Punta de Mita: El pueblo organizado contra la destrucción ambiental de Grupo Dine

Max López

Más de un siglo ha pasado de esta conversación entre Engels y Marx pero sigue siendo igual o más relevante en tiempos actuales. La acumulación desenfrenada de riqueza por un mínimo porcentaje de la población mundial, la economía de libre mercado la cual sobre produce mercancías que están destinadas a jamás usarse, la especulación inmobiliaria que hoy más que nunca ha despojado a la masa obrera más joven del derecho a una vivienda digna comparten algo en común; la destrucción inevitable del medio ambiente. 

El ser humano en sociedad posee una cualidad que le hace único ante los demás animales: el trabajo. A través de este, transforma conscientemente la naturaleza utilizando sus elementos y materias primas para crear herramientas y medios de producción que le permitan satisfacer sus necesidades y emanciparse de las limitaciones impuestas por las condiciones naturales. 

El trabajo nos separó del mono, nos permitió transformar nuestro entorno natural y enfocar nuestro intelecto en cuestiones más avanzadas. La alteración de la naturaleza en nombre del progreso no debe ser algo infame ni debemos abogar por degradar nuestra independencia como humanidad de las condiciones naturales. 

Pero dentro de una sociedad dividida en clases, específicamente en el estadio imperialista senil actual que sufre el capitalismo, la desenfrenada economía de libre mercado y la prioridad de la ganancia repercuten de manera fatal en el ecosistema mundial; la lógica de acumulación constante de la burguesía choca inevitablemente con los límites materiales y naturales de un planeta finito. Afecta la flora y fauna, deteriora la calidad del aire y perjudica al 99% de la población mundial, la clase trabajadora, la cual sufre las consecuencias de la depredación de la burguesía. 

Conocidos son los casos de la depredación ambiental del capital extranjero en tierras nacionales: el proyecto Saguaro en Sonora, que pretendía vaciar acuíferos del desierto para producir hidrógeno verde de exportación; las infamemente conocidas mineras canadienses —Goldcorp, First Majestic, Torex Gold— que han sembrado de cianuro, plomo y cadmio las entrañas del territorio mexicano desde San Luis Potosí hasta Guerrero; el temible retorno del fracking en la industria petrolera, amenazando con fracturar el subsuelo y envenenar las aguas de la Cuenca de Burgos; o incluso lo de Mahahual, donde el capital turístico internacional estuvo a punto de devorar el arrecife mesoamericano. Todos ellos, variantes de una misma matriz: el Estado mexicano abriendo el territorio a la acumulación extranjera, externalizando la destrucción sobre comunidades empobrecidas y ecosistemas vulnerables. A esta lista de infamias se suma ahora, con la misma lógica y los mismos métodos, el caso de Punta de Mita, Nayarit.

Pobladores locales junto con ambientalistas se han organizado para impedir la invasión de un proyecto inmobiliario millonario en  zonas federales marítimo-terrestres protegidas por ley, el cual amenaza con privatizar el acceso a las playas, la destrucción de zonas de desove de tortugas marinas y la degradación medioambiental clave para el desarrollo del ecosistema local en general. Todos estos factores, que completamente dañinos por sí solos, en su conjunto exponencían el deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora residente de la zona. Afectan a la pesca local y el desplazamiento de peces en la zona, sin mencionar el encarecimiento del costo de vida a la población, la derrama económica extranjera beneficia a los grandes dueños de hoteles y, por su parte, la gentrificación afecta a la mayoría.

Estas problemáticas son motivos justos y necesarios para la organización y manifestación de los pobladores los cuales llevan aproximadamente un mes ejerciendo este derecho. 

En respuesta, el Estado ha blindado con elementos policiales las herramientas y maquinaria de construcción, protegiendo la propiedad privada cueste lo que cueste; durante una protesta pacífica, tres manifestantes fueron detenidos (Antonio Benavidez, Fabio Yanez y Sandra Cano), trasladados a Tepic (capital del estado, a 150 km de distancia) y acusados de traspaso a la propiedad privada, resistencia al arresto y agresión a servidores públicos. Cargos que los manifestantes alegan como falsos ya que se encontraban en zona federal pública.

Grupo Dine: una empresa con tradiciones de despojo, crimen e impunidad

Cantiles de Mita, filial del Grupo Dine, es uno de los principales desarrolladores de la zona y el actual actor de la problemática que afecta a poco más de 2500 habitantes manteniendo la construcción de un complejo de lujo de hoteles y departamentos llamado Montagne, con una inversión de 10 mil millones de pesos. 

Esta obra invade la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), una franja de 20 metros contigua a la playa que, por ley mexicana, es bien de dominio público, propiedad de la nación, innegociable e inalienable. Estas acciones arbitrarias no son algo nuevo, este grupo empresarial mantiene una reputación deleznable basada en el despojo, la mentira, el crimen y la complicidad con el Estado mexicano desde hace más de 30 años.

En la década de los 90s la empresa reubicó a pescadores de la zona. Quienes se negaron a aceptar las viviendas ofrecidas fueron arrestados, llevados a Tepic, y al regresar encontraron sus hogares incendiados. A su vez, compró tierras ejidales expropiadas y “poco a poco ha estrangulado al pueblo, cerrándole todas sus playas”. Los defensores de la zona aseguran que “los dueños de toda la península de Punta de Mita son Dine”.

Esto puede sonar descabellado, cómo en un país donde se pregona la igualdad de toda la población, existen organismos encargados de la protección del medio ambiente y hay fuerzas de la ley destinadas a salvaguardar la integridad de la población, puede haber una negligencia y desinterés tan terrible por parte de las autoridades, llegando al punto de criminalizar la manifestación pública y permitir la completa privatización de las playas de la península por parte de un grupo empresarial, beneficiando a un limitado sector de la población. 

Pero, lamentablemente bajo la administración de un Estado burgués que dicta las reglas de una sociedad dividida en clases estas contradicciones son la norma básica, una norma que antepone privilegios a grupos empresariales dispuestos a desembolsar millones de dólares para actuar impunes en su ambición por generar ganancias, ganancias que conseguirán a costa del medio ambiente y pisoteando miles de vidas humanas.

El papel del Estado como administrador de la clase burguesa

“El Estado moderno es el comité gestor de los negocios de la burguesía”

— Marx y Engels, El Manifiesto Comunista (1848)

La clase dominante —actualmente la burguesía— necesita de un aparato administrativo que mantenga a raya la lucha de clases, es decir, la contradicción irremediable entre la burguesía y la clase trabajadora. Para mantener el sistema tal y como es hoy —un sistema de explotación, desigualdad y precariedad— se necesita de aparatos represivos del Estado, los cuales funcionan fundamentalmente por la violencia, es decir, por la represión física que se ejerce legalmente a los individuos explotados por el Estado burgués.

Centrándonos en el caso de Punta de Mita, el sistema político y legal necesita de una fuerza orgánica que aplique esta represión, es aquí donde el papel de la policía se aplica como aparato de represión por parte del Estado. Una institución que, por esencia debería velar por la seguridad de los ciudadanos y hacer valer la ley, actúa por medio de la violencia para preservar y defender los privilegios de la burguesía, arrestando arbitrariamente a manifestantes, fabricando delitos para mantenerlos en prisión, sirviendo como “guardias” personales de Grupo Dine acordonando el terreno y custodiando las maquinarias de construcción, atentos para no entorpecer el millonario proyecto. Utilizan el miedo y el poder como arma que frustre la organización obrera. 

El gobernador Miguel Ángel Navarro, abrumado por la mediatización del caso ordenó la retirada de las fuerzas policiales, anunció que se mantendrán mesas de trabajo con la empresa, la ciudadanía y autoridades para revisar cada planteamiento, prometió que el acceso público a las playas está “plenamente garantizado conforme a la ley y a la conciencia social” y lo más importante: advirtió que buscará un “entendimiento” y “equilibrio” entre las partes. Por parte de la presidenta de la república, esta ha enfatizado que el crecimiento turístico debe equilibrarse con la protección ambiental, mientras destaca una estrategia territorial para preservar la biodiversidad y garantizar el acceso público a las playas.

Es importante comprender al actual gobierno reformista, cuya naturaleza, estructura y límites se han hecho más evidentes con el pasar de los años (y los cuales el lector podrá saber más a detalle dentro de nuestra web marxismo.mx), pero lo más importante a destacar en el presente artículo referente a los límites del reformismo es esta incapacidad de lograr un aparente equilibrio entre las masas explotadas y los propietarios de los medios de producción. Si bien tanto el gobernador como la presidenta —ambos de Morena—  abogan por el diálogo “igualitario en condiciones” entre el grupo empresarial y la ciudadanía al bajar estas ideas al contexto material de una sociedad dividida en clases resulta irremediablemente desigual. Grupo Dine posee los medios —legales e ilegales— para ejercer presión a los pobladores de Punta de Mita, esto no es una suposición ni una idea expresada desde la desconfianza o el odio, es un hecho que nos ha enseñado la historia de este Grupo, tomando como ejemplo el suceso ocurrido de hace más de 30 años; pescadores despojados de sus tierras a base de mentiras,  amenazas y la colaboración directa o indirecta de las autoridades para dejar pasar estos actos del capital. Los que se resistieron, arrestados el suficiente tiempo para que grupos delincuenciales —pagados por la clase burguesa— incendiaran sus hogares con la mayor de las impunidades por parte del Estado. 

Ninguna mesa de trabajo entre el sector privado y la población  brindara un diálogo justo, pues las condiciones son fundamentalmente desiguales entre las dos clases en lucha. aunque hoy en día el gobierno en turno se tilde de progresista y venda la idea de estar del lado de los que menos tienen, mientras no se luche por la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción ni la distribución equitativa de la riqueza, el aparato estatal se verá irremediablemente coludido por los interesas de  la clase burguesa sobre las necesidades de la clase trabajadora. Siendo como se mencionó en la última cita: Una junta que administra los negocios de la clase dominante. 

Estas dinámicas de opresión no son un hecho aislado, ni un plan malévolo que se le ocurrió a Grupo Dine de manera individual. Son la respuesta natural de un sistema que necesita mantener al 99% de la población en condiciones precarias, para que ese 1% de propietarios de los medios de producción puedan amasar la gran parte de las riquezas mundiales.

¿Cuál es el paso a seguir?

“La unión es la fuerza. Si los obreros permanecen dispersos, cada uno por su cuenta, no pueden resistir a la competencia de los burgueses, que se hallan naturalmente unidos por su interés común. Pero si los obreros se asocian, si se unen en sindicatos o en alguna otra forma, entonces pueden resistir, pueden imponer sus condiciones.”

— Salario, precio y ganancia, Marx (1865).

La organización obrera es la respuesta política del proletariado para hacer valer sus derechos, esto se ha demostrado con la noble causa de los manifestantes de Punta de Mita y también se ha puesto en evidencia la respuesta represiva que tiene el Estado de manera natural ante la organización y lucha de la clase trabajadora. Se ha evidenciado que las soluciones que el Estado propone ante la crisis que hoy se sufre en Nayarit son insuficientes. 

Esto no es un llamado a la apatía de los manifestantes a participar en las mesas de diálogo, ni el de descuidar la atención que debe poner el gobierno ante las leyes ambientales; esto debe ser tomado como un motivante para incentivar la organización obrera de manera generalizada. Las mesas de diálogo, las marchas, los plantones, la presión de la población organizada lejos de ser estériles, cumplen una función enorme: demuestran la fortaleza de la unidad de clase frente a la verdadera cara del gobierno.

Cuando el gobernador Miguel Ángel Navarro convoca a “revisar cada planteamiento” mientras la maquinaria de Cantiles de Mita sigue operando a escasos metros de la Zofemat, cuando ofrece “mesas de trabajo” que no detienen la destrucción de la duna, cuando promete “equilibrio” que nunca incluye la cancelación del proyecto, está revelando con claridad meridiana lo que Marx y Engels diagnosticaron hace más de un siglo: el Estado moderno es, ante todo, el comité gestor de los negocios de la burguesía. No administra la justicia ni protege al débil; administra la reproducción de las condiciones de acumulación capitalista.

Esta lección no se aprende en los libros, se aprende en la práctica dolorosa. El pescador que ve cómo sus compañeros son detenidos por defender una playa pública, la madre que recuerda cómo quemaron su casa en los noventa tras una “reubicación negociada”, el joven activista que escucha al alcalde de Morena repetir los mismos eufemismos de sus predecesores priistas: todos ellos reciben una educación política que ninguna escuela, ningún periódico, ningún discurso institucional podría impartir. –

Grupo Dirce está reculando y señalando que se reajustará cinco metros el proyecto. Esto se logró, no por la benevolencia de la burguesía, sino por la presión de la clase trabajadora organizada. Ahora la consigna correctamente se ha vuelto “ni cinco ni 20, ahora queremos 40 metros”, comprendiendo que no se aceptará migajas de la burguesía y el gobierno reformista. 

Cada promesa incumplida, cada mesa de diálogo estéril, cada “avance” que resulta ser mera maquillaje, produce en la conciencia de los oprimidos esa dialéctica que Marx consideraba el motor de la historia: la contradicción entre las expectativas creadas por la ideología dominante y la realidad brutal de la experiencia vivida. Claro que un avance en la lucha es progresivo y una victoria, pero también debemos sacar las lecciones más avanzadas de que la burguesía seguirá buscando privatizar el acuífero; puede ofrecer un andador público mientras se cercan los accesos; puede cambiar de gobernante mientras la clase dominante permanece intacta. El reformismo, en su mejor versión, humaniza la opresión; en su peor, la legítima con rostro progresista.

Por eso, las mesas de diálogo, las peticiones, las denuncias ante instancias internacionales, deben ser utilizadas estratégicamente, como lo que son: una etapa de la lucha, no su fin. Son el terreno donde la clase trabajadora aprende, mediante la propia experiencia, que el sistema no se reforma, que el Estado no se convierte, que la burguesía no negocia sus intereses fundamentales. 

La tarea de la vanguardia consciente, del partido revolucionario, no es despreciar estas experiencias reformistas sino sistematizar sus lecciones, elevarlas de la conciencia empírica a la conciencia teórica, de la indignación particular a la indignación generalizada, de la lucha local a la lucha nacional e internacional. Como enseñaba Lenin:

“La organización del proletariado en partido político es la condición primera y fundamental de la victoria de la revolución socialista”.

Punta de Mita puede ser, si la organización obrera y campesina lo decide, el punto de inflexión donde la lucha territorial se articule con la lucha de clases, donde la defensa del agua y la arena se funda con la defensa del socialismo, donde la resistencia ecológica se convierta en punta de lanza de la transformación social. Pero para eso es necesario que los manifestantes, los pescadores, los ejidatarios, los trabajadores del turismo precarizado, no se queden en la etapa del reformismo frustrado, sino que trasciendan sus propios límites, organizándose en consejos obreros, en comités de defensa territorial, en un partido que los represente no ante el gobierno sino contra el gobierno de la burguesía.

El reformismo, en su fracaso, ha cumplido su función histórica en Punta de Mita: ha mostrado que no hay camino intermedio, que no hay “equilibrio” posible entre la vida y el capital, que no hay diálogo genuino entre quienes defienden el territorio y quienes lo mercantilizan. Ahora le toca a la clase trabajadora convertir esa lección en organización, y esa organización en poder.

Lo que sucede hoy en Punta Mita no es ajeno a lo que sucede con los proyectos urbanos en Mérida o Quintana Roo, ni la fuga de hidrocarburos en las costas del Golfo de México, y mucho menos con el despojo y aumento de rentas en CDMX, consecuencia de la gentrificación y especulación inmobiliaria.

Todas estas problemáticas comparten un mismo autor: el capitalismo, con la clase burguesa como líder. Frente a ello, cada manifestación, paro o huelga surge de una misma fuerza social: personas que comparten condiciones de explotación, carencias y necesidades comunes, ya sea en Nayarit, Sonora, Quintana Roo o cualquier otra parte del mundo. Esa fuerza tiene nombre: la clase trabajadora. Nuestra lucha es colectiva, solo con la creación de comités obreros en cada oficina, fábrica y centro de trabajo será posible mantener una comunicación efectiva y un plan de acción encaminado a resolver los problemas de la clase trabajadora; el pago justo de salarios, la protección del medio ambiente y acabar con la explotación de una vez por todas. 

“El proletariado solo puede emanciparse mediante la conquista del poder político. Y para conquistar el poder político debe organizarse como partido.”

—Engels (1895)

Solo con un partido obrero de masas, que aglomere todas las experiencias históricas de las conquistas del proletariado será posible un cambio radical. No se trata de reformar el sistema, ni de hacer un capitalismo “más humano” pues eso iría completamente en contra de la naturaleza del capital y por ende será una lucha inútil y estéril para la clase trabajadora. El objetivo de la organización obrera, bajo una dirección marxista es lograr la revolución proletaria internacional, conquistando la toma del poder bajo dirección obrera, la expropiación y socialización de los medios de producción y una planificación económica que distribuya las riquezas de manera equitativa.

Todo esto es posible, con dirección teórica y práctica revolucionaria, es por esto que extendemos una invitación a formar parte del Partido Comunista Revolucionario. Sólo unidos podremos poner fin a siglos de horror y explotación.

¡Solidaridad con los manifestantes de Punta de Mita!

¡Respuesta inmediata del gobierno ante los crímenes de Grupo Dine!

¡Por la defensa del medio ambiente!