El 1° de enero de 1963 entró en vigor la Ley 38 del Estado de Sonora y con ella nace el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). Corrían los tiempos del desarrollo estabilizador y el gobierno del estado, encabezado por el Lic. Luis Encinas Johnson, había decidido crear esta institución como parte del estado de bienestar que el Revolucionario Institucional (PRI) y la burguesía nacional se vieron obligado a conceder como resultado de las diferentes luchas obreras y campesinas sostenidas a partir de la revolución.
Ya en el artículo 1º fracción I queda clara la intención del estado al crear este instituto “a los trabajadores de Servicio Civil del Estado de Sonora”. El ISSSTESON nace como un subproducto de las luchas desarrolladas en el país en el periodo anterior, esto no evita que se utilice para embelesar a los trabajadores al servicio del estado y sumarlos al corporativismo que imperaba en nuestro país. El gobierno toma como modelo “La Casa del Profesor”, organismo propio de la sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que les permitió percibir los beneficios de la Ley 38, convirtiéndose así en el sindicato más grande con acceso a los servicios del ISSSTESON.
El 9 de mayo de 1977 inicia funciones el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, que hasta la fecha sigue siendo el principal centro hospitalario del ISSSTESON. En él se encuentran agrupadas 32 especialidades que tratan las enfermedades más complejas y con tratamientos más costosos en el sector salud. El instituto cuenta con servicio de farmacia gratuita para los trabajadores del estado y los derechohabientes (familiares que dependan del trabajador). Existen otros centros hospitalarios, clínicas y farmacias en los principales municipios del estado. Hasta aquí el cuento no parece ser tan malo.
Quien escribe estas líneas sostuvo una charla con Francisco Javier Parra, Secretario del Interior del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), en la que profundizamos sobre la problemática que históricamente tiene el ISSSTESON, no sólo como sistema médico, sino como sistema de prestaciones como lo son las jubilaciones y el derecho a la vivienda. “Es para dar miedo”, expresa el compañero que ha visto el deterioro de la institución desde mediados de los 70’s y que tiene al menos 15 años experimentando directamente la indiferencia de las diferentes administraciones estatales.
Repasando la historia entre el STAUS y el ISSSTESON comenta que el 1er convenio entre éste y la Universidad de Sonora (UNISON) se dio en 1977. En los años 70’s y principios de los 80’s el servicio era bueno. A los trabajadores hasta la actualidad se les descuenta un monto económico para sus jubilaciones y para el servicio médico. Estos descuentos tienen que regresar al gobierno del estado para que puedan ser destinadas al ISSSTESON. La Secretaria de Hacienda se “cobraba a lo chino”, significando que el dinero nunca llega a las diferentes instituciones. Esto resulta un poco más complicado en el caso de la Universidad de Sonora (Unison), ya que esta recibe 50% fondos estatales y 50% federales.
A mediados de los años 80 el servicio del instituto empezó a deteriorarse. El primer síntoma de esto fue el aumento de los tiempos de espera, llegando a ser exageradamente grandes, para poder ver a un especialista, 3 meses se convirtió en un tiempo de espera normal para lograr tener una evaluación médica que podría mejorar o incluso salvar la vida de los derechohabientes. Haciendo una revisión por parte de los sindicatos de las finanzas del ISSSTESON encuentran que nunca se formó el fondo de pensiones, necesario para poder sustentar el pago a pensionados y jubilados del gobierno de Sonora.
¿A dónde se fue el dinero de las pensiones? ¿A alguna campaña política para beneficiar al candidato en turno? ¿Quizás a una constructora cercana al poder? ¿Tal vez a un programa social para lavarle la cara a la administración estatal?
¿Cómo se pagaban hasta entonces las pensiones? Año con año, la Ley de Ingresos y Egresos del Estado de Sonora tiene que tomar en cuenta los gastos “extraordinarios” (bastante ordinarios a este punto) que se tienen que realizar para mantener a flote al instituto.
Es fácil ver cómo a más de 30 años de su creación el ISSSTESON empezó a colapsar por la carga económica que significaba el aumento de jubilados a los que se les tenía que pagar sin tener un fondo que permitiera la salud financiera del instituto. Cada año el problema se agrava pues el número de jubilados aumenta y el sistema de jubilaciones no es capaz de seguir al ritmo de sus agremiados. Un ejemplo claro de esto son los académicos del STAUS, donde se reportan listas de espera para jubilación de hasta 5 años, situación donde se han presentado varios casos de fallecimiento esperando la jubilación. Un caso particular es el de Julia Romero, fallecida en 2017 a causa del cáncer tras 2 años esperando jubilarse.
Viendo esta problemática en 2005, el gobierno del estado encabezado por el priista Eduardo Bours hizo modificaciones a la Ley 38 que funda el ISSSTESON. Las modificaciones esenciales fueron tres. La primera fue el aumento al periodo de cotización para el cálculo del salario remunerador (pensión) de 3 a 10 años. Esto buscaba bajar el pago a jubilados futuros. La segunda fue un incremento de cuotas patronales y de los trabajadores en un 40% lo que convirtió al ISSSTESON en una de las instituciones de seguridad social más caras del país. La tercera fue la conformación del fondo de pensiones… que 16 años después sigue sin existir.
Los gobiernos del estado han logrado convertir al ISSSTESON en un hoyo negro. Nunca fue previsto que el aumento al cobro a trabajadores y patrones también supusiera un aumento en el gasto que anualmente el estado tiene que realizar para mantener a flote la seguridad social de los trabajadores de Sonora. Las reformas del 2005 aumentaron el ingreso, sin embargo, sólo consiguieron hacer crecer la caja chica del gobierno estatal para su saqueo.
Se han logrado esconder algunos abusos como mejoras en el ISSSTESON. Compras de medicamentos a precios inflados por “la urgencia” de abastecer las farmacias; construcción de infraestructura sin el aumento de personal médico; incluso, un acuerdo para tratar a los Padres Arancelados en el hospital privado San José, donde se les daba atención de alto nivel (a altísimo costo por supuesto). Este último punto fue resultado de la gestión de Guillermo Padres Elías en el Gobierno de Sonora y María Teresa Lizárraga en la dirección del ISSSTESON. Por cierto, es un secreto a voces que el esposo de Lizárraga es socio del hospital San José.
Actualmente el ISSSTESON atiende a trabajadores afiliados a sindicatos como la sección 54 del SNTE, el STAUS, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora e Instituciones Descentralizadas (SUTSPES), Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora» (STEUS), Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora (SUTUES), Sindicato de Trabajadores del CECyTES (SITCECYTES), entre otros muchos. Son alrededor de 80 mil trabajadores bajo este esquema y unos 200 mil beneficiarios. Mientras que la institución está técnicamente en quiebra, el Gobierno del Estado se niega a declararlo pues se vería obligado a intervenir y cubrir el déficit acumulado a través de los años. El déficit reconocido ronda los 10 mil millones de pesos, pero estimados de los sindicatos arrojan la macabra cantidad de 26 mil millones (más del doble de lo reconocido).
La situación es insostenible, la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado pende de un hilo. Las farmacias no tienen medicamento, se despide personal médico cuando las necesidades exigen contratar más, no se tiene acceso a las especialidades, los programas de vivienda prácticamente ya no existen, las jubilaciones se encuentran prácticamente congeladas. Hace muchos años que el problema en el ISSSTESON se convirtió en un problema de salud pública.
Los gobiernos estatales tanto del PRI como del PAN llevan más de 30 años ignorando la solicitud de los sindicatos. El PRI escucha, pero nunca ha resuelto nada, el PAN ni siquiera recibe a los trabajadores. Es necesario impulsar desde la base un gobierno que se atreva a crear una verdadera comisión de justicia. No como una persecución política, sino como un proceso necesario para subsanar al pueblo y regresar cada centavo saqueado, así como que cada saqueador se enfrente a la justicia.
No obstante, la justicia burguesa está diseñada para proteger a una minoría privilegiada, esta que es la misma que hoy destruye nuestra seguridad social. La justicia verdadera será imposible si las mayorías oprimidas no toman el poder para sí, gobiernan para sí. Sólo un gobierno verdaderamente obrero podrá detener el saqueo que como loza cae sobre la espalda de los obreros, y sólo el puño alzado de todos podrá alcanzar la justicia.