La conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 10 de febrero del 2022, fue una conferencia distinta, por no decir HISTÓRICA, para los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Como ya todos sabemos el 11 de octubre del 2009 fueron despedidos más de 44 mil trabajadores producto del ilegal decreto de extinción de la empresa pública LyFC por parte del espurio Felipe Calderón. Eso se tradujo en truncar la vida de miles de trabajadores electricistas.
A 12 años y meses de tan cobarde acto, por fin, se hace justicia a una parte de dichos trabajadores. Se anuncia desde la “Mañanera” una iniciativa llamada “Programa Especial de Compensación por Justicia Social a Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro”, que permitirá la jubilación de 8,892 ex trabajadores de la empresa paraestatal LyFC. Sin lugar a dudas, una gran noticia para aquellos que se beneficien de esa condición.
El criterio elegido para poder ingresar a dicho programa está determinado por los años de servicio para la empresa del Estado. Colocando como antigüedad mínima, a la fecha de extinción de Luz y Fuerza, los 19 años 6 meses 1 día de tiempo de servicio. Dejamos aquí la tabla de los porcentajes que se llevaría cada trabajador en relación a su antigüedad.
Años de servicio | Porcentaje |
20 | 50% |
21 | 60% |
22 | 70% |
23 | 80% |
24 | 90% |
25 a 29 | 100% |
Es una gran victoria para los electricistas, sin embargo, y como ya se mencionó, es una victoria parcial, debido al hecho de que aún con ese gran avance, miles de electricistas se quedan fuera de una alternativa que les permita reingresar en el sector eléctrico.
Lo que se observó en la conferencia mañanera
No vamos a hacer aquí un análisis profundo del significado político de lo que representan las “Mañaneras”, sólo anotaremos el hecho de que se han convertido en la vitrina más amplia del país para expresar mensajes políticos. Desde muy temprano es el presidente el que fija la “agenda pública”, la resonancia que tiene dicho espacio es innegable. Es por ello, que todo lo que aparezca o no ahí, tiene gran relevancia y significado político.
En ese sentido, llamó la atención que para anunciar la jubilación de 8,892 trabajadores, haya estado presente un ex dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Rosendo Flores, y no el que se dice “Secretario General” de dicha organización, Martín Esparza Flores. Desde el inicio del sexenio de AMLO, hemos observado un claro desprecio del presidente de la república hacia Martín Esparza, no sólo implícitamente lo ha responsabilizado de la falta de democracia en el SME, que en palabras de AMLO, era un sindicato ejemplar, quizás el más democrático, sino que ha dejado –intencionalmente- de pronunciar su nombre.
Ese desprecio evidente de AMLO para con Martín Esparza, no sólo se ha traducido en un rechazo público, sino tiene consecuencias políticas claras. Es decir, en la vía de los hechos, –no hay cabida a la especulación- el ejecutivo federal ha decidido tratar los asuntos de los trabajadores del SME con un interlocutor aparentemente “informal” (con un ex secretario del SME) y le ha otorgado capacidad de negociación, es más: de resolución. Es por ello, que en el anuncio de las jubilaciones, es Rosendo Flores el que aparece en la mañanera, incluso dando un discurso.
¿Por qué Rosendo Flores y no Martín Esparza?
Para las personas que no han estado al pendiente del conflicto del SME podrá parecer extraño que una autoridad formal no trate con el que se dice “representante de los trabajadores”. Algunos podrán explicar dicha situación a que AMLO tiene preferencias o rechazos políticos con algunos dirigentes, y que a ello obedece su trato. Puede haber algo de ello, sin embargo, esa no es la variable fundamental. El rechazo de AMLO hacia Martín Esparza tiene más razones políticas, que sentimentales. El papel de Martin Esparza en estos últimos años ha obedecido a intereses ajenos a la organización, en otras palabras, ha antepuesto los intereses colectivos por sus propios intereses. En concreto, los intereses que existen entre una dirigencia charra y una transnacional, Mota Engil, en su asociación para vender energía eléctrica al Estado. Los intereses de Martín Esparza como empresario de la electricidad chocan con el proyecto de rescate de AMLO de la industria eléctrica nacional, en especial, en el rescate de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Si bien, la política externa de la actual dirección charra del SME es aparecer como “nacionalistas” y defensores de la empresa pública, los hechos los desmienten. Esa política de relaciones públicas lo que intenta es ganar legitimidad a lo externo por su claro declive a lo interno. Pero basta con un solo elemento para evidenciar su política hipócrita de “revolucionarios” a lo externo, pero completamente reaccionarios cuando se trata de defender sus intereses económicos. En todo este tiempo se han venido amparando en contra de las modificaciones a las leyes secundarias en relación a la energía eléctrica. Para así poder mantener su posición en el mercado eléctrico. Los amparos promovidos son el 215/2021 en contra de la Cámara de diputados, el 128/2020 en contra de la secretaría de energía, el 71/2020 en contra de la secretaría de energía, el 825/2018 en contra de la CFE. Pueden ser consultados en la página oficial del poder judicial. ¿Por qué se amparan si están a favor de la defensa de la industria eléctrica nacionalizada?
Aunado de lo anterior, la animadversión del ejecutivo, también obedece a lógicas pragmáticas. No puede cumplir AMLO la promesa de “Justicia para los electricistas”, cuando uno de sus “dirigentes” está exigiendo como “solución”, más privilegios para su asociación con la transnacional Mota Engil. Dentro del pliego petitorio de Martín, para “solución del conflicto” de los trabajadores del SME, está que le entreguen a “Fénix” (empresa constituida por los charros y Mota Engil) un contrato de compra venta de 1,700 megawatts, durante 30 años. Que la CFE les garantizara la compra de tal cantidad por la compra de dicha energía. Lo que se hubiera traducido en endeudar aún más a la CFE. Lo que resulta en un contrasentido de lo que actualmente se está discutiendo en relación a la reforma eléctrica.
La traducción política de todo lo anterior, es que Martín cada vez que “exigía” justicia para los trabajadores, estaba exigiendo privilegios para él y su empresa. Nunca le importó el beneficio de los agremiados, de los trabajadores. Es más, siempre que había una negociación –en este caso en los tiempos de Peña Nieto-, siempre que “ganábamos”, los únicos que ganaban era una cúpula sindical, más parecida a una mafia que a una dirección[1].
Es por todo ello, que no extraña el rechazo de AMLO hacia Martín Esparza y las deferencias que tiene con Rosendo Flores, o lo que se ha denominado el 4G (una dirección constituida por 4 ex secretarios generales).
No hay espacio suficiente para tratar el tema de por qué Martín tiene una “Toma de nota”, otorgada por Luisa María Alcalde, Secretaria del trabajo. Sólo mencionaremos que eso no le ha servido a Martín para ser interlocutor con el Gobierno Federal.
Lo que queda en evidencia el 10 de febrero, es en primer lugar, la voluntad del gobierno de AMLO por querer resolver, y en segundo que será con aquel movimiento que contenga la legitimidad de los trabajadores y pueda expresar las necesidades de los mismos.
Conclusión
Un compañero en un mitin dijo, en relación a las jubilaciones: “Me siento contento, pero no feliz”. Y es que hay que reconocer que si bien es un triunfo importante, porque le resuelve a 8,892 una situación económica, y seguramente en sus casas hay una sensación de alivio, no está resuelto de fondo el conflicto de los 44 mil trabajadores del SME. Pero para que eso suceda, hay ciertos imperativos, ¿Dónde caben los que faltan? Caben en la CFE, que actualmente está intestada de contratismo en la zona que antes era atendida por LyFC. Hay que sacar al contratismo de la CFE. Aunado del hecho, de que para que pueda haber una CFE que nos pueda dar cabida, debemos luchar por su fortalecimiento, que implica apoyar la reforma de AMLO en relación a la industria eléctrica. Pero aún más, sostener como bandera, la nacionalización completa de la industria eléctrica.
[1] Ya en estas mismas páginas de la Izquierda Socialista, hemos denunciado las “Liquidaciones millonarias” de gente del comité y allegados; o el caso de lo que se le denomino “Rentas Vitalicias VIP”.