Aborto, un derecho de clase
Celeste Pinedo
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la despenalización del aborto a nivel nacional en México, persisten los desafíos para que esta norma se cumpla efectivamente. De manera similar, en muchos países latinoamericanos donde el aborto está despenalizado, continúa existiendo una brecha entre los derechos legales establecidos y el acceso real a estos servicios.
Los testimonios de mujeres latinoamericanas son reveladores: al menos 26 mujeres al norte de Brasil reportaron prácticas discriminatorias por parte de las instituciones de salud y el personal médico, que van desde juicios morales hasta negligencia médica en el control del dolor posterior al procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) (1). De manera similar, se documentó el caso de una mujer en Sinaloa a quien se le negó el acceso a medicamentos para el dolor después del procedimiento de interrupción del embarazo como forma de castigo (2). Estos casos comprueban que no se garantizan los derechos constitucionales de las mujeres trabajadoras en temas reproductivos, a pesar de que están reconocidos por ley en sus respectivos países.
En los países ex-coloniales, los derechos reproductivos suelen ser negados a las mujeres de la clase trabajadora. Esta negación no se limita al derecho al aborto —restringido muchas veces por estigmas culturales o religiosos—, sino que también incluye el acceso limitado a métodos anticonceptivos. Según las Estadísticas de nacimientos registrados 2017-2022 publicadas por el INEGI, en 2022 se registraron en México 108,760 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años. Esto significa que 1.2 de cada 100 niñas y adolescentes del país tuvieron un hijo solo en ese año (3). En otras palabras, uno de cada 17 nacimientos registrados en México durante 2022 correspondió a madres menores de 18 años (5.8 % del total). La mayoría de estos embarazos fueron no deseados o resultado de violación.
En junio se dio a conocer la lista de los 30 nacimientos de madres más jóvenes en México, un análisis basado en datos oficiales de la Secretaría de Salud (SSA) que expone los casos más alarmantes de nacimientos registrados en 2024. En esta lista figuran niñas de tan solo 10 años, obligadas a convertirse en madres, muchas veces como resultado de matrimonios infantiles o agresiones sexuales perpetradas por hombres que, en numerosos casos, superan los 40, 50 e incluso 60 años de edad. Estos embarazos no son fruto de decisiones libres, sino de violencia y abuso sistemático. Sin embargo, en ninguno de estos casos se garantizó el derecho al aborto, invisibilizando la autonomía y dignidad de las víctimas. Negarles esta opción no solo perpetúa la violencia, sino que las condena a una maternidad forzada que vulnera gravemente sus derechos humanos.
El aborto está despenalizado y es legal en 24 estados de la república; sin embargo, acceder de manera gratuita a este procedimiento puede ser, en la mayoría de los casos, complicado. Como ya mencionamos, son pocas las clínicas y hospitales que ofrecen este servicio, y el trato violento hacia las mujeres vulnera sus derechos y su dignidad. Existe la opción de realizarlo de manera privada, pero los costos ascienden de 2 mil 500 a 9 mil pesos, dependiendo de la etapa gestacional (4). Las mujeres de clase trabajadora, en muchos casos no tenemos acceso a estos recursos, lo cual representa otra complicación estructural. No deberíamos pagar ni un centavo por acceder a un derecho reproductivo, uno que además ha sido reconocido constitucionalmente gracias a la lucha de las mujeres de la clase obrera. Esto demuestra que solo mientras puedas costear el procedimiento, puedes ser tratada con dignidad y respeto.
Según GIRE, en México, por cada aborto que se practica en el sector público, tres se practican en el sector privado; no obstante, no existen estadísticas precisas porque a las clínicas privadas no se les exige el registro (5). Esta realidad evidencia que el derecho “universal” es en realidad un privilegio de clase, pues dentro de la lógica capitalista las conquistas en seguridad social y demás instituciones públicas son atacadas para reforzar el consumo al –y enriquecimiento del– sector privado. Además, las experiencias de violencia obstétrica también constituyen un factor que motiva a las mujeres a optar por este último (6).
La lucha continúa
Comprendemos que las victorias en materia de derechos reproductivos no se han logrado gracias al beneplácito de la clase gobernante, sino que han surgido desde las necesidades de las mujeres de la clase trabajadora y su lucha en las calles. Ningún feminismo hegemónico se ha molestado en alzar la voz por estas causas, precisamente porque la falta de estos derechos no afecta sus condiciones materiales; al contrario, puede beneficiarlas. El feminismo hegemónico —ese que no incomoda— suele ir alineado con los intereses del capital, que convierte derechos fundamentales en mercancía. Este feminismo blanco celebra las victorias legales sin cuestionar las estructuras económicas que hacen inaccesibles esos mismos derechos para las mayorías trabajadoras.
La diferencia es clara: la mayor parte de los casos en donde las mujeres trabajadoras necesitan abortar se debe a su situación económica, mientras que las mujeres de clase burguesa lo hacen ya sea por la edad o por el desarrollo profesional. Es por eso que, para el feminismo blanco, que el aborto sea materia de interés público no es prioridad.
El capitalismo nos da la opción de elegir entre ambas alternativas y lo llama libertad, pero como dijo Lenin: “La libertad en la sociedad capitalista sigue siendo más o menos la misma que en las antiguas repúblicas griegas: libertad para los esclavistas”. Mientras genere ganancias al capitalismo, el aborto, un derecho fundamental, se convierte en mercancía.
Es cierto que se ha avanzado en materia de derechos reproductivos, pero no todas podemos acceder a ellos, en sectores marginados del país su alcance es limitado y en algunos casos nulo, ¿qué pasa con las que no tenemos recursos para pagar un procedimiento privado? ¿Nos tenemos que conformar con soportar la burocracia de las instituciones de salud y, además, la violencia por parte de su personal? ¿Y qué sucede con las mujeres en regiones donde esto no está despenalizado? Miles de mujeres en América Latina arriesgan sus vidas y su salud al someterse a abortos clandestinos.
Esta dualidad de control sobre nuestros cuerpos —ya sea por parte del Estado o del mercado— bloquea cualquier intento de las mujeres de emanciparnos. Estamos convencidas de que la verdadera emancipación de la mujer es imposible sin el comunismo porque solamente en una sociedad sin clases las mujeres podremos ejercer nuestros derechos reproductivos, con verdadera libertad, dignidad y sin condicionamientos económicos.
¡MUJERES CONTRA EL MACHISMO, MUJERES CONTRA EL CAPITAL, MUJERES CONTRA EL RACISMO Y EL TERRORISMO NEOLIBERAL!
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Madeiro AP, Rufino AC. Maus-tratos e discriminação na assistência ao aborto provocado: a percepção das mulheres em Teresina, Piauí, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. https://www.scielo.br/j/csc/a/8Vxx7RwswCYJLcTPhmvVbcP/?lang=pt
2. El Coahuilense. (s.f.). Sector salud, objetor de conciencia. El Coahuilense. https://www.elcoahuilense.com/sector-salud-objetor-de-conciencia/
3. https://www.inegi.org.mx/programas/natalidad/
4. Clínicas Abortos. (s.f.). ¿Cuánto cuesta un aborto? https://www.clinicasabortos.mx/cuanto-cuesta-un-aborto
5. Carbajal, Mariana. (2020, 17 de diciembre). Aborto: qué pasó en la ciudad de México después de la legalización. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/312385-aborto-que-paso-en-la-ciudad-de-mexico-despues-de-la-legaliz
6. Contreras-Tinoco, Karla. (2018). MUSAS: Revista de investigación en mujer, salud y sociedad,Vol(3), 67. https://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS/article/view/vol3.num2.4/23952
