Escrito por Lucha de Clases – Estado Español
Libertad incondicional y sin cargos para Oriol Junqueras, los 7 consellers de la Generalitat, los dos Jordis y demás presos políticos del Estado español (presos de Alsasua, Alfón, Andrés Bódalo, etc.)
El encarcelamiento de 8 miembros del gobierno catalán, que fueron citados a declarar esta mañana ante la Audiencia Nacional, es un escándalo absoluto y una grave violación de los derechos democráticos más básicos por parte del Régimen del 78. Recordemos que están imputados por haber organizado el referéndum de autodeterminación del 1 de Octubre, es decir, por el ejercicio de una ley democrática básica que había sido aprobada por el Parlamento de Cataluña. No está tampoco de más recordar que el 70% de los catalanes está a favor de ejercer ese derecho, según todas las encuestas.
Los crímenes de «Rebelión» y «sedición» son un legado del código penal franquista de 1944, incorporado por el régimen del 78. Aún así, para que haya un delito de rebelión en dicha ley se requiere un » levantamiento violento» que en ningún caso ocurrió el 1 de octubre. La única violencia que pudimos ver fue la ejercida por la policía que golpeó a mansalva a gente desarmada y con los brazos en alto. Esto no parece preocuparle al fiscal del Estado ni a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Se demuestra una vez más que se trata de un juicio político contra los derechos democráticos del pueblo catalán y en defensa de uno de los pilares fundamentales del régimen del 78: la unidad de España impuesta por la fuerza y garantizada por las fuerzas armadas. La intención es clara, utilizar la represión judicial en su más alto grado para dar una lección a quienes se han atrevido a desafiarles.
Cualquier demócrata consecuente tiene el deber de defender sin fisuras a los acusados y exigir su libertad inmediata sin cargos. Estamos radicalmente en contra de muchas de las políticas sociales y económicas que ha aplicado el gobierno catalán. Pero no lo juzgan por esta razón, sino por haber dado pasos concretos para ejercer el derecho democrático de autodeterminación. Esa es la razón por la que deben ser defendidos incondicionalmente contra la represión del Estado español.
En los últimos años se ha acentuado el carácter represivo y neofranquista del aparato judicial y policial, coincidiendo con los gobiernos del PP y su legislación represiva. Hoy, una simple denuncia policial sin pruebas, lanzar un tuit, publicar un comentario en Facebook, o hacer una pintada en la calle te puede llevar a la cárcel varios años y a una multa cuantiosa. Los altos tribunales: Constitucional, Audiencia Nacional, Supremo, están en manos de jueces próximos al PP o de extracción familiar franquista. Y han actuado en los casos principales atendiendo los requerimientos del gobierno de Rajoy y del régimen. De hecho, hasta juristas conocidos y especialistas en la materia tildan de ilegal que la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo juzguen el delito de “rebelión”, que debería recaer en un juez natural (por sorteo) y en la comunidad autónoma donde supuestamente tuvieron lugar.
La jueza Carmen Lamela, quien ha ordenado el ingreso en prisión del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y demás consellers, es la misma que mantiene ya un año en la cárcel por “terrorismo” a varios jóvenes de Alsasua por una pelea en un bar con Guardias Civiles, es la que también metió en la cárcel incondicionalmente a los dos Jordis, y es quien ha exoneró el pasado mes de marzo a Josep Borrell, el nuevo apóstol de la unidad de España, de delito societario en la multinacional quebrada Abengoa, cuando era miembro de su consejo de administración.
El Régimen de 78 ha mostrado firmeza en la defensa de sus intereses. Debe responderse de la misma manera. Llamamos a participar de una manera masiva en las concentraciones de protesta que ya han sido convocadas para hoy y los próximos días en Catalunya y en muchas ciudades de todo el Estado. Pero esto debe formar parte de una campaña más amplia contra el 155 y la intervención de Catalunya por el Estado central.
La arremetida represiva contra los derechos democrático-nacionales de Catalunya, es una continuación de la política represiva general y de ajuste y empobrecimiento contra las familias trabajadoras de todo el Estado. No debemos permitir que nos dividan. Tenemos el mismo enemigo: el gobierno del PP, sus cómplices de Ciudadanos y en la dirección del PSOE y, por sobre todo, las 200 familias que conforman la oligarquía española, la auténtica inspiradora de todas estas políticas regresivas
¡Libertad sin cargos para todos los presos políticos! ¡Movilicémonos en las calles! ¡Fuera el 155! ¡Que se cumpla el mandato popular del 1-O en Catalunya! ¡Qué una república catalana sea la chispa que termine con el régimen del 78 y su monarquía en todo el Estado!
