Reforma a las leyes del agua: reformismo y chantaje reaccionario
Rubén Rivera
La reforma reaccionaria a la constitución en 2012 en su artículo 27 señala:
“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.”
Lo cual en sí mismo supone el dominio de la propiedad privada sobre dichos bienes, siendo la expropiación de dicho derecho una excepción solo en circunstancias extraordinarias.
Carlos Salinas estableció desde 1992 un sistema de concesiones que consistió en su otorgamiento para el uso y explotación del agua de pozos, ríos y manantiales de manera discrecional a todo tipo de particulares. Por ejemplo, de las 560 mil concesiones existentes unas 50 mil corresponden a negocios particulares que argumentan ser de usos agrícola, cuando en realidad son para usos industriales o de servicios como hoteles (jornada.com.mx/noticia/2025/12/02).
La reforma constitucional del 2012 consagraba lo que de facto había establecido Salinas, por lo que evidentemente se convierte en un obstáculo jurídico para cualquier reforma posterior.
Basándose en esta legislación, las concesiones se pueden vender, heredar o rentar como si fuesen cualquier propiedad privada, bajo el criterio de que el concesionario posee un título que es de su propiedad y que puede disponer de él como le plazca, incluso someter a la sed y al hambre a comunidades que no tuvieron posibilidades de pelear por la concesión, ya sea por carecer de medios, por la falta de apoyo legal o simplemente porque así lo decide el cacique local.
En muchos casos se da la posibilidad de que un particular —ya sea en la forma de individuo o de sociedad anónima— acapare diversos títulos de propiedad generando una estructura de poder y explotación a partir de ello.
En el año 2022 se reportaba que la explotación del 20% del total de recursos hidráulicos era del 1% de los concesionarios, poco más de 3000 empresas como Coca Cola, Bimbo, Nestle, etc.(www.jornada.com.mx/notas/2022/04/27).
Se pone a la propiedad privada por encima de las necesidades del pueblo, por este motivo el problema de la concesión y explotación privada del agua se está volviendo una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar.
De este modo, recientemente se presentó una propuesta presidencial de modificación al artículo 4 (que otorga al agua el carácter de derecho humano) y del 27 (que consagra al uso del agua como sujeto de propiedad privada). Las reformas incluyen cambios acordes al discurso del actual gobierno , en el sentido de que promueve un uso racional, con prioridad social, incluyente y con equidad de género del agua, a su vez que abre la posibilidad de otorgar concesiones a comunidades campesinas, etc.
Su elemento más polémico y progresista es que las concesiones ya no se podrán heredar, negociar, vender o someter a subasta al mejor postor. La reforma indica que cuando su vigencia concluya su refrendo estará sometido a consideraciones de utilidad social.
Además, la nueva ley supone que se creará un organismo estatal de supervisión para que en caso de que el agua no se emplee para el uso declarado la concesión se pueda retirar.
Este es el motivo central del descontento de la burguesía del campo, que exige su supuesto derecho eterno a traficar con el uso del agua como si se tratara de cualquier otra mercancía, ya sea para heredarlo, venderlo o disponer de él a su antojo.
En este aspecto se hacen evidentes los límites de las políticas reformistas que, si bien apelan a intereses colectivos, a la humanidad y a la sana convivencia, no se atreven a enfrentar el problema principal que aqueja a nuestra sociedad: el de la propiedad privada.
El gobierno aclara que no va a tocar ni una sola de las concesiones ya otorgadas. Esto, en sí mismo, ya representa un paso atrás; no obstante, a la burguesía que controla el campo no le basta y seguirá ejerciendo presión mediante mecanismos como bloqueos de carreteras o incluso sumándose, de manera demagógica, a otras luchas que sí son legítimas.
También en este aspecto existe otra limitante de carácter legal: la propia Constitución, que consagra claramente el derecho de uso privado del agua en su reforma de 2012. Los actuales “dueños” del agua se ampararán en ella para proteger sus intereses.
Una vez más se confirman los límites de un gobierno reformista que, al menos en este tema, busca quedar bien con dios y con el diablo. Corresponderá más bien a la lucha de clases en el campo, a las organizaciones campesinas genuinas y a las comunidades explotadas, el organizarse y luchar por el agua.
Como hemos visto, también en este tema la alternativa comunista es la única que ofrece una solución completa, mediante la abolición de la propiedad privada sobre el uso del agua y su otorgamiento a las organizaciones campesinas, indígenas y a los organismos de poder popular y obrero.
En suma, vistos en términos generales, la reforma planteada es positiva, pero muy limitada e insuficiente. La burguesía se rebelará contra ella y, como siempre sucede, el gobierno volverá a ceder. No hay otra opción que organizarse y luchar por la transformación de la sociedad bajo la bandera de los comunistas revolucionarios.
