En 1990 surge la convocatoria de nombrar el 28 de septiembre como un Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, un día para luchar por la Despenalización y Legalización del Aborto, donde se propuso que cada año se convocara a salir a las calles de los diferentes países del mundo para exigir a los gobiernos la legalización del aborto y la facilitación del acceso al mismo, con el objetivo de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por practicarse abortos inseguros.
La cuestión del aborto es un tema muy controversial, puesto que influyen muchos factores para que los gobiernos se nieguen a aceptar que las mujeres tienen derecho a elegir sobre sus propios cuerpos, poniendo por encima de una cuestión de salud pública sus prejuicios morales y religiosos, atentando contra y violando al supuesto Estado laico. Pero la realidad mundial es que, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a los abortos inseguros.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2017), de 2010 a 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos al año (45% del total de los abortos). De acuerdo con el mismo informe, la mayoría de los abortos peligrosos (97%) se produjo en países de capitalismo atrasado de África, Asia y América Latina.
La OMS (2012) menciona que aproximadamente 47,000 muertes relacionadas con el embarazo son provocadas por complicaciones de un aborto inseguro. Además, se estima que 5 millones de mujeres sufren condiciones incapacitantes como resultado de las complicaciones de un aborto inseguro.
En los países donde al aborto está completamente prohibido, o se permite sólo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, sólo 1 de cada 4 abortos fue seguro; por el contrario, en los países donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 abortos se realizó de manera segura. Restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos (OMS, 2017).
Estas cifras a nivel mundial nos dejan más que claro que la lucha por el acceso al aborto libre, seguro y gratuito no se trata de un capricho, sino de una cuestión de atención de la salud pública y del respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
En nuestro país, la lucha por el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no es nueva, pues las primeras propuestas de despenalización del aborto fueron presentadas desde 1920. En 1922, bajo el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, en Yucatán, las mujeres del Partido Socialista del Sureste iniciaron una campaña por el control de la natalidad, brindando información a las mujeres sobre métodos anticonceptivos, siendo éstas unas de las primeras en reivindicar el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sobre el ejercicio de la maternidad; avances que fueron cortados de tajo con el golpe reaccionario al gobierno de Carrillo Puerto.
En 1976, se inician jornadas de lucha por el acceso a las mujeres a acudir a las instituciones públicas de salud a practicarse un aborto seguro. En 1979 se da una marcha importante reivindicando la memoria de todas las mujeres muertas en abortos clandestinos.
Para 1997, se logra la aprobación de la legalización del aborto por causal de violación, peligro de muerte para la madre, inseminación artificial no deseada y daño grave para la salud de la mujer, en 21 de los 32 Estados de la República.
En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal reformó la Ley de Salud y el Código Penal para dar acceso a las mujeres a la ILE hasta las 12 semanas. Desde entonces, de acuerdo con información proporcionada por personal de salud de la Ciudad de México, hasta febrero de 2019, se habían realizado 208,231 abortos, de los cuales el 47.1% se realizaron en mujeres de entre 18 y 24 años, y el 5.6% niñas y adolescentes de 11 a 17 años (Secretaría de Salud, 2019).
Sin embargo, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se estima que en México se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anuales (Almaraz, 2019), lo cual deja ver que existen una gran cantidad de mujeres que arriesgan su vida y su libertad en México sólo por decidir sobre su cuerpo.
El Instituto Nacional de las Mujeres señala que antes de la legalización del aborto, en el entonces Distrito Federal, 6 de cada 10 mujeres morían por complicaciones en el aborto, debido a que lo hacían en condiciones sin control e insalubres. Hasta el 2017, el número de mujeres que acudieron a abortar en un hospital gratuito fue de 176,109; un promedio de 17,600 al año, en mujeres de todo el país, según datos de la Secretaría de Salud.
Y con estos datos podemos ver cómo la legalización del aborto ha influido significativamente en la protección de la vida de las mujeres.
A partir de esto, la lucha por alcanzar nuestros derechos democráticos ha sido incansable. Las mujeres organizadas hemos salido a las calles innumerables ocasiones para luchar por el acceso a una vida digna y sin violencia, por lo que el movimiento amplio de mujeres se ha fortalecido generando un proceso de toma de conciencia y búsqueda de opciones de organización.
En septiembre de 2019, se avanza en el Congreso del Estado de Oaxaca por la despenalización y legalización del aborto, convirtiéndose en el segundo Estado de la República en avalarlo. Recientemente, en julio de este año, se aprueba también la ILE en el Estado de Hidalgo, donde la legislación se hace garantizando el acceso al aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres o personas gestantes que lo soliciten y la inmediata liberación de las presas en el Estado por el delito de aborto, siendo esta legislación, junto con la de la CDMX, de las más avanzadas en materia de derechos humanos y reproductivos de las mujeres.
Después siguió Veracruz, donde sólo se despenalizó el aborto. Posteriormente, el 4 de septiembre, se aprobó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de la penalización del aborto para los estados de Coahuila y Sonora, así como la declaratoria de inconstitucionalidad del reconocimiento de la vida humana desde la concepción para las legislaciones locales, concepto mediante el cual se ha justificado la penalización del aborto. De igual forma, la SCJN declaró inválido el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud con respecto a la objeción de conciencia para la práctica médica, pues ésta generaría un proceso de inseguridad jurídica que atentaría contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Estos han sido pasos legislativos muy importantes que se han dado, pues abren por completo la puerta para iniciar el proceso de legislaciones locales por la despenalización del aborto en todo el país. Cabe resaltar que esto se ha logrado sólo gracias a la presión ejercida por el movimiento amplio de mujeres y el movimiento social en general, que estamos luchando por arrebatar nuestros derechos de las manos perniciosas y mojigatas de los representantes del Estado. Es una concesión que hemos ganado a partir de la lucha de miles de mujeres, y también hombres, que inicio varias generaciones atrás.
Sin embargo, aunque resaltamos este paso como un triunfo del movimiento, debemos continuar atentas y no desmovilizarnos, pues la despenalización no resuelve ni garantiza que el Estado provea por medio de las instituciones de salud pública el acceso al aborto libre, seguro y gratuito, lo que mantiene en estado de vulnerabilidad a las mujeres de la clase obrera, pues aunque ya no iremos presas por abortar, seguimos sin la posibilidad de acceder de forma sencilla y gratuita a un procedimiento seguro. Son las mujeres de la clase obrera, campesinas, indígenas o de zonas marginales las que continuarán sin la posibilidad de pagar una clínica privada o trasladarse a CDMX o Hidalgo a realizarse un procedimiento seguro y gratuito.
Es necesario continuar con esta ardua lucha, pues la legislación no puede quedarse sólo en la superficialidad. Estas reformas a los códigos penales y de salud deben hacerse de manera profunda, con la finalidad de garantizar nuestros derechos a la salud pública y reproductivos. De igual forma, no debemos bajar la guardia ante los sectores conservadores que reivindican la objeción de conciencia en contra de la práctica del aborto; si bien el personal médico podría estar en su derecho de negarse a practicar un aborto seguro, es responsabilidad del Estado garantizar que en todo hospital haya personal médico que no atente contra el libre derecho de decisión de las mujeres a interrumpir su embarazo.
El movimiento femenino y proletario a nivel internacional ha puesto en el ojo del huracán todas las viejas políticas de opresión bajo el sistema capitalista que las mujeres hemos sufrido cotidiana e históricamente, no sólo para debatirlas sino para destruirlas. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las demandas básicas y más antiguas de los movimientos de mujeres.
Nosotras, como compañeras organizadas, debemos luchar por la emancipación de la mujer, por la despenalización y legalización del aborto en todo el país, que éste sea reconocido como un derecho humano, debemos luchar contra los prejuicios religiosos y de la moralidad burguesa que juzgan y sobajan a las mujeres que quieren decidir sobre su cuerpo.
Por eso, como Liga de Mujeres Revolucionarias, luchamos por la legalización del aborto sin restricción de causales para todas las mujeres, por la no intervención de la iglesia en los procesos legislativos del país, por la inmediata liberación de las presas por abortar, acceso libre al aborto sin restricción por objeción de conciencia, para que el aborto sea accesible y gratuito para todas y que se incluya integralmente como parte del derecho a la salud pública. Luchamos para que la educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos puedan llegar hasta el más alejado rincón del país, para que las mujeres tengan la posibilidad de prevenir embarazos no deseados. Reivindicamos la consigna de: Educación sexual para decidir; Anticonceptivos para no abortar; Aborto legal, gratuito y seguro para no morir.
