El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Deja intacta la esencia de la contra-reforma aprobada en el año 2007 la cual incrementó la edad para el retiro de los trabajadores del Estado y eliminó el sistema solidario de pensiones para abrir paso a un sistema de cuentas individuales administradas por entes privados, algunos de ellos manejados por la banca transnacional. Esto trae como consecuencia pensiones bajas para los trabajadores que los rige esa iniciativa y jugosas ganancias para quién maneja los fondos de los trabajadores.
La nueva Ley, lo único que faculta es al Fondo de Vivienda del ISSSTE a construir vivienda para los trabajadores e incrementa el monto de las aportaciones al seguro de salud de aquellos cuyas percepciones mensuales sean superiores a los 10 Unidades de Medida de Actualización (UMA´s) (aunque es importante aclarar que eso equivale a $34,394.6 mensuales) sobre el salario integrado. Aunque algunos han salido a aclarar que esto no afectará a los trabajadores de base, sólo a personal de confianza y altos funcionarios. Pero hasta ahora la redacción de la Ley se mantiene, así.
Las protestas han sucedido, algunos dicen que estás no tienen razón. Veamos.
Un gobierno que se dice cercano a los intereses del pueblo debería poner sobre la mesa un proceso de discusión sobre el impacto de la Ley del 2007. Mientras las administradoras de los fondos para el retiro reciben millonarias ganancias cada año, las proyecciones de las pensiones de los trabajadores que ingresaron después del 2007 son que estas serán bajas e insuficientes. Además se debería revisar el tema de los años de retiro, para valorar el regresar a las modalidades anteriores al 2007. Y por consecuencia se debería plantear abrogar la contra-reforma a Ley del ISSSTE del 2007.
Pero eso no sucede, se ha dejado para después esa discusión fundamental, no se sabe para cuando. Las contra-reformas aprobadas por el PAN y el PRI satisfacen los intereses de un puñado de grandes capitalistas, en este caso a los dueños de las 10 grandes Afores en el país, por encima del interés colectivo de millones de trabajadores. No puede postergarse esa discusión ¿Acaso el gobierno de la 4T no ha decretado, discursivamente, el fin del neoliberalismo? Pues la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007 fue 100% neoliberal. ¿Cuál es la razón para no ponerle fin?
Ahí está el origen de las protestas, que empiezan a extenderse, las cuales no sólo son justas y legítimas sino necesarias. Solo con la unidad, la organización y la movilización de los trabajadores avanzaremos.
La contra-reforma al ISSSTE del 2007
La seguridad social no es una concesión graciosa hacia la clase trabajadora por parte de las clases dominantes y sus gobiernos, es producto o subproducto de las luchas colectivas. Mientras no destruyamos revolucionariamente al sistema capitalista y avancemos en la construcción más justa y equitativa, son necesarias las luchas de la clase trabajadora por la mejora del salario y mejores condiciones de trabajo, entre las que se incluye la seguridad social y condiciones óptimas para la jubilación de los trabajadores.
A continuación entraremos a algunos detalles relacionados con la Ley del ISSSTE, esperando algo de paciencia del lector, debido a que tocaremos detalles relacionados con la seguridad social con los trabajadores del Estado, para posteriormente extraer algunas conclusiones generales.
Aproximadamente al ISSSTE están afiliados 13.7 millones de personas, de los cuales, poco más de 3 millones son trabajadores en activo, 1.2 millones son trabajadores jubilados y pensionados y el resto son sus familiares. Es importante tener un contexto de esta Ley, la cual rige a los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y a sus familiares que son derechohabientes, en donde se contemplan los seguros y prestaciones relacionados a: Seguro de Salud, Seguro de Retiro, Seguro de Cesantía Avanzada y Vejez, Seguro de Invalidez y Vida y el Fondo de Vivienda.
El 1° de abril de 2007 entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE con el apoyo mayoritario de del PAN, el PRI y el Partido Verde; de las principales cámaras empresariales; además contó con el beneplácito de las cúpulas sindicales enquistadas en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y del mayor sindicato de trabajadores en el país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); en medio de protestas de los trabajadores del Estado, que incluyeron paros nacionales, movilizaciones multitudinarias y la promoción de miles de amparos en contra de la iniciativa.
Dicha iniciativa partió de atender los intereses de los dueños del gran capital y las recomendaciones de los organismos financieros internacionales (siguiendo el modelo del sistema privado implementado en Chile en 1981, que se fue extendiendo a América Latina) y en sintonía con la contrarreforma a la Ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social, aprobada 10 años antes, en 1997.
La Ley del ISSSTE anterior a la de 2007, regulaba el retiro de los trabajadores del Estado a través de diversas figuras, como eran:
a) Jubilación por años de servicios. Los requisitos eran 28 años de servicios para la mujer y 30 para el hombre y no existía límite de edad, además otorgaba un equivalente de pensión del 100% del sueldo básico del año inmediato al que el trabajador decidía retirarse.
b) Pensión por edad y tiempo de servicios. Para lo cual se necesitaba tener 55 años de edad y 15 años de cotización en el ISSSTE y se establecía una pensión del 50% del sueldo básico promedio del año anterior al retiro.
c) Pensión por cesantía en edad avanzada: Cuyos requisitos eran tener 60 años de edad y 10 años de servicio.
Indemnización global: en la cual se permitía el pago de una suma de dinero si el retiro se producía antes de tener derecho a alguna de las modalidades mencionadas.
La contrarreforma del 2007 eliminó las figuras de jubilación de años por servicio y en su lugar estableció modalidades denominadas, Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, pero subió los años de cotización a 25, conservando los 60 años cumplidos; además agregó la Pensión por Vejez en la que se establece la edad mínima de 65 años y 25 años de cotización al ISSSTE.
Lo anterior tuvo como consecuencia el incremento en los años de servicio para el retiro de los trabajadores.
Además, destruyó el sistema público de pensiones, conocido como de reparto, el cual se sustentaba en un principio de solidaridad intergeneracional, en la que la generación de trabajadores activos cotizaba para proveer de los recursos necesarios a las generaciones de trabajadores en edad de retiro, confiando en que, a su debido tiempo, las generaciones futuras harían lo mismo para ellos, los recursos del pago de las pensiones provenían del propio Estado y se realizaban a través del ISSSTE y se sustituyó por un sistema de capitalización individual, en el que las pensiones dependen del ahorro del propio trabajador, dejando en manos de instituciones financieras privadas, denominadas Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) la administración de los recursos depositados en una cuenta individual, quienes ahora serán responsables del pago de las pensiones.
Ahora, cuando el trabajador cumpla con la edad y los requisitos que marca la ley para obtener una pensión por cesantía avanzada o de vejez podrá recibir sus ahorros entre dos opciones mediante un:
a) Programa de Retiros Programados, cuyo monto que recibirá será calculado tomando en cuenta el saldo de su cuenta individual y las esperanzas de vida del trabajador, esta opción podrá operar siempre y cuando la cuenta individual permite una pensión mínima por lo menos al equivalente al salario mínimo general establecido en la Ciudad de México y
b) Contratación de un Seguro de Pensión en la que el trabajador debe contratar a una empresa aseguradora a la que el trabajador le entregará el saldo acumulado en su cuenta individual y esta le pagará una cantidad como pensión mientras viva.
Las movilizaciones masivas emprendidas por los trabajadores del Estado en el año 2007 y los más de 170,000 amparos promovidos por los trabajadores logró establecer un artículo en la nueva ley, denominado Décimo Transitorio, en donde se establece la opción de un régimen pensionario para los trabajadores que ingresaron a laborar antes de aprobarse la contra-reforma, los trabajadores que optaron por esta opción tienen derecho a:
Pensión de jubilación: para lo cual se necesita 30 años de servicios para hombres y 28 para las mujeres. Con un aumento de edades, que se estabilizarán en el año 2028 con 60 y 58 años de servicio respectivamente,
Pensión por edad y tiempo de servicios. Se necesitan 15 años de cotización. Los incrementos de edad iniciaron en 2012 con 56 años de edad y llegaron para ambos a 60 años en 2018 y podrán recibir de un 50 a un 95% del sueldo básico del año inmediato al que el trabajador decidía retirarse.
Pensión por cesantía en edad avanzada. Se necesitan 10 años de cotización. El aumento de edad inició en 2010 con 61 años y llegó a 65 años tanto a hombres como mujeres en 2018 y podrán recibir de un 40 a 50% del sueldo básico del año inmediato al que el trabajador decidía retirarse.
Como observamos la Ley del ISSSTE es profundamente regresiva en cuanto al retiro de los trabajadores, eliminó el sistema público y solidario de pensiones, ahora la pensión del trabajador depende fundamentalmente de su ahorro, en un país donde los salarios de los trabajadores siguen siendo bajos y los recursos de los trabajadores son manejados por el sector financiero privado que recibe anualmente jugosas ganancias.
Ganancias millonarias de las Afores a costa del futuro de los trabajadores
Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son instituciones financieras que administran las cuentas individuales de los trabajadores afiliados al ISSSTE pero también los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Existen nueve privadas: Profuturo, Coppel, Inbursa Azteca, SURA. XXI Banorte, Principal, Citibanamex, Invercap y una pública: PENSIONISSSTE.
Las 10 empresas que controlan el sistema de pensiones incluyen afiliadas de grupos empresariales gigantescos como Banorte, Coppel, Inbursa, Grupo Salinas, Grupo BAL y Citibanamex.
La cuenta individual se compone de las siguientes aportaciones: se toma en cuenta el salario del trabajador quién aporta 1.125%; el patrón 5.15% y el gobierno 0.0225% para el Retiro, Cesantía y Vejez. Para la vivienda se compone del 5% que se realiza de manera bimensual por parte de la patronal y las aportaciones voluntarias y complementarias.
Para generar rendimientos, este ahorro de los trabajadores es invertido por las Afores en las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos de Retiro en la bolsa de valores, bonos de deuda, divisas, etc. Por este manejo de los ahorros de los trabajadores cobran una comisión.
Para darse cuenta del poder económico que adquieren las 10 Afores mencionadas, al cierre del 2024 el dinero depositado en todas las cuentas individuales ascendía a 6.02 billones de pesos. Esto representa el equivalente a casi el 20% de la riqueza nacional, expresada en el Producto Interno Bruto.
Todo esto genera una ganancia millonaria, durante el año 2023 el rendimiento fue de 464,068 millones de pesos y el 2024 de 630,656 mil millones de pesos. Para que nos demos cuenta del tamaño del negocio, ese dinero es superior al presupuesto asignado anualmente al ISSSTE, que como ya lo vimos, atiende a más de 13 millones de personas entre trabajadores, pensionados, jubilados y sus familiares.
En cambio, hasta antes de la reforma del 2020 que se propuso incrementar un poco el monto de la pensión, mediante una aportación mayor que la patronal debe realizar a la cuenta individual, el monto recibido por los trabajadores pensionados por medio del sistema de cuentas individuales en el caso del IMSS no superaba el 30% del monto de su salario mensual. Una proyección similar sucedería con los primeros pensionados del ISSSTE con la ley aprobada del 2007.
Además, los gobiernos de la 4T, pretenden gestionar un fondo semilla para los pensionados que se obtendrá de dinero del Estado y de Afores no reclamadas por trabajadores mayores a 70 años. A esto piensa sumar la pensión del bienestar que el gobierno otorga, para paliar de alguna manera la pobreza a la que se enfrentan los pensionados del IMSS y, por consecuencia, a los futuros pensionados del ISSSTE que son víctimas de las reformas criminales a las jubilaciones y pensiones impulsadas por Ernesto Zedillo en 1997, en el caso del IMSS, y por Felipe Calderón en el 2007, para el ISSSTE.
Como vemos los mayores beneficiados de este modelo de las cuentas individuales son un grupo reducido de consorcios empresariales, los cuales obtienen jugosas ganancias del ahorro de los trabajadores, mientras estos se enfrentan a vivir un futuro incierto en nuestra edad de retiro.
El ascenso de los gobiernos de la 4T despertó cierto interés debido a sus declaraciones acerca de que se revertirían las reformas del 97 al IMSS y la de 2007 al ISSSTE, sin embargo la primera reforma presentada al ISSSTE no toca lo fundamental respecto al tema de jubilaciones y pensiones.
El contenido de la Reforma 2025
Tomamos como referencia para analizar la iniciativa presentada a la Gaceta Parlamentaria, Número 6715/-I, con fecha del 7 de febrero de 2025, la cual dice que con la finalidad de contar con mayores ingresos para mejorar la atención a los derechohabientes.
La presente iniciativa busca el fortalecimiento financiero del ISSSTE para lo cual se propone que las personas servidoras públicas cuyas percepciones superen las 10 Unidades de Medida y Actualización mensuales, paguen sus cuotas sobre el cálculo de los salarios integrados, para el caso del seguro de salud, y no el sueldo básico.
El cálculo de las 10 UMA´s se realizará sobre el salario integrado y además señala que:
De aplicarse la propuesta señalada, la estimación sumando las cuotas y aportaciones que se generen , será de un total de $11,100, 000, 000 (once mil millones de pesos 00/100 M.N.) de los cuales $3,400,000,000 (tres mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) corresponderán a las aportaciones de las personas trabajadoras y $7,700,000,000 (siete mil setecientos millones de pesos 00/100 M.N) a entes del Estado.
Posteriormente en una gráfica, en donde se menciona que ese dinero se obtendrá de las cuotas y aportaciones de los trabajadores de confianza y de base que ganan más de 10 UMA´s al mes.
Es importante mencionar que 10 UMA´s equivalen a $34,394.6 mensuales, el salario base es el establecido en las Condiciones Generales de Trabajo o en su caso en el Contrato Colectivo de Trabajo. El salario integrado incluye las prestaciones, como los bonos, vacaciones o aguinaldo. Aunque puede ser una minoría de trabajadores que ganan esa cantidad en su salario integrado, si habrá una afectación en sus percepciones para algunos trabajadores de base; aunque el ahora senador de Morena, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, declaró que los incrementos de las aportaciones del ISSSTE no afectarán a los trabajadores de base, sino sólo a los altos funcionarios, hasta el momento es la única redacción de la propuesta de ley que se conoce.
Además de eso se propone que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) se le regresen “las atribuciones de adquisición, construcción, rehabilitación y renta de vivienda”, que le fueron arrebatadas en las contra-reformas anteriores a la Ley del ISSSTE, con la finalidad de construir y otorgar vivienda para los trabajadores del Estado, ante lo cual nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo.
Sin embargo, la propuesta deja fuera de discusión el principal problema de las jubilaciones y pensiones que expusimos anteriormente.
Una alternativa
Comenzamos a ver protestas multitudinarias y paros de los trabajadores de la educación en Sonora, Chihuahua, Baja California y Quintana Roo y el fermento comienza a llegar a diversas secciones del mayor sindicato de los trabajadores del Estado: el SNTE. Aunque circula mucha información no tan clara, la inquietud comienza a acrecentarse debido a la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE.
En el fondo, miles de trabajadores del Estado perciben que se deja fuera de discusión el problema fundamental que ocasionó la reforma a la Ley del ISSSTE en el 2007, el de las jubilaciones y las pensiones. En las protestas de manera clara se enarbola la abrogación de dicha contra-reforma aprobada por el PRI y el PAN. Además, en algunos sectores se percibe una especie de “traición” por el gobierno de la 4T al no concretar sus promesas de discutir la posibilidad de reducir la edad para la jubilación.
La demanda principal de las movilizaciones, la de la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y el regreso al esquema solidario de pensiones es válida. El movimiento debe despejar toda la paja que circula en las redes sociales, que pretende confundir y aprovecharse del movimiento, en particular por los partidos de la derecha. Ellos fueron los principales impulsores y responsables de la aprobación de esa ley, que ahora sectores de Morena la da como un hecho consumado y no pretende discutir sus afectaciones sobre millones de trabajadores.
Además, el movimiento debe generar una estructura propia de lucha de carácter regional y nacional, no sólo al magisterio le afecta la contra-reforma del 2007, sino a todos los trabajadores del Estado. Se debería hacer un llamado a una coordinación central de lucha de los trabajadores para promover y animar la movilización. El llamado al paro nacional es válido, pero hay que prepararlo, mediante asambleas y reuniones de coordinación, mediante la difusión de información verídica y de manera eficaz.
La lucha nos puede otorgar lo que el pantano parlamentario y gubernamental nos niega, pero eso sucederá si damos los pasos acertados para extender la movilización. El centro de la discusión debe estar en que no se puede mantener las ganancias millonarias de diez grupos empresariales por encima de la dignidad y el futuro retiro de millones de trabajadores, eso es lo que sucede bajo el actual esquema de cuentas individuales administradas por las Afores.
Un gobierno que represente auténticamente los intereses de los trabajadores y el pueblo, procedería a la nacionalización de las Administradoras de los Fondos para el Retiro y comenzaría una reestructuración para generar un nuevo sistema público solidario de pensiones. Pero por supuesto que Morena y el gobierno de la 4T no se atreverá a dar ese paso, pues ellos piensan que pueden conciliar los intereses de los dueños del gran capital con el de los trabajadores. La iniciativa debe surgir del movimiento de la clase trabajadora.
Solo la unidad, la organización y la movilización consciente le permitirá avances a la clase trabajadora.
