6.66 millones acudieron a votar a la consulta popular del 1° de agosto, de los cuales el 97.72% (6.5 millones) votó por el «Sí», 1.54% optó por el «No» y el 0.73% anuló su voto; el resultado quedó lejos del porcentaje necesario para que el resultado sea vinculante, ya que sólo participó el 7.7% del padrón electoral nacional.
La derecha y los sectores de la cúpula empresarial optaron por boicotear la consulta y festejan «el fracaso» de la misma; los dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional, partido en el gobierno, sin dar mayor explicación, difunden que ganó masivamente el «Sí» de manera abrumadora. El comité promotor de la consulta denunció las maniobras del Instituto Nacional Electoral (INE) para entorpecerla y correctamente ha llamado a continuar la lucha para crear una Comisión de la Verdad que esclarezca los crímenes cometidos por los expresidentes y los funcionarios públicos de los gobiernos anteriores.
Los resultados nos deben llevar a la reflexión, sin discursos triunfalistas sin contenido, ni proyecciones derrotistas y catastróficas, del balance, debemos sacar todas las conclusiones políticas necesarias y aprender, para continuar la lucha.
La derecha boicotea la consulta popular
El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa (Carlos Marx, Manifiesto del Partido Comunista).
En la mente de millones de personas prevalece la idea de que Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser castigados, incluso una encuesta difundida por el periódico «El Financiero» el día 28 de julio, el cual no tiene ningún tinte progresista, arrojaba en sus resultados que el 77% de los encuestados deseaban que los expresidentes tenían que ser llevados a juicio.
Durante los sexenios anteriores miles de empresas públicas fueron privatizadas, derechos laborales y sociales fueron eliminados. Ocurrieron masacres al mando de fuerzas federales en comunidades indígenas, campesinas de Aguas Blancas, Guerrero (1995); Acteal, Chiapas en 1997; El Charco, Guerrero (1998), se implementaron operativos policiacos en contra del movimiento estudiantil, como es el caso de la ruptura violenta de la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2000 a manos de la entonces Policía Federal Preventiva; en contra la comunidad campesina de Atenco, Estado de México, en el año 2006; ese mismo año contra la huelga minera en Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán o contra el movimiento magisterial en el año 2016 en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca.
Además, la mal llamada guerra contra el narco, del gobierno de Felipe Calderón, que dejó miles de familias desplazadas, miles de civiles muertos o desaparecidos . No olvidemos la reciente desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero en el año 2014.
Implementaron iniciativas para favorecer a un puñado de grandes empresarios y banqueros, como es el caso del rescate millonario que realizó el gobierno de Ernesto Zedillo, mediante el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario —Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (IPAB-Fobaproa)— y cargó esa deuda sobre la espalda de millones de familias de la clase trabajadora, convirtiendo la deuda privada en deuda pública.
En resumen, los gobiernos anteriores fueron fieles servidores de los grandes capitalistas, incentivaron sus negocios y cargaron la crisis sobre la espalda de los trabajadores; además, no dudaron en utilizar la mano dura contra las protestas obreras, populares o estudiantiles.
En septiembre de 2020, fue presentada una propuesta para la consulta que tenía como finalidad preguntar a la población si consideraba que era necesario llevar a juicio a los expresidentes. Dicha pregunta fue modificada sustancialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando un texto ambiguo y sin señalar a los responsables.
La pregunta original era:
¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
El INE decidió postergar la consulta 2 meses después de las elecciones intermedias, colocar solamente un tercio de las casillas que en una elección federal (en total fueron colocadas 57,000 casillas) y la promoción de la misma fue deficiente, la única manera de saber el lugar donde se encontraba tu casilla era acceder a la página web del INE, no se contemplaron casillas especiales para aquellas personas que por su trabajo o cuestiones personales no se encontraban cerca de su domicilio. Existen denuncias sobre el cambio de la dirección de las casillas de última hora, varias de estas fueron colocadas en lugares inaccesibles.
La organización de la consulta fue ineficiente y destinada a mermar la participación de una institución que en teoría debería ser un «árbitro neutral» en la contienda, que trabajó en sintonía con los objetivos de la derecha, en particular el consejero presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, consejero electoral.
Tras conocerse el resultado, los presidentes nacionales y políticos del PRI, el PAN, del casi extinto PRD, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, entre otros, declararon de manera uniforme y triunfalistas que la consulta fue un rotundo fracaso. Medios de comunicación como El Universal, El Financiero, Milenio, Reforma y las televisoras, repitieron el mismo mensaje en sus artículos y columnas de sus analistas. Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de México, Gustavo de Hoyos, se alegró que la participación solamente haya sido de un 7% del padrón electoral.
No podemos acusar a la derecha y a un sector de la cúpula empresarial de no tener un plan y un objetivo, pues lo tenían claro: boicotear la consulta. Actuaron conforme a lo que suponemos acordaron, y se apegaron al guion establecido. Ahora, festejan que solamente el 7.7% del total del padrón electoral haya acudido a la votación y se lo adjudican como un logro y triunfo.
Levantaron una consigna: “¡La ley no se consulta, se aplica!”; pusieron énfasis en los costos de la consulta, la cual tuvo un presupuesto de 528 millones de pesos, jugando con la sensibilidad de la mayoría de la población que se ha visto afectada por los efectos de la crisis económica; transmitieron la idea de que la consulta no era para enjuiciar a los expresidentes, debido a la ambigüedad de la pregunta, por supuesto no explicaron que la pregunta fue cambiada por la SCJN.
Los dirigentes del PRI y del PAN no asumieron la misma posición respecto a la ley, cuando se intentó detener al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por sus posibles vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero o de los encarcelados e implicados en los desvíos millonarios durante el sexenio de Peña Nieto, conocidos como la estafa maestra. La consigna de la derecha sobre la aplicación de la ley es selectiva y tiene un doble rasero, en estos casos no aplica, pues acusan de persecución política a sus militantes vinculados con estos delitos y crímenes.
Tras los resultados de la consulta, la derecha y a quienes sirven y sirvieron los expresidentes, festejan la posible impunidad, demostrando que el Estado, sus instituciones y sus leyes obedecen a la clase dominante, aplicando mano dura contra los trabajadores y los sectores populares y otorgando impunidad a los ricos y poderosos.
El carácter del Estado y sus instituciones no ha cambiado, incluso con el actual gobierno, sirven a los intereses de los grandes capitalistas.
Una locura, dicen que para “adelantar tiempo”, desde la una de la tarde están cancelando las boletas en varias mesas electorales. #AltoboicotdelINE.
(Esto en Tamaulipas). pic.twitter.com/vQmOiaTzAx— Alina Duarte (@AlinaDuarte_) August 1, 2021
La izquierda y los trabajadores ante la consulta
El principal obstáculo en el camino de la transformación de la situación pre-revolucionaria en revolucionaria consiste en el carácter oportunista de la dirección proletaria, su cobardía pequeño-burguesa y la traidora conexión que mantiene con ella en su agonía. (León Trotsky, El programa de transición).
El comité promotor de la consulta fue formado por Omar García, que sobrevivió a la noche en la cual desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa; la estudiante Ariadna Bahena; la periodista Alina Duarte y el periodista Epigmenio Ibarra. Quienes se encargaron de recorrer el país, conformar comités regionales para la promoción y la observación del ejercicio realizado el 1° de agosto.
A la promoción se sumaron sectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicatos democráticos, organizaciones sociales, estudiantiles, populares y campesinas. Incluso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya comandancia ha tenido una postura muy crítica respecto a la participación electoral, llamó a la participación “no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas”, con la finalidad de “arrancar una Comisión por la Verdad y la Justicia para las Víctimas”. En las comunidades zapatistas (12 caracoles que incluyen 756 poblados) el resultado fue unánime por el “Sí”.
Es importante mencionar que los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, organización que encabezó las protestas contra la imposición de la construcción del nuevo aeropuerto y fueron duramente reprimidos durante el sexenio de Vicente Fox, se sumó a la promoción de la consulta, como también lo hicieron las madres y padres de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Por su parte el Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad “19 de junio”, de Nochixtlán, Oaxaca; el cual se formó tras la violenta represión contra el movimiento magisterial-popular en el año 2016 en la que fueron asesinados 11 maestros y pobladores a manos de la Policía Federal; participó en la consulta con la finalidad de iniciar contra los expresidentes, “no solo procesos de esclarecimiento, como lo señala la pregunta de la consulta popular, sino que debe garantizarse al pueblo de México que esos criminales sean juzgados y llevados a la cárcel, no sólo por sus decisiones políticas, sino también por los hechos de corrupción y todos los delitos de lesa humanidad cometidos por órdenes suyas”.
Por su puesto que a la promoción y difusión de la consulta también se sumaron miles de simpatizantes y militantes de base de Morena y la Cuarta Transformación, que contrastó con el ostracismo que prevaleció en la mayoría de sus dirigentes estatales y nacionales y personalidades favorecidas con candidaturas y puestos de elección popular en las recientes elecciones.
A pesar de las adversidades, del inicio de la tercera ola de COVID-19, y del boicot de la derecha y el INE, brigadas estuvieron presentes en parques públicos, recorrieron las calles, repartieron volantes, pegaron carteles y colgaron mantas, en un ejercicio militante realizado por diversas vertientes de la izquierda en nuestro país.
Los 6.6 millones que votaron por el “Sí”, sin duda representa un núcleo duro y el sector más militante y consciente de la izquierda y las organizaciones de los trabajadores de nuestro país, pues en algunos lugares encontrar las casillas no fue una situación sencilla y fácil.
La participación fue mayor a las consultas y plebiscitos realizados en nuestro país en años anteriores: en el Plebiscito por la Reforma Política del Distrito Federal (1993) participaron 330,812 personas; en la Consulta sobre el Fobaproa (1998) participaron 2 millones 100 mil; en la Consulta sobre el aeropuerto de Texcoco (2018), participaron 1 millón 69 mil 870.
El resultado es producto del esfuerzo militante de miles de activistas a nivel nacional, pero también saca a relucir las limitaciones de la dirigencia política de Morena, la mayor fuerza política de izquierda en nuestro país.
El FPDT exhorta a participar en la #ConsultaPopular2021 del domingo https://t.co/Ht2Korxeb6
— Atenco FPDT (@AtencoFPDT) July 29, 2021
Andrés Manuel López Obrador durante meses mantuvo una postura ambigua, que generó confusión entre algunos sectores. Realizó declaraciones acerca de que no votaría en la consulta, posteriormente cambio de punto de vista y dijo que votaría, pero optaría por el «No», bajo el argumento de que podía ser acusado de querer tomar venganza utilizando su investidura presidencial. Al final no votó, porque se encontraba en una gira de trabajo en el Estado de Nayarit; su postura, debido al peso político que tiene ante millones de personas, sin duda provocó la falta de interés de un sector de la población.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, vinculado a uno de los sectores más conservadores de la 4T, con vínculos bastante estrechos con la burocracia del Estado y algunos sectores empresariales, sus prácticas son más parecidas a la de un burócrata responsable del archivo de una oficina gubernamental, que a la de un dirigente político de un partido que pretende realizar un proceso de transformación social. Vinculado al grupo del canciller, Marcelo Ebrard, su trayectoria política ha sido en las oficinas de gobierno, detrás de los escritorios, no frente a asambleas, mítines, o grupos de orientación política o ideológica. Su papel nuevamente fue nulo en el desarrollo de la consulta, salvo algunas declaraciones de protocolo respecto a la consulta, su presencia pasó desapercibida.
Mientras la derecha avanzaba en su objetivo, un sector de la dirigencia de la 4T vacilaba o enviaba mensajes confusos. La dirigencia política de los sectores en pugna es decisiva en la lucha de clases.
La política de conciliación con sectores de la oligarquía y la derecha, y de visualizar a la organización política como una herramienta puramente electoral y como agencia de colocación de puestos, sigue mermando los procesos de organización de los trabajadores y sectores populares vinculados a la 4T. Los resultados obtenidos en las elecciones de junio pasado y ahora; deben ser analizados seriamente y extraer todas las conclusiones.
Las lecciones de la consulta popular
“Ni reír ni llorar, sino comprender” Baruch Spinoza
El Comité Promotor ha llamado el 8 de agosto a una concentración en el Zócalo, con la finalidad de discutir una ruta para conformar un Tribunal Popular que apoye la necesidad de construir una Comisión de Verdad para esclarecer los crímenes y deslinde responsabilidades, esta ruta es correcta y debe ser apoyada sin titubeos por las organizaciones de izquierda, de los trabajadores y por la propia 4T.
El propio AMLO puede llamar a rendir cuentas a los expresidentes, y convencer a algunos sectores que se dejaron llevar por la campaña de la «ley no se consulta» o de la ineficacia de la consulta. Esas medidas, junto con un llamado masivo en las calles, barrería cualquier intento de la derecha por frenar la conformación de una Comisión de la Verdad con la finalidad de enjuiciar y llevar a la cárcel a los expresidentes.
Debemos sacar conclusiones de los resultados de la consulta, la ambigüedad y las muestras de debilidad incitan a la agresión de la derecha.
Algunos argumentan que avanzar en ese sentido violentaría el resultado de la consulta y que lo mejor es dar un paso atrás. Esta posición no haría sino envalentonar aún más a la derecha, la cual, por cierto, aún no cuenta con una base social que pueda movilizarse masivamente.
La fortaleza de un proceso de transformación, si es que verdad quiere implementarlo en la realidad y no sólo en el discurso, radica en la organización y la movilización popular y de los trabajadores.
Una política audaz y decidida para otorgarle justicia a las víctimas, de recuperación de los derechos arrebatados, de nacionalización de las empresas privatizadas y para revertir todos las afrentas de los sexenios anteriores hacia los trabajadores y los sectores populares, inmediantamente despertaría el apoyo entusiasta de millones de jóvenes y trabajadores del campo y la ciudad.
La consulta nuevamente nos ha revelado a quién obedece el Estado y sus instituciones, la SCJN y el INE trabajaron para mermar la participación en este proceso y por consecuencia para darle continuidad a la impunidad a los crímenes de los expresidentes. El Estado no se tiñe del color del partido en el gobierno, por su puesto que pueden existir algunos peculiariedades, pero en general continúa sirviendo a los intereses de los grandes capitalistas. La derecha es la expresión política que mejor sirve para defender estos intereses.
Sea el día que sea, con consultas o no, esto no pierde vigencia. pic.twitter.com/6Ywzo1585r
— Alina Duarte (@AlinaDuarte_) August 2, 2021
La justicia no vendrá de los cúpulas de los tribunales o las instituciones del Estado, estas siempre se resistirán para castigar a los poderosos. Las conseciones que se han otorgado en los margenes de este sistema han sido productos de la organización de la clase trabajadora y movilización multitudinaria en las calles, la justicia para las víctimas de las políticas de los gobiernos anteriores se obtendrá de manera similar.
El llamado del comité promotor debe culminar en la conformación de un gran frente nacional de lucha, de víctimas y agraviados, tomando como referencia la experiencia la campaña de la consulta en la cual participaron diversos referentes, organizaciones y expresiones, que plantee una serie de demandas como el castigo a los expresidentes, el castigo y la cárcel a los represores y obligue al actual gobierno a actuar en consecuencia.
Los marxistas acompañaremos este proceso como lo hicimos en la promoción y participación de la consulta, planteando nuestras ideas, de una manera paciente, no arrogante, ni con últimatums estridentes y la necesidad de construir una alternativa revolucionaria y socialista a lo interno del movimiento de los trabajadores y de los sectores populares.