Aparato estatal, burocracia y reforma electoral en la 4T

Carlos Márquez

En los últimos años, la acción de las masas —en las calles y en las elecciones— ha reconfigurado la política del país, barriendo al PRI y al PRD y debilitando al PAN; no por una reforma institucional, sino por la participación popular. Sin embargo, los aparatos sobreviven y reproducen burocracias corruptas en las que los cargos se vuelven privilegios, como muestra el caso de Alejandro Moreno, dirigente del languideciente PRI, quien tiene una lujosa casa familiar de 7 mil m2, con un valor estimado de 300 millones de pesos (ver). Aunque durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se fijó un tope salarial, altos funcionarios —como en el Instituto Nacional Electoral o el Poder Judicial— mantuvieron ingresos obscenos. Esto alimenta el descrédito de la política institucional, mientras que mecanismos como los plurinominales permiten sostener a estas burocracias en el poder como cuotas y moneda de cambio entre partidos.

El Plan A

No es de extrañar que la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum haya ganado simpatías, porque plantea dos objetivos centrales: ampliar la democracia y reducir costos. La propuesta contemplaba un recorte cercano al 25 % del gasto electoral, incluido el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y el financiamiento de los partidos. Sin embargo, la reforma no avanzó, no sólo por la oposición, sino también por el voto en contra de aliados como el PT y el PVEM, cuyos apoyos eran necesarios para alcanzar la mayoría calificada.

La derecha, encabezada por el PRI y el PAN, criticó la reforma por ser autoritaria y por la sobrerrepresentación de Morena. En el fondo, el conflicto refleja la defensa de privilegios dentro de los aparatos partidistas, ya que la propuesta afectaba el control de las cúpulas sobre los plurinominales. La reforma planteaba que los partidos podían entregar un listado de pluris, pero por votación de la base de estos se elegiría el orden en que podían acceder a ellas.

Por su parte, aliados como el PVEM y el PT se opusieron porque buscaban una proporción mayor de recursos y tampoco les gustó no tener control de las plurinominales. Al ser necesarios sus votos para alcanzar la mayoría calificada, frenaron la reforma en defensa de sus intereses, lo que provocó el rechazo en la base obradorista.

El Plan B

Al no lograr la aprobación de su reforma original, la presidenta impulsó una nueva iniciativa orientada a reducir los presupuestos de los congresos estatales y del Senado, así como a revisar y ajustar las remuneraciones de consejeros, magistrados y otros funcionarios del ámbito electoral. También se planteaba adelantar a 2027 la consulta que permite al pueblo ratificar o revocar el mandato presidencial, así como permitir que la presidenta pudiera realizar cierto nivel de proselitismo durante ese periodo, ya que en el caso de Andrés Manuel López Obrador se le restringió la posibilidad de pronunciarse políticamente.

La reforma fue aprobada parcialmente. En lo referente a la revocación de mandato, se requería una reforma constitucional, pero el PT volvió a utilizar su posición para impedir que estos cambios avanzaran, aunque apoyó en lo general el resto de la iniciativa. En los hechos, no existía una razón de fondo para esta postura, sino la intención de mostrarse como un actor indispensable para la 4T, utilizando sus votos como mecanismo de presión.

Los aparatos burocráticos se defienden

Si se plantean recortes, es porque existe una crítica acumulada desde la población hacia estos sectores, por parte de la base de apoyo de la 4T, y porque el gobierno enfrenta límites impuestos por los estrechos márgenes presupuestales. La reforma no se caracteriza por su radicalidad; en realidad es bastante moderada. Sin embargo, toca privilegios de la burocracia estatal y partidista, que reaccionan en su contra. No se observan argumentos políticos de fondo, sino una defensa abierta de los intereses de los aparatos y de los burócratas. 

El Estado mexicano ha tenido un desarrollo particular, pero sigue las reglas generales que analizó Marx, Engels o Lenin: es un aparato construido para la defensa de los intereses de la clase gobernante y para mantener sus privilegios. Marx, al analizar la evolución del Estado francés, señaló:

“Este poder ejecutivo, con su inmensa organización burocrática militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado […] este espantoso organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y le tapona todos los poros […] Los privilegios señoriales de los terratenientes y de las ciudades se convirtieron en otros tantos atributos del poder del Estado” (Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte).

Los reformistas sueñan con un Estado barato, pero en el gobierno no son capaces más que de apoyarse en enormes aparatos burocráticos y militares, sostenidos por privilegios. Los altos salarios y prebendas funcionan como un mecanismo de cooptación que impide que esta burocracia cuestione los cimientos del sistema, empujándola, por el contrario, a adaptarse a él y, en última instancia, a los intereses de la clase dominante.

Un ejemplo ilustrativo es el de Gerardo Fernández Noroña, quien percibe alrededor de 130 mil pesos mensuales como legislador, a lo que se suman ingresos cercanos a 180 mil pesos mensuales por su actividad en redes sociales. Pese a presentarse como un político cercano a la base, terminó oponiéndose a echar abajo la reforma educativa y tampoco se quiso poner del lado de los maestros, lo que significaba enfrentarse a la banca que administra las Afores. Este caso muestra cómo incluso figuras con un discurso crítico pueden adaptarse al aparato estatal. Y, sin embargo, ni siquiera se trata de uno de los funcionarios con mayores privilegios dentro del sistema, lo que evidencia hasta qué punto estos mecanismos de cooptación atraviesan a toda la burocracia. Aquí es donde se hace evidente su contradicción más profunda: “no hay dinero para una pensión digna para los profesores, pero sí para mantener mis ingresos”.

Acabar con el Estado que genera privilegios

Las reformas que planteó Sheinbaum limitan privilegios, pero estos se mantienen. Buscaban dar un poder de decisión parcial a la base para evitar la incrustación de burócratas indeseables en las plurinominales. ¿Por qué Noroña o cualquier otro legislador debería ganar más que un profesor?

La historia nos ha dado múltiples ejemplos de que es posible una verdadera democracia para las mayorías, es decir, para los trabajadores, y tener un aparato estatal sin privilegios. Regresemos a las palabras de Marx:

“La Comuna convirtió en una realidad ese tópico de todas las revoluciones burguesas, que es ‘un Gobierno barato’, al destruir las dos grandes fuentes de gastos: el ejército permanente y la burocracia del Estado” (Marx, La Guerra Civil en Francia).

Esta experiencia fue replicada a un nivel más amplio en los primeros años de la Revolución rusa. En México hemos tenido expresiones mil veces más democráticas que el actual parlamento burgués, como hace 20 años con la APPO en Oaxaca, con los gobiernos municipales en Juchitán de la COCEI a inicios de los 80, con las expresiones de poder de los trabajadores del campo como en Cherán, Michoacán, o las policías comunitarias en Guerrero, incluso, más lejos en el tiempo, con la comuna de Morelos en los tiempos de Zapata. Estas expresiones han tenido el límite de no haberse generalizado a nivel nacional y el objetivo es construir un poder de los trabajadores que sustituya al Estado existente.

El gran problema de la 4T es que no se apoyan en la organización de los trabajadores y no buscan transformar radicalmente la sociedad, acabando con el sistema y su corrompido aparato estatal. No rechazamos reformas democráticas bajo el actual sistema, pero sí creemos que con ellas estaremos en una sociedad verdaderamente democrática y sin privilegios. Para ello requerimos una transformación revolucionaria, que es lo que planteamos como PCR.

Nosotros planteamos la necesidad de un Estado obrero: la destrucción del viejo aparato estatal y su sustitución por organismos basados en la participación directa de la clase trabajadora, con funcionarios electos y revocables en todo momento, salarios equiparados a los de un obrero cualificado y la eliminación del ejército permanente. Estas medidas, inspiradas en la experiencia de la Comuna de París, buscan impedir la formación de una burocracia privilegiada y asegurar que el poder permanezca bajo control democrático real de las masas.