Juchitán: Crimen organizado, Operativo Enjambre y la sombra del imperialismo
Lucio Dantés, Oaxaca
La detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en el marco del “Operativo Enjambre”, ha sido presentada por el aparato de propaganda estatal como una victoria contra la impunidad. Aunque es evidente la influencia del crimen organizado en las estructuras del Estado en Juchitán, necesitamos preguntar seriamente si este operativo por parte del propio Estado mexicano es suficiente para detener la crisis de violencia que sufre la clase trabajadora juchiteca, así como responder: ¿A qué intereses responde la ejecución de este operativo? ¿Qué revela cuando la “seguridad” se convierte en una ficha de canje para mantener contento al imperialismo norteamericano?
Los hechos
El 23 de septiembre de 2026, columnas de la Secretaría de Marina cortaron los accesos a Juchitán. La operación movilizó a todas las fuerzas armadas del Estado, cuyo objetivo eran Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal, y Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, presunto operador de “Los Cromos”, célula del CJNG. La acusación: extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. La operación reveló más que la caída de un edil.
Cinco días antes, la artista muxe Elvis Guerra denunció un ataque armado contra su vivienda tras negarse a pagar una extorsión de 200 mil pesos. Su caso era la manifestación visible de un sistema de cobro de piso generalizado con complicidad del gobierno municipal. La investigación posterior precisó el modus operandi: el alcalde facilitaba el acceso a las cámaras del C2 para alertar a los operadores criminales, controlaba el cobro de piso, financiaba la compra de armamento y administraba casas de seguridad para el tráfico de migrantes.
Tras la detención, elementos de la Policía Municipal intentaron llegar a la base aérea de Ciudad Ixtepec para liberar a su alcalde; fueron contenidos por la Marina. Las fuerzas federales desarmaron a la policía municipal: 28 armas largas, 27 cortas y dos mil 29 cartuchos fueron decomisados. El 24 de septiembre fue detenido John Keny Moreno Segura, excomisionado de la Policía Municipal.
Ante el vacío de poder —el suplente Mariano Rosado huyó—, el gobernador Salomón Jara solicitó la desaparición de poderes del Ayuntamiento, aprobada con 35 votos el 25 de septiembre. Francisco Vásquez Jiménez fue designado comisionado municipal temporal. La intervención del poder estatal consumaba el control sobre un municipio ya controlado por el crimen organizado y sus aliados institucionales.
Las cifras de violencia revelan la magnitud de la crisis: Juchitán registró de enero a agosto, 44 homicidios dolosos, la cifra más alta del estado. La serie histórica: 53 en 2022, 60 en 2023, 103 en 2024 y 88 en 2025.
El Operativo Enjambre
El giro de la política de seguridad nacional no puede entenderse sin la correlación de fuerzas que se ha presentado entre México y EEUU en su cruzada imperialista. El Operativo Enjambre no es una operación de justicia desinteresada. Es un dispositivo de la estrategia de “seguridad nacional” mediante el cual el Estado mexicano, subordinado al aparato imperialista, reorganiza el control territorial en regiones estratégicas para la acumulación del capital transnacional. Su función no es desmantelar el crimen organizado como sistema, sino reacomodar las piezas para garantizar que las rutas comerciales y los territorios del Istmo de Tehuantepec queden en manos “confiables” para las corporaciones que disputan el comercio global.
El Istmo de Tehuantepec concentra el interés del capital transnacional: el Corredor Interoceánico (CIIT) es un megaproyecto diseñado para competir con el Canal de Panamá. La Secretaría de la Defensa Nacional documentó desde febrero de 2021, mediante un informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Coatzacoalcos, que el avance de las obras enfrentaba “no sólo a la resistencia social, sino a la injerencia directa de la delincuencia”. Los Cromos trabajaron al amparo del Corredor para expandir la extorsión y el despojo.
El Estado mexicano no ignoraba esta situación: la conocía, la documentaba y la toleraba. Una de las funciones de la presencia del capital criminal en el Istmo cumplía en mantener a raya la resistencia social que el megaproyecto generaba. La criminalización de defensores indígenas, la militarización y el despojo son condiciones de la viabilidad del CIIT.
El papel de Estados Unidos
Trump definió a México como el “epicentro de la violencia de los carteles” y criticó que Sheinbaum no le haya permitido atacar militarmente a los narcos en territorio nacional. La portavoz del Departamento de Estado advirtió que “la oferta de asistencia militar está en la mesa”.
Además, la injerencia de Estados Unidos se despliega en múltiples frentes. El Escudo de las Américas, coalición militar liderada por Washington que agrupa a una docena de países latinoamericanos de derecha, excluyó deliberadamente a México, Brasil y Colombia, configurando un cerco geopolítico que convierte al territorio mexicano en un espacio de intervención sin contrapeso institucional.
En paralelo, la CIA ha intensificado sus operaciones. Desde 2025, agentes han participado directamente en ataques letales contra miembros de cárteles, esta campaña incluye desde el intercambio pasivo de información de inteligencia y la prestación de apoyo general hasta la participación directa en operaciones de asesinato. La presencia militar se materializa también mediante el despliegue de elementos de Fuerzas Especiales en centros de entrenamiento mexicanos bajo el argumento de “capacitación conjunta”.
El imperialismo es la fase monopolista del capital, en la que la convergencia del capital industrial con el bancario produce el capital financiero como forma dominante y la exportación de capitales adquiere primacía sobre la exportación de mercancías. En esta fase, la dominación no se ejerce primordialmente mediante la anexión formal de territorios, sino mediante el control de las condiciones materiales de la acumulación: rutas comerciales, infraestructura logística, recursos estratégicos y aparatos estatales subordinados. Apretar las amenazas económicas hacia un país económicamente dependiente, como México, e influir en su política de seguridad es parte de esta misma lógica imperialista.
Más que un operativo de seguridad
El Operativo Enjambre no constituye un hecho aislado dentro de la política de seguridad del estado. La Estrategia Nacional de Seguridad, articulada por el secretario Omar García Harfuch, tiene como eje central la recuperación del control territorial mediante inteligencia, coordinación interinstitucional y presencia militar.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado en noviembre de 2025, desplegó más de 12 mil elementos federales y una inversión de 57 mil millones de pesos; la Estrategia Nacional contra la Extorsión, lanzada desde julio de 2025, acumuló más de 700 detenciones en 24 estados. El Operativo Enjambre es el brazo de depuración gubernamental de esta estrategia: la criminalización selectiva de la corrupción institucional como condición para la gobernabilidad de los territorios estratégicos en beneficio del capital imperialista.
La administración Trump ha convertido la seguridad en uno de sus ejes en su relación con México: la declaratoria de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, las solicitudes de extradición de 10 funcionarios mexicanos y las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, sobre la “conexión mortal” entre el Estado y el crimen organizado, configuran un cerco que reduce el margen de maniobra del gobierno mexicano. El gobierno de Sheinbaum adopta una estrategia de confrontación directa, no porque haya cambiado su proyecto político, sino porque la presión imperialista ha hecho insostenible la continuidad de la política anterior.
El Operativo Enjambre cumple así una función de reacomodo. El Estado no persigue a los funcionarios con nexos criminales por un principio de justicia, sino porque esos nexos desestabilizan el proyecto de gobernabilidad que el capital transnacional exige para el Istmo y otras regiones estratégicas. La Operación Enjambre es, en este sentido, la forma visible que adopta el gobierno federal bajo condiciones de subordinación real: hace el trabajo sucio que el imperialismo no puede hacer directamente, mientras conserva la apariencia de autonomía.
Soluciones revolucionarias
La única solución revolucionaria es la construcción de un poder alternativo por parte de la clase trabajadora. Si el Estado ha abdicado de sus funciones elementales, la clase trabajadora debe asumirlas. La crisis de Juchitán es una crisis del Estado mexicano en su conjunto, y sólo puede resolverse en el marco de una estrategia nacional e internacional.
Por eso, la construcción del poder de la clase trabajadora exige un instrumento: el partido revolucionario. Un partido que no se limite a denunciar la corrupción ni a exigir “justicia” a los mismos aparatos que la obstruyen. Un partido que organice a la clase trabajadora, que concentre su experiencia, que le dé una dirección consciente y que la prepare para la toma del poder. Un partido que entienda que las crisis políticas deben servir para evidenciar, en la práctica, que el orden existente se desmorona y que el nuevo no nacerá de sus cenizas, sino de la organización, la disciplina y la lucha de la clase trabajadora.
El Partido Comunista Revolucionario es el instrumento y la vanguardia que la clase trabajadora de México necesita para enfrentar esta crisis. No solo para pedirle al Estado que “investigue” o “juzgue”, sino para organizar la resistencia y construir el poder que sustituya a este Estado en descomposición.
¡Comunismo o Barbarie!