La batalla por la Reforma al Poder Judicial ha abierto una nueva confrontación entre la derecha, el imperialismo norteamericano (EEUU y Canadá) y la burguesía nacional en contra el Gobierno y la mayoría Diputados y Senadores recién electos.
Este bloque reaccionario de derecha quiso evitar todo esto uniéndose en las elecciones en una sola fuerza, pero fracasaron y lo que no ganaron por las urnas lo quisieron boicotear a partir de un “golpe” técnico con la intervención de la Suprema Corte; ello para invalidar la mayoría representativa que goza el bloque del gobierno (Morena, PT y PVEM), alegando una supuesta sobrerrepresentación. Esta última carta no jugó a su favor, pues el ministro encargado de dictaminar el caso decidió no hacer el caldo gordo al bloque reaccionario y [qué hizo en su lugar] —esta postura también refleja las presiones que están recibiendo los ministros y las fisuras que hay en la cúpula del poder judicial—. Incluso después de esto, la derecha ha intentado que la suprema corte de justicia atraiga el caso, aunque este fuera de sus atribuciones.
Una vez que se ha ratificado la mayoría en la cámara de Diputados por parte del bloque en el gobierno y el intenso cabildeo que hay en entre los Senadores para ganar el voto restante para tener mayoría en la Camarada de Senadores —ya dos Senadores que fueron votados por el PRD se han pasado al bloque del gobierno—, parece que no hubo nadie que se interponga en la votación de la Reforma al Poder Judicial.
¿A quién representa el Poder Judicial?
No queremos abordar todo lo que la Reforma plantea porque es ampliamente conocido, nos centraremos en dos de los aspectos que nos parecen importantes; por un lado, el papel político que está jugando el Poder Judicial desde que AMLO llegó a la presidencia y; la ambigüedad que hay con respecto a los trabajadores —la inmensa mayoría de los que trabajan en la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal—, los cuales están en la cuerda floja al saber que pueden perder su empleo. Los trabajadores de base, sindicalizados, no se han manifestado en contra de la reforma pues no hay afectaciones, pero los de confianza están en la cuerda floja al saber que pueden perder su empleo si son destituidos los ministros o jueces para los que trabajan.
Sobre lo primero, el Poder Judicial, la gente que está al frente de este órgano de poder, ha jugado el papel de un oponente político frente al gobierno de Andrés Manual López Obrador. De forma sistemática, se han puesto en contra de las medidas más progresistas del Gobierno, liberando delincuentes que este ha apresado, boicoteando por medio de resoluciones proyectos y reformas, etc. Pareciera que su papel fundamental fuera el de paralizar al Gobierno, boicotearlo.
El Poder Judicial es parte esencial del Estado capitalista, es el encargado de “hacer respetar la Constitución” y la “institucionalidad” para que el capitalismo funcione de acuerdo con las leyes. Pero la realidad es más compleja que un pedazo de papel escrito hace más de 100 años y que todas las interpretaciones que se les pueda dar a la Constitución y leyes secundarias.
Las estructuras del Estado están hechas para funcionar de forma armónica, independientemente del supuesto equilibrio que debe haber entre los tres Poderes —el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial—. La tarea de estos tres poderes es garantizar que el sistema continúe funcionando para mantener el estatus quo, es decir, la explotación del hombre por el hombre. Así ha operado desde la consolidación del Estado mexicano, en los años 40, hasta antes del gobierno de AMLO. Todos se movían al unísono, no había contradicción entre ellos.
Pero la llegada al gobierno de AMLO rompió esta armonía, y no porque el actual presidente esté en contra del capitalismo —lo ha hecho funcionar mejor que cualquiera de los otros presidentes-, sino porque su gobierno reclamo que el Estado y sus instituciones no estuvieran bajo las órdenes del gran capital. Este planteamiento es contradictorio porque esencialmente el Estado es una herramienta de opresión de una clase sobre otra, así se ha demostrado a lo largo de la historia, pero también la historia ha mostrado excepciones en momentos determinados y circunstancias determinadas. Podemos considerar una de esas excepciones este gobierno.
¿De qué se trata esa excepcionalidad? Estos gobiernos llegan al poder en medio de una profunda crisis del sistema y del status quo, donde la clase dominante ya no puede seguir dominado como antes al tiempo que la clase explotada no tiene la posibilidad –por su desorganización, confusión ideológica y falta de dirección– para impoener otro sistema social. En estos momentos de crisis se suelen levantar una personalidad que se opone al poder político reinante, pero que sigue manteniendo las bases económicas sobre las que funciona la sociedad. Balanceándose entre una clase y la otra: dando concesiones, cooptando dirigentes, reprimiendo, utilizando las estructuras leales del estado, busca armonizar la sociedad para que esta se desarrolle.
Esta clase de gobierno entran en conflicto directo con sectores de la clase poseedora porque su gobierno tiene que romper una forma tradicional de llevar adelante la política, buscando la autonomía del poder político del económico. Busca una cierta autonomía del Estado para poder funcionar como un regulador para mantener el control de la sociedad. Todo esto lo hemos visto en el actual gobierno. No es extraño que la derecha tradicional se haya atrincherado en ciertos sectores del aparato estatal y luchen contra el gobierno de AMLO.
Estos sectores representan la vieja forma de relaciones entre el Estado y la burguesía, entre el crimen organizado y el Estado. Quieren mantener las cosas como están en el poder judicial porque quieren seguir manteniendo privilegios escandalosos de forma personal –salarios, dietas, “apoyos”, jubilaciones– y darse una vida faraónica.
La reforma plantea que jueces y magistrados puedan ser elegidos por medio de votación. Nosotros estamos de acuerdo en ello, pero no nos quedamos ahí, rescatamos lo que Marx planteaba en La guerra civil en Francia:
“Los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos gobiernos, ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad. Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y revocables.”
También creemos que no deberían de ganar mucho más de un obrero cualificado, sin tener apoyos o dietas especiales para su funcionamiento. Aunque esta reforma no resuelve de fondo el problema de la explotación capitalista, pensamos que es progresista en los sentidos antes mencionados y limitada en otros.
Inestabilidad en el trabajo de miles que laboran en el poder judicial
El lado más criticable de la reforma es que, no plantea nada claro con respecto a los miles de trabajadores que laboran en el poder judicial, los que sacan el trabajo duro y perciben un sueldo decente, pero en ningún caso oneroso. Es cierto que las diferencias salariales son muy grandes dentro de las diferentes instancias y secretarias, por ejemplo, el salario de un secretario ejecutivo está por encima de los 100 mil pesos, los consejeros arriba de los 150 mil, los magistrados aún más. No estamos de acuerdo con este derroche de recursos, por supuesto, contra esto se debería de enfocar la reforma.
Para los trabajadores sindicalizados AMLO ha dicho que no van a perder su trabajo y no se verán afectadas sus prestaciones, eso es correcto. Pero los que se mantienen en la inestabilidad son los miles de trabajadores de confianza que son mandos medios, los cuales gozan de un salario decente, pero que su estabilidad laboral depende de si son serviles a los jefes o de ¿quién llegue como jefe inmediato? La reforma debería de plantear un cambio en las relaciones laborales y basificar a estos trabajadores y darles estabilidad laboral. Así se le cortaría la base de apoyo a los sectores más reaccionarios que están al frente del poder judicial y además se daría un derecho laboral a miles de trabajadores, al tiempo que se cortaría esa cadena de sumisión política que hay entre los mandos y los subordinados a lo interno de esta institución.
Conclusión
Esta reforma está siendo utilizada por la derecha para reagrupar sus fuerzas y organizar movilizaciones en las calles. Saben que no van a poder frenar la reforma en el parlamento, pero políticamente lo quieren aprovechar lo máximo posible.
Ya han sacado cartas de las academias de derecho de las escuelas privadas, han movilizado a un sector de estudiantes de la facultad de derecho, hay un paro de labores de los trabajadores de la Corte, el imperialismo se ha manifestado claramente en contra de la reforma y las cámaras empresariales también se han posicionado en contra.
A pesar de que la reforma se pueda votar y aprobar, la derecha tratará de mantenerse beligerante y sentar al nuevo gobierno de Claudia a negociar.
Tenemos que ser claros, lo que mueve al bloque reaccionario no es la democracia ni el equilibrio de poderes, mucho menos los derechos de los trabajadores del poder judicial. Lo que le interesa es tener una fuerza política que pueda sabotear las medidas que les parezcan más radicales. Así lo hicieron con la reforma energética que AMLO planteó en su momento. Además de ser un contrapeso político al gobierno.
No es de extrañarse que los empresarios se opongan a la reforma, los jueces y magistrados les ayudan a saltar el pago de impuestos y cualquier otro problema que tengan con la ley. Lo mismo es con el imperialismo americano y canadiense, los cuales se sienten más cómodos hablando con estos sectores corruptos para garantizar sus intereses.
Los trabajadores del poder judicial deben organizarse de forma independiente de los corruptos magistrados que quieren utilizarlos como carne de cañón. La lucha en las calles y la organización es la única garantía para defender sus derechos.
Por último, esta reforma, aunque progresista, no va a solucionar nada en términos de fondo sobre los problemas que se viven en el país. La única forma de terminarlos es termina con el capitalismo.