En los tiempos del apogeo del PRI, años sesentas y setentas del siglo pasado, había una cierta separación entre los altos mandos de la burocracia del Estado y los grandes grupos económicos del país. Había casos, por supuesto, como el del exgobernador del Estado de México, Carlos Hank González, que en ese sentido era todo un adelantado.
En general, el enriquecimiento de los políticos mexicanos, provenía de aprovechar cargos burocráticos para tomar ventaja en negocios privados como fue el caso de Miguel Alemán Valdés o Raúl Salinas, fundador del clan, que durante tres generaciones ha dado de qué hablar en México y el extranjero. En cierto sentido, partían de cero y eran vistos como advenedizos por parte de la gran burguesía.
Carlos Hank en ese sentido era todo un “teórico” del proceder del funcionario público priista con todo el desparpajo señalaba: “político pobre, pobre político” o “donde hay obras hay sobras”, “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. Pero como ya señalamos había una separación, con algunas excepciones la alta burguesía como la del grupo Monterrey, despreciaba a la alta burocracia del Estado y buscaba de alguna manera distanciarse.
El PAN fue creado y auspiciado por la alta burguesía para crear un frente político en contra del cardenismo, no obstante, en los años siguientes fue utilizado por esta misma burguesía para darle voz a sus demandas.
Como sea, en el sexenio de Salinas se da una especie de fusión. La alta burocracia estatal termina mirándose a sí misma más como parte de una clase que de un grupo político. Especialmente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio se adoptan usos y costumbres de Norteamérica y Europa occidental, en donde el tránsito de poseer un cargo en el Estado a la dirección de empresas privadas se fue convirtiendo una práctica cotidiana.
Antiguos presidentes se convirtieron en miembros de consejos de administración de petroleras, mineras o empresas de telecomunicaciones y de forma simultánea, la familia de grandes oligarcas siempre tiene uno o dos elementos en el aparato del Estado, en el poder judicial o en los aparatos legislativos.
Siempre hay espacios para grandes apellidos entre organismos de supervisión de la “sociedad civil” (comisiones reguladoras supuestamente autónomas) que en realidad son instrumentos de la oligarquía para construir poder por encima de los políticos en turno, eso que llaman “visión de Estado”.
En este mundo los negocios y la política generan multimillonarios como la lluvia genera hongos. En el sexenio de Felipe Calderón y el de Peña Nieto se podría decir que, marca el apogeo del poder de estos “hombres de negocios”.
El poder económico de la clase dominante abarca todas las esferas y no es posible establecer un límite nítido entre lo que es el negocio legal e ilegal, después de todo empresarios como Carlos Slim o Salinas Pliego ¿no multiplicaron sus multimillonarias fortunas a partir de comprar a precios ridículos propiedades del Estado como la telefonía y la televisión? Si ellos podían ¿por qué la nueva y ambiciosa generación de políticos no podría hacerlo? Se preguntaban: ¿Acaso no “merezco la abundancia”?
Por otro lado, en las altas esferas se sabe que la propia DEA y distintos gobiernos hacen acuerdos y negocios con un narcotraficante en contra de otro, si es así, entonces ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué tanto es tantito?
Para cerrar el círculo es necesario un “gobierno amigo” que garantice que el límite entre lo legal y lo ilegal y en ese sentido tanto el PRI como el PAN lo garantizaban.
Eso explica la razón por la cual 17 gobernadores tanto del PRI como del PAN estén bajo distintos procesos ya sea en la cárcel, fugitivos o sean sospechosos. No obstante, esto no significa que sean los únicos, tan solo son los que han actuado con tanto descaro que ha sido imposible para el Estado pasarlos por alto.
Después de todo el tamaño de la voracidad de los políticos del PRI y el PAN estaba generando tal nivel de desprestigio que llevó a una reacción de las masas a tal grado que ha puesto en peligro al propio sistema.
Tamaulipas, en particular, lleva décadas en manos del ala mas degradada de la burguesía, prácticamente desde hace 20 años todos los gobernadores de ese estado han convivido con el Cártel del Golfo.
Manuel Cavazos Lerma, quien gobernó el estado entre 1993–1999 tiene acusaciones de vínculos con el Cartel del Golfo, su sucesor Tomás Yarrington, quién lo hizo entre 1999 y 2004, construyó todo un entramado de corrupción y asesinatos que derivo en su captura en Italia y su posterior extradición a los Estados unidos.
Eugenio Hernández Flores que gobernó del 2005 al 2010 terminó preso en 2018 y también fue extraditado a los Estados Unidos, su sucesor seria Rodolfo Torre Cantú, no obstante, no le salían las cuentas con el cartel, con quien tenía distintos negocios, derivado de estos conflictos termino siendo asesinado en 2010.
La muerte de Torre Cantú llevó a la gubernatura a su hermano Egidio el cual hasta hora es el menos señalado, aunque se hizo conocido por ponerle el nombre Juan Nepomuceno Guerra, fundador del Cartel del Golfo a una de las calles de Reynosa.
Lo sucedió Francisco García Cabeza de Vaca en cual tenía ya un amplio “curriculum”, al parecer Estuvo preso en Texas por robo de armas en 1986, fue socio de los hijos de Martha Sahagún y ya antes de ser nombrado gobernador se decía que había participado en el reparto de más de 50 millones de pesos para “generar consenso” respecto de la reforma energética. Posteriormente se confirmó su participación, cuando el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya lo señaló directamente.
Actualmente se ha iniciado un proceso para su desafuero con el fin de procesarlo por delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, las acusaciones sustentadas por la Unidad Especializada en Investigación de operaciones con recursos de proveniencia ilícita de la Fiscalía General de la República, señalan que se tiene registros de movimientos de sus cuentas y la de familiares cercanos, incluida su esposa por un monto de 951 millones de pesos, tan solo en el año precedente tuvo ingresos por medio de empresas fantasma por 41 millones de pesos, lo que supuso el congelamiento de 60 cuentas vinculadas.
Su corrupción solo se compara a su descaró cuando afirmó que no entiende por qué no se le llamó a rendir cuentas hace un año, cuando se filtró la acusación de Emilio Lozoya. Señalando que lo que sucede es que el gobierno lo que pretende es montar un circo con fines electorales.
En realidad, es verdad que Cabeza de Vaca es un escandaloso corrupto y que el gobierno solo esperaba un momento políticamente oportuno para proceder en su contra. No parece que AMLO se arriesgaría a proceder en contra del susodicho si no tuviera firmes pruebas de que el caso no se caerá. Al parecer se necesita como mínimo 70 días para que la cámara de diputados pueda desaforarlo. Es seguro que la información relacionada se dosificará en función de las necesidades del proceso electoral que ya está en marcha.
Desde ahora podemos afirmar que Cabeza de Vaca quedará desaforado y terminará en la cárcel y muy probablemente los Estados Unidos será su destino final.
Por ahora, tanto gobernadores de oposición como del PAN, han señalado su solidaridad con Cabeza de Vaca, esto irá cambiando conforme se acerquen las elecciones, al final como en todos los casos se declarará al imputado como “asesino solitario”.
Por supuesto que los trabajadores exigimos la cárcel para Cabeza de Vaca, el cual también se puede considerar cómplice del ambiente represor en contra de movimiento sindical democrático que ha forzado a exilio a la abogada laboral Susana Prieto. De hecho, consideramos que el gobierno se está quedando corto.
Exigimos la inmediata detención de todos los corruptos del sexenio pasado y el retiro del registro del PRI y el PAN por ser en realidad asociaciones delictuosas.
No es suficiente, mientras exista el capitalismo veremos una y otra vez más Cabezas de turco, perdón de Vaca.
