Una segunda ola de COVID-19 está haciendo estragos en Europa. Esto no fue inevitable, sino una consecuencia mortal de los gobiernos que priorizaron la riqueza de los capitalistas sobre la salud de la población. Nosotros decimos: ¡que paguen los patrones para proteger las vidas y los medios de vida! Para luchar contra el virus, ¡abolir el capitalismo!
Europa se encuentra en medio de una segunda ola mortal de la pandemia COVID-19. Esta nueva ola de infecciones representa ahora la mitad de todas las muertes diarias de COVID-19 en el mundo, y la cifra es ya más alta que durante la primera ola en la primavera (7.842 el 10 de noviembre en comparación con 6.825 en abril). Cierres, toques de queda, cierre de bares y restaurantes, confinamiento de corto plazo, confinamiento local: un país tras otro se ve obligado a adoptar medidas cada vez más severas para responder al crecimiento exponencial de la pandemia, que en muchos países está fuera de control, con las camas de las UCI a plena capacidad. Sin embargo, esta segunda ola podría haberse evitado, o al menos sus consecuencias podrían haberse controlado. La razón de que estemos aquí es una combinación de factores, todos los cuales apuntan a un factor primordial: la prioridad de las ganancias capitalistas sobre el cuidado de la vida.
La reacción de los gobiernos capitalistas de Europa ante la primera ola de COVID-19 fue tardía e insuficiente. Incluso cuando Italia estaba mostrando a otros países su propio futuro con dos semanas de antelación, los gobiernos de España, Reino Unido, Francia y otros países se negaron a tomar las medidas necesarias. No quisieron introducir confinamientos ya que éstos tendrían un impacto negativo en la economía, es decir, en la continua capacidad de los capitalistas para obtener beneficios. Esa decisión costó vidas. Decenas de miles de muertes podrían haberse evitado si se hubieran tomado desde el principio medidas contundentes y basadas en la ciencia. Los sistemas de salud (en muchos casos ya debilitados por décadas de austeridad) se desmoronaron ante el crecimiento exponencial de las tasas de infección, del número de personas admitidas en los hospitales y del número de pacientes que necesitaban camas en la UCI con respiradores.
Para junio, la mayoría de los países europeos habían logrado controlar la pandemia. Los trabajadores de la salud y otras personas se esforzaron de manera coordinada. Los ciudadanos observaron las medidas de confinamiento, aunque éstas nunca alcanzaron el nivel necesario de un cierre completo de la economía. Se dijo a la población que se quedara en casa, mientras que al mismo tiempo se la obligaba a ir a trabajar en sectores no esenciales de la economía, en particular en la industria manufacturera y la construcción, utilizando transportes públicos atestados. Todo en nombre de las ganancias capitalistas. No obstante, se produjo una reducción sustancial del contacto social, lo que permitió controlar la pandemia.
Durante ese período de tiempo, los gobiernos de todo el mundo arrojaron dinero a la economía, asumiendo el pago de los salarios en el sector privado a través de diferentes esquemas y rescatando a las empresas privadas, grandes y pequeñas. Querían suavizar el golpe de la recesión económica por temor a los disturbios sociales, con la esperanza de que fuera un breve episodio.
La apertura bajo la presión de los negocios capitalistas
A medida que las imágenes de los hospitales desbordados comenzaron a desvanecerse de los informes de las noticias, la presión de los capitalistas volvió a ejercerse con toda su fuerza sobre sus gobiernos, que a su vez también estaban dispuestos a poner fin a las medidas de socorro económico. La industria turística desempeñó un papel clave en esto. Países como España, Grecia e Italia tenían prisa por volver a la normalidad y abrirse a los turistas. En lugar de un levantamiento gradual de las medidas, restringiendo el contacto social, lo que vimos fue una loca carrera para reabrir la economía. España, Grecia, Francia, Eslovenia y otros presionaron al Reino Unido para que levantara las restricciones de viaje y los mantuviera fuera de la lista de cuarentena. Esto fue en un momento en que el Reino Unido todavía registraba más de 200 muertes al día, una cifra mucho peor que la de los destinos turísticos.
Se levantaron las medidas de distanciamiento social sin poner en marcha un sistema serio de prueba, rastreo y aislamiento. Esta era una cuestión crucial. Después de que la pandemia estuviera bajo control, habría sido necesario contener los brotes locales. Eso habría significado pruebas masivas focalizadas y un riguroso sistema de rastreo de contactos para los infectados. Aunque todos los países acabaron aumentando el número de personas sometidas a pruebas, el sistema estaba plagado de deficiencias y en ningún lugar se acompañó realmente de una operación seria de rastreo de contactos.
Inglaterra es un ejemplo particularmente malo a este respecto. Después de que se le prometiera un sistema «de primera categoría», terminamos con uno que no puede hacer frente al aumento de la demanda, en el que sólo el 60% de las personas sometidas a prueba obtienen personalmente sus resultados dentro de las 24 horas, y que sólo es capaz de contactar a menos del 60% de las personas identificadas como que han estado en contacto con los que han dado positivo. ¿Por qué es así? Un factor importante es que el sistema de pruebas y rastreo se ha adjudicado a una empresa privada, en lugar de destinar los recursos a las autoridades sanitarias locales. Otra es la crisis general del capitalismo británico hasta el punto de que, a ocho semanas del Brexit, las empresas aún no saben cuál será la situación el 1 de enero.
Esto significó que los brotes localizados no fueron controlados. Demos dos ejemplos de las consecuencias de esto. Los científicos han determinado que una gran parte de la segunda ola de Europa se reduce a una rama particular del virus (20A.EU1), que mutó en España a principios del verano. El estudio mostró cómo la nueva variante representa más del 80% de los casos en el Reino Unido y España, el 60% en Irlanda y hasta el 40% en Suiza y Francia, pero se ha identificado en muchos otros países, tan lejanos como Letonia y Noruega. La mayoría de los países europeos no tenían, y siguen sin tener, un control y una prueba adecuados de los pasajeros en los aeropuertos. Se considera que su aplicación es demasiado costosa y perjudicial para la industria turística y las compañías aéreas.
El estudio va más allá y avanza en la hipótesis de que la cadena de variaciones se originó en Lleida y Aragón, en España, y que los trabajadores agrícolas migrantes temporales eran su campo de cultivo. ¿Por qué? Los trabajadores agrícolas migrantes acuden a estas regiones en verano, donde son explotados como fuente de mano de obra barata y se ven obligados a vivir en condiciones insalubres, en alojamientos superpoblados o, a veces, durmiendo a la intemperie o en cobertizos en los campos. Un enfoque serio de salud pública habría significado la realización de pruebas en masa y la provisión de un alojamiento decente. Bajo el sistema de la especulación capitalista, esto no ocurrió. Las mismas zonas que tienen grandes concentraciones de trabajadores agrícolas estacionales migrantes se habían visto afectadas por los brotes de COVID-19 procedentes de las industrias cárnicas de estas regiones. Las industrias cárnicas han sido un foco de infección durante toda la pandemia en todo el mundo. El hecho de que los trabajadores trabajen en fábricas de empaquetado, a bajas temperaturas y en entornos ruidosos (lo que les obliga a gritar para poder comunicarse) son todos factores que favorecen la propagación de la infección.
Si se considera que las fábricas de elaboración de carne son un sector esencial de la economía que debe permanecer abierto, entonces se deberían haber garantizado las condiciones adecuadas de salud y seguridad. Se debería haber proporcionado equipo de protección personal a todos los trabajadores, junto con pruebas periódicas, y salarios completos a los infectados y obligados a autoaislarse, además de aquellos con los que habían estado en contacto, para que ellos también pudieran aislarse. Pero bajo el capitalismo, ninguna de estas obvias medidas de salud pública fue tomada.
Y así, el virus se propagó desde los campos de Lleida y Huesca, en España, a toda Europa, alimentando la segunda ola.
Otro ejemplo de brotes localizados, que podrían haber sido evitados o controlados es la situación en Leicester, Inglaterra, a principios del verano. Se detectó un gran número de casos y este fue el primer lugar en el que se produjo un segundo confinamiento, de algún modo. ¿La fuente? Los cientos de fábricas textiles de Leicester, donde un gran número de trabajadores, muchos de ellos nacidos fuera del Reino Unido, trabajan en condiciones de hacinamiento, por salarios miserables (a veces incluso por debajo del salario mínimo) y sin equipo de protección. Algunas de estas fábricas, que trabajan para marcas de moda de alta costura, permanecieron abiertas incluso durante el primer confinamiento, sin medidas de seguridad, jugando con trabajadores desesperados que necesitaban el dinero para sobrevivir.
Esto se combinó con las condiciones de hacinamiento de las viviendas en las que viven muchos de estos trabajadores, que hacen que sea difícil aislarlos, y se agravó por las condiciones de salud subyacentes relacionadas con la precariedad. Una vez más, la combinación de las ganancias capitalistas, la explotación de los trabajadores, la pobreza, etc., crearon un caldo mortal en el que prosperó el virus. ¿Podría haberse evitado esto? Por supuesto.
Estos fracasos – el apresurado levantamiento de las restricciones sin contar con un sistema adecuado de pruebas, rastreo y aislamiento – se vieron entonces agravados por el regreso de los estudiantes de primaria, secundaria y universidad a las escuelas y colegios en septiembre. La justificación de esta decisión fue la importancia de que los alumnos recibieran una educación y tuvieran una interacción social con sus compañeros, y el hecho de que los estudiantes más pobres están en desventaja por tener menos acceso al aprendizaje en línea. Todo eso es cierto y estamos de acuerdo. Sin embargo, la verdadera razón subyacente de que la clase capitalista quería reabrir las escuelas era el impacto que los cierres de escuelas tienen en la capacidad de los padres para ir a trabajar. En el caso de las universidades, había un factor adicional: los beneficios que las instituciones obtienen del alojamiento de los estudiantes y las tasas de matrícula en muchos países.
¿Deberían haber permanecido cerradas las instituciones educativas? No necesariamente. En todos los países se prometieron medidas para que las escuelas fueran lo más seguras posible: clases más pequeñas, más profesores, división de los alumnos en pequeñas burbujas autónomas, etc. Sin embargo, todas estas medidas requieren recursos, en un momento en que los sistemas educativos de toda Europa han sido devastados por 10 años de austeridad brutal. En la práctica, estas medidas necesarias no se tomaron, o no fueron suficientes, poniendo en peligro a los niños, los profesores y al personal, y convirtiendo las escuelas en caldo de cultivo para la propagación del virus desde y hacia las familias.
Además de las medidas mencionadas, debería haber habido pruebas masivas regulares del personal docente. Cada vez que se enviaba a casa una “burbuja” de grupo o de clase para aislarla porque había un caso positivo, toda la “burbuja” y todos los miembros de sus familias deberían haber sido examinados inmediatamente. Nada de esto se hizo, porque cuesta dinero.
Hasta cierto punto, se podría argumentar que los gobiernos europeos fueron tomados por sorpresa por la primera ola de la pandemia COVID-19. Esto no es estrictamente cierto, ya que para cuando el número de infecciones comenzó a aumentar en Europa, China ya había adoptado estrictas medidas de confinamiento y otros países asiáticos también habían adoptado medidas estrictas para evitar la propagación del virus. Aunque podría argumentarse que tenían la ventaja de haber hecho frente a anteriores oleadas de enfermedades respiratorias. Sin embargo, como la primera ola de COVID-19 en Europa comenzó en Italia, otros países tuvieron dos o tres semanas para prepararse. Los retrasos en la toma de medidas en ese momento costaron decenas de miles de vidas en toda Europa. Vidas que podrían haberse salvado, si no fuera porque los gobiernos priorizaron «la economía» (es decir, los beneficios capitalistas) en lugar de la salud pública.
Lo que es cierto es que, en ese momento, se sabía menos sobre el virus, cómo se propaga y qué medidas son más eficaces para contenerlo y erradicar la transmisión en la comunidad. Ahora sabemos que una de las principales formas en que se propaga el virus es a través de diminutas partículas de aerosol, que permanecen en espacios cerrados y mal ventilados. También sabemos de la importancia de los casos de agrupamiento y superdispersión (el hecho de que alrededor del 80% de los contagios se originan en sólo el 10% de los infectados), lo que subraya la importancia del rastreo de los contagios y, en particular, el rastreo de los retrocesos de los contagios.
La segunda ola de COVID-19 está fuera de control
Esto es lo que hace que la incontrolada segunda ola de COVID-19 sea tan escandalosa. Todos los expertos sabían que las condiciones en otoño serían propicias para una segunda ola. Los gobiernos eran plenamente conscientes. Ahora hay ejemplos concretos de cómo enfrentarse a la pandemia de manera eficiente. Sin embargo, los gobiernos de Europa no tomaron medidas suficientes, retrasaron las medidas necesarias y permitieron que la segunda ola se intensificara, con el resultado de que miles de personas están muriendo ahora en todo el continente. Estas muertes podrían haberse evitado o al menos minimizado. La razón subyacente de esto es, de nuevo, la ganancia capitalista.
Uno de los ejemplos más claros y escandalosos de esto es el gobierno británico de Boris Johnson. Ya el 21 de septiembre, el Grupo de Asesoramiento Científico para Emergencias del gobierno (SAGE por sus siglas en inglés) advirtió del aumento de la velocidad de transmisión del virus y en particular de los ingresos hospitalarios, y recomendó un conjunto de medidas para su inmediata introducción:
2. Será necesario adoptar un conjunto de intervenciones para revertir este aumento exponencial de casos. Es poco probable que las intervenciones aisladas por sí solas puedan hacer que la R sea inferior a 1 (alta confiabilidad). La lista de intervenciones no farmacéuticas (NPIs por sus siglas en inglés) que deben considerarse para su introducción inmediata incluye:
a. un “cortocircuito” (corto período de cierre) para devolver la incidencia a niveles bajos
b. consejos para trabajar desde casa para todos aquellos que puedan
c. prohibir todo contacto dentro del hogar con miembros de otros hogares (excepto los miembros de la “burbuja” de ayuda)
d. cerrar todos los bares, restaurantes, cafés, gimnasios cubiertos y servicios personales (por ejemplo, peluquerías).
e. toda la enseñanza universitaria y de colegios debe ser en línea a menos que la enseñanza cara a cara sea absolutamente esencial.
¿Qué hizo Boris Johnson? Ignorar el consejo de sus propios expertos. Bajo la presión de la derecha pro-Brexit del Partido Conservador y de los capitalistas que se oponían a cualquier otro cierre, prevaricó. Su gobierno tardó más de seis semanas en tomar las medidas que el SAGE consideró urgentes en septiembre. Así que no fue hasta el 4 de noviembre que comenzó un cierre nacional por tiempo limitado. El 21 de septiembre hubo 32 muertes y 368 admisiones en el hospital, para el 4 de noviembre, las cifras eran de 300 muertes y más de 1.500 admisiones en el hospital.
La historia es la misma en todas partes: Francia, España, Italia, Grecia. La mayoría de los gobiernos europeos retrasaron la respuesta a la segunda ola, empezaron con medidas parciales y claramente ineficientes (como el cierre más temprano de bares y restaurantes), y medidas regionales muy suaves, etc. Los resultados están ahí para que todos lo vean.
Frente a este nivel de incompetencia, de mensajes contradictorios, y de medidas contradictorias, no es sorprendente que haya un alto grado de escepticismo entre la población respecto a las pautas gubernamentales. Algunos incluso cuestionan la eficacia de los cierres, diciendo cosas como: «las medidas regionales no han funcionado», «ya tuvimos un confinamiento en la primavera y el virus se está propagando de nuevo», «puede que tengamos que aprender a vivir con ello». En realidad, no son los confinamientos en sí mismos los que han fracasado, sino la forma aleatoria en que se han aplicado y comunicado, con los gobiernos a menudo culpando a la población por no seguir las normas en lugar de aceptar algún fracaso de su parte. Pedir a la gente que se quede en casa, mientras que los trabajadores de la industria y la manufactura tienen que ir a trabajar, no es realmente un aislamiento en ningún caso. Todo esto ha socavado la confianza de la gente.
A esto se añade la cuestión de quién paga. Bares, restaurantes, instituciones culturales, peluquerías, gimnasios y todo tipo de pequeñas empresas se les dice que cierren, llevándolos a la quiebra, dejando a los trabajadores sin salario y en muchos casos sin trabajo. Esta vez, los gobiernos no están interviniendo con ayuda financiera tanto como durante los primeros cierres de primavera, o sólo lo hacen a regañadientes y tarde. La razón es clara. La financiación del gobierno durante la primera ola ha llevado a un aumento masivo de la deuda pública y de los déficits presupuestarios. Un informe de VoxEU calcula que «el aumento de la tasa media de deuda en la zona euro se estima en más de un 15%, lo que la lleva a superar el 100% del PIB». Subirá alrededor del 20% en Francia y alrededor del 30% en Italia y España».
Esto se ha visto agravado en muchos países por los conflictos entre las administraciones centrales y regionales en torno a la imposición de medidas para luchar contra la pandemia, lo que ha hecho que su aplicación sea aún más caótica.
Protestas y disturbios
Como resultado, en muchos países hemos visto protestas, de diferentes tipos, e intentos de organizaciones demagógicas de extrema derecha y de derecha para capitalizarlas. Estas protestas van desde la teoría de la conspiración, vinculada a las organizaciones de extrema derecha, hasta las protestas genuinas de los propietarios de pequeños negocios y los trabajadores de los sectores afectados que piden ayuda económica. El hecho de que algunos de los afectados por las medidas sean pequeños empresarios pequeñoburgueses de bares, restaurantes, peluquerías, etc. hace que sea un terreno fértil para los demagogos de la derecha. No es casualidad que, en Gran Bretaña, el demagogo reaccionario Nigel Farage esté cambiando la imagen de su Partido Brexit por la de un Partido Reformista del Reino Unido. Pero sería un error pintar todas las protestas con la misma brocha.
Vimos en Madrid protestas en los barrios obreros del sur de la capital contra el gobierno regional de derecha por aplicar un confinamiento completamente ineficaz, mientras que al mismo tiempo recortaba los recursos del servicio de salud pública. En Italia, los trabajadores y los pequeños empresarios salieron en varias ciudades con un claro lema: «si nos cierran, nos pagan». Y en Gran Bretaña, hubo resistencia en el norte de Inglaterra a aceptar medidas regionales sin el apoyo financiero gubernamental necesario, expresada en un enfrentamiento entre el alcalde de Manchester y Boris Johnson.
Cómo luchar contra COVID-19 desde el punto de vista de la clase obrera
Entonces, ¿cuál debería ser la posición de los socialistas revolucionarios sobre la cuestión de cómo luchar contra el COVID-19 y hacer frente a la segunda ola en Europa? En primer lugar, tenemos que explicar que esto no es el resultado inevitable de la evolución de la pandemia, algo sobre lo que no tenemos control. La segunda ola podría haberse evitado, o al menos su impacto se hubiera minimizado en gran medida si se hubieran tomado las medidas necesarias para proteger la salud pública. Y no se tomaron fue debido a la necesidad de preservar los beneficios capitalistas.
Tenemos que mirar las mejores prácticas en todo el mundo, lo que ha funcionado y lo que no. Ha habido un gran debate en los medios de comunicación durante el verano sobre el llamado «modelo sueco». Anders Tegnell, el epidemiólogo estatal que diseñó la respuesta del país argumentó en mayo que su enfoque significaba que el 40% de la población de Estocolmo sería inmune a COVID-19 para finales de mayo, lo que le daba una ventaja al país: «En otoño habrá una segunda ola. Suecia tendrá un alto nivel de inmunidad y el número de casos será probablemente bastante bajo», a diferencia de otros países que habían optado por los confinamientos.
Bueno, ahora que ha llegado el otoño, en Suecia el número de hospitalizaciones por COVID-19 crece más rápido que en cualquier otro país europeo, duplicándose cada ocho días. Así, Suecia tuvo una tasa de muertes por cabeza más alta que sus vecinos nórdicos en la primera ola y eso no ha evitado una segunda ola.
De hecho, el enfoque de la llamada «inmunidad de rebaño» ha sido desmentido en la práctica. Recientemente, The Economist estaba recopilando datos del norte de Italia que parecían mostrar que, en los municipios más afectados por la primera ola, la propagación de la segunda ola parecía ser más lenta, lo que tal vez apuntaba a un grado de inmunidad a nivel de la población. Estos son lugares donde alrededor del 24% de la población tiene inmunidad. A pesar del entusiasmo de The Economist por estas cifras, no muestran necesariamente lo que quieren inferir, y no constituyen una receta para la aplicación de esta política. En primer lugar, la razón por la que la pandemia se está extendiendo a un ritmo más lento en los municipios más afectados en la primera oleada podría ser también porque la gente de allí, que vio morir a familiares, amigos y vecinos en gran número, se preocupa más por mantener un mayor grado de distanciamiento social. En segundo lugar, ¿qué conclusiones políticas se puede sacar de Bérgamo? ¿Que permite que las personas se infecten, mueran en gran número para que una oleada posterior del virus se extienda a un ritmo más lento? Esto es una locura.
Puede haber debates legítimos desde el punto de vista epidemiológico y de la salud pública sobre la mejor manera de actuar, pero en realidad la mayoría de los gobiernos y políticos que defienden estrategias basadas en la idea de la «inmunidad del rebaño» lo hacen desde el punto de vista de la defensa de los beneficios capitalistas, independientemente de las consecuencias para la vida de las personas. Por cierto, algunos de los gobiernos que adoptaron medidas severas al principio para reprimir y controlar la pandemia también lo hicieron motivados por los beneficios capitalistas. Calcularon que, si lograban contener la pandemia en una etapa temprana, tendrían una ventaja competitiva sobre otros países al poder reiniciar la economía antes. Este es el argumento del FMI, que en su informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial del mes pasado abogó por medidas más rápidas y contundentes para contener la pandemia.
Países como China, Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, en diferentes grados, tomaron medidas como confinamientos masivos, pruebas generalizadas y un sistema muy eficiente de pruebas y seguimiento. En octubre, la ciudad china de Qingdao detectó 12 casos de COVID-19 relacionados con un hospital que atendía a personas que llegaban del extranjero. Decidieron hacer pruebas a toda la población de la ciudad, 9 millones, en el espacio de cinco días. Corea del Sur tiene un sistema de pruebas y rastreo muy eficiente. Estos países también han establecido estrictos controles de las personas que llegan, con pruebas a todos ellos y cuarentenas de todos aquellos que dan positivo en hospitales u hoteles especialmente designados. Las pruebas masivas también se han utilizado eficazmente en Eslovaquia, donde toda la población adulta ha sido sometida a pruebas durante dos fines de semana distintos. Este es el tipo de medidas que deben aplicarse para evitar que la pandemia se extienda.
Por supuesto, China es un país capitalista y gobernado por un régimen autoritario. Una de las razones por las que ha tomado medidas rápidas y eficaces (tras un intento inicial de encubrir la pandemia) es que la permanencia del partido gobernante en el poder depende en gran medida de que se le considere eficiente y de que sea capaz de garantizar el crecimiento económico y la salud de los ciudadanos. Otra cara de la moneda es el hecho de que el mayor grado de intervención del Estado en la economía de China (en parte como resultado de la economía planificada en el pasado) le permite movilizar recursos de manera más eficaz.
Es una indicación de la lamentable situación del capitalismo en el Reino Unido y en Europa en general que no se hayan tomado medidas de este tipo, o que se hayan retrasado criminalmente. Durante la Segunda Guerra Mundial, un período de emergencia nacional, la clase dominante tanto en el Reino Unido como en los EE.UU. tomó medidas de intervención estatal en la economía y dirigió la producción hacia el esfuerzo bélico, con poco respeto por los derechos de la propiedad privada. A fin de cuentas, en tiempos de crisis, los límites de la anarquía del sistema de «libre mercado» se revelan claramente para que todos los vean.
Así que el programa que los socialistas revolucionarios debemos defender está claro:
- La puesta en práctica de un sistema estatal de pruebas y rastreo eficiente y bien financiado.
- La adopción de medidas que permitan a las personas aislarse si dan positivo, lo que significa pagar los salarios completos, pero también proporcionar un alojamiento adecuado en los casos en que las condiciones de hacinamiento en las viviendas no les permita aislarse en sus hogares. Esto puede hacerse requisando hoteles, casas y pisos vacíos.
- Si la pandemia está fuera de control con una transmisión generalizada en la comunidad, será necesario el aislamiento. Estos tienen que ser verdaderos cierres. Sólo deben trabajar los trabajadores de los sectores de la economía que son esenciales para el mantenimiento de la vida y la salud. El resto debe quedarse en casa con el sueldo completo. La manufactura y la construcción deben ser cerradas, a menos que estén vinculadas a sectores esenciales de la economía. Los sectores que permanezcan abiertos deben estar bajo la supervisión de comités de salud y seguridad de los trabajadores elegidos en la empresa con poderes para reorganizar la producción y detenerla cuando se considere insegura. No hay razón para que la gente se encierre en casa, pero la mezcla de diferentes hogares debe limitarse al mínimo.
- Los pequeños negocios que se vean obligados a cerrar deben recibir ayuda financiera y subsidios para el alquiler y los impuestos. Las grandes empresas no deberían recibir ninguna ayuda, sino que deberían depender de sus ganancias acumuladas, dividendos, etc. Cualquier empresa grande que requiera ayuda estatal debería ser nacionalizada sin compensación.
- Deberían realizarse pruebas masivas para identificar los brotes.
- Si las escuelas y universidades van a permanecer abiertas, debería ser sobre la base de clases reducidas, a través de la contratación masiva de nuevos profesores y la requisa de edificios apropiados. Debe haber pruebas masivas a los trabajadores de la educación. Cuando haya un brote en una escuela, todos los niños y el personal de la “burbuja”, así como sus familias, deben ser examinados dentro de las 24 horas.
- Debe haber una prohibición de los desalojos y embargos de hogares, junto con subsidios de alquiler y para el pago de las cuentas. Hacer que paguen los grandes gigantes de la energía y los propietarios.
- Exigimos un programa masivo de inversión en el servicio de salud pública.
Además, como una vacuna parece estar más cerca en el horizonte, es imperativo que esto no se convierta en otra oportunidad para que los capitalistas se aprovechen. Las grandes farmacéuticas deben ser expropiadas sin compensación y puestas bajo el control democrático de los trabajadores sobre la base de las necesidades generales de la población. Esto no puede dejarse en manos de empresas privadas que operan sobre la base de sus beneficios y los intereses de sus accionistas. Después de todo, gran parte de la investigación en la que basan sus productos ya se lleva a cabo en instituciones financiadas por el Estado. Las vacunas deben distribuirse en función de la necesidad, no de la capacidad de pago. La nacionalización de las empresas farmacéuticas también garantizaría el acceso a la vacuna en todo el mundo, en lugar de una loca lucha por obtener una dosis en la que los países capitalistas avanzados tendrían una ventaja.
Un programa como éste no sólo pondría la pandemia bajo control y trabajaría para lograr un nivel cero de COVID, sino que también aseguraría a la gente que lo que se está haciendo es efectivo y que se ponen en marcha medidas para proteger no sólo la vida de las personas sino también sus medios de vida. Un programa de este tipo también sería capaz de ganar a las capas pequeñoburguesas para que se pongan del lado de la clase trabajadora.
Por supuesto, un programa de este tipo plantearía inmediatamente la cuestión de quién debe pagar. Bueno, es simple. Decimos, que los capitalistas paguen. Un informe del banco suizo UBS reveló que los multimillonarios del mundo han aumentado sus ya enormes fortunas hasta un máximo histórico de 10,2 billones de dólares en julio de 2020. El informe señala que se trata de «un nuevo récord superando el anterior de 8,9 billones de dólares alcanzado a finales de 2017». Entre los multimillonarios, la riqueza total de los multimillonarios de la salud aumentó en un 50,3% hasta 658.600 millones de dólares.
No es que no haya dinero para tomar las medidas necesarias para luchar contra la pandemia. La cuestión es que la riqueza se concentra en cada vez menos manos por arriba, mientras que la mayoría, la clase obrera que ha creado toda esa riqueza, es dejada a su suerte. Si las 250 empresas más grandes de cada país se pusieran bajo propiedad común y el control de los trabajadores, podríamos pagar no sólo la lucha contra el COVID-19, sino también los trabajos, casas y medios de vida decentes para toda la población.
Para luchar contra el virus, ¡abolir el capitalismo!