Durante la madrugada del pasado sábado un incendio ocurrido en un antro de la ciudad de San Luis Rio Colorado volvió a remover fibras sensibles de la población Sonorense, pues con un saldo de 11 muertos y 6 heridos lo primero que puede venir a la mente es la tragedia ocurrida en la guardería ABC hace 14 años.
Los hechos ocurridos provocaron una rápida reacción de las autoridades. A primera hora, el Gobernador Alfonso Durazo publicó un comunicado condenando el suceso y asegurando que caería todo el peso de la ley sobre el responsable, horas más tarde se anunció la detención del presunto culpable de iniciar el incendio. Pero mas allá de las condenas tajantes y las lágrimas de cocodrilo de las autoridades hay que hacernos la pregunta: ¿La rápida respuesta fue una muestra de su alta eficiencia o eso se quiere aparentar para ocultar su incompetencia y corrupción?
La tragedia de la guardería ABC sacó a la luz toda la podredumbre del estado burgués y sus instituciones, nos mostró que las ganancias están por encima de la protección civil incluso cuando se trata de infantes. Las protestas que provocó el asesinato de estos 49 niños y niñas y la lucha incansable de sus padres logró que se expidiera la conocida Ley 5 de Junio, la cual consta de una serie de rigurosos requisitos que se tienen que cumplir para que las estancias infantiles sean tan seguras como para evitar que un hecho tan lamentable vuelva ocurrir.
El incendio de la guardería también hizo que la protección civil no volviera a ser la misma, pues la idea de volver a soportar tanta indignación por parte de la población era algo que las autoridades no estaban dispuestas a repetir. Pero, ¿en verdad una ley puede asegurar la protección de vidas humanas cuando vivimos en un sistema económico cuyo fin es la explotación sin límites de la mayoría en beneficio del lucro de una minoría? Las propias declaraciones de los padres de las víctimas de la guardería ABC nos responden esta pregunta, pues año tras año, cada que se cumple un aniversario del trágico incendio los padres salen a marchar y denunciar, aparte de la falta de justicia, que la Ley 5 de Junio no se cumple como debería y que a pesar de eso hay guarderías que siguen operando. A los reformistas les gusta mucho crear leyes que suenan muy bien en el papel, pero en la práctica quien tiene el poder es la clase dominante.
Independientemente de las causas que motivaron a una persona a prenderle fuego a un lugar con más de 80 personas dentro, la discusión no debería girar en torno a eso, cosa que los medios de comunicación han tratado de resaltar. Lo que nos deberíamos estar cuestionando es por qué un negocio que no contaba con los permisos estaba operando con total impunidad. Las instalaciones del lugar no eran adecuadas de acuerdo a los protocolos dictados por protección civil. Una prueba de ello es que la salida de emergencia estaba tapada con cajas apiladas de cerveza lo que impidió a las personas que se encontraban dentro salir para huir de las llamas. Es aquí donde sale a la luz que los dueños del dinero se pueden dar el lujo de pasar por encima de las leyes para seguir aumentando sus ganancias y las autoridades, detrás de toda su demagogia, sirven a sus intereses aunque el precio de su servilismo sean 11 personas asesinadas.
El fiscal del Estado de Sonora, Gustavo Salas, en un comunicado de prensa, ante la pregunta sobre si se deslindaron responsabilidades entre las autoridades que permitieron el funcionamiento de un establecimiento sin permisos, respondió que la prioridad en estos momentos es identificar a las víctimas y comprobar la culpabilidad de la persona detenida como presunta responsable. Es decir, su prioridad en estos momentos es tratar de evitar a toda costa que se sepa de la responsabilidad que el gobierno tiene en esto.
Existe la intención de apuntar los reflectores a la persona detenida y que esta pague por sus acciones, a esto habría que anteponer la nula efectividad al momento de detener responsables de la Guardería ABC incluyendo los dueños, pero desde un punto de vista marxista no nos podemos quedar en la superficie de los hechos sino tratar de ir más a fondo. Un acto individual tan atroz es un reflejo de una sociedad que bajo condiciones de miseria y explotación lo único que puede cultivar es un deterioro del tejido social y cosechar violencia. Un periodista local salió a decir que la culpa es de todos como sociedad. Nosotros le respondemos que la población tiene todo el derecho a la recreación, que es indispensable para sobrellevar las condiciones brutales y enajenantes de la vida cotidiana, no es culpable de que la clase dominante utilice toda su influencia para corromper funcionarios y perpetuar sus intereses.
No estamos de acuerdo en que la responsabilidad se distribuya entre todos para encubrir a los verdaderos culpables, pero lo que sí defendemos es que la solución para detener esta barbarie es colectiva, comprendiendo que la expedición de leyes no nos protegerá ante los intereses mezquinos del capital. La única vía es ponerle fin a este sistema capitalista putrefacto incapaz de permitir el libre desarrollo y bienestar de las masas para reemplazarlo por uno nuevo donde bajo el control democrático de los trabajadores, tragedias como esta no sucederán debido a que las leyes y los reglamentos de seguridad se cumplirán en beneficio de cuidar la integridad colectiva sin que esta sea sometida a la corrupción a la que se prostituye el Estado burgués en nombre del lucro de los explotadores.