La 4T, Trump y el crimen organizado en México
Carlos Márquez
Los grupos del crímen organizado en México tienen un gran poderío económico. Un informe de la ONU estima que, entre 2015 y 2018, hubo un flujo de 12.1 millones de dólares por tráfico de cocaína, metanfetaminas y heroína (1). Dichas organizaciones operan internacionalmente, estableciendo redes con otros grupos criminales o creando sus propias asociaciones fuera de México. Son grandes consorcios capitalistas que trafican con mercancías ilegales. La droga es su principal fuente de ingreso pero se inmiscuyen en todo tipo de negocio ilegal como robo y venta de combustible (huachicol), tráfico de migrantes, trata de blancas, extorsiones, secuestros, etc.
El principal mercado para estos grupos son los EEUU, donde se trafica el 85% de la droga que es un verdadero problema social en el seno de la sociedad que vive dentro del país capitalista más desarrollado del mundo. Sumado a ello, el gobierno de Sheinbaum ha señalado que el 75% de las armas ilegales que ingresan a México provienen de los EEUU.
A lo largo de la historia, el crecimiento de los grupos criminales estuvo emparejado por un largo proceso de ataques contra la clase obrera por parte de la burguesía legal y su Estado. Hablamos de que entre 1976 a 2018 el salario perdió 80% de su poder adquisitivo, en la llamada época neoliberal las privatizaciones de las industrias estatales profundizaron el desempleo, se eliminaron los contratos colectivos y aumentó el empleo informal y desempleo, mientras se atacaban las pensiones, la educación pública y la salúd. Con el Tratado de Libre Comercio se destrozó al campo mexicano. La precarización social fue el caldo de cultivo que permitió la proliferación de los grupos criminales.
Combatir de verdad la raíz del problema
Es correcto lo que dijo López Obrador sobre que se debían combatir de raíz las causas materiales que engendran estos problemas. Sin embargo, la limitante más evidente radica en que la visión de la 4T no pretende ir al fondo de los problemas sociales sino paliarlos. Desde su lógica, dar becas económicas o un salario a un joven, que no estaba estudiando ni trabajando, para que aprenda un oficio podría ofrecer una mejor alternativa a la juventud en oposición al crimen.
Medidas como los programas sociales de la 4T y el aumento del salario a los sectores más precarizados, permitieron que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza durante el sexenio de AMLO. Pero entonces, ¿por qué cientos de jóvenes continúan cayendo dentro de organizaciones criminales?
Un factor clave es que estas poseen un poder económico importante, son capaces de emplear e incluso dar ingresos mayores a un joven que los que brinda el Estado (aunque sea por un tiempo efímero y los riesgos sean mayores).
Para nosotros, ir al problema de raíz significa reducir la jornada laboral, no a 40 sino a 35 horas al menos; y paralelamente, elevar sustancialmente los salarios, no poner un tope a los trabajadores con prestaciones, sino dignificar al conjunto de la clase obrera. Implica acabar con el desempleo, el empleo informal y la precariedad laboral, distribuyendo el trabajo existente entre la fuerza laboral disponible (lo que justifica la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial). Es asegurar una buena pensión para todos.
Ante todo, es atacar los privilegios del gran capital (sea mexicano, estadounidense o chino), no solo acabando con actos de corrupción como la evasión de impuestos (como el caso de Salinas Pliego o, de una forma más estructural, con el Huachicol fiscal), sino expropiando las grandes palancas económicas y financieras, poniéndolas a funcionar bajo control obrero (solo la participación activa y democrática de los trabajadores puede erradicar la corrupción) y distribuyendo la riqueza generada de una forma más justa entre el conjunto de los trabajadores. Ir al problema de raíz, es combatir la explotación. Solo así se elevaría exponencialmente los niveles de vida y se daría un paso radical para erradicar la base con que cuenta el crimen organizado.
Incapacidad de justicia del Estado
Sabemos que esto no es suficiente. Se ha desarrollado una narcocultura. Esto se evidenció en un concierto en Zapopan, Jalisco, con el grupo Los ángeles del barranco, en donde proyectaron en pantalla imágenes del líder criminal El Mencho. La fiscalía retuvo las ganancias de dicho concierto y les juzgó por apología del delito. El gobierno de Sheinbaum desde ahí impulsó un reality show estatal llamado México Canta, para promover la cultura popular y el folklore. Estas medidas no son en sí mismas malas, pero sí insuficientes. La situación es compleja y se entrelaza con que miles de jóvenes han sucumbido ante problemas profundos de precariedad y drogadicción. Los grupos criminales no deben verse como un ejemplo a seguir, y eso pasa por dignificar seriamente a los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Uno de los problemas centrales, es la incapacidad del Estado para evitar crímenes y garantizar justicia cuando se han cometido. En última instancia, vemos su incapacidad para frenar la violencia en la sociedad, enfrentarse seriamente a las organizaciones criminales y dar justicia ante los delitos graves como homicidios dolosos (incluidos los feminicidios), extorsiones, secuestros y desapariciones. El 95% de los delitos graves en México quedan impunes.
La 4T no ha ocultado casos concretos de delito, sino que los ha expuesto abiertamente. Ha desarrollado protocolos de seguridad, promovido un enfoque de género, y ahora impulsa la elección de jueces y magistrados. Sin embargo, nada de esto ha cambiado de manera significativa la crisis de la violencia. En primer lugar, porque no son las leyes sino un cambio estructural que acabe con los males de un capitalismo en descomposición lo que resolverá los problemas. Sabemos que el problema heredado es muy grave, pero con AMLO, los homicidios dolosos acumularon la cifra de más de 190 mil y el conteo de desaparecidos en méxico era de 128 mil al mes de marzo de este año.
El caso del rancho Izaguirre en Jalisco es significativo. Primeramente porque no es un hecho aislado. Fue descubierto por los propios familiares de víctimas de desaparición forzada quienes denunciaron que éste era un centro de secuestro y exterminio del crímen organizado. La fiscalía tomó control y luego permitió, de forma dolosa, ingreso masivo a familiares y periodistas pero a un escena del crimen que ya alterada, con el ingreso de tanta gente, se deterioraba aún más, complicando así la investigación. Esto solo generó indignación, en las marchas en ese estado se gritaba: “Jalisco es una fosa”, evidenciando que Izaguirre lamentablemente es un caso más en una entidad donde las desapariciones son pan de cada día.
Muchas organizaciones dicen: “No pedimos justicia, simplemente pedimos saber dónde están nuestros seres queridos”. Esto no ha impedido que diversos casos de familiares que simplemente buscan a sus desaparecidos terminen asesinados.
Como lo muestra este mismo caso, existe también un reclutamiento forzado, que obliga a las personas a trabajar en las organizaciones criminales. Por ejemplo, fingiendo ofertas de trabajo para atraer a personas dispersas para después secuestrarlas, o mediante secuestros directos, entre ellos de mujeres adolescentes y jóvenes.
La economía de la barbarie
Debido a que trabajan con mercancías ilegales, todo tipo de métodos ilegales son igualmente permitidos. El crecimiento de estas organizaciones criminales, que fueron acrecentando su poderío económico, vino acompañado por pugnas entre las distintas agrupaciones. La diferencia es que en los carteles legales dentro del capitalismo no se usan los métodos violentos de manera permanente, mientras que aquí se abandona toda legalidad y la violencia se convierte en un método cotidiano de resolución de disputas, generando espirales de violencia y venganza. Esto ha pasado por fases como la cooptación de fuerzas especiales del Estado que han cambiado de bando (los zetas), la contratación de reaccionarios militares centroamericanos (kaibiles) o de las más brutales pandillas de América (las maras). Esto dio un selló salvaje a la violencia.
El Estado es, en última instancia, un cuerpo de hombres armados en defensa de la propiedad. Los burgueses ilegales también cooptan al aparato estatal para su beneficio a través de corrupción, amenazas o poniendo directamente a sus representantes en puestos estatales. Tal es el caso de García Luna, quien estuvo al frente de la Policía Federal y no está claro si actuaba como un gran empleado del Cártel de Sinaloa o uno de sus jefes.
La 4T, inicialmente, bloqueó la entrada de elementos criminales dentro de las altas estructuras del Estado, aunque nunca ha podido evitar del todo su infiltración por debajo en toda una serie de lugares. Está el caso del ex narcogobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas o la infiltración de grupos como los ardillos en distintas zonas de Guerrero (aunque la gente les quería fuera y votó en contra de ellos). Grupos del crimen pueden actuar bajo el uniforme de policías municipales o estatales o incluso disfrazarse de policías comunitarios. Tal es el caso de la Barredora, un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que puso a uno de sus elementos al frente de la policía del gobierno de Tabasco, dirigido entonces por el morenista Adan Augusto López, muestra la vulnerabilidad e infiltración de las estructuras estatales bajo la 4T.
AMLO intentó limpiar de corrupción al Estado con medidas desde arriba, pero éste sigue operando con corrupción estructural. Un ejemplo, es el llamado Huachicol fiscal: la evasión masiva de impuestos para importar combustibles a bajo costo, algo que involucra a altos funcionarios y elementos de las fuerzas armadas como el ejército y la marina. Al descubrirse este caso de corrupción varios jefes de la Marina y el Ejército involucrados en este caso de corrupción murieron de forma sospechosa.
Trump
Es una exageración lo que dice Trump de que los grupos criminales controlan México; también es un discurso hipócrita pues los EEUU es el principal traficante de armas hacia México y el mayor consumidor de drogas. El problema lo tienen en casa con problemas sociales que han sido incapaces de resolver. Pero sería iluso pensar que los grupos del narcotráfico no son grandes fuerzas, su poder no es nada marginal. Controlan sectores amplios del Estado o ellos mismos usan sus cuerpos armados para mantener su control. Son cuerpos de hombres armados en defensa de su propiedad. Son un estado dentro del Estado.
Trump usa su lucha contra las organizaciones del narcotráfico con varios fines. Está amenazando abiertamente a Venezuela, enviando buques, bombardeando barcos presuntamente con drogas y pidiendo recompensa por la cabeza de su presidente. Nos oponemos a cualquier invasión imperialista contra Venezuela, no porque creamos que Maduro es un presidente socialista o progresista —pues se ha dedicado a conciliar con sectores de la burguesía impulsando el capitalismo y ha llevado la austeridad a la clase trabajadora—, pero sabemos que una intervención imperialista no traerá nada benéfico al pueblo venezolano. Basta recordar experiencias como la intervención a Panamá en 1989.
En el caso de México, la lucha de Trump contra las redes criminales es un medio de presión y negociación, en medio también de su ofensiva económica y medidas antimigrantes. Negocia para frenar los migrantes, para que se ceda en concesiones arancelarias pero también para fortalecer su posición injerencista. Trump dijo que estaba sobrevolando drones en México, aunque el gobierno mexicano lo desmintió. Ha insinuado incluso intervenciones militares pues, según él, México no es capaz de combatir al crimen organizado.
Declaró a los grupos del narcotráfico como terroristas y, bajo la presión imperialista, el gobierno mexicano hizo lo mismo en sus leyes. También le entregó como ofrenda 29 capos de la droga y movilizó a la Guardia Nacional a la frontera, esto no ha evitado la imposición de aranceles en la industria metalúrgica y automotriz.
Sectores del gobierno de EEUU apuestan por una ingerencia mayor, donde actúen en territorio mexicano para atacar e incluso asesinar a capos de los cárteles de la droga. De hecho, negociaron con un ala del cártel de Sinaloa para detener a uno de sus principales dirigentes y cofundador, el Mayo Zambada, el 25 de julio de 2024. Esto a espaldas y sin que la inteligencia del Estado mexicano se diera cuenta.
Esta injerencia ha desestabilizado más la situación, pues se presume una traición interna del propio cártel que entregó a Estados Unidos al Mayo, lo que ha desatado una guerra en Sinaloa entre los chapitos y la mayiza que ya se ha prolongado por dos años.
Los periodistas Ravelo y Montenegro señalan que la táctica “abrazos, no balazos”, privilegia la negociación tratando de disminuir la violencia, pero que a su vez vemos ya una ingerencia casi estructural del crimen organizado en decisiones políticas y una colaboración institucional del Estado con ellos.
Por una revolución contra la barbarie capitalista
En medio de la injerencia imperialista, un Estado que no ha logrado en la 4T dejar de ser corrupto ni infiltrado por el narcotráfico y, en general, de los límites del gobierno reformista es la población la que queda en medio.
Ante esto, comunidades enteras han tenido que unirse y luchar por la defensa de sus vidas y recursos. Vemos la creación de Policías comunitarias o grupos de autodefensa e incluso la abierta toma del poder en sus comunidades para erradicar al crimen organizado. En la meseta purépecha de Michoacán vemos el caso de Cherán y de comunidades aledañas o en la Costa de ese estado, el caso de Ostula. Esta última comunidad ha defendido las tierras y se ha enfrentado a lo largo de años con distintos grupos criminales; han sufrido de agresiones abiertas que han incluido ataques armados con drones contra sus habitantes.
En Chiapas se han creado, de igual forma, policías comunitarias, rebasando a las direcciones de las fracciones del movimiento zapatista. La dirección del EZLN solo dio como alternativa al crimen organizado el replegarse. Ahora la base presiona para que las facciones de la organización actúen de manera unificada contra la plaga de la violencia del narcotráfico en esta entidad.
En Guerrero se han sufrido toda una serie de homicidios contra activistas sociales y comunitarios. Eso ha replegado a sectores en lucha en zonas donde el movimiento no es tan fuerte y se ve más acosado, pero en otras vemos una respuesta de comunidades con milicias armadas.
Nos gustaría que con reformas a las leyes e instituciones del Estado o con algunos programas sociales estos problemas se resolvieran, pero no es así. Las relaciones mundiales se transforman desatando un choque entre los imperialismos chinos y estadounidense, agregando enorme presión a un país dependiente como México. Vemos que las reformas impuestas por la 4T no logran resolver los problemas a profundidad y, por el contrario, las viejas prácticas corruptas y problemas sociales se reproducen. Sumado a ello vemos la injerencia de un nada marginal sector ilegal en la economía, de grupos criminales violentos que imprimen su sello a la situación, llevando al capitalismo mexicano al borde de la barbarie.
Todo esto nos deja importantes lecciones. Cambios parciales no son suficientes, necesitamos un cambio de la base material. Cambios desde arriba no solucionarán los problemas profundos. Las reformas al Estado burgués no solucionarán los profundos problemas sociales ni el carácter corrupto y criminal de esta institución. Reformas que no rompan con el capitalismo no atacarán el núcleo del problema ni serán suficientes para rearmar el tejido social.
Lo que necesitamos es una revolución que barra con el sistema, el estado burgués y la criminalidad. Una donde se tome la economía bajo el control democrático de la clase obrera, se generalicen ejemplos como las policías comunitarias de Cherán y Ostula, y se construya un nuevo Estado de y para los trabajadores. Se requiere de un movimiento revolucionario que aglutine a millones de mujeres, jóvenes y trabajadores, que acabe con la vieja escoria social, así comouna dirección para que esto se materialice. Por eso avanzamos en construir el Partido Comunista Revolucionario, súmate a nuestras filas.
