Se aprobó en la cámara de diputados la ley que regula el uso medicinal y lúdico de la marihuana, o en otras palabras su legalización. La nueva ley permite la posesión de hasta 28 gramos, la creación de “clubes de consumo” en los que se permite la siembra en los hogares de hasta cuatro plantas por socio y un máximo de 50 plantas por club. Pero sobre todo la nueva ley permite que empresas privadas comercialicen la producción, cosecha y distribución de la marihuana con usos medicinales y lúdicos. Aún falta la aprobación en la cámara de senadores pero es un hecho que está ley será aprobada finalmente.
Muchos periodistas, comentaristas, organizaciones y activistas de izquierda —incluido Morena— celebran esta ley como “un paso adelante progresista” en la despenalización de las drogas, una política que promete disminuir la violencia derivada del narcotráfico, promover mayores libertades y dejar atrás la criminalización de los consumidores.
Sin embargo, es más que dudoso que la legalización de la marihuana contribuya significativamente a la disminución de la violencia del crimen organizado. En realidad, las ganancias más sustanciosas del narcotráfico no están en la cannabis sino en las nuevas drogas sintéticas altamente adictivas y nocivas para la salud, y que sólo los dementes propondrían legalizar. La lucha encarnizada y violenta por estos mercados va a continuar mientras continúe la sociedad de mercado.
Pero lo más significativo es que la ley es un traje a la medida para el gran capital. En el fondo se trata de una ley hecha para las trasnacionales. Así, por ejemplo, la ley dictamina que las plantas a comercializar deben estar registradas y ser “trazables” genéticamente, lo que sólo va a beneficiar a empresas como las canadienses que tienen registradas y analizadas genéticamente su producción. Es evidente que sólo los grandes capitales van a poder adquirir esas semillas registradas. No será difícil para personajes como Vicente Fox lograr su ambición de poner sucursales de venta de marihuana. En pocas palabras, una parte del capital que ahora se invierte en el narcotráfico ilegal encontrará una manera de blanquear su dinero en esta nueva rama legal del mercado.
Muchos consumidores y organizaciones de la pequeña burguesía han mostrado su beneplácito, presumen la reforma como un triunfo de su “lucha” y se presentan como “luchadores sociales” y “activistas” a la par de otros activistas de izquierda. Es verdad que muchas personas que sólo se encuentran en la cárcel por consumir o campesinos pobres que fueron “el chivo expiatorio” de pasados gobiernos —se calculan unas 18 mil personas— podrán encontrar su libertad. Será menos probable que los consumidores que porten menos de 28 gramos sean extorsionados por la policía —aunque seguramente los abusos policiales no acabarán como sucede actualmente con los que salen alcoholizados de una fiesta—. Quizás sean los únicos aspectos positivos de la reforma. Pero más allá de los consumidores y el gran capital no existen muchas razones para celebrar esta medida. Desde el punto de vista de la producción y el consumo lo único que ha triunfado es el individualismo burgués.
Puede que la marihuana no sea tan nociva como otras drogas y sea discutible si puede o no equipararse a los estragos que hacen sustancias como el tabaco o el alcohol. Pero es cierto que sustancias como la marihuana suelen ser la puerta de entrada para la experimentación de drogas más fuertes. Aunque no todos los consumidores de marihuana consumen otras drogas más fuertes, es verdad que una gran parte de consumidores de drogas fuertes como la cocaína o el crack comenzaron con la marihuana. Las leyes de mercado determinan que el consumo está fuertemente determinado por la oferta, y si la oferta de marihuana se generaliza también lo hará inevitablemente su consumo. Hay que subrayar, además, que el capitalismo, que sólo ofrece a las masas miseria, desempleo, violencia y desesperación, genera también un ambiente favorable a las adicciones, un medio favorable para el mercado de las drogas. Aquí los únicos beneficiados son y serán los grandes capitalistas que lucran con la enajenación y adicción de la juventud. Para la burguesía es mejor una juventud drogada que una juventud revolucionaria.
Podría objetarse que de todas formas el consumo de las drogas no termina ni ha terminado con su prohibición y que ésta sólo genera mayor violencia y complicaciones. Pero este argumento sólo demuestra la falta de una perspectiva revolucionaria, la aceptación resignada del sistema actual. Es la confesión de parte de los estrategas del capital que bajo el capitalismo es imposible erradicar la producción y el consumo de las drogas.
Los marxistas estamos de acuerdo en la legalización del uso medicinal de la marihuana y otras drogas, pero bajo control estatal y no en beneficio del lucro privado. Pocos recuerdan que bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas se crearon dispensarios estatales de marihuana, como un medio para tratar las adicciones, política que posteriormente se abandonó en beneficio del capital privado. Planteamos retomar esa experiencia para que la producción estatal favorezca a las comunidades campesinas que ahora son simples peones de los grandes narcotraficantes. Es un hecho que la actual ley favorece a las empresas trasnacionales por encima de los campesinos y sus comunidades.
Nuestra tesis es que la producción de drogas y los estragos de su consumo son inmanentes al actual sistema basado en el individualismo, la ganancia y la evasión de una realidad en crisis. En una sociedad organizada sobre otras bases, con una economía planificada bajo control de los trabajadores, la necesidad del abuso de sustancias no encontrará terreno fértil. Incluso en Cuba, con todas sus limitaciones, la economía planificada ha permitido disminuir al mínimo el consumo de drogas y la violencia que deriva de ese mercado podrido. Esto es muestra que hay alternativas a la visión liberal-burguesa. Creemos que la postura que celebra la legalización entre la izquierda deriva directamente de una posición reformista que acepta como inevitable el estatus quo, es una postura que le hace el juego a los grandes negociantes de la droga que ahora tendrán otro espacio para blanquear su dinero y presentarse como “honorables empresarios”.
