusiones con los capitalistas.

Más recientemente, en un intento de hacer frente a la cuestión de la escasez, el gobierno intentó promover la formación de Comités Locales de Abastecimiento y Producción. La idea era que las propias comunidades organizadas tratarán directamente con la distribución de los productos alimenticios subsidiados directamente a las familias. Este es un paso en la dirección correcta, lo que podría reforzar el papel de las organizaciones de base. Sin embargo, la medida sólo ha tenido un impacto parcial, hasta el momento. Además, sólo se ocupa de la cuestión de la distribución final, pero no de la cuestión más importante de la producción y el procesamiento, que es donde está la raíz del problema.

El impacto en la conciencia

He dicho antes que algo es diferente esta vez. ¿Qué ha cambiado desde los intentos anteriores de la contra-revolución de derrotar al movimiento bolivariano? El estrés constante y la tensión de tener que hacer cola durante horas para conseguir productos básicos, la incertidumbre creada por la escasez y la hiperinflación, el hecho de que esta situación ha estado sucediendo desde hace más de un año y en vez de mejorar empeora, la constatación de que mientras que las masas están sufriendo hay algunos que se hacen llamar «bolivarianos» y están en cargos de poder que se están beneficiando enormemente de la corrupción, el cansancio interpuesto por tener que luchar contra la burocracia dentro de su propio movimiento, etc. Todo esto ha tenido un impacto en la conciencia de una capa importante de las masas que antes apoyaban la revolución.

Esta es la razón clave para entender la derrota en las elecciones a la Asamblea nacional del 6 de diciembre, que fueron ganadas por la oposición de derecha por primera vez en 18 años. En ese momento, la revolución bolivariana perdió alrededor de 2 millones de votos, lo que permitió a la oposición conseguir una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional.

Esa derrota ha creado una situación de bloqueo institucional. La actual Asamblea Nacional dominada por la derecha ha tratado de aprobar algunas leyes reaccionarias (una escandalosa Ley de Amnistía, la privatización de la vivienda), pero estos han sido bloqueados ya sea por el presidente o por el Tribunal Supremo. Las iniciativas adoptadas por el presidente se declaran fuera de orden por la Asamblea.

Actualmente la oposición está tratando de activar un referéndum revocatorio presidencial (una garantía democrática introducida por la revolución bolivariana a través de Hugo Chávez). Necesitan obtener un determinado número de firmas para activar el proceso, y luego, en un proceso supervisado por Consejo Nacional Electoral, deben obtener la firma del 20% del censo electoral (3,9 millones). A continuación, se convoca un referéndum en el que la oposición tendría que obtener más votos de los que Maduro recibió cuando fue elegido, para lograr su remoción. Si el presidente es removido dentro del 2016, entonces el presidente derechista de la Asamblea Nacional se hace cargo de la presidencia mientras se hacen nuevas elecciones presidenciales. Pero Maduro intentará por todos los medios retrasar el referéndum hasta el año 2017, ya que si es removido en ese momento, el vicepresidente del país asume el control para el resto de su mandato (hasta 2019). Esto también muestra cómo la dirección del movimiento bolivariano parece ver la lucha desde un punto de vista puramente jurídico-institucional.

La oligarquía también se está sintiendo envalentonada por las derrotas electorales en Argentina, Bolivia y la remoción de Dilma en Brasil. Su lado está ganando y ahora quieren «derrocar al régimen» en Venezuela. La situación ha llegado a su límite desde el punto de vista de la paciencia de las masas. Hace una semana, un camarada de Catia, un bastión revolucionario en Caracas, describe así la situación: «Hasta hace un par de semanas tenías que hacer cola durante 4, 6, 8 horas, pero podías comprar para dos o tres semanas. Ahora no hay nada. El lunes, mi mamá y yo hicimos cola y sólo pudimos conseguir arroz y pasta. El resto hay que comprarlo en el mercado negro a precios de Bachaqueros. Los salarios no alcanzan para sobrevivir. La guardia nacional con armas de asalto en mano está manejando las colas fuera del supermercado, y alejaron las colas hacia atrás unos cientos de metros para evitar que la gente intentara saquearlo». Ya ha habido incidentes a pequeña escala de saqueos en Aragua y Guarenas.

En estas condiciones, existe el peligro de que los llamamientos a las masas a movilizarse contra la amenaza de la contra-revolución puede caer en oídos sordos. Las masas han demostrado una y otra vez su voluntad de luchar y empujar hacia adelante la revolución. Pero ellos no pueden ver de ninguna manera que sus líderes sepan a dónde ir, ni cómo llegar allí.

¿Un golpe militar?

La combinación del bloqueo institucional, una profunda crisis económica, y una situación de violencia en las calles que la oposición desea crear, también podría impulsar a un sector del ejército a intervenir «con el fin de restaurar la ley y el orden». Durante las últimas semanas se han producido constantes rumores de un golpe en preparación. El martes, 17 de mayo el líder de la oposición reaccionaria, Capriles, pidió al ejército rebelarse contra el presidente «con el fin de defender la Constitución». Capriles, por supuesto, no es ajeno a los golpes, después de haber jugado un papel en el golpe reaccionario de abril de 2002. El alto mando del ejército una vez y otra vez ha declarado públicamente su lealtad al bolivarianismo. Pero todo tiene sus límites. Este es un momento muy peligroso para la revolución bolivariana. Una intervención militar, cualquiera sea la forma que tomara, sería el preludio de una «transición» para volver a tomar el control del poder del Estado por parte de la oligarquía. Una parte de los líderes bolivarianos, algunos de los elementos corruptos, burocráticos y reformistas ya se están preparando para abandonar el barco y estarían dispuesto a participar en algún tipo de gobierno de transición y unidad nacional, siempre y cuando se les garantice una cierta clase de inmunidad.

Al mismo tiempo que una capa de las masas está cansada y desgastada, también hay una capa de los activistas más avanzados que están muy enojados y que se radicalizaron como resultado de la derrota en las elecciones de diciembre. Hubo un movimiento de abajo hacia arriba para exigir la radicalización de la revolución.

Si la dirección bolivariana tomara medidas radicales y decisivas para abordar el problema de la escasez, esto volvería a encender una ola de entusiasmo revolucionario. Tales medidas serían: monopolio del comercio exterior; expropiación de la producción de alimentos y de la cadena de distribución bajo el control democrático de los trabajadores, las comunidades y los pequeños productores campesinos; impago de la deuda externa; expropiación de los bancos y las grandes empresas; un plan nacional y democrático de producción para satisfacer las necesidades de la mayoría. Este programa, en caso de aplicarse, provocaría inmediatamente un choque aún más grande contra la oligarquía venezolana y sus amos imperialistas, pero al menos tendría el beneficio de la consolidación y la ampliación del apoyo entre las masas, que verían que sus problemas finalmente se abordan de forma seria.

No nos hagamos ilusiones. Si la derecha llega a lograr sus objetivos de recuperar el control total del poder del Estado (por cualquier medio), Venezuela no volvería a la democracia capitalista «normal». No. El programa de la clase dominante en un país plagado por una crisis económica y social masiva sería una de guerra contra el pueblo trabajador. Irían a la ofensiva contra todas las conquistas sociales de la revolución. Ellos se enfrentarán a una fuerte resistencia por parte de las masas y, por tanto, tratarían de aplastar el movimiento por la fuerza. En esas condiciones un nuevo Caracazo podría estar en puertas.

Toby Valderrama y Antonio Aponte lo ponen muy claramente en un artículo reciente(link is external): «El gobierno debe entender que guerra económica, invasión, ataques de los voceros extranjeros, sean Almagro [Secretario General de la OEA], o Uribe, tienen un solo nombre, ¡capitalismo!, y tienen una sola manera de ser enfrentados, Socialismo. No es posible combatirlo desde el capitalismo, así no convence y no hay victoria. Son tiempos definitivos, se es revolucionario o se es capitalista, las oportunidades de la socialdemocracia, de discursos encendidos y prácticas de bomberos, se están terminando.”

Esto es correcto. Como hemos explicado, el intento de regular el capitalismo ha fracasado. Sólo hay dos maneras de salir: ya sea para ir de regreso al capitalismo «normal» (es decir, para hacer que los trabajadores paguen el precio de la crisis), o para ir hacia el socialismo (que es hacer que la paguen los capitalistas).

Aún no es muy tarde. El momento es de peligro extremo. Esto sólo se puede superar mediante medidas extremas y con firmeza. No más vacilaciones ¡Hay que llevar a la revolución hasta el final!