La JEP es un ente de “justicia transicional” creado como parte de los acuerdos de paz del 2016 entre las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) y el Estado. Su meta declarada es desvelar todos los crímenes cometidos por los actores principales del conflicto armado colombiano en ambos bandos. Hasta ahora, se ha concentrado en los “falsos positivos” (el escandaloso caso de ejecuciones de civiles de parte del ejército para luego ser vestido y declarados como combatientes guerrilleros), reclutamiento infantil y los secuestros de las FARC al igual que la documentación del exterminio del Partido Comunista y su frente popular político, la Unión Patriótica. Sin embargo, el ente está abierto a cualquier otro actor del conflicto que esté dispuesto a dar nuevos estamentos que ayuden a descubrir nuevos detalles de los crímenes ocurridos durante el conflicto.
Uno de estos actores es de gran importancia: Salvatore Mancuso, el antiguo segundo al mando de la organización paramilitar conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A traves de su testimonio de cuatro días, Mancuso explicó en gran detalle como los paracos fueron directamente responsables por la ejecución y la tortura de líderes sindicales y militantes de izquierda a petición de la clase dominante colombiana, con antiguos presidentes y vice-presidentes involucrados directamente. El testimonio sombrío expone la podredumbre de la clase dominante y sus líderes políticos, pero también plantea la cuestión de quiénes son los verdaderos amos de las instituciones políticas del día de hoy.
Una pesadilla larga
La emergencia de fuerzas paramilitares (cuerpos armados de civiles extralegales fuera del ejército) no es nada nuevo dentro del conflicto armado. Incluso durante el periodo conocido como La Violencia, a través de los 40s y los 50s, hubo grupos como “Los Pájaros” que fueron usados por los conservadores para atacar a los simpatizantes radicales y liberales de Jorge Eliecer Gaitán al igual que a los líderes sindicales y comunistas. Sin embargo, el ejército retomó su posición de manera inmediata durante las primeras confrontaciones contra las nacientes FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Durante un periodo, el conflicto armado en Colombia fue luchado entre el estado y las guerrillas.
El auge del narcotráfico durante los finales de los 70s y los 80s cambió esto. Los capos se alzaron rápidamente en la escala social y cuando las guerrillas empezaron a extorsionarlos, los carteles de Medellín y Cali empezaron a formar grupos armados para cazarlos. Esto se convirtió en un quid pro quo con el podrido aparato estatal. Durante estos años, los carteles y los políticos trabajaron codo con codo para erradicar a las guerrillas hasta que la campaña de “guerra contra el estado” de Pablo Escobar creó un vacío enorme de poder
Es aquí donde surgen los grupos paramilitares de hoy. En medio de confrontaciones entre los narcos, las guerrillas, el estado y la emergencia de movimientos masivos de izquierda populares como la UP (Unión Patriótica, un frente popular conformado por las FARC, el Partido Comunista Colombiano y otros partidos de izquierda), Colombia se encontraba en una encrucijada entre la reacción, la reforma y la revolución. Temiendo el movimiento creciente de masas que se reflejaba en la UP y el recientemente desmovilizado M-19 (una guerrilla nacionalista que firmó un acuerdo de paz en 1990), la violencia política reinició
Las pandillas armadas de los narcos empezaron a hacer el trabajo sucio del estado capitalista. Durante las elecciones de 1990, tres candidatos (Luis Carlos Galán de los liberales, Carlos Pizarro del M-19 y Bernardo Jaramillo de la UP) fueron asesinados. Esto creó la oportunidad para continuar la política de apertura económica: leyes ultra-liberales que habían iniciado durante el gobierno de Virgilio Barco continuadas por Carlos Gaviria, quién reemplazó a Luis Carlos Galán en la elección. En medio de esto, un embrión de los paramilitares se empezó a desarrollar pero todavía basándose sobre pequeños grupos armados.
La caída de Escobar cambiaría esto para siempre. Como se había mencionado previamente, el vacío creado por la muerte de Pablo Escobar creó oportunidades que fueron aprovechadas por los hermanos Castaño (Carlos y Fidel), que se separaron de los narcos y empezaron a fomentar relaciones con el aparato de seguridad estatal. De allí, siguió un período de reacción de diez años donde los Castaños atacaron a la población para tratar de borrar la memoria de alzamientos populares como el paro nacional de 1977 y el Bogotazo.
Una alianza impía
Es dentro de este periodo en el que se puede analizar las declaraciones de Mancuso. Las AUC se encargaron de muchos de los contratos que antes se habían acordado entre el Cartel de Medellín y el estado. Sus filas incrementaron rápidamente y recibieron inteligencia y armamento. Los paracos fueron omnipresentes en la vida diaria de la mayoría del territorio interior colombiano, incluyendo zonas económicas cruciales como Antioquia, el eje cafetero y los llanos orientales. Pero fue en la región caribe, al norte, donde se volvieron un “estado dentro del estado”. Departamentos como Sucre, Magdalena, Cesár y la Guajira se convirtieron en sus centros de poder.
Esto creó una paradoja: en la medida en que las élites económicas estaban dispuestas a reducir sus operaciones pero también querían deshacerse de “indeseables”. Clanes políticos locales en estos departamentos fueron los primeros en usar los servicios de los paramilitares pero como las declaraciones de Mancuso demostraron, las corporaciones más grandes del país (como Postobón) pagaron tributo para asegurar sus servicios en estas regiones. Actividades sindicales fueron tachadas de “subversión marxista” y activistas sindicales fueron perseguidos y asesinados. Habían pistas de esta cooperación en investigaciones contra Chiquita Banana (Antiguamente, la United Fruit Company culpable de la masacre de las bananeras) pero las declaraciones de Mancuso son las primeras en detallar públicamente los vínculos entre los paramilitares y estos “empresarios respetables” con su nombre.
Corporaciones capitalistas, nacionales y multinacionales, al igual que la oligarquía colombiana no tuvieron ningún reparo en usar a las brutales pandillas paramilitares para maximizar sus ganancias y destruir cualquier intentó de organización de los campesinos y obreros.
Se pueden listar varios detalles lúgubres. Mancuso, de manera calmada, detalló tácticas de represión, desde masacres (como la de El Aro y La Granja en Antioquia, bajo la gobernación de Álvaro Uribe), torturas, asesinatos y desapariciones. Mancuso explicó cómo estas masacres fueron ejecutadas a través de la colaboración directa con el ejército colombiano:
“Hubo preparación previa por más de un año antes de la operación. Me reuní con el General Manosalva (…) Hubo coordinación con las tropas en el terreno, coroneles, mayores, capitanes y hubo movimiento de tropas desde Urabá, Córdoba, la región antioqueña del sur del Cauca y todas estas tropas se movilizaron desde allí”
Él también ha detallado como el desplazamiento del campesinado llevó directamente a la toma de tierra de parte de los comandantes paramilitares y sus aliados para lucrarse, encima de los pagos lujosos de los empresarios para detener cualquier intento de sindicalización.
Los paramilitares estaban en su auge. Sus lazos con el estado llegaron al mismo centro de la inteligencia militar colombiana (el defunto Departamento Administrativo de Seguridad) y muchos asesinatos políticos (como el de Jaime Garzón, un famoso periodista y satirista con simpatías de izquierda) fueron operaciones entre los paramilitares y el DAS, de acuerdo a Mancuso. De nuevo, esto se había insinuado en investigaciones anteriores y documentos desclasificados de parte de la CIA, pero en este caso tenemos confirmación de uno de los culpables.
Mancuso dió detalles abundantes. La cantidad de información es como un tsunami que ha inundado el status quo político colombiano de derecha. Esto prácticamente confirma que la clase dominante sacrificó generosamente la ficción del “estado de derecho” del que se enorgullecen públicamente para someter cualquier movilización de la clase obrera a través del terror abierto.
Por ejemplo, Mancuso detalló cómo los paramilitares tenían a los dos candidatos de la elección de 1998 (Andrés Pastra y Horacio Serpa) en su bolsillo. También detalló sus lazos con el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su gobernación de Antioquia y luego durante la elección del 2002. Por último, Mancuso apuntó a los lazos entre los medios de comunicación y la elite tradicional como la propuesta repugnante de crear un “bloque capital” para que Bogotá gozara del privilegio de la “seguridad” de las patrullas paramilitares
La justicia transicional
Muchos derechistas mencionan la existencia de Justicia y Paz, una unidad especial de la fiscalía creada durante la presidencia de Álvaro Uribe como prueba de la dudosa credibilidad de Mancuso. Ellos preguntan: ¿Por qué es que la información sale justo ahora? Esta duda fue repetida por el mismo Uribe y su lacayo leal, el ex-presidente Iván Duque. La implicación es que Mancuso está mintiendo para reducir su sentencia ya que tendría que continuarla en Colombia.
Tal vez la respuesta está en el movimiento cínico hecho por Uribe justo antes de la firma del acuerdo de paz con los paramilitares. Fue justo después del famoso discurso de Mancuso en el congreso colombiano. En ese momento, parecía que los comandantes paramilitares disfrutarían toda la riqueza acumulada a través del narcotráfico y la toma de tierras. Pero todos los comandantes fueron acusados por el gobierno de enriquecimiento ilícito y extraditados a los Estados Unidos en 2008. Mancuso fue uno de los primeros en caer, seguido por otros 12 y fue enviado prontamente a los EE.UU.
Esto fue durante la era de la “seguridad democrática” de Uribe, en la cual él necesitaba mostrar mano firme y evitar que alguien lo delatara. Otros comandantes (como Carlos Castaño) que no firmaron el acuerdo de paz con los paramilitares fueron asesinados y un nuevo conjunto de grupos emergieron, muchos de los cuales convergieron en el actual “Clan del Golfo”.
El secreto a voces: el imperialismo estadounidense
Una omisión flagrante del testimonio de Mancuso es el papel de los Estados Unidos. Ya que está en prisión en Estados Unidos, esperando su próxima extradición, está en su mejor interés mantenerse callado al respecto. Pero no podemos ignorar que a través de todo el periodo en el que el estado Colombiano y las fuerzas de seguridad paramilitares establecieron vínculos de colaboración de los cuales las multinacionales estadounidenses se beneficiaron, Washington apoyó por completo al gobierno colombiano con la excusa de la guerra contra las drogas.
Colombia fue tal vez el aliado más fiable del imperialismo Estadounidense en la región y fue visto como un bastión contra la revolución socialista en Latinoamérica. El infame “Plan Colombia” de ayuda militar Estadounidense llegó a más de $10 billones de dólares a través de un periodo de 10 años, convirtiendo al país suramericano en uno de los mayores recipientes de ayuda militar estadounidenses en el mundo. Colombia estaba rebosante de instructores militares estadounidenses y agentes de la CIA. Nada de lo que Mancuso relató a la Jurisdicción Especial para la Paz ocurrió sin el conocimiento directo de Washington.
De hecho, uno de los puntos que Mancuso sí mencionó fue la cuestión de la oposición reaccionaria en Venezuela. Él explicó como se le pidió ayudar a llevar a cabo un golpe en contra del presidente Venezolano Hugo Chavez, planeando su asesinato, incluso:
“En algún momento vino un general venezolano acompañado de su hijo y unos políticos venezolanos a proponernos a Carlos Castaño y a mí. (…) hasta Tierra Alta, Córdoba, a proponernos que diéramos un golpe de Estado entre una parte de las Fuerzas Militares venezolanas aliados con nosotros para derrocar y asesinar a Hugo Chávez”
Un testimonio convincente. ¿Ahora qué?
El testimonio de Mancuso estuvo lleno de secretos a voces. Muchos periodistas habían expuesto algunos de estos vínculos (Referirse a “El Clan de los Doce Apóstoles” de Olga Behar y “Chuzadas” de Julián Martínez) y el caso iniciado por activistas sindicales en contra de Chiquita Banana dió luces al papel de las autodefensas en la represión política.
Pero ahora Mancuso está confirmando todos estos reportes al pie de la letra. Se puede ver un lazo claro entre el establishment y su cinismo. Mancuso ha descrito minuciosamente los lazos cercanos entre latifundistas, capitalistas, banqueros, dueños de los medios y representantes políticos de la clase dominante con los paramilitares, los que estaban involucrados directamente con el narcotráfico a gran escala. ¿Cuál fue la meta de esta colaboración? Asegurarse de que la clase capitalista se mantuviera en el poder y remover cualquier obstáculo a su codicia desposada por ganancias, ya sea en la forma de las guerrillas o partidos de izquierda, sindicatos u organizaciones comunitarias y campesinas.
Como marxistas, tenemos que decir las cosas como son. La tarea del momento no es “fortalecer las instituciones democráticas”, como muchos dentro de la izquierda han sugerido. Las declaraciones de Mancuso le sonarán familiares a cualquiera que haya visto cómo las clases dominantes del mundo han reaccionado cuando necesitaban mantenerse en el poder y repeler a la clase obrera en movimiento. Cuando las instituciones fallan, el “estado de derecho” es fútil en contra de los intereses de la clase dominante y la oligarquía destruirá felizmente los atavíos de la democracia liberal para preservar su riqueza y su control de la sociedad.
Nada de fé en el estado
Marx y Engels notaron que, en última instancia, el estado son los cuerpos armados en defensa de la propiedad privada. En este caso, los cuerpos armados legales fueron suplementados por la acción de cuerpos armados paralegales para llevar a cabo esa misma función: garantizar el dominio del capital.
Un punto de vista ingenuo “progresista” podría ver a las fuerzas armadas como una institución que necesita ser salvada de la corrupción, lo que únicamente añadiría combustible al descontento mientras que la clase dominante retoma forzosamente el control de su arma más poderosa para mantener a las masas bajo control. Este es el caso para los liberales tratando de fortalecer a las instituciones, tratando de legitimar al estado burgués con afirmaciones de que el problema no es su función (la defensa de la propiedad privada) sino la mala fe de aquellos que las operan. En ambos casos, los reformistas están diciéndole a la clase obrera que le de toda su fuerza a preservar y defender el estado burgués.
Como marxistas, tenemos que presentar la perspectiva de ponerle fin al estado burgués en vez de intentar capturarlo para nuestro propio uso. Para lograr esto y responder a la amenaza de los paracos, la clase obrera tiene que depender solamente de su propia fuerza y construir cuerpos de defensa, similares a la primera línea que defiendo a los manifestantes durante el paro nacional del 2021 y a la guardia indígena que vimos en Ecuador.
Lo que estás revelaciones señalan es la necesidad de reconstruir el poder independiente de la clase obrera y que cualquier cambio a la realidad material colombiana depende de la posibilidad de destruir este decrépito estado capitalista. Esto es lo que muchos esperaban con el ascenso al poder de Gustavo Petro. Pero este espejismo del reformismo se desvanece cada día. Aunque Colombia no ha descendido a una crisis todavía, el potencial de agitación social continua, lo que otra vez plantea la cuestión de “justicia y orden” del paramilitarismo. No hay que ver más allá de los intentos de movilización de los oficiales militares retirados y los elogios a las políticas de “mano dura” en muchos de los medios masivos de comunicación y sus canales de redes sociales.
Los cuerpos armados paramilitares como las AUC de Mancuso no son nada más que ejércitos privados que asumen la tarea de defender a la oligarquía y a la propiedad privada para suplementar el papel del ejército. No son una consecuencia indeseada de las instituciones democráticas. Muchos de los paramilitares, de hecho, son ex-soldados y los oficiales militares activos se apoyan en ellos para implementar medidas de terror más severas
Esto demuestra cómo la burguesía colombiana está atada por miles de hilos a los latifundistas, que no renunciaran a su monopolio sobre la tenencia de la tierra sin una lucha hasta el final. Solo puede ser la clase obrera, a la cabeza de todas las capas oprimidas, usando su propia fuerza como la clase que produce todo en la sociedad para organizar huelgas y organizar demostraciones masivas, la que pueda emprender esta tarea de manera determinada.
Colombia se encuentra otra vez en una encrucijada entre la reacción, reforma o revolución. La última vez que nos encontramos en semejante periodo, la reacción paralizó a la izquierda y la retrasó por décadas. Sin embargo, a día de hoy hay gran interés en las ideas de la izquierda. Debemos tomar ventaja de la oportunidad para acumular las fuerzas del marxismo en este país. Una Colombia socialista sería el rechazo definitivo a los latifundistas y narcotraficantes que se enriquecieron con la miseria y la tortura del campesinado y los obreros por más de 50 años.
La única manera de honrar su memoria es derrocando a sus asesinos y torturadores de una vez por todas y echando nuestra mano a la tarea de construir una Federación Socialista de los Estados Americanos.
