Escrito por: Ștefan Niţu
Con cerca de 500.000 manifestantes en las calles el pasado domingo (5 de febrero), las protestas contra el gobierno actual han visto el mayor número de personas en las calles de Rumania desde que el régimen de Ceaucescu se derrumbara en 1989. Pero tenemos que preguntarnos cuál es la naturaleza de este movimiento.
Estas protestas llegan después de un año de creciente agitación y crisis política. Un estado de ánimo de ira y resentimiento ha ido en aumento entre la población. Sin embargo, la falta de un liderazgo claro de la clase trabajadora significa que las dos alas principales de la clase dominante –representadas por los socialdemócratas (PSD) y los liberales nacionales (PNL)– han podido, por el momento, maniobrar y canalizar este sentimiento para su propio beneficio.
Tensiones
Las protestas comenzaron el 18 de enero, cuando el gobierno anunció enmiendas al Código Penal, en las que los crímenes específicos sobre corrupción serían perdonados, oficialmente en aras de reducir el hacinamiento en las cárceles. El hacinamiento de las prisiones es, por supuesto, un problema serio, con tasas de ocupación en su promedio superiores al 150% (y picos del 200% en algunas prisiones), pero el objetivo principal era detener los enjuiciamientos en curso o a los políticos corruptos libres que tenían vínculos con el partido gubernamental, el PSD.
El mismo día del anuncio varios miles de personas en toda Rumania salieron a las calles en protesta. Más tarde, el 22 de enero, el número de manifestantes aumentó a más de 30.000 en Bucarest, y el número también aumentó en ciudades como Timişoara (4.000) y Cluj-Napoca (5.000).
La lucha contra la corrupción fue demagógicamente utilizada como el principal problema por los partidos de derecha conservadora en las recientes elecciones parlamentarias de diciembre, ganadas por el PSD. Así, el Presidente Klaus Iohannis y su partido de oposición PNL, intervienen para co-optar este movimiento y golpear al PSD. Al llegar a la Plaza de la Universidad, éste declaró: «Una pandilla de políticos con problemas criminales quieren cambiar la ley en Rumana, quieren debilitar el imperio de la ley, y tal cosa no puede ser tolerada». Por supuesto, el propio Iohannis tiene vínculos con todos los capitalistas más corruptos de Rumania.
El líder del partido gobernante, PSD, Liviu Dragnea, acusó a Iohannis de promover «el inicio de un golpe de estado». Los marxistas no tenemos simpatías por Dragnea, pero su análisis no está muy lejos de la realidad. El movimiento pasó rápidamente bajo el dominio del ala opositora de la burguesía y se convirtió en un reflejo de las profundas divisiones dentro de la clase dominante y del propio aparato estatal. Un artículo muy perceptivo de criticatac.ro explicaba:
«La indignación es normal y las protestas son naturales. Pero nos encontramos en una situación contradictoria. Las protestas contra el PSD dieron origen a una amplia coalición en la que personas bien intencionadas y decentes se reunieron con todo tipo de oportunistas, una vez más. El hecho de que los políticos de la oposición se unieran sólo empeoró las cosas. Inadvertidamente, como en el pasado, el PSD logró revivir una derecha moribunda. Además, la estética de las protestas, su parafernalia, sus banderas nacionales y el canto del himno nacional –a pesar de sus slogans ingeniosos y creativos– tenían un claro sabor de derecha. El decreto gubernamental y las reacciones callejeras a dichas manifestaciones redujeron las escasas posibilidades de una re-articulación de la izquierda local. De hecho, las primeras víctimas de las protestas fueron las pocas voces izquierdistas en el PSD que ahora están desacreditadas por su silencio.
«A las personas que trabajan en grandes empresas en Bucarest se les ofrecían días libres de trabajo para poder permanecer despiertos de noche y protestar contra el gobierno. McDonald’s ofreció té gratis a los manifestantes para mantenerse calientes y rehidratarse. El jefe local del banco Raiffeisen, un banco acusado de engañar a decenas de miles de rumanos a través del truco de deslizar cláusulas abusivas en sus contratos [clausulas preferentes], llevó a su familia a las protestas. Periodistas y otros expertos en medios de comunicación, que en el pasado ya calificaban las medidas sociales del gobierno como un gasto imprudente, sintonizaron y añadieron sus mensajes contra el gobierno. No es de extrañar, en este contexto, que las protestas pasaran rápidamente de una demanda específica sobre el decreto, a la renuncia del nuevo gobierno en su conjunto «.
El 29 de enero, aproximadamente 90.000 manifestantes estaban en las calles de todo el país cantando consignas como «¡Ladrones!», «¡Vergüenza!» Y «Renuncia!». También se escucharon consignas anticomunistas y reaccionarias como llamar al PSD «la peste roja». Banderas de la Unión Europea, Estados Unidos y Alemania estuvieron presentes, junto con la bandera nacional rumana, durante las protestas. Una gran parte de los medios de comunicación internacionales y rumanos también se han posicionado detrás del movimiento, con canales de noticias como Digi24, aclamándolo como la «mayor protesta en Rumania durante los últimos veinte años». Poco después, las protestas comenzaron a extenderse por todo el país, en ciudades como Cluj-Napoca (con alrededor de 25.000 manifestantes), Timişoara (15.000), Sibiu (20.000), así como otras 55 ciudades.
El Ministerio de Justicia trató primero de maniobrar y organizó un debate público sobre la enmienda propuesta para el día siguiente. El Ministro de Justicia, Florin Iordache, decidió que la ley sería modificada, después de la cual sería adoptada por el gobierno o pasada al parlamento para un mayor debate. Entonces, en la noche del 31 de enero, alrededor de la medianoche, Iordache declaró que las modificaciones al código penal habían sido aprobadas por el gobierno como un decreto de emergencia.
Esto llevó a 15.000 personas a marchar contra el gobierno exigiendo la renuncia del ministro, lo que también resultó en enfrentamientos con la policía. Protestas similares se extendieron por toda Rumanía, incluyendo Cluj-Napoca (10.000), Timişoara (2.500), Iaşi (2.000), Sibiu (2.000), Braşov (1.500), Arad (200), Craiova (200), Ploieşti 100) y muchos más lugares. Iohannis declaró «un día de duelo por el estado de derecho».
El 1 de febrero, el número de manifestantes aumentó a 300.000 en diferentes ciudades de todo el país, un número no visto en los últimos 28 años. De éstos, 150.000 ocuparon la Plaza de la Victoria en Bucarest, y 40.000 protestaron en Cluj-Napoca. Otros, según informó Digi24, incluyen: Sibiu (20.000), Timişoara (20.000), Iaşi (15.000), Braşov (8.000), Bacău (6.000), Târgu Mureş (6.000), Baia Mare (5.000), Constanţa (5.000) , Alba Iulia (4.000), Craiova (4.000), Oradea (4.000), Arad (4.000), Galaţi (3.000), Piteşti (3.000), Suceava (2.000) y Piatra Neamţ (1.000).
Violentos enfrentamientos estallaron en Bucarest, donde los manifestantes, especialmente los aficionados al fútbol, comenzaron a lanzar petardos contra la policía, que intervino usando spray de pimienta. Esto resultó con cinco personas heridas, de las cuales tres eran civiles y dos policías. Al día siguiente, Iohannis se dirigió al tribunal constitucional para discutir las enmiendas propuestas al código penal. Mientras tanto, el comité ejecutivo nacional del PSD se reunió y decidió mantener la posición recientemente adoptada por el partido. No sólo eso, sino que Dragnea acusó a Iohannis de ser el «instigador moral» de las protestas violentas. Esto durante el tercer día consecutivo de protestas, con más de 220.000 personas en todas las plazas principales de las ciudades más grandes de Rumania.
El viernes 3 de febrero, el Fiscal General de Rumania, Augustin Lazăr, declaró que iba a impugnar las enmiendas al Código Penal. Mientras tanto, el número de manifestantes ascendió a 330.000, de los cuales 150.000 en Bucarest.
El 4 de febrero, a primera hora de la tarde, 40.000 personas se unieron en torno a la Casa del Pueblo (el edificio del Parlamento), desde donde marcharon hacia la Plaza de la Victoria, donde se reunieron un total de 180.000 manifestantes.
Sin embargo, ese mismo día el gobierno retrocedió y anunció que la enmienda sería derogada el domingo. La senadora del PSD, Ecaterina Andronescu, consideró que era un error en nombre del gobierno.
Inestabilidad
El movimiento logró dar un golpe a los planes del gobierno. Esto le dio un impulso, razón por la cual las protestas incluso aumentaron el domingo 5 de febrero con más de 500.000 manifestantes exigiendo la caída del gobierno. El gobierno se ha debilitado y está claro que la inestabilidad política sólo aumentará en el próximo período. Rumania está en crisis y ha visto una creciente inestabilidad en el pasado período. La crisis política se ha profundizado y la situación social es cada vez más grave.
La transición al capitalismo dejó devastada Rumanía, con una enorme pobreza y desempleo. La situación no ha mejorado mucho desde entonces. Si bien la economía ha visto un crecimiento relativamente alto del 6%, el Banco Mundial todavía considera que el 70% de la población rural del país vive por debajo del umbral de pobreza. El 51% de los niños menores de 18 años corren el riesgo de caer en la pobreza. Según la mayoría de los cálculos, Rumania es el país más desigual de Europa. Después de la crisis de 2008, la proporción del PIB destinada a los trabajadores rumanos cayó del 45% al 37,4% en 2011.
Esta condición de pauperización de la mayoría de los rumanos está en marcado contraste con las ganancias de los ricos. En consecuencia, en el último año el número de huelgas y protestas ha ido aumentando gradualmente.
Al mismo tiempo, una serie interminable de escándalos y casos de corrupción ha perseguido a todos los sectores de la clase dominante. El resentimiento hacia el establishment se demostró en la participación históricamente baja, de alrededor de 40%, en las elecciones parlamentarias de diciembre.
Esto ha añadido combustible a la actual crisis política. Los llamados socialdemócratas y el PNL estuvieron juntos en una coalición gubernamental, hasta que el PNL la abandonó en 2014. Desde entonces, con la elección de Iohannis como presidente del país, los dos partidos han estado involucrados en una feroz lucha.
La dura actitud anti-obrera del gobierno anterior, cercano a Iohannis, condujo a una victoria aplastante del PSD en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2016. El PSD planteaba un programa suavemente anti-austeridad que reclamaba mayores salarios mínimos. Esto les permitió beneficiarse del colapso del apoyo al PNL, que obtuvo sólo el 20,04% de los votos contra el 45,5% del PSD. El apoyo al PNL se derrumbó de 6 millones de votos en las elecciones presidenciales de 2014 a casi 1 millón de votos en diciembre pasado.
Esto marcó una importante victoria para el PSD y una amenaza para el PNL de Iohannis. Los dos partidos se han enfrentado desde las últimas elecciones presidenciales de 2014, donde Ponta del PSD perdió las elecciones frente a Iohannis del PNL. Sin embargo, durante los últimos años de presidencia de Băsescu, como líder del ya desaparecido partido de los Liberales Democráticos (PD-L), fue responsable de enviar a un gran número de políticos corruptos a prisión bajo el pretexto de «luchar contra la corrupción». Mientras hacia la vista gorda a los políticos corruptos de su propio partido.
Después de que el nuevo gobierno del PSD liderado por Sorin Grindeanu asumiera el cargo a principios de enero de 2017, propuso el perdón de los crímenes específicos cometidos por corrupción, así como una enmienda al Código Penal (especialmente en lo que respecta al abuso de poder), como hemos visto con la justificación de que las prisiones estaban demasiado llenas de gente. Esta fue la chispa del movimiento de protesta, pero lo que realmente revela es la profunda crisis social en Rumania.
La crisis actual se suma a un año de creciente lucha de clases y huelgas, fenómeno que se observa en el resto de Europa del Este. Además, también existe un proceso de polarización de clase que tiene lugar en el momento, tanto dentro de la clase dominante como entre las clases bajas.
Estos acontecimientos marcan no sólo el comienzo de una de las protestas más grandes de la historia de Rumania después de 1989, sino también el resurgimiento de la crisis, que se había evitado varias veces antes.
En el caso de la clase dominante, la división es entre el PNL de Iohannis, que se inclina más hacia las potencias occidentales, la UE en particular, y el PSD de Grindeanu, que pretende representar una Rumania soberana e independiente, muestran otra línea de fractura.
Las clases dominantes occidentales también están detrás de Iohannis. Muchos parlamentarios de la UE han criticado los actos del gobierno rumano, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, incluso exigió que «la lucha contra la corrupción debe continuar» en Rumania. Los socialdemócratas de otros países de la UE, que forman parte de la Alianza de Socialdemócratas de Europa, también se manifestaron públicamente en contra del gobierno del PSD.
Más importante aún, sin embargo, la clase obrera todavía no ha entrado en la escena política con una posición independiente. La ausencia de un liderazgo independiente de la clase obrera ha significado que sectores de la clase obrera se hayan movido detrás de diferentes alas de la clase dominante. Sin un liderazgo para plantear una clara posición de clase independiente, cualquier movimiento será vulnerable a caer bajo la influencia de una u otra ala de la clase dominante.
Capitalismo
Aunque todos estos acontecimientos han sido declarados una victoria por los liberales en general, el principal problema al que se enfrentan es a que les gustaría que los manifestantes terminasen sus movilizaciones, ya que han «ganado». Sin embargo, lo que claramente no es tenido en cuenta por los medios liberales es que varias protestas como ésta ya han ocurrido antes en Rumania, por ejemplo, las protestas contra el gobierno de enero a febrero de 2012, que resultaron en la renuncia del entonces Primer Ministro Emil Boc. Aunque eso representaba una victoria para la clase trabajadora contra la austeridad del PD-L liderado por el presidente Băsescu y las administraciones del primer ministro Boc, el nuevo gobierno del PSD de Ponta continuó con más austeridad.
Ninguno de los bloques dominantes en la política rumana representa a la clase obrera. Lo que representan sus luchas internas es una división dentro de la clase dominante, entre un sector pro-UE, por un lado, y otro más nacionalista, por el otro.
Como hemos visto, el movimiento contra la corrupción en 2012 sólo llevó a un cambio de gobierno entre estas dos principales facciones burguesas y no pudo lograr su objetivo de poner fin a la corrupción. La corrupción es una parte esencial del capitalismo y ningún ala de la clase dominante tiene interés en terminarla. Si los trabajadores y jóvenes rumanos quieren luchar verdaderamente contra la austeridad y la corrupción, no deben seguir a los liberales. La única manera de acabar con la corrupción es construir un movimiento de clase independiente contra todas las alas de la clase dominante, y derrocar su sistema.
