Guatemala: entre la pandemia, el saqueo del Estado y la capacidad militante de enfrentar la coyuntura

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El Covid 19 representa un impacto en todas las esferas de la vida. Sin embargo es en la capacidad adquisitiva y el derecho al trabajo donde se percibe un impacto directo en la clase obrera. La economía guatemalteca descansa en la economía informal, con más del 70% de la población económicamente activa, sobreviviendo en dicho sector.

La situación actual de bajo consumo fuera de lo alimentario y transporte, y la baja en la exportación provoca que el gran empresariado presione por la normalización en lo económico laboral. Esta presión se confirma con las medidas de protección económicas, préstamos que administrarán bancos privados, flexibilización de controles para producción, suspensión de contratos laborales, y otras más.

Las cámaras empresariales, agrupadas en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras – CACIF- es el ente de mayor peso e incidencia en las decisiones de Gobierno, el poder real en Guatemala. Es ahí donde los grandes azucareros, dueños de maquilas, mineras, cafetaleros y más, definen la política y control social del país.

Son estos actores de poder quienes, ansiosos, esperan que eliminen controles para la actividad económica, y además poder hacer recortes de personal a conveniencia con los acuerdos gobernativos espurios, para la clase trabajadora. El sector maquilero, históricamente beneficiado con paraísos fiscales, se frota las manos con la posibilidad de competir en un mercado regional y hacia USA y Unión Europea en este momento atípico para la economía regional.

El modelo económico de Guatemala sigue basado en la agroindustria de monocultivos y extractivismo de materia prima y producción de electricidad. Estos sectores determinan la política económica que causa conflicto permanente en las comunidades donde desarrolla su actividad extractiva y de explotación de la naturaleza y mano de obra.

En el momento actual, en medio de la Pandemia del Coronavirus, cientos de banderas blancas que indican no tener alimentos ni dinero aparecen en las calles. Esto canaliza los despidos y suspensión de contratos que el Gobierno ha respaldado. El sector informal se encuentra limitado frente a medidas de cierre de mercados desde las 12 horas del día y un toque de queda con pena de cárcel y multa a quien lo transgreda.

La rebaja de salarios es otra medida justificada por el empresariado para mantener pocos puestos de trabajo y garantizar la productividad. Mientras la canasta básica vital supera los 1,100 usd, el salario mínimo de ley supera los 350 usd. Este salario mínimo es el que se está rebajando para sufragar la crisis.

A estas condiciones se suma un momento de disminución en él envió de remesas desde USA. Al momento suman a más de 50 los guatemaltecos fallecidos en el país del norte. Además los vuelos de inmigrantes deportados no se detienen. Esto provoca un estigma social donde el expulsado de USA es rechazado también en sus comunidades por miedo al contagio de Covid 19. Estos muestra un impacto en la dinámica comunitaria, en donde los territorios con más defensa de la vida en comunidad, asumen la postura de cerrarse y rechazar a los miembros que han emigrado, buscando mejores oportunidades labores y de ingreso económico.

En este marco el empresariado guatemalteco persigue mantener sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, a costa de flexibilizar medidas sanitarias, aun sabiendo que el sistema de salud nacional ha estado colapsado históricamente.

Estas acciones de gobierno se dan en un escenario donde la alianza militar-empresarial oligarca consolidó su control sobre la administración del Estado en sus tres poderes. El resultado electoral de 2019 deja como ganadores a una alianza de corruptos, que enfrentó a la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) percibiéndola como un instrumento que reordenaría el mapa de poder local, desmantelando estructuras ilegales dentro del Estado, en donde participa históricamente la oligarquía tradicional del país.

Este bloque histórico que controla el Estado y mantiene su visión de finca-nación, logro mantener una negociación con la administración republicana estadounidense, misma que le permitió la continuidad de los actores en el poder económico y del Estado de Guatemala1.

La expulsión de la CICIG representa un quiebre en la coyuntura interna dejando como ganadores al bloque empresarial y militar responsables de los actos genocidas durante el conflicto armado interno y del modelo finca guatemalteco, que mantiene en la pobreza a millones de trabajadores y trabajadoras. La coyuntura ha sido ganada por la esta alianza de corrupción y explotación, siendo el resultado electoral la posibilidad del reparto y ordenamiento de actores políticos.

Esta coyuntura trajo, además, una expresión de avanzada de los movimientos sociales y descontento ciudadano: la Candidatura Thelma Cabrera, y el 4to lugar en los resultados a presidencia. Hace más de 20 años que un partido de izquierda no lograba figurar en las tendencias de voto de las primeras 5 fuerzas partidarias a la presidencia. El Comité de Desarrollo Campesino constituyó un Partido Político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), buscando movilizar a sus bases y proponiendo la refundación del Estado bajo la consigna del “Estado Plurinacional”.

Este resultado evidencio ya un nivel de alerta desde el empresariado tradicional, que evidencia su postura fascista y lanza inmediata propaganda anti comunista con discursos viscerales y violentos. Es de tal forma un frente de avanzada y lucha por el poder formal, aspecto siempre importante. Sin embargo exige lograr una acumulación de fuerzas que logre enfrentar la maquinaria electoral de la derecha y cautivar a la masa de votantes. Enfrentar los aparatos de propaganda, monopolizados por la oligarquía, y generar un programa que logren consensuar el descontento actual.

La realidad actual de partidos de izquierda, de corte estalinista presenta grandes desafíos. Todos se basan en la dirección de un grupo, que defiende su posición dentro del Partido, sin lograr identificar la acción política como el elemento central del proceso revolucionario. Un ejemplo actual es como se enfrenta la presente cuarentena, siendo saqueados, despedidos y fragmentados estando encerrados en casa. Aun no se logra construir un debate y un nuevo paradigma de la protesta social sobre las condiciones actuales.

Sin embargo la unidad y un programa político que logren consenso hacia reformas profundas es determinante para dar un impulso al movimiento popular y al proceso revolucionario sobre las condiciones específicas de Guatemala y Centroamérica.

En tiempos de pandemia y de conformación de Estados Policiales, se hace urgente entender la realidad y actuar sobre ella con nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevos consensos y manteniendo la convicción generar nuevos paradigmas para la transformación de la realidad.

Estamos viendo una tendencia regional en las respuestas a la crisis. Por una parte, las medidas de control poblacional a través del uso de medidas de orden público establecidas en la legislación vigente de inspiración contrainsurgente que proviene de los años 60. Héctor Rosada mencionó en una ocasión que el Estado de Guatemala no se descontrainsurgentizó. El lanzamiento de una aplicación para teléfonos celulares promovida por el gobierno de Guatemala en el marco de la crisis sanitaria en el país, y bajo el argumento de facilitar información relacionada con la pandemia, se encuentra en una polémica por los aspectos de inseguridad en cuanto a filtración de datos personales de los usuarios hacia instancias gubernamentales. La aplicación se llama “Alerta Guate” y fue desarrollada por In-telligent LLC, financiada por la empresa israelí Tenlot Group2

Por otra parte, las medidas económicas, que claramente están buscando generar el menor impacto posible en cuanto a costos en el sector empresarial guatemalteco. Sin embargo los intereses de laa gran mayoría que dependen de la sobrevivencia cotidiana y del trabajo informal, no han estado dentro de los objetivos de las medidas gubernamentales. Eso se hace evidente en el veto presidencial a la única propuesta de ley que podría propiciar un alivio pasajero en cuanto al pago de servicios básica para la mayoría de la población y el retraso intencionado para su aprobación y publicación. Por otra parte, las medidas de control y limitación de la libertad de locomoción, no se han aplicado a muchas de las grandes corporaciones que siguen importando productos que no son de primera necesidad para la población: bebidas carbonatadas y alcohólicas, por ejemplo. Se ha obligado al cierre de actividades comerciales de pequeños agricultores y se ha permitido el funcionamiento de restaurantes con servicio a domicilio.

En lo que se refiere a salud, el gobierno ha mostrado incapacidad técnica para afrontarla, en cuanto a lo médico y administrativo. Constantes contradicciones en el accionar del Ministerio de Salud, el ocultamiento de datos, la resistencia a realizar pruebas masivas, la casi nula ejecución de los presupuestos asignados, evidencian la inexistencia de una estrategia con objetivos operativos claros.

Todo esto constituye un escenario previsible si se considera la propia naturaleza del Estado guatemalteco, de esencia finquera, con matices precapitalistas y algunos elementos de modernización que se incorporaron a mediados del siglo XX. Además, la incorporación del país en la dinámica del neoliberalismo desde la última década del siglo XX, en la que se comenzó a aplicar al pie de la letra el decálogo del Consenso de Washington, coadyuvóó al adelgazamiento de la casi inexistente democracia burguesa. De cualquier manera, el Estado en Guatemala ha sido un ente funcional para los interese de la clase dominante, la historia de su configuración en el siglo XIX, su instrumentalización para el ejercicio de la represión a través de diferentes prácticas de violencia durante la época de los gobiernos militares y su posterior adecuación al modelo económico neoliberal a través de las medidas de ajuste estructural, dan cuenta de un ente que funciona y opera para intereses particulares.

Como Corriente Marxista Internacional estamos dispuesto a debatir sobre el programa de lucha de la clase obrera guatemalteca y centroamericana, un programa de unidad de la clase obrera por la conquista del socialismo y contra la sociedad capitalista que hoy más que nunca nos empuja a la muerte y la enfermedad. Hacemos un llamado enérgico a todos los jóvenes, mujeres, trabajadores y trabajadoras revolucionarios a construir una herramienta revolucionaria que pueda guiar a la clase obrera guatemalteca a la consecución de sus demandas más inmediatas, y a las demandas históricas que los grandes ricos de este país les han negado durante décadas.

Desde nuestra trinchera seguiremos, analizando, agitando y luchando por brindar una respuesta a la crisis a la que nos somete el Estado burgués y los intereses de los capitalistas nacionales e internacionales. Luchamos por el socialismo, por la vida y la salud de los oprimidos el futuro es tormentoso y será de combate, preparémonos para las batallas futuras. Construyamos juntos y juntas la Corriente Marxista Internacional en Guatemala y el mundo entero, trabajadores del mundo unámonos bajo la bandera del marxismo para luchar por el socialismo.

1En este sentido, cabe recordar la configuración del estado de Guatemala, que sigue respondiendo en su esencia, a una forma finquera en buena medida en la forma en la que se organiza el trabajo, y en el salario servil.. Tischler, Sergio. Guatemala 1944: Crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una forma estatal. FyG, Guatemala, 2001.

2Alerta Guate la aplicación que retendrá hasta por diez años datos de 100 mil personas. Prensa Comunitaria. 14 de mayo de 2020. En: https://medium.com/@PrensaComunitar/alerta-guate-la-aplicaci%C3%B3n-que-retendr%C3%A1-hasta-por-diez-a%C3%B1os-datos-de-100-mil-personas-6b853b1a4e81

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