La lucha de los trabajadores de Panamá contra Trump y el gobierno títere de Mulino
Carlos Márquez
Los imperialistas son aves de rapiña contra los pueblos oprimidos, los estadounidenses han reafirmado su posición en el canal de Panamá acordando la presencia de tropas militares y bloqueado la inserción de China. Los imperialistas canadienses quieren reinstalar la mina Cobre Panamá de la empresa First Quantum Minerals, cerrada después de las protestas revolucionarias del 2023. El gobierno de José Raúl Mulino Quintero y la clase capitalista oligarca panameña se doblegan al imperialismo de forma claudicante, sumado a ello, atacan al pueblo panameño. Se aprobó la ley 462 declarando una guerra contra las pensiones, dejando en un futuro incierto a la clase trabajadora. La burguesía nacional e imperialista se unen contra los trabajadores que responden con dignidad. El resultado ha sido un choque frontal entre las clases en el país.
Una historia de agresión imperialista
Desde que emergió en la historia el imperialismo en EEUU, extendió su comercio y buscó mejores vías de transportación de mercancías. El territorio estadounidense, de Este a Oeste (sin incluir a Alaska), tiene una distancia de más de 4300 kilómetros, mientras que Panamá es un Istmo donde se acercan los océanos Pacífico y Atlántico, el canal mide tan solo 82 kilómetros de distancia.
EEUU siempre ha tenido una postura imperialista que ha despreciado la soberanía de Panamá. A principios del siglo XX promovió su independencia porque Colombia (del que formó parte Panamá) se negaba a otorgar los permisos de construcción de un Canal. No solo lo construyó, sino que instaló una franja de 8 kilómetros a ambos lados del Canal, donde se vivía con lujos a que los panameños no podían acceder. En “la zona” se les negaba el acceso o se les trataba como extranjeros. También se establecieron 12 bases militares para resguardar los intereses del imperialismo.
Hubo un tiempo donde ni siquiera podía ondear la bandera panameña en la zona del canal controlado por EEUU. Eso fue motivo de protestas que los imperialistas combatieron con represión abierta, como fue el caso de 1964 donde fueron asesinados varios panameños por levantar su bandera.
La creciente hostilidad del pueblo panameño al enclave colonial imperialista en su territorio, obligó a firmar un tratado en 1977 (Torrijos-Carter) para paulatinamente entregarles el canal, del que el país no se beneficiaba económicamente. La caída de la Unión Soviética exacerbó la arrogancia de los imperialistas estadounidenses que se erigieron como la potencia indiscutible del mundo y en 1989 invadieron Panamá, para derrocar a su viejo aliado Manuel Noriega, que ya había adquirido cierta independencia de ellos. El pueblo panameño luchó, no por la defensa de Noriega, pero sí contra esa ofensiva agresión. Los imperialistas asesinos lanzaron bombas contra casas pobres de madera como las del barrio de El Chorrillo. Derramaron la vida de un número incierto de panameños. El cálculo más conservador (y poco ajustado a la realidad) dice que fueron medio millar los muertos, pero hay quien eleva la cifra a varios miles.
José Mulino claudica ante Trump
En su discurso de toma de posesión, llamó la atención que Trump no hablara de la guerra en Ucrania, de Oriente Medio o del conflicto palestino, pero sí de Panamá. En unas cuantas palabras dio un programa político de sus intenciones en el país centroamericano y su canal. Dijo:
“Se nos ha tratado muy mal con este tonto regalo que nunca debió hacerse [refiriéndose a la administración del canal por Panamá de manera plena desde 1999], y se ha roto la promesa que Panamá nos hizo. El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado han sido totalmente violados. A los buques estadounidenses se les está cobrando en exceso gravemente y no están siendo tratados justamente de ninguna manera, forma o modo. Incluso la Armada de Estados Unidos. Y sobre todo, China está operando el Canal de Panamá. Y nosotros no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá y vamos a recuperarlo”.
Trump mantiene esa actitud depredadora contra el pueblo panameño. A nivel mundial apunta sus balas a la defensa de los intereses fundamentales del imperialismo, y eso expresan sus declaraciones sobre el canal. Por el Canal de Panamá pasan 14 mil barcos al año, el 70 % de ellos con destino u origen en EE. UU., que representa el 2.5 % del comercio marítimo mundial.
El principal rival del imperialismo estadounidense en el mundo es el imperialismo chino, que ha venido aumentando su influencia económica en América Latina. China impulsa un ambicioso plan de desarrollo de infraestructura a nivel internacional, conocido como la Nueva Ruta de la Seda. Busca con ello rutas de comercio estables, con un mayor control logístico, acceso a energéticos y una mejor posición en la disputa geopolítica. En este proyecto, el Canal de Panamá era un punto nodal en América Latina.
La empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, tiene un 90% de la empresa que controla los dos puertos a cada una de las orillas del canal, Balboa y Cristobal. Trump no necesita repetir un escenario como el de 1989 (aunque este está en la memoria colectiva); en este caso ha usado la presión económica y las amenazas para doblegar al gobierno de José Mulino, quien presionó a CK Hutchison para que venda su negocio de operación portuario a un consorcio compuesto por la naviera europea MSC y el fondo de inversión estadounidense BlackRock.
Sin embargo, este no es el fin de la historia. El gobierno de China ha vetado la venta y ahora está presionando para que el nuevo consorcio tenga participación de Cosco, la operadora portuaria estatal china, en pie de igualdad con el resto de inversores.
El acuerdo de Mulino ha sido verdaderamente vergonzoso. Es significativo que el enviado de Trump para negociar con el presidente panameño fuera el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth. El 8 de abril se publicó una declaración conjunta entre el gobierno panameño y el de Estados Unidos. En ella se acepta la presencia de tropas militares en territorio panameño, el entrenamiento de estas a las fuerzas armadas del país centroamericano e incluso la asesoría directa al gobierno. También se acuerda que los buques estadounidenses puedan transitar por el canal. Trump reconoce el retroceso que ha tenido el imperialismo y lo intenta reposicionar priorizando sus intereses centrales. EE. UU. quiere asegurar su poder económico, reposicionando nuevamente su poderío militar en su zona de influencia.
Este acuerdo del gobierno panameño es inaceptable para un pueblo que por décadas ha luchado en defensa de su soberanía y por la cual ha derramado su sangre. Justo estos gobiernos y la oligarquía títere han cedido terreno al gran capital internacional, volviendo a Panamá un corrupto paraíso fiscal. El pueblo panameño ha visto cómo, a la par de su pobreza, se desarrollan grandes consorcios financieros y también empresas que llegan a saquear sus recursos.
Cobre Panamá
José Mulino también se doblega ante el gran capital canadiense. Cobre Panamá ha tenido un fuerte impacto ecológico, sobre todo en la provincia de Coclé. El pueblo panameño salió a las calles en 2023 con consignas que reflejan el enorme daño ambiental que generan estas compañías capitalistas en detrimento de la población. En las calles se oyen consignas como: ¡Panamá no es un país minero! o ¡Nuestro oro es verde!. El capitalismo destruye el planeta a favor de un gran beneficio privado para un puñado de capitalistas.
Cobre Panamá producía anualmente al menos 331 000 toneladas de cobre. Para First Quantum Minerals, la transnacional canadiense, esta mina representaba el 40 % de sus ingresos. En 2023 vimos una irrupción de la lucha de clases en Panamá, que rechazó tanto a las mineras canadienses como a las instituciones estatales al servicio del capital, empezando por la presidencia de Laurentino Cortizo.
En el periodo actual, la gran burguesía solo está dispuesta a ceder ante el miedo de perderlo todo. Fue tal la determinación de los trabajadores y el pueblo panameño que la Corte Suprema impidió el funcionamiento de la mina, que fue cerrada. Pero la opinión de un pueblo importa poco al gran capital, y First Quantum Minerals no ha desistido en reabrir la mina y seguir saqueando Panamá.
El cierre de la mina Cobre Panamá ha significado un golpe económico. Se perdieron poco menos de 6,000 empleos directos. Se estima que representó una caída del 0.6 % del PIB en ingresos fiscales y una disminución del 7.5 % en las exportaciones.
Lo que el pueblo panameño dejó en claro en 2023, y ha ratificado en las luchas de 2025, es que importan más los trabajadores, la población, la soberanía, la ecología y el planeta que las ganancias de un puñado de capitalistas transnacionales y el enriquecimiento de otro puñado de políticos corruptos.
Cuando el sustento de una economía se basa en la propiedad privada y el beneficio individual, se subordina todo al interés de unos cuantos. Desde 1999, el Canal de Panamá pasó a ser propiedad estatal, y así debería seguir siendo. Debería haber una administración obrera, para asegurar que beneficie no a la oligarquía, sino al conjunto de los trabajadores del país. Pero eso mismo debería aplicarse al resto de la industria y establecer una economía planificada.
Hay que rechazar la reapertura de la mina, que ahora se quiere hacer ver como un proyecto “ecológico”, bajo la fachada de un supuesto esquema mixto entre la transnacional imperialista canadiense y un gobierno subordinado a los intereses del gran capital. Si Panamá, soberanamente, no quiere establecer grandes minas ecocidas, podría reorientar su economía a otros rubros en beneficio del conjunto de la población trabajadora. Hay que acabar con las empresas transnacionales y los gobiernos capitalistas, y construir un Estado que no se doblegue ante el gran capital, sino que vele por los intereses de la inmensa mayoría, que es la clase obrera.
La Ley 462: guerra contra las pensiones
Panamá ya tenía ciertas dificultades antes del retorno de Trump. Con la llegada del COVID-19, la economía colapsó, cayendo un estrepitoso 17.7% en 2020. Al año siguiente, hubo una recuperación importante, pero que no logró superar la caída, al crecer la economía un 15.8%, seguida de un 10.8% en 2022 y un 7.3% en 2023. Aunque hay un crecimiento sostenido, este se ha ido ralentizando: en 2024 cayó a menos de la mitad respecto al año anterior, con solo un 2.9%.
En Panamá se lograron conquistas en el pasado. Si bien no era perfecto, los trabajadores panameños vivieron un auge en su sistema de salud, que hoy está en condiciones deplorables. Lo que vemos, en general, es un deterioro progresivo de la calidad del nivel de vida.
El gobierno es corrupto; en la práctica ha recibido enormes sobornos de empresas como First Quantum Minerals, que aportó una suma de 500 millones de dólares en regalías e impuestos durante el gobierno anterior. Nadie sabe dónde quedó ese dinero.
La corrupción del gobierno y del sistema fiscal panameño también fue evidenciada en 2016 con la filtración de los Panamá Papers, que destapó una gran red de lavado de dinero y evasión fiscal.
Hay un déficit fiscal del 7.5%. Pero frente a los obscenos beneficios del gran capital y la enorme corrupción estatal, resultan huecos los argumentos que dicen que el Estado no puede aportar más a las pensiones. Se argumenta que el déficit se elevaría y que, sin una reforma, en el plazo de cuatro años no se podrían pagar la mitad de las pensiones.
Se establecieron mesas de diálogo que involucraron a organizaciones sindicales, empresariales y al Estado. Pero estas mesas, en realidad, no fueron tomadas en cuenta. La Asamblea Nacional aprobó la Ley 462, que cambia el sistema solidario de pensiones —basado en el ahorro colectivo— a un régimen de ahorros individuales. Esto reduce los ingresos de los pensionados a la mitad. Además, se permite que la iniciativa privada administre el 10 % de los fondos. Ese porcentaje es solo el inicio de su penetración: permite que el capital financiero lucre con los ahorros de la clase obrera y abre la rendija para la privatización plena del sistema de pensiones y de salud.
Descrédito del Estado y represión
Todos estos ingredientes han generado un cóctel explosivo. Las luchas de 2023 ya habían sido un punto de inflexión; significaron un despertar en la conciencia del pueblo panameño. La lucha actual es una continuación de aquella. Hay una crítica abierta a todas las instituciones del Estado, que están desacreditadas.
El presidente José Raúl Mulino pertenece a la Alianza para Salvar a Panamá. Tiene el cargo actual por mero accidente. Originalmente el candidato presidencial era Martinelli, quien tuvo que exiliarse a Nicaragua al ser condenado por actos de lavado de dinero, fue así que Mulino terminó asumiendo su candidatura y finalmente ganó la presidencia.
El imperialismo estadounidense, aunque está en declive, sigue siendo muy poderoso. Usa sus tentáculos económicos y amenazas militares para doblegar a los gobiernos. ¿Eso significa que no se puede hacer nada en su contra? La única fuerza capaz de hacerle frente es la clase obrera aliada con los demás sectores oprimidos y en Panamá no se han quedado de brazos cruzados.
Antes del retorno de Trump, el gobierno de Mulino enfrentó grandes protestas contra la reapertura de la mina y contra la aprobación de la Ley 462. Pero cuando esta fue aprobada, el proceso se desencadenó rápidamente. El 23 de abril, los docentes iniciaron una huelga indefinida (que se extendería por 82 días). Esto recibió el apoyo de otros sectores, comenzando por los padres de familia y estudiantes, que también se sumaron a las protestas. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), con una tradición militante de lucha, al igual que los trabajadores bananeros afiliados al Sitraibana, se sumaron a la huelga el 28 de abril. Ese día se organizaron protestas masivas en al menos siete provincias del país.
El inicio de la huelga magisterial desencadenó una oleada ascendente de protestas, que incluyó la marcha del Día del Trabajo el 1º de mayo y una movilización universitaria el 6 de mayo.
El Estado ha recurrido a una represión feroz contra los manifestantes, así como contra líderes indígenas y sindicales. Ya desde febrero, el SUNTRACS ha sido víctima de represión. En una movilización contra la Ley 462, los trabajadores fueron atacados por la policía y se refugiaron en un edificio en construcción, donde fueron asediados durante varias horas. Se vieron forzados a defenderse de la represión policial con materiales y herramientas de trabajo. Cerca de 700 compañeros fueron detenidos y varios de ellos torturados. 86 sindicalistas quedaron encarcelados.
El SUNTRACS ha sido un enemigo a vencer. El gobierno anterior congeló sus cuentas bancarias para asfixiar económicamente al sindicato. El actual gobierno no ha devuelto ese dinero y, además, se ha lanzado contra la dirección histórica del sindicato, levantando órdenes de aprehensión. Erasmo Cerrud, para evitar ser encarcelado, se refugió en la embajada de Nicaragua, y Saúl Méndez, secretario general de la organización, en la de Bolivia, donde ambos aún se encuentran buscando asilo político. Jaime Caballero fue encarcelado y Genaro López, al saberse inocente, se entregó para ser detenido.
Los indígenas y trabajadores del banano en acción
El movimiento en Panamá ha tocado capas muy profundas y diversas de la sociedad y de la clase trabajadora. Los trabajadores del banano se declararon en huelga contra la Ley 462 y en defensa de sus conquistas. Chiquita Brands, de capital estadounidense, es la mayor empresa bananera del país. Posee diversas fincas que suman unas 7,000 hectáreas, en la provincia de Bocas del Toro, alrededor del río Changuinola, y en la de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. Controla aproximadamente el 90% de la producción bananera nacional.
La huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana) fue una afrenta directa al capital imperialista. Los trabajadores tomaron carreteras y paralizaron prácticamente toda la economía en Bocas del Toro, demostrando quién manda realmente en la sociedad. El 12 de mayo, Chiquita anunció su cierre; cuatro días después, el Estado declaró ilegal la huelga. El resultado fue el despido de 5 mil trabajadores.
En medio de esta ofensiva, el gobierno de Mulino estableció una mesa de diálogo con los líderes sindicales y ofreció una ley que respetara las conquistas del sector, pero solo si levantaban la huelga y los bloqueos carreteros. El objetivo claro del gobierno de Mulino no era resolver nada para la clase obrera sino desactivar uno de los corazones de la lucha para desarticular al movimiento revolucionario. Lamentablemente la dirección sindical cayó en ese juego-trampa. El resultado no fue el respeto a los derechos laborales, sino el encarcelamiento del dirigente de Sitraibana, Francisco Smith.
La represión no se ha limitado a los dirigentes: el Estado desplegó la llamada Operación Omega, con el objetivo de aplastar la lucha revolucionaria de los trabajadores. Se suspendieron derechos constitucionales y se enviaron fuerzas policiales. En Bocas del Toro, al inicio, se registraron más de 300 detenciones, y la población denunció que los antimotines los golpearon, torturaron y desaparecieron. Atacaron las casas de indígenas y trabajadores. Las fuerzas armadas usaron como cuartel el estadio Calvin Byron, lo cual generó indignación y fue centro de enfrentamientos entre la población contra la policía. También hubo choques violentos en el aeropuerto.
Es significativo que otra zona de enorme represión fuera el Darién, en la frontera con Colombia, donde los pueblos indígenas se sumaron de forma determinante. En la respuesta del estado contra el ascenso revolucionario de las masas no solo hablamos de presos y golpeados, sino también de desaparecidos y asesinados por este régimen.
Las banderas de lucha contra la Ley 462, contra la mina y el rechazo al acuerdo Mulino-Trump, son expresión de que el capitalismo está dejando sin futuro a los trabajadores del campo y la ciudad. Por ello, el objetivo es aplastar al sistema.
Sin lucha, y sin dirección revolucionaria, no hay victoria
El gobierno de Mulino ha buscado desactivar la lucha revolucionaria mediante campañas mediáticas de desprestigio, intentando descabezar al SUNTRACS, firmando acuerdos con gremios particulares, o recurriendo a la represión brutal. Los maestros, luego de 82 días, pusieron fin a la huelga, aunque sin haber conseguido la derogación de la Ley 462.
La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) criticó duramente el levantamiento de la huelga magisterial, pues aún hay compañeros desaparecidos y no se ha hecho justicia por la represión contra el pueblo que ha derramado vidas.
Por un lado, hemos visto la masividad, profundidad y determinación de las protestas de la clase obrera, los pueblos indígenas, padres de familia, estudiantes, etc. Por otro lado, una represión brutal del Estado panameño, asesorado por los imperialistas. Eso refleja el enorme desprestigio y, en cierto sentido, la debilidad del régimen. Tienen que usar la fuerza bruta para mantenerse en el poder, porque el pueblo panameño no los quiere.
Métodos de lucha como la huelga general o el nivel de organización alcanzado en Bocas del Toro, Chiriquí o en la zona del Darién, han puesto en jaque al Estado y son embriones del poder obrero.
Lo sorprendente ha sido la enorme duración de esta lucha. Si bien hay distintos sectores organizados que le han dado consistencia, este movimiento ha abarcado capas muy amplias. No obstante, aún no ha contado con la fuerza suficiente para pasar a una ofensiva general. Eso solo se podrá lograr extendiendo la huelga hasta convertirla en verdaderamente general y construyendo una organización nacional que agrupe a todos los sectores trabajadores y oprimidos: un partido comunista de clase.
La oligarquía panameña siempre ha claudicado ante los imperialistas. El pueblo panameño, hijos de tigres, debe quitarse de encima a esas mulas que dirigen la sociedad. La clase obrera solo puede confiar en sus propias fuerzas, y solo ella es capaz de enfrentar de forma consistente al imperialismo. Para ello, hay que construir un partido revolucionario, una palanca que canalice toda esta fuerza para transformar la sociedad. Eso debe iniciar agrupando a los jóvenes y trabajadores comunistas dispuestos a iniciar esta tarea creando los cuadros marxistas necesarios de la que debe emerger. Invitamos a los revolucionarios panameños a conocer el manifiesto de la Internacional Comunista Revolucionaria y nuestro documento de perspectivas mundiales y discutir juntos como avanzar en esta tarea.
El capitalismo y el imperialismo no ofrecen ningún futuro digno a los trabajadores. Debemos acabar con ellos. Esta lucha no solo se gesta en Panamá, sino que, en distintos niveles, la nueva sociedad emerge desde las entrañas de la lucha de la clase trabajadora y la juventud en todo el mundo.
