Diez años de la Junta de Control Fiscal: la austeridad al servicio del capital financiero
Carlos Quirós Méndez; ICR-PuertoRico
an transcurrido diez años desde la imposición de la Junta de Control Fiscal mediante la Ley PROMESA. Durante este tiempo, el pueblo trabajador de Puerto Rico ha sido sometido a una ofensiva sistemática de austeridad que ha reducido los salarios indirectos, destruido los servicios públicos, debilitado los derechos laborales y atacado las pensiones. Se prometió que los sacrificios traerían prosperidad, que la Junta sanearía las finanzas públicas y que acabaría con la corrupción. Nada de eso ocurrió.
La realidad ha sido exactamente lo contrario. La Junta no vino a defender al pueblo, sino a garantizar el cobro de la deuda a los bonistas y fondos buitres. Su función ha sido asegurar que la riqueza producida por la clase trabajadora se transfiera al capital financiero. Mientras tanto, la corrupción continúa, la pobreza aumenta y cientos de miles de puertorriqueños han emigrado.
La crisis fiscal no fue producto de una sola administración. Es el resultado del agotamiento del modelo económico colonial y capitalista construido desde mediados del siglo XX. El llamado “modelo desarrollista” se basó en atraer capital extranjero mediante exenciones contributivas, infraestructura subsidiada y mano de obra barata; fomentar la emigración para aliviar el desempleo; depender cada vez más de transferencias federales; expandir el empleo público y financiarlo todo mediante un endeudamiento creciente.
Durante un tiempo ese modelo permitió cierto crecimiento, pero desde finales de la década de 1970 entró en una crisis permanente. Ante la incapacidad del capitalismo para sostener el desarrollo económico, los gobiernos del PNP y del PPD recurrieron cada vez más a la deuda pública y trasladaron el costo de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora.
Privatización: convertir lo público en negocio privado
Desde la década de 1990 comenzó una ofensiva privatizadora que ha continuado hasta hoy. Se vendieron empresas públicas, se concesionaron carreteras, se privatizó la administración de aeropuertos y se entregó a empresas privadas la transmisión y distribución de energía eléctrica, entre otros servicios.
La justificación siempre fue la misma: el sector privado sería más eficiente. La realidad demuestra otra cosa. Las privatizaciones han significado subsidios millonarios a corporaciones privadas, deterioro de los servicios, aumentos tarifarios y nuevas cargas para el erario. El Estado asumió deudas y riesgos, mientras que las ganancias quedaron en manos privadas.
Lejos de resolver la crisis fiscal, la privatización se convirtió en otro mecanismo para transferir la riqueza pública al capital privado.
El ataque a las pensiones
Una de las expresiones más brutales de la austeridad ha sido la ofensiva contra los sistemas de retiro.
En 1999, el PNP aprobó la llamada Ley de Retiro 2000, que eliminó el sistema tradicional de beneficios definidos para los nuevos empleados públicos del gobierno central y lo sustituyó por cuentas individuales de aportación definida. Con ello, el riesgo de la jubilación dejó de recaer en el Estado y pasó a recaer sobre los trabajadores.
Mientras que el sistema anterior garantizaba una pensión basada en los años de servicio y el salario, el nuevo modelo depende exclusivamente del dinero acumulado en una cuenta individual, administrada por empresas privadas que obtienen ganancias del manejo de esos fondos.
Las reformas posteriores congelaron las pensiones de miles de jubilados durante casi dos décadas. Como consecuencia, decenas de miles de pensionados sobreviven hoy con ingresos por debajo del nivel de pobreza.
La Junta pretende extender este mismo modelo a otros sistemas de retiro, incluidos los de la Universidad de Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eliminar, además, futuros ajustes por costo de vida.
La ofensiva contra la Universidad de Puerto Rico
La Universidad de Puerto Rico ha sido otra de las principales víctimas de la austeridad.
En 2014, como resultado de la Ley 66-2014, el entonces gobernador García Padilla alteró la fórmula del 9.6% del presupuesto del estado asignado a la UPR y congeló la partida en $834 millones. En 2017, la JCF eliminó dicha asignación fija y la redujo anualmente hasta llegar a sólo $441 millones en este año fiscal. Para compensar dicho déficit, la administración universitaria recurrió a fuertes aumentos en el costo de la matrícula, a la reducción de programas académicos, a la eliminación de plazas y al deterioro de las condiciones de estudio y trabajo.
El resultado ha sido la progresiva mercantilización de la educación superior. En la medida en que la UPR cobra $157.00 por cada crédito universitario a nivel subgraduado, sin contar con el pago de cuotas de tecnología, mantenimiento y laboratorio, la educación universitaria ha dejado de ser un servicio público para convertirse en una mercancía más.
Para miles de jóvenes trabajadores, estudiar en la universidad pública resulta hoy mucho más difícil que hace apenas una década.
La demolición de los derechos laborales
La crisis fiscal se utilizó como justificación para impulsar la mayor ofensiva legislativa contra los derechos laborales de la historia reciente de Puerto Rico.
La Ley 7 de 2009 abrió este proceso mediante despidos masivos de empleados públicos y la congelación de los convenios colectivos en las agencias gubernamentales.
Posteriormente, la Ley 66 de 2014 suspendió las cláusulas económicas de los convenios colectivos y amplió las limitaciones a la negociación tanto en agencias como en corporaciones públicas.
Las Leyes 3 de 2017 y 9 de 2021 mantuvieron congelados los convenios colectivos y prohibieron nuevas elecciones de representación sindical.
La Ley 8 de 2017 estableció el concepto de “empleador único”, facilitando la movilidad forzosa de los empleados entre agencias y debilitando la estabilidad laboral.
La Ley 26 de 2017 profundizó aún más la ofensiva. Uniformó a la baja los beneficios marginales, redujo las licencias de vacaciones y de enfermedad y, por primera vez, convirtió los beneficios establecidos por ley en un techo y no en un mínimo. Esto significa que los sindicatos ya no pueden negociar beneficios superiores a los establecidos por ley.
Con esta legislación, la negociación colectiva en el sector público quedó vaciada de su contenido económico. Si los planes fiscales prohíben aumentos salariales y la ley impide negociar mejores beneficios, ¿qué queda realmente por negociar?
En el sector privado, la Ley 4 de 2017 redujo las licencias para nuevos empleados, disminuyó la protección frente al despido injustificado, amplió el período probatorio y dificultó el acceso al bono de Navidad. La Junta incluso ha favorecido la eliminación del mecanismo destinado a revisar periódicamente el salario mínimo.
La austeridad no ha sido una política limitada al gobierno. Ha sido una ofensiva general contra las condiciones de vida de toda la clase trabajadora.
Ha significado el cierre de escuelas, el deterioro de los hospitales, el abandono de la infraestructura, el aumento de las tarifas eléctricas, la precarización del empleo, el deterioro de las pensiones y la creciente privatización de servicios esenciales.
Nada de esto constituye un error de administración. Es la consecuencia lógica de un sistema económico que sitúa el pago de la deuda y las ganancias privadas por encima de las necesidades humanas.
No debe quedar duda: la Junta de Control Fiscal no representa al pueblo de Puerto Rico. Representa los intereses del capital financiero internacional.
Los límites del reformismo y la alternativa comunista
La experiencia de la última década plantea una pregunta ineludible para el movimiento obrero: ¿por qué, pese a innumerables manifestaciones, huelgas, recursos judiciales y cambios de gobierno, la austeridad no solo continúa, sino que se profundiza?
Responder correctamente a esta pregunta es decisivo. Si diagnosticamos mal la enfermedad, el tratamiento también fracasará.
Durante años, gran parte de la dirección del movimiento sindical ha denunciado las políticas de la Junta como expresión del “neoliberalismo” o del “capitalismo salvaje”. Sin duda, esas políticas son profundamente antiobreras. Pero esa explicación resulta insuficiente porque presenta el problema como una desviación del capitalismo y no como una expresión de su funcionamiento normal en tiempos de crisis.
Marx explicó hace más de un siglo y medio que el capitalismo no produce para satisfacer necesidades humanas, sino para obtener ganancias. Mientras la acumulación de capital avanza, la burguesía puede hacer concesiones limitadas a la clase trabajadora. Pero cuando la rentabilidad disminuye y el sistema entra en crisis, esas concesiones se convierten en un obstáculo para aumentar las ganancias, y la clase dominante intenta recuperarlas una a una.
Eso es exactamente lo que hemos visto en Puerto Rico.
La Junta de Control Fiscal no inventó las políticas de austeridad. Llegó para administrar una crisis que el capitalismo colonial ya no podía resolver. Tampoco las privatizaciones comenzaron con PROMESA, ya que la política de privatización se inició con los primeros intentos del PPD de vender la Telefónica en 1990 y con su venta por el PNP en 1999. El ataque a las pensiones tampoco comenzó en 2016. Como ya vimos, el Sistema de Retiro 2000, que eliminó el sistema de beneficios definidos para los empleados públicos, fue aprobado por el PNP en 1999. Y como señalamos anteriormente, la política de alterar el presupuesto de la UPR comenzó en 2014 con el gobierno del PPD.
Por eso reiteramos: la Junta no se inventó las políticas de austeridad; solamente aceleró un proceso que llevaba décadas gestándose, porque responde a las necesidades del capital financiero, no a las del pueblo trabajador.
Esta comprensión cambia por completo la perspectiva política.
Si el problema fuera simplemente la Junta, bastaría con abolirla. Si el problema fuera un partido político determinado, bastaría con elegir otro gobierno. Si el problema fuera únicamente la corrupción, bastaría con encarcelar a los funcionarios corruptos.
Pero la experiencia demuestra lo contrario.
Los gobiernos del PNP y del PPD, con programas y discursos distintos, han aplicado la misma política de austeridad. No porque todos los gobernantes sean idénticos, sino porque todos administran el mismo sistema económico y están sometidos a las mismas presiones del capital financiero y del imperialismo estadounidense.
Esta es precisamente la limitación del reformismo.
El reformismo parte de la idea de que es posible convencer al Estado de que administre el capitalismo en beneficio de la mayoría. Sin embargo, el Estado capitalista no es un árbitro neutral situado por encima de las clases sociales. Como explicaron Marx, Engels y Lenin, es el instrumento mediante el cual la clase dominante protege sus intereses fundamentales.
Por eso, las conquistas obreras obtenidas a lo largo de décadas de lucha pueden ser eliminadas en poco tiempo cuando cambian las condiciones económicas. Mientras los grandes bancos, las multinacionales y los monopolios controlen las principales palancas de la economía, cualquier derecho conquistado permanecerá bajo amenaza permanente.
Esto no significa que las luchas reivindicativas carezcan de importancia. Todo lo contrario.
Cada huelga, cada movilización y cada convenio colectivo defendido fortalecen la organización y la conciencia de la clase trabajadora. Los comunistas participamos en todas esas luchas porque representan la escuela en la que los trabajadores adquieren experiencia colectiva y descubren su propia fuerza.
Pero también decimos la verdad.
Ninguna negociación colectiva, por importante que sea, puede eliminar las causas profundas de la austeridad mientras el capital conserve el control de la economía. Ninguna reforma legislativa puede impedir que una nueva crisis vuelva a poner sobre la mesa los mismos ataques contra los salarios, las pensiones y los servicios públicos.
Por eso la lucha económica debe transformarse conscientemente en lucha política.
Frente a la dictadura del capital financiero, levantamos un programa basado en los intereses de la mayoría trabajadora.
Exigimos la abolición inmediata de la Junta de Control Fiscal, pero también el repudio de una deuda contraída para enriquecer a banqueros y especuladores.
Defendemos la nacionalización de la banca, del sistema energético, de las telecomunicaciones, de los puertos y de los grandes monopolios bajo el control democrático de los trabajadores. La inmensa riqueza creada por la sociedad debe destinarse a satisfacer las necesidades sociales y no a incrementar las ganancias de una minoría privilegiada.
Solo sobre esa base será posible desarrollar un plan democrático de reconstrucción económica que garantice empleo digno, vivienda, salud, educación pública gratuita y pensiones suficientes para toda la población.
Pero semejante transformación exige algo más que un cambio de gobierno.
Exige que la clase trabajadora conquiste el poder político y sustituya la anarquía del mercado por una planificación democrática de la economía.
Esta no es una aspiración utópica. Es la conclusión que se desprende de la experiencia de la última década.
Diez años de la Junta de Control Fiscal han demostrado, más allá de toda duda, que no existe una salida capitalista para Puerto Rico. Cada intento de administrar este sistema capitalista-colonial termina por descargar el peso de la crisis sobre quienes vivimos de nuestro trabajo. La disyuntiva no es entre una austeridad más severa y otra más moderada; tampoco entre un capitalismo “neoliberal” y otro supuestamente “humano”. La verdadera alternativa está entre la dictadura del capital financiero y el poder democrático de la clase trabajadora.
Esa es la perspectiva por la que luchamos los comunistas revolucionarios.
La historia demuestra que ninguna clase dominante ha renunciado voluntariamente a sus privilegios. Cada derecho conquistado por los trabajadores fue arrancado mediante la organización, la solidaridad y la lucha. Esa misma fuerza existe hoy. Está presente en cada centro de trabajo, en cada comunidad, en cada escuela y universidad, en cada sindicato y entre los miles de jóvenes que rechazan un futuro de pobreza, precariedad y emigración.
La tarea decisiva de nuestro tiempo consiste en organizar esa fuerza en un partido comunista revolucionario capaz de unificar todas las luchas parciales en una sola lucha por la transformación socialista de la sociedad. Solo así podremos acabar definitivamente con la austeridad, la explotación y la dominación del capital.
Porque la riqueza la produce la clase trabajadora. Y la clase trabajadora debe gobernar la sociedad.
¡Somos pobres porque ellos son ricos!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
¡Para poder vivir, el capitalismo tiene que morir!
Nota editorial: Este artículo fue publicado originalmente en la edición de agosto de nuestro periódico impreso. (Seccion Puerto Riqueña de la ICR)