Las desapariciones forzadas y los actos criminales del narcotráfico son noticias del “día a día”, pero una noticia apenas hace unas semanas, perturbó a la población por la gravedad de los crímenes. Se trata del caso de un cementerio clandestino llamado “la alberca”, en las Colinas de Santa Fe del estado de Veracruz; tal lugar se usaba por los elementos de seguridad y el narcotráfico para enterrar a las victimas desaparecidas. Las investigaciones acerca de este hallazgo, dan a conocer datos, casos y acciones inhumanas que muestran el horror por el que pasa en el país.
Varias organizaciones por las desapariciones forzadas y a raíz de la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en su labor por encontrarlos, han dado con esta fosa donde han encontrado aproximadamente 250 cadáveres. Entre estos restos se encontraron personas adultas y hasta bebes. La manera en que fueron asesinadas y sepultadas es escalofriante, como el caso de una niña portando su uniforme de secundaria, personas atadas de pies y manos; muertes por disparo de gracia, entre otras; además del requerimiento de maquinaria pesada para la elaboración de tal fosa, muestra la complicidad y su uso común entre los elementos de seguridad y/o de gobierno con los carteles del narcotráfico para el entierro de sus víctimas.
De acuerdo con el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, en el caso del estado de Veracruz, de las denuncias presentadas y registradas sobre desaparición forzada, 51 de los casos de desapariciones se cataloga en la “Participación del Estado”; mientras que 13 de los casos se cataloga en la “Participación de la delincuencia organizada”. Aunque no todas las denuncias se procede a un registro e investigación.
En el informe se menciona que los servidores públicos no cumplieron con un marco mínimo para una investigación efectiva, con sus omisiones y falta de profesionalismo. En la mayoría de los expedientes desde el 2006, de 624 desaparecidos, aún están en trámite. De estos, 100 son mujeres; 305 son hombres; 112 niñas y 75 niños menores de 17 años; esta cifra de las niñas, en proporción, es alarmante. De 1995 al 8 de junio de 2016, 1,936 casos de desaparecidos estaban vigentes.
En el documento “Estadísticas de Personas Desaparecidas 2006 – Junio 2015”, solicitado a las instancias gubernamentales de Veracruz, el registro menciona 3,089 denuncias de desaparición, localizando solo a 2,139. Estas cantidades de miles en un solo estado, conmocionan tan solo de pensar en qué condiciones estará esa región para arrojar tales resultados.
La incoherencia de datos proporcionados por las instituciones; impuntualidad de entrega de informes; y la gran cantidad de desaparecidos demuestran la incapacidad de las autoridades para tomar cartas en el asunto. También muestra la distorsión de datos, negación o poca disposición de su entrega.
En los reportes, se cuenta hasta 855 fosas en todo el país en los últimos años. En un periodo de 2007 a octubre de 2016 se localizaron 212 fosas solo en Veracruz, de los cuales fueron exhumados 292 cadáveres y 21,871 restos óseos, según las cifras oficiales. Tomando en cuenta las cifras más recientes, estos casos van en aumento en vez de disminuir.
La actuación del Estado es un escándalo, ha utilizado la desapariciones forzadas; actuando con el crimen organizado; permitiendo el desarrollo del narcotráfico; degenerando la cultura y disminuyendo las oportunidades de la población; han propiciado las condiciones para que este caos y horro, se propague y agudice por todo el país. Las “narcofosas” son solo otro producto del putrefacto sistema capitalista y del gobierno de nuestro país. ¡Esto tiene que parar!
Los gobiernos que dejaron tal situación a Veracruz, como es el caso de Javier Duarte, deben tener un castigo. Varios de los terrenos donde se encuentran las narcofosas son de propiedad privada. Algunos dueños son funcionarios o empresarios ligados al crimen organizado. Esto dificulta aún más la investigación y deja más claro el vínculo entre el gobierno y los narcotraficantes. Los terrenos y las fortunas de esas lacras deberían de ser requisadas por el gobierno y examinarlas a fondo, después utilizarlas para centros de desarrollo deportivo y cultural.
Vemos que las autoridades son incompetentes, ineficientes para resguardar la seguridad de la población. No podemos esperar que los políticos que han llevado la situación a un grado insostenible, sean los mismos que solucionen esto. La única forma de frenarlo es con un gobierno de los trabajadores y campesinos, solo el pueblo organizado y armado puede frenar las desapariciones y atacar, de forma verdadera, el crimen organizado.
Tenemos que seguir el ejemplo de las autodefensas en Michoacán (las que permanecieron afines al pueblo, como la encabezada por Mireles), donde la misma población opto por realizar el trabajo de la policía, así como las organizaciones por los desaparecidos, nosotros debemos empezar a organizarnos. No podemos ignorar lo que pasa a nuestro alrededor y no hacer nada.
El análisis, el debate y la construcción de una organización, serán nuestras mejores herramientas para afrontar los problemas que sufrimos día a día. Las acciones, el trabajo en conjunto de nuestros compañeros, y la comprensión de nuestros resultados nos motivaran a seguir adelante.
Debemos hacer nuestro destino y empezar a actuar
