Estado Español: caso La Manada, ¡fuera la justicia del régimen, machista y clasista!

Escrito por: David Rey – Lucha de Clases

La libertad provisional de los integrantes de La Manada, decretada por el tribunal de Navarra que juzgó la causa y que los condenó en primera instancia a 9 años de prisión, ha provocado una airada y justificada indignación popular. En los días siguientes hubo manifestaciones masivas en todo el Estado en protesta por este hecho.

La actuación de este tribunal con su sentencia, y ahora con la puesta en libertad provisional de La Manada, tiene un claro carácter machista, de desprecio y subestimación hacia la violación cometida por 5 hombres contra una mujer, que fue caratulada como simple “abuso sexual”. Pero no sólo eso. También ha exhibido un claro carácter de clase, y de salvaguarda del régimen. El fondo del problema, pues, no reside tanto en las características personales de estos jueces como en el carácter del estamento judicial.

Para ilustrar nuestra posición queremos llamar la atención sobre un aspecto que ha pasado desapercibido. Es llamativo que ni Podemos ni IU, ni tampoco ninguna de las organizaciones feministas relevantes, hayan mencionado en sus declaraciones públicas el hecho de que uno de los tres jueces de este tribunal fuera una mujer, la jueza Raquel Fernandino. Más llamativo aún es este silencio cuando ha sido Raquel Fernandino quien ha apoyado la puesta en libertad provisional de La Manada, junto con el reaccionario juez Ricardo González, el de mentalidad de “violador”, como fue calificado por el constitucionalista Javier Pérez Royo1.

Creemos que este silencio, desde las direcciones de la izquierda y del movimiento feminista, no es casualidad. No estaba en su guión que una jueza compartiera la mentalidad machista de sus compañeros varones reaccionarios. No entraba en su guión que la feminización de la justicia puesta a prueba en este caso concreto, terminara en un fiasco; es decir, que no resultara necesariamente cierto que una jueza, por el solo hecho de ser mujer, tuviera una sensibilidad mayor hacia las mujeres maltratadas y las víctimas femeninas de delitos sexuales.

A nosotros no nos sorprende. Tenemos experiencia con la llamada feminización de la política en España con las exministras de Rajoy: Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Mato o Dolors Monserrat; o con las expresidentas de la comunidad de Madrid: Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Por no hablar de la política internacional: Angela Merkel, Margaret Thatcher, Hillary Clinton, etc. Sus políticas antisociales contra las familias obreras no han discriminado entre hombres y mujeres.El error de los enfoques individualistas es visualizar a las personas, hombres y mujeres, como individuos descontextualizados del entorno y de la clase o estamento social a los que pertenecen.

Justamente, allí donde el análisis feminista se queda corto, al circunscribir las causas de la opresión de la mujer –y especialmente de la mujer trabajadora– al eje de género hombre-mujer, sólo el análisis marxista puede ofrecer una explicación coherente de los hechos y proponer una alternativa, al estar dotado de un enfoque más amplio, completo y dinámico.

Corporativismo de régimen

La decisión de conceder la libertad provisional a los integrantes La Manada, hasta que la sentencia no sea firme, no puede entenderse sin el corporativismo de régimen que han mostrado los integrantes del tribunal, en su interés de de preservar el interés y el prestigio del statu quo. Comencemos por decir que entre los condenados hay un militar y un guardia civil, y no da la impresión de que las simpatías políticas de estos últimos estén escoradas a la izquierda.

Ha trascendido que el tribunal accedió a los argumentos de la defensa de los condenados, que “se amparaban en otros casos recientes con repercusión mediática en los que los tribunales sentenciadores han dejado en libertad provisional a los condenados hasta que la sentencia fuera firme, como Iñaki Urdangarín (condenado en primera instancia a seis años y tres meses) o algunos del caso Gürtel a los que se les han impuesto penas de más de 14 años”2.

Así, los integrantes del tribunal de Navarra han considerado tener como referencia de jurisprudencia los casos Urdangarín y Gürtel –que afectan al corazón del régimen del 78: la monarquía y la derecha corrupta del PP. Sin embargo, estos jueces no han considerado conveniente tomar como referencia para su decisión los casos de Alsasua o de los presos políticos catalanes. En el primero, 5 jóvenes han sido condenados a penas de entre 2 y 10 años por una pelea en un bar con Guardias Civiles y se les ha negado la libertad provisional pese a no haber sentencia firme aún. En el segundo, 8 presos catalanes llevan 8 meses en prisión provisional ¡pese a no haber sido juzgados aún!

Vemos así que el tribunal es enormemente sensible hacia unos condenados por un delito sexual feroz, en el que hay guardias civiles y militares implicados. Y han estimado la petición de sus abogados para que fueran liberados provisionalmente, a espera de sentencia firme, alegando causas favorables para su pedido como las que implicaban a la familia real y al principal partido de la clase dominante, el PP.

Sin embargo, el tribunal ha despreciado causas donde a los condenados en primera instancia, o simplemente acusados, se les niega la libertad provisional a la espera de sentencia firme o de juicio ¿Por qué? Porque son causas donde las “víctimas” son parte del régimen y del aparato represivo (como el caso de las Guardias Civiles de Alsasua) o porque la “víctima” es el régimen monárquico mismo (como el caso del referéndum por la república catalana del 1 de octubre).

Así, la motivación detrás de la actuación de este tribunal ha sido sostener el prestigio y la preservación del régimen y de su carácter represivo, frente a cualquier amenaza que debilite su autoridad moral ante el conjunto de la población. Este es el sentido y el mensaje ideológico que han querido transmitir estos jueces, y particularmente la jueza Raquel Fernandino y el juez de mentalidad de “violador” (Pérez Royo dixit), Ricardo González.

Una sentencia de clase

El desprecio a la víctima de esta violación feroz mostrado por los jueces de La Manada, corroborado con la puesta en libertad provisional de los condenados, tiene también un indudable carácter de clase.

Tenemos aquí el caso de una chica joven que no porta apellidos relevantes, ni es la hija de un gran empresario, ni de un afamado juez, ni de un oficial del ejército. No pertenece a la clase alta, la clase donde se sitúan las únicas mujeres que tienen consideración para los miembros de este tribunal que, como la gran mayoría de los jueces, proceden de familias ricas. No es difícil imaginar la actitud diferente que habrían tenido estos jueces si la víctima hubiera pertenecido a la misma clase y entorno social que ellos. Tampoco habría dudas de cómo habría castigado este tribunal a los violadores si éstos hubieran sido de origen inmigrante y pobre.

Para la mentalidad de una jueza reaccionaria que desprecia a las hijas de la clase obrera, como Raquel Fernandino –por no nombrar a los demás– toda chica “del montón” que va sola a una fiesta, que trata de divertirse sin un acompañante masculino, será siempre la causante de su propia violación. Si algo demuestra la historia es que la sensibilidad de clase entre los ricos y privilegiados es mucho más poderosa que su sensibilidad de género, de etnia, o de religión.

Un aparato de Estado heredado del franquismo

El aparato del Estado español procede, en su gran mayoría, del franquismo. No fue purgado ni limpiado de fascistas y reaccionarios durante la Transición, y por supuesto a los dirigentes del PCE y del PSOE nunca se les pasó por la cabeza sugerirlo.

La mayoría de los jueces actuales, así como de los mandos policiales y militares, son los hijos y nietos de quienes ejercían esas funciones bajo la dictadura.

Pero el franquismo no fue simplemente una especie de fascismo a la española, o un sistema dictatorial al uso. El franquismo fue el brazo armado de la gran burguesía española, de sus empresarios, banqueros y terratenientes. Por tanto, el problema de este aparato de Estado no es sólo que tenga formas autoritarias, dictatoriales y represivas que son herencia de un pasado no resuelto. Su función principal es atender los intereses de los ricos y privilegiados. Lo hacían antes, y lo hacen ahora. Sus tribunales, son tribunales de clase. Es un aparato que escapa por completo al control del pueblo al que, supuestamente, debe estar sometido.

La izquierda, y el programa marxista en particular, deben incorporar en sus demandas la lucha por la abolición de los tribunales de clase, por la elección popular de todos los jueces, y por la extensión del sistema del Jurado a todos los delitos ¡Que el pueblo se haga justicia a sí mismo! Todo ello junto a la exigencia de la depuración del aparato del Estado de todos los fascistas y reaccionarios.

Mientras tanto, sólo la más amplia movilización social puede meter la presión suficiente para desenmascarar a todos estos jueces derechistas y reaccionarios, y obligar al aparato del Estado y al gobierno de turno a actuar contra sus representantes reaccionarios más señalados.

La lucha contra la opresión de la mujer, contra el desprecio a las familias trabajadoras y por una justicia verdaderamente digna para el pueblo, es una misma y única lucha contra el régimen monárquico del 78 y contra el sistema capitalista que lo sustenta.


1.- La Sexta: https://bit.ly/2Mu5rnx

2.- El País 22 de junio: https://bit.ly/2yvPQ4V

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