El feminicidio de Edith Guadalupe: Precariedad juvenil y violencia en México
Alejandra Villegas y Francisco Noriega, Comité obrero PCR
“Nadie debería de morir por querer trabajar”, esta es la frase que más se repite en torno al caso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años que al ir a una entrevista de trabajo fue asesinada.
El pasado 15 de abril Edith fue a una entrevista de trabajo en un edificio en la alcaldía de Benito Juárez en CDMX. Unas horas más tarde, ante la falta de comunicación con la joven, la familia reportó su desaparición a la fiscalía y se plantó en el domicilio donde se convocó la entrevista.
Desde las primeras horas de su desaparición la familia actuó decididamente exigiendo a las autoridades que respondieran. Fue gracias al cierre de la Av. Revolución, pidiendo la entrada al edificio para buscar a Edith, que diferentes televisoras dieron foco a la noticia. Pese a que en la Ley General de Desaparición establece que se debe de actuar de forma inmediata ante la denuncia de desaparición, la respuesta de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX fue la de esperar 72 horas, además que se les pidió dinero para acelerar el proceso de búsqueda. No fue hasta el 17 de abril que se entró al edificio y se encontró el cuerpo sin vida. Aún no se da el resultado de la necropsia, por lo que se desconoce cómo murió y, algo también relevante, cuándo.
En este caso —como ocurre en muchos casos de desapariciones en México— se tuvo a la familia como actor central en la búsqueda. Fueron ellos quienes denunciaron la desaparición, presionaron para que se abriera la carpeta de investigación y evitaron que el caso quedará en el abandono inicial, algo común en muchos procesos. Ellos realizaron la investigación, confirmando la ubicación del suceso en la entrada al edificio, donde se mantuvieron en guardia para impedir que desplazaran el cuerpo del inmueble. Con tal de evitar que esta injusticia quedará desapercibida y obligar a que las autoridades usarán los protocolos y recursos que están obligados a seguir en papel, cerraron avenidas, compartieron su fotografía, buscaron la ayuda de vecinos para conseguir videos de negocios cercanos, hicieron todo lo que la fiscalía debía hacer y no quiso. Una vez más, la organización colectiva fue lo que dio resultado y refleja los límites del Estado para atender la actual crisis de violencia hacia la mujer trabajadora y la precariedad laboral.
Hoy conseguir trabajo siendo joven en México no sólo es difícil, también es peligroso. No es solo que paguen poco o no den prestaciones, es que muchas ofertas parecen hechas para aprovecharse de la necesidad: “sin experiencia”, “contratación inmediata”, “gana mucho en poco tiempo”. Cuando existe necesidad, se complica ver las señales de alarma.
Este mismo modus operandi es el que seguía el CJNG para atraer reclutas al Rancho Izaguirre (y seguramente sigue usando en múltiples lugares). El éxito de este método se debe a la precariedad que enfrenta la clase trabajadora y sus hijos en nuestro país: para ganar su sustento no existen opciones para los jóvenes más que arriesgarse. Esto no es un accidente, resulta de un patrón sistemático donde la falta de empleo digno se cruza con el crimen organizado. Al final, buscar trabajo —que debería ser algo básico— se convierte en un riesgo real para muchos jóvenes.
Los feminicidios y la precarización de la juventud no son hechos aislados ni simples fallas del sistema: son consecuencia directa del capitalismo en descomposición que pone la ganancia por encima de la vida. En el capitalismo, los cuerpos —especialmente los de las mujeres— y la fuerza de trabajo de la juventud se vuelven desechables cuando dejan de ser útiles para generar riqueza. La violencia extrema y los trabajos precarios no aparecen de la nada; crecen en un contexto donde la desigualdad, la explotación y la falta de futuro se vuelven normales. Por eso, decir que no hay esperanza dentro del actual sistema no es una exageración, es el reflejo de una realidad donde a millones de jóvenes se les niega una vida digna desde el inicio. Es un llamado a la necesidad de organizarse por un mundo mejor.
En el caso de Edith, la actuación de la Fiscalía deja ver una respuesta tardía y deficiente que solo cambió de ritmo cuando el caso comenzó a hacerse mediático. Durante los primeros momentos, hubo omisiones, corrupción y una indiferencia institucional que reflejan un patrón recurrente en la procuración de justicia: sólo se actúa con rapidez cuando hay presión pública. La reacción de la fiscal, Bertha Alcalde Lujan, quien reconoció dichas irregularidades y destituyó a funcionarios, más que responder a un compromiso real con la justicia, parece estar motivada por la necesidad de contener el costo político y mediático del caso, lo que evidencia una institución que prioriza su imagen por encima de la atención oportuna a las víctimas. Seguido de un proceso de revictimización, en el cual se cuestiona el porqué se encontraba en ese lugar. La realidad es que en la mayoría de los casos, cuando no son mediáticos, el aparato de justicia actúa con irregularidades para dar carpetazo a los casos, en vez de dar justicia.
El Estado, especialmente a través de su aparato jurídico, no actúa para resolver los problemas de fondo, sino para administrar sus consecuencias y sostener el orden existente. La justicia no llega porque el sistema no está diseñado para ello y los niveles de impunidad lo evidencian con crudeza. No se trata de fallas aisladas, sino de una estructura que protege intereses y normaliza la falta de castigo frente a la violencia y la precarización.
Frente a eso, la salida no puede ser individual ni limitada a reformas superficiales. La única alternativa real es la organización colectiva de la clase trabajadora, donde la juventud tenga un papel central, para enfrentar de raíz un sistema y su aparato estatal que produce tanto explotación como violencia. Creando comités en cada barrio en contra de la violencia, no se trata solo de resistir la precarización o la violencia, sino de luchar en contra del sistema que lo produce. Eso implica defender la reducción de la jornada laboral, la mejora del salario del conjunto de nuestra clase, viviendas dignas, erradicar la violencia sistémica contra la mujer acabando con el sistema que es la raíz del problema y construyendo un Estado basado en la organización de los trabajadores que barra con estas instituciones y el Estado burgués en su conjunto que no nos da justicia.
¡El capitalismo es feminicida!
¡Ni una asesinada más!
¡Justicia para Edith!
¡Castigo a los culpables!
Contra la violencia machista, ¡Revolución Comunista!