Las fricciones del Estado burgués contra el gobierno de AMLO

Acerca de la renuncia de Carlos Urzúa

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Por Giannina Torres y David García

En ninguna otra secretaria de gobierno se revela con toda su crudeza el carácter burgués del Estado como en la Secretaría de Hacienda pues se trata de la administración del clima económico para los grandes negocios. Carlos Urzúa renunció ruidosamente porque no estuvo de acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo de AMLO ni en la  política energética del gobierno que pretende rescatar al sector. En su conferencia matutina el presidente señaló: «Imagínense lo que es eso, que me presentan un Plan (Nacional) de Desarrollo, lo veo y desde mi punto de vista no reflejaba el cambio (con la política neoliberal), era como si lo hubiese hecho (Agustín) Carstens o (José Antonio) Meade, con todo respeto». Bajo el dominio de gran capital, sobre todo en un país dependiente como el nuestro, sólo son “razonables” y “viables” las políticas económicas que no se desvíen significativamente  de las implementadas por administradores como Carstens o Meade.

Seguramente Arturo Herrera, sucesor de Urzúa, irá en la línea de impulsar el plan energético y presupuestal del presidente pero incluso un Secretario de Hacienda que tenga las mejores intenciones deberá trabajar con el presupuesto magro que permiten las finanza públicas bajo el capitalismo, a esto se añade la negativa de la actual administración para aumentar los impuestos a los grandes empresarios por lo que se ve complicado que un presupuesto público limitado alcance para cumplir las promesas del gobierno y frente a las expectativas de millones de personas que votaron por un cambio verdadero.

Y es que el sucesor de Urzúa, más allá de las diferencias frente a Obrador, no cuestionará la política de fondo de su antecesor. Incluso con un gobierno reformista o de izquierda como el de AMLO la ortodoxia neoliberal en materia macroeconómica se mantiene: un presupuesto «equilibrado» (o sea recortes al gasto público), independencia del Banco de México (o sea un manejo monetario de acuerdo a los intereses de los grandes inversores), déficit bajos (o sea límites a la inversión estatal), disciplina fiscal (no endeudarse y no invertir más de lo que se ingresa). Es una doctrina burguesa donde los intereses de los grandes empresarios e inversores se imponen como único camino posible, confesando para quién y a favor de quién trabaja el Estado burgués.

Bajo estos términos, un gobierno reformista sólo tiene la opción de administrar las migajas: lo que rescate de la corrupción endémica del sistema, lo que ahorre mediante recortes (o sea salvar el brazo del enfermo mediante la amputación de una o dos de sus piernas) y conformarse con lo que obtenga de las destartaladas empresas estatales que no fueron vendidas en las privatizaciones salvajes. Por supuesto que los marxistas estamos a favor de rescatar la industria energética de nuestro país, y estamos de acuerdo en esta parte del programa de AMLO, pero mientras la economía en su conjunto siga funcionando para un pequeño grupo de grandes empresarios, los planes del gobierno encontrarán todo tipo de barreras económicas (limitaciones en el presupuesto, boicot de los grandes inversores), políticas  (oposición y presiones por parte de todos los organismos políticos y de la llamada “sociedad civil”) y jurídicos (lluvia de amparos y procedimientos legales para impedir las obras del gobierno), etcétera.

Se dice que de violarse esos mantras macroeconómicos habrá fuga de capitales, cierres de empresas y caída del valor de la moneda; un colapso económico. ¡Y la verdad es que tienen razón, pues bajo el capitalismo no hay salida! Bajo el capitalismo ni siquiera las pequeñas reformas keynesianas, consistentes en una modesta inversión estatal para impulsar la industria energética y el mercado interno, son aceptables para los sectores decisivos de la clase dominante.

Debido a esto y al ejército de infiltrados que se montaron en el nuevo gobierno veremos una crisis tras otra, será -en cierto sentido- un gobierno en crisis permanente, la rebelión del Estado burgués en contra de las tímidas medidas del propio gobierno. El caso de Urzúa es probablemente el caso más significativo de fractura en el nuevo gobierno, pero la nueva administración aún no ha cumplido un año y ya se contabilizan 14 renuncias de medio y alto nivel en el gabinete del gobierno, la mayoría de ellas por parte de transfugas como el expanista de derechas, Germán Martínez o personajes corruptos como Josefa Ortíz Mena. No era posible esperar otro resultado con un gabinete formado, en buena medida, por presiones de la burguesía y alianzas contranatura. O se forma un gabinete con perfiles realmente de izquierda, que se apoyen en el movimiento de masas para cuestionar radicalmente al sistema, o la 4 T se va a ir desgastando en una sucesión infinita de traiciones, renuncias ruidosas y puñaladas por la espalda.

Los trabajadores no necesitamos conformarnos con las migajas del capitalismo; expropiando bajo control obrero la gran industria, la banca y los latifundios los trabajadores tendríamos las palancas económicas fundamentales para financiar todo tipo de obras públicas y sociales pero para ello necesitamos un Estado propio, pues como dijo AMLO, no se puede servir vino nuevo en botellas viejas. Proponemos comenzar el viraje recuperando las medidas radicales de nuestra propia historia, de Lázaro Cárdenas: nacionalización de la industria energética, impuestos progresivos al gran capital, políticas que se enlacen directamente con la tarea de expropiar las palancas fundamentales de la economía bajo control obrero.

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