Por: David García Colín Carrillo
La Ley Federal de Remuneraciones que, como parte de la “austeridad republicana”, elimina las pensiones para los expresidentes y establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República (el nuevo presidente ganará 108 mil pesos mensuales, un 40% de lo que ganaba Peña Nieto) ha sido el motivo para una rebelión de jueces, magistrados y los partidos del viejo régimen (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano). Se trat de una rebelión que muestra la naturaleza del Estado y sus instituciones.
Estos últimos partidos promovieron una acción de inconstitucionalidad, aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que prohíbe que en la ley de egresos del 2019 se reduzcan los onerosos salarios de los jueces, magistrados y ministros de la corte, mismos que llegan a los 600 mil pesos mensuales. La SCJN “analizará” cualquier impugnación de una ley que reduce sus propios salarios el próximo año. No dudamos del sentido de su resolución de ese tribunal convertido en juez y parte.
Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, denunció que la acción de inconstitucionalidad fue cabildeada por los propios ministros de la corte. Existe la versión de que hubo un intercambio de favores, al meter los diputados esta acción de inconstitucionalidad a cambio de fallar a favor de Martha Erika en la eleccón en Puebla, un Estado con un escandaloso fraude donde se debió haber anulado la elección. AMLO llamó deshonestos a los ministros y afirmó que sueldos de 600 mil pesos al mes, en un país como México, es corrupción: “no están entendiendo la nueva realidad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y se olvidan de Juárez, deberían de quitar el retrato del presidente Juárez de la suprema corte de justicia porque Juárez decía que el funcionario tendría que aprender a vivir en la justa medianía”. Sin embargo dijo que acatarán la decisión de la corte.
Efectivamente, las insultantes remuneraciones de esos parásitos no sólo son muestras de la corrupción endémica del Estado burgués, son también los medios por los cuales la clase dominante se asegura la lealtad de la cúpula de su propio Estado. Pero según el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, “sus altos sueldos no son privilegios sino que se trata de elementos necesarios para un servicio público indispensable, ineludible en un país democrático en búsqueda de tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir una sociedad más justa”.
El 10 de diciembre, los magistrados hicieron una conferencia de prensa donde afirman que “ni remotamente” ganan 600 mil pesos mensuales pero, efectivamente, las percepciones de estos funcionarios superan los 500 mil pesos al mes (eleconomista.com.mx/politica/Cuanto-ganan-los-ministros-de-la-Suprema-Corte-de-Justicia-de-la-Nacion-20180228-0029.html). Esto es cinismo y humor negro involuntario. Estas remuneraciones muestran el abismo que existe entre el pueblo y la cúpula corrompida del régimen que se resiste a morir tranquilamente. En México 43 millones de trabajadores – de los 52 millones de personas ocupadas- apenas perciben 88 pesos diarios y cerca de la mitad de la población (43% de la población) vive en pobreza (según el Coneval). [https://coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf]
Toda persona medianamente inteligente sabe que los privilegios de la corte no son para garantizar su imparcialidad, sino todo lo contrario, con esos sueldos, sin duda, “el alma está comprada”. Veremos el grotesco espectáculo de la SCJN discutiendo sobre sus propios privilegios y nadie duda cómo van a resolver pues nunca se ha visto que el león se corte las garras voluntariamente. Recientemente hemos visto cómo esos jueces (en este caso los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) aprobaron el fraude en Puebla, pero el pueblo mexicano tiene una amplia experiencia sobre la “imparcialidad” de jueces que han avalado todos los fraudes electorales en México o que aprobaron la brutal extinción del Luz y Fuerza del Centro, sólo por dar algunos ejemplos. Incluso Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación nombrada por AMLO, ha afirmado que los sueldos de los jueces no deben reducirse. La resistencia está, incluso, dentro de algunos cercanos a AMLO.
AMLO no tiene por qué aceptar las determinaciones de una institución podrida y deslegitimada que se resiste a acatar la voluntad popular, bien podría utilizar su mayoría en las cámaras para destituir a esos jueces corruptos. Debe apoyarse en la movilización de las masas para hacer realidad su promesa de reducir los sueldos de los de arriba para subir los de abajo y para destinar recursos a programas sociales, como ha dicho. Si se permite la imposición leguleya de los ministros tendremos un alud de amparos de los altos funcionarios que van a limitar aún más los recursos con los que contará el nuevo gobierno para destinarlos al pueblo. Seguramente una acción como la que proponemos hará desgañitarse a los plumíferos de la derecha que gritarán contra el supuesto “autoritarismo” del gobierno, pero se trata de saber quién se va a imponer: los parásitos o la mayoría que votó por un cambio.
A la rebelión leguleya de los altos funcionarios se añade la rebelión de los grandes capitales que han respondido a anuncios como la cancelación del aeropuerto en Texcoco e iniciativas de la bancada de Morena, algunas acompañadas con caídas de la bolsa, en el sentido de revisar los contratos de las mineras, eliminar las Afores privadas y el de limitar las comisiones bancarias (esta última ya retirada por las presiones de la derecha). En realidad se trata de una respuesta natural tanto del gran capital como de sus representantes políticos, de un viejo régimen que ha sido cimbrado por el resultado electoral pero que no ha sido desmontado. En el fondo revela la imposibilidad de realizar transformaciones profundas y radicales utilizando el Estado burgués, las mismas instituciones y, sobre todo, sin romper los límites del capitalismo.
Por supuesto que los marxistas nos situamos a favor de reducir los insultantes sueldos de los magistrados y otros altos funcionarios, pero aun apoyando estas medidas del gobierno, también debemos señalar sus limitaciones tanto de forma como de fondo. No debemos limitarnos a la “legalidad” burguesa cuya parcialidad ya sabemos cómo va a operar, no debemos confiar en instituciones como la SCJN que nunca se va a pronunciar para eliminar, de fondo, sus privilegios. Pero más aún: no hay ninguna razón para limitarse a reducir los excesos de la alta burocracia. ¿Por qué no desmontar de una vez al Estado burgués? Si aceptamos que los altos salarios son corrupción. ¿Por qué no llegar a la misma conclusión con respecto a las ganancias del gran capital? Si el interés público debe prevalecer para destinar más recursos al “estado de bienestar” ¿Por qué no expropiar al gran capital para así tener los medios, las palancas y los recursos para acabar con todas las lacras sociales?
Por lo menos esta batalla franca, de las que habrán muchas en este nuevo periodo, debe abrir el debate sobre quién manda verdaderamente en este país y sobre a quién representan instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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