Este jueves 2 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las 4 reformas pendientes en materia electoral del denominado “Plan B” presentado por el ejecutivo, por lo que han entrado en vigor desde su publicación.
Recordemos que este “Plan B” propone una serie de medidas que garanticen el voto para las personas que se encuentren en el extranjero, en prisión preventiva, en condición de discapacidad, entre otras; de esta manera estaría abarcando una mayor pluralidad en el ejercicio del voto de los mexicanos. Por otra parte, propone un ajuste económico al reducir los puestos de autoridades electorales, la promoción del cómputo automático de votos, ajustes en el calendario electoral para reducir costos y la eliminación de las facultades para sancionar del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), proponiendo un nuevo modelo de justicia electoral.
Ante esta reforma, la reacción de la derecha y la oposición ha sido recalcitrante, han convocado a marchas con las consignas “El INE no se toca” y “El INE somos todos” bajo un falso llamado a la ciudadanía a defender una institución que, según ellos, garantiza los derechos democráticos del pueblo mexicano. Sin embargo, esto no es más que una fachada de sus verdaderas intenciones: defender una institución corrupta que desde su creación lo único que ha garantizado es la legalización de los fraudes electorales. No podemos olvidar que fue el IFE, actual INE, el que refrendó a Calderón en la presidencia, quien dio inicio a la guerra contra el narco cuya herencia ha sumido a nuestro país en la violencia y la barbarie. Fue esta institución la que, defendiendo los intereses de la clase burguesa, impuso “legalmente” a un presidente coludido con el crimen organizado.
Eso es lo que realmente esta defendiendo la derecha y los partidos de oposición, a la institución que pueda permitirles mediante su “autonomía” y legalidad, imponiendo la voluntad de una minoría parasitaria para defender sus intereses.
Recién entrado en vigor el “Plan B”, fue cesado el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, pues su puesto desaparece con la reforma, un puesto que ostentó durante 14 años con un salario de 167 mil pesos mensuales, lo cual es un insulto tomando en cuenta que el 39% de la población en México tiene un salario de sobrevivencia entre 10 mil y 15 mil pesos, mientras que otro 39% de la población tiene un salario insuficiente ganando menos de 10 mil pesos al mes (Datos del observatorio del trabajo digno).
Esto evidencia que los amparos interpuestos tanto por los consejeros del INE, como por las organizaciones civiles y los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) ante los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional estas series de reformas, no son en absoluto para defender “la salud de la democracia mexicana”, sino para defender sus privilegios. Estos amparos se están presentando desde distintas materias jurídicas, de igual forma se han presentado acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, con la finalidad de echar atrás el paquete de reformas y que este no sea aplicable para las elecciones de 2024.
Debemos recordar que el Estado burgués y sus instituciones, no son más que un grupo de hombres armados al servicio de la propiedad privada, esto significa que independientemente de quién gobierne, el Estado y su legalidad burguesa seguirán cumpliendo su función. Si bien el paquete de reformas del “Plan B” no son la panacea de la garantía de la verdadera democracia obrera, si plantean una serie de medidas de regulación y reducción de gastos innecesarios. A pesar de esto, y justo en el marco de la publicación en el DOF de esta reforma la SCJN ha admitido las presentaciones de controversias constitucionales presentadas para la primera parte del “Plan B” de reformas electorales. Se requiere del voto de 8 de 11 magistrados para declarar inconstitucional el paquete de reformas.
La presión de la derecha y la burguesía rancia y parasitaria de este país, será muy fuerte hacia los magistrados de la SCJN de quienes no podemos esperar mucho pues ellos se han convertido en el instrumento de boicot del poder legislativo y ejecutivo. Pues ha sido bajo el mando de la ministra presidenta Norma Piña, que se aprobó el amparo para descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereyra, la esposa de García Luna que ha sido encontrado culpable de crímenes por narcotráfico; también han dejado sin efecto la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ex narcogobernador de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero; también ha exonerado a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público, asociado a la llamada “Estafa Maestra”; se ha impedido que la UNAM dictamine sobre el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel lo que impediría su nombramiento como ministra de la SCJN. Y ahora, sin lugar a duda, será el instrumento para intentar frenar el “Plan B” de la reforma electoral. Así es como funciona la democracia burguesa, pues sin importar la aprobación de leyes de dos cámaras, tan solo 11 magistrados pueden echarlas atrás. Así nos queda claro el papel de las instituciones de la democracia representativa, servir a los intereses de la clase dominante a la que realmente representan.
La marcha del pasado 26 de febrero, más allá de una defensa del INE, fue más bien una muestra de la fuerza que ha acumulado la oposición, sin embargo, algo que ha demostrado el gobierno de AMLO es que su apoyo popular es muy amplio. La fuerza de los oprimidos de México debe mostrarse en las calles, debemos de luchar decididamente por cada reforma que represente una mejora en las libertades democráticas y hacia la calidad de vida de los y las trabajadoras del país. Toda reforma que en su defensa y ejecución ayude a adquirir experiencia, confianza en nuestras fuerzas y elevar el nivel de conciencia, será un paso para avanzar en una lucha por un cambio verdaderamente radical. Por lo que debemos luchar es por sustituir la democracia burguesa, que en apariencia cumple con la voluntad del pueblo pero en realidad sirve a intereses ajenos a nuestra clase, por la verdadera democracia, donde realmente seamos los de abajo, los trabajadores del campo y la ciudad, los que tomemos las decisiones del rumbo de nuestro destino. Es necesario luchar contra este sistema capitalista y derrocar a su Estado, para construir uno nuevo, bajo la administración democrática del proletariado.
