El pasado viernes 19 de mayo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación temporal de 130 Kilómetros de vías de la empresa Ferrosur, propiedad de Grupo México, entidad emblema del multimillonario Germán Larrea. Dicha medida se tomó con el objeto de completar las obras correspondientes al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que el gobierno pretende terminar para el año próximo
Germán Larrea tiene una fortuna de alrededor de 30 mil millones de dólares. Por su parte, Grupo México tiene activos por más de 50 mil millones de dólares, es la empresa fuerte en el sector minero de México. Tan sólo en 2022 facturó 13,800 millones de dólares, es el primer lugar mundial de producción de cobre y tercero en reservas.
Por su parte, Larrea es el mayor concesionario del país con 282 concesiones en la minería, 6 en infraestructura, 41 en vías férreas; las cuales abarcan una extensión de más de 11 mil kilómetros. Por medio de la Conagua es el principal concesionario de explotación de acuíferos en Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero.
En todos esos sectores es dueño y señor, define quién vive y quién muere y, por tanto, no le parece raro chantajear al gobierno ante la emergencia de terminar el proyecto del ferrocarril en el Istmo exigiendo cerca de 10 mil millones de pesos (unos 550 millones de dólares). No olvidemos que se trata de solo 130 kilómetros, de los 11 mil que posee, y que toda la actividad ferroviaria le reportó el año pasado ganancias por 480 millones de dólares, es decir, pretendía hacer el negocio del siglo (La Jornada – México SA).
Más sorprendente es la pretensión de Larrea, cuando el precio que pagó por los 11 mil kilómetros de vías férreas fue de 2,800 millones de dólares. Eso comprueba que no se hizo multimillonario haciendo obras de caridad.
Por tanto, podríamos decir que en realidad la expropiación se derivó del criterio político del gobierno de AMLO de no permitir que un particular le imponga condiciones al gobierno y más aún cuando se trata de un oligarca hostil. Ya se sabe que Germán Larrea fue uno de los patrocinadores de las distintas campañas de odio que ha sufrió López Obrador desde 2005 a la fecha.
En general, la política de AMLO en el terreno económico no está orientada a enfrentarse al capital privado, todo lo contrario. Casi todas las obras de infraestructura que ha impulsado van en el sentido de fortalecer el mercado interno y, simultáneamente, afianzar sus conexiones con el capital transnacional, vía tratados de libre comercio y zonas económicas especiales libres de impuestos, especialmente en la frontera norte y en la región del Istmo.
La actual oligarquía mexicana es un puñado de familias que actúan en México en combinación con capitales trasnacionales de origen principalmente norteamericano y español, este ultimo particularmente en el sector bancario. Tienen presencia dominante en el 70% de la economía del país y a lo mucho no pasan de 20 grandes familias con sus respectivas ramificaciones. Son los Hank, Salinas, Azcárraga, Larrea, Vargas, los Zambrano, Slim, Baillères, Harp, entre otras.
La mayor parte de ellos fundaron sus fortunas gracias a la sociedad con el gobierno en turno, especialmente durante de época de Miguel Alemán Váldes, el cachorro de la revolución. No obstante, durante el priato su poder tanto económico como político estaba muy acotado al arbitraje del presidente en turno.
El último gran árbitro: Carlos Salinas de Gortari, fue quien los catapultó a las listas de las personas más ricas del mundo, de tal modo que Slim pasó de poseer unos 3 mil millones de dólares, a tener en la actualidad entre 60 y 80 mil millones de dólares, llegando a ocupar por algún tiempo el primer lugar mundial en ese rubro.
A la familia de Germán Larrea tampoco le ha ido mal, durante los gobiernos llamados “neoliberales”, ha aumentado su fortuna 30 veces y es uno de los principales terratenientes del país. Sólo en las concesiones mineras posee cerca de 600 mil hectáreas (Garza, Marta, La estructura de concesiones del sector minero en México, México, 2021).
Desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, la relación que la oligarquía tenía con el gobierno en turno era más bien la que tiene un patrón con un empleado; si se portaban bien al final de su sexenio podían ser empleados o consejeros en alguna de sus empresas. Esto dependía de que tan bien se ajustaran las leyes a sus necesidades de acumulación de capital. La consecuencia fue la miseria, violencia y migración a Estados Unidos de más de 7 millones de personas durante el periodo de 1990 a 2010 (La Migración Mexicana hacia EEUU (bbvaresearch.com)). Uno de los éxodos más grandes de la historia.
La situación llegó a su límite en 2018 con la llegada de AMLO, el cual contaba, como uno de sus principales atractivos que no provenía del entorno de la oligarquía. López Obrador, que se formó bajo la tutela del viejo político priista, Enrique González Pedrero, considera que la única manera de salvar al capitalismo de sí mismo es reduciendo el poder político de la oligarquía, de ahí su idea de separar el poder político del económico. Su lema “por el bien de todos primero los pobres” implica el mensaje de evitar que la pobreza se vuelva un problema para el sistema en su conjunto, pero en ningún sentido pretende permitir que los trabajadores o los campesinos asuman un mínimo de poder real dentro del Estado; el cual, para fortalecer su papel de árbitro supremo, debe estar por encima de los intereses particulares de este u otro oligarca.
Para AMLO las negociaciones con la oligarquía se hacen por separado; Carlos Slim, Azcárraga, el propio Larrea, el grupo ICA, además de los grupos de inversionistas extranjeros como Black Rock, BBVA, Santander y más recientemente con Iberdrola.
La negociación con Larrea pasa por su pretensión de hacerse de Banamex, en la cual el gobierno parece estar interesado, por lo tanto, la expropiación temporal de las vías en cuestión forma parte de ese entramado de negociaciones en las que es posible que se convienen acciones legales con acuerdos directos.
En lo que se refiere a los trabajadores, es un hecho que no podemos tener ninguna simpatía con el oligarca que es culpable de la muerte de cientos de mineros, que se ha negado a desenterrar a los trabajadores de pasta de Conchos y que ha envenenado las aguas del río Sonora; en una palabra, que se ha enriquecido a costa de la miseria humana y ambiental. No sólo se le debería expropiar las vías en cuestión, sino todo el conjunto de sus empresas mineras, ferrocarrileras y demás, dado que en todos los casos se trata de sectores estratégicos de la economía nacional.
Al mismo tiempo, nos debe quedar claro que el objetivo del gobierno de AMLO no tiene que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores, como en su momento pudiera pensarse de las acciones de Cárdenas respecto de los propios ferrocarriles o el petróleo, que se desencadenaron a partir de conflictos laborales. La expropiación en cuestión está vinculada con la culminación del proyecto de ferrocarril del Istmo, un negocio en el cual Larrea quiere una parte del pastel.
Ante estas circunstancias debemos señalar que un auténtico gobierno preocupado por los intereses de los trabajadores debería estar encaminado a la expropiación de las principales palancas de la economía, poniéndolas bajo el control democrático de los propios trabajadores. Mientras esto no suceda, proyectos como el ferrocarril del Istmo no solo servirán para enriquecer a oligarcas como Larrea que, ya sea por un lado o por otro, a la larga sacara ventajas.
