Una semana crucial en Venezuela

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Escrito por Jorge Martín

 La oposición venezolana, con el apoyo de Washington y Madrid, ha lanzado una ofensiva general para impedir la celebración de las elecciones a la Asamblea Constituyente del domingo 30 de julio. Nos oponemos de manera implacable a esta ofensiva reaccionaria, que solo puede ser derrotada por medios revolucionarios.

El disparo de salida de esta ofensiva lo detonó el presidente de EEUU Donald Trump que amenazó, en una declaración oficial, que impondría “sanciones económicas severas y rápidas” si la Asamblea Constituyente llega  reunirse. En las páginas de la prensa económica de EEUU hay mucha discussión acerca del carácter preciso de esta amenaza. Si los EEUU impusieran sanciones sobre la empresa estatal petrolera PDVSA, eso cortaría la principal fuente de divisas del gobierno. Aunque PDVSA suministra petróleo a varios países, en realidad la mayoría de las ventas a China y Rusia se hacen como pago de préstamos que ya se desembolsaron y el principal cliente que paga en efectivo son las petroleras de EEUU. Aunque es cierto que los EEUU podrían utilizar sus reservas estratégicas, cortar el suministro de petroleo de Venezuela podría complicar la operación de las refinerías de EEUU que están adaptadas para utilizar el crudo extra pesado venezolano. Esto podría provocar un aumento, temporal, de los precios del combustible en EEUU, algo a lo que ningún presidente estadounidense se quiere enfrentar. Es más probable que las sanciones sean una continuación de la política actual de los EEUU (iniciada por Obama) de sanciones selectivas contra altos cargos venezolanos y de PDVSA. Sin embargo, no se pueden descartar sanciones económicas más serias, en la medida en que la política exterior hacia América Latina de los EEUU está ahora mismo dominada por los gusanos de Miami y sus representantes en el Partido Republicano. Sea como sea, las declaraciones de Trump son una amenaza seria y un acto intolerable de agresión imperialista.

Hoy, un editorial en el periódico español El País, el vocero de las multinacionales españolas que tiene intereses cruciales en América Latina, denuncia el “desafío al sistema democrático … que ha lanzado Nicolás Maduro con la convocatoria de elecciones” a la Asamblea Constituyente, y exige “un esfuerzo de la comunidad internacional que detenga este golpe institucional”. Por supuesto, tanto El País como el gobernante Partido Popular saben algo de golpes de estado en Venezuela, ya que ambos apoyaron el breve golpe de estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chavez. El País además llama a España a “liderar un esfuerzo que aúne a los países europeos, latinoamericanos y a Estados Unidos” para enviar “al régimen chavista un mensaje inequívoco de las consecuencias que traerá la destrucción final del sistema democrático”, y que “Maduro y sus colaboradores deben saber que sus actos no van a quedar impunes”. Este es el lenguaje extraordinario de la intervención imperialista en Venezuela, de parte de aquellos que han defendido de manera consecuente los intereses de las multinacionales y los de la oligarquía venezolana.

La etapa actual de la ofensiva reaccionaria (que se ha prolongado por más de tres meses) empezó con la llamada “consulta” del 16 de julio, en la que la oposición “democrática” preguntaba a la gente si rechazaban la Asamblea Constituyente y rechazaban su legitimidad, si querían la intervención del ejército, y si aprobaban la formación de un gobierno paralelo “de unidad nacional”. En realidad era un intento de dar legitimidad a sus llamados a un golpe de estado y así impedir que se celebren las elecciones a la Asamblea Constituyente.

Como hemos explicado en un artículo anterior, la “consulta” representó una movilización significativa de la base de la oposición (que se concrenta en las capas medias y altas de la sociedad), pero fue contra-restada por una movilización chavista significativa en el ensayo de las elecciones constituyentes que el CNE celebró el mismo día. Las cifras de participación que la oposición declaró para su consulta son claramente exageradas y además sin ninguna garantía, pero eso no les impidió seguir adelante con sus planes.

El pasado jueves 20 de abril convocaron a un “paro cívico”, que en realidad no tuvo el apoyo de ningún sector de la clase trabajadora. Todas las principales empresas públicas funcionaron normalmente al igul que la mayoría de las del sector privado. Lo que vimos fue en realidad un cierre patronal del comercio y de los grandes centros comerciales, la paralización del transporte privado, complementado por una amplia campaña de trancazos y barricadas en las calles. Hubo numerosos ejemplos de trabajadores que llegaban a sus puestos de trabajao para encontrarse con un cierre patronal. En Barcelona, Anzoátegui, por ejemplo, a los trabajadores de Macusa (que fabrica tapicerías de cuero para la industria del automóvil), el patrón les dijo que tenían un día de vacaciones remuneradas, a lo que ellos se negaron. No se publicó ni un solo informe de asambleas de trabajadores en las empresas en las que se votara participar en esta “huelga”.

La violencia opositora alcanzó un nuevo punto álgido en esa jornada. Grupos de opositores violentos con bombas incendiarias y lanza-cohetes caserons asediaron y atacaron la sede de VTV, el canal estatal de TV, en Los Ruíces, Caracas, y trataron de incendiarlo. Por lo menos uno de los atacantes llevaba un fusil de asalto, como capturó un periodista internacional. Finalmente la acción conjunta de la Guardia Nacional y los trabajadores logró repeler el ataque, con los trabajadores gritando conisgnas revolucionarias como “Chávez no murió, se multiplicó”. En Cabudare, Lara, los trabajadores de Lácteos Los Andes (nacionalizada por Chávez), también tuvieron que repeler un ataque similar de la oposición. Estos ejemplos son significativos y muestran el inicio de una reacción de la clase obrera.

Los disturbios y trancas fueron más intensos en aquellos municipios controlados por los alcaldes opositores, como en Baruta o partes de Barinas, dónde actuaron bajo la protección de la policía. De nuevo, los enfrentamientos se concentraron principlamente en las zonas de clase media y alta de las grandes ciudades, con muy poco o nulo eco en las barrios obreros y populares.

La oposición también ha aumentado su desafío institucional, con el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Supremo por parte de la Asamblea Nacional. Este es un intento claro de crear una situación de doble poder en las instituciones del estado. Sin embargo la oposición no llegó a nombrar un nuevo gobierno tal y como había anunciado. Probablemente esto refleja divisiones entre los partidos opositores entre los viejos partidos de la clase dominante (principalmente AD) y los nuevos jóvenes dirigentes de la oposición (como María Corina Machado, Freddy Guevara, Juan Requesens, etc) más cercanos a posturas de extrema derecha y sedientos de venganza. En una entrevista publicada en Panamá, María Corina Machado explicó que su partido estaba en desacuerdo con el “pacto de gobernabilidad” anunciado por la Mesa de Unidad Democrática. Freddy Guevara por su parte felicitó públicamente a la “resistencia”, es decir, los pequeños grupos de manifestantes violentos y armados que han estado en primera línea de los enfrentamientos con la policía y las actividades terroristas de los tres últimos meses.

Para esta semana, la oposición ha llamado a una “huelga general” de 48 horas para el jueves y viernes. En realidad esto significa un cierre patronal en algunas empresas, pero sobretodo una campaña amplia de trancazos y barricadas, que probablemente se combinará con sabotaje del sistema eléctrico, para tratar de paralizar el país. Varios dirigentes de la oposición han hecho llamamientos públicos a la gente a acumular suministros de comida y quedarse en casa toda la semana.

Uno de los principales dirigentes opositores, Henrique Capriles ha hecho un llamado a la “toma de Caracas” para el viernes 28, como continuación de la “huelga nacional”, e incluso ha insinuado que “no descartamos marchar al Palacio de Miraflores”, lo que trae recuerdos luctuosos del golpe de abril de 2002, que fue desencadenado por una marcha opositora al palacio presidencial.

Para el sábado 29, la oposición está llamando a marchar a los centros electorales y bloquearlos para impedir físicamente las elecciones del domingo. Han prometido anunciar “otras medidas” para el domingo.

El Consejo Nacional Electoral ha anunciado planes para permitir a los votantes de 74 de las 1141 parroquias del país, dónde se ha concentrado la violencia opositora, votar en centros de votación que no sean los suyos.

Esta semana por lo tanto será crucial en la ofensiva insurreccional de la oposición y el imperialismo.

Al mismo tiempo, se oyen ruido de fondo acerca de negociaciones. Parece que el ex presidente español Zapatero ha llegado a Caracas. Zapatero jugó un papel en las negociaciones fallidas entre gobierno y oposición a finales del año pasado y también fue instrumental en la excarcelación del dirigente opositor y golpista Leopoldo López hace dos semanas. El Presidente Maduro ha hecho otro llamado a la oposición a negociar, durante su programa televisado del domingo. Algunos dirigentes del ala “moderada” de la oposición también han usado, cautelosamente, la palabra “negociación” en sus declaraciones. En un artículo en El Nacional (el principal periódico opositor), un dirigente de Avanzada Progresista (el partido del gobernador de Lara, Henri Falcón) hizo un llamado a un acuerdo que implicara concesiones por ambas partes.

Esta es la voz de aquellos en la clase dominate que reconocer que aunque el chavismo ha perdido mucho apoyo, ellos no han sido capaces de ganar a las masas en los barrios obreros y pobres, ni crear fisuras significativas en el ejército. También temen que se pudieras desatar una guerra civil, algo que no favorecería a los intereses de la clase dominante, si pudieran evitarlo. Sin embargo, estos sectores están en conflicto con una nueva camada de dirigentes opositores que se basan en las masas enloquecidas de la pequeña burguesía que componen su base de apoyo, y se basan en los violentos de la “resistencia”. Ambos sectores tienen los mismos objetivos, sus diferencias son de táctica.

Si la MUD llegara al poder, con el apoyo del imperialismo, eso representaría una derrota importante para la revolución bolivariana y amenazaría todas sus conquistas. La oligarquía lanzaría un ataque frontal contra la clase obrera. Aplicarían un paquete de austeridad brutal haciendo pagar a los trabajadores todo el peso de la crisis capitalista, con recortes en educación, salud, pensiones, viviendas sociales, despidos masivos en el sector público, la privatización de las empresas estatales, la devolución de las tierras expropiadas a sus antiguos dueños, etc. Además lanzarían una campaña de represión y una purga política contra los activistas revolucionarios y sus organizaciones.

Ante esta situación no podemos ser neutrales. Es escandaloso que organizaciones como el mal llamado Partido del Socialismo y la Libertad de Orlando Chirino, en la práctica se haya unido en la práctica a la ofensiva de la oposición, llamando a participar en su “consulta” y dando apoyo público a su “huelga cívica”. Se han pasado al campo de la clase capitalista.

Nosotros nos oponemos de manera implacable a la ofensiva de la oposición que representa a los intereses de los capitalistas, banqueros y terratenientes con el pleno apoyo del imperialismo de EEUU (y España). Se trata de una lucha de clases en la que solamente se puede combatir de manera eficiente con métodos de lucha de clases. Ante los asaltos armados a empresas del estado, los trabajadores deberían organizar Brigadas de Defensa Popular, organizaciones de auto-defensa armada, como las que las organizaciones campesinas ya han creado en Zúlia, Barinas y Apure. La semana pasada una caravana de las BDP marchó desde Santa Bárbara de Barinas hasta Socopó, en una demostración de fuerza e hicieron un llamado a replicar su ejemplo. Es la hora de activar la reserva del ejército a la que muchos obreros ya pertenecen.

Al mismo tiempo hay que combatir la llamada “huelga general de 48h”, que en realidad no es más que un cierre patronal, mediante asambleas obreras, ocupaciones de fábricas y la amenaza de expropiación. Cualquier capitalista implicado en la ofensiva contra-revolucionaria, debería tener todos sus activos expropiados bajo control obrero. Como dice el refrán, la culebra se mata por la cabeza, y la campaña reaccionaria está organizada y financiada por grandes capitalistas y terratenientes.

La oposición quiere impedir que se celebren las elecciones a la constituyente y por lo tanto hay que asegurar la máxima participación. Sin embargo, la idea de que la Asamblea Constituyente por sí sola, “blindará” la revolución y garantizará “la paz y el diálogo” como argumenta el gobierno, es una ingenuidad o una locura. A la contra-revolución se le combate con métodos revolucionarios. Además esta es la única manera de empezar a resolver los problemas económicos que afectan a millones de familias obreras. Solo desatando la iniciativa revolucionaria de las masas se puede volver a encender su espíritu combativo

¡Solo el pueblo salva al pueblo!

¡Manos Fuera de Venezuela!

¡Expropiar a los golpistas!

¡Fábrica cerrada, fábrica tomada!

¡Abajo la ofensiva reaccionaria e imprialista!

¡Defendamos la revolución bolivariana!

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