Desde el inicio del gobierno de AMLO hemos sido muy firmes al decir que las cosas han cambiado muy poco y que, si bien los programas sociales han alcanzado a sectores que antes eran relegados, lo que ha significado un alivio a la enorme penuria que se vive cotidianamente, es muy notorio que hay ámbitos concernientes al Estado que se mantienen inamovibles, es decir, siguen manteniendo sus privilegios y peor aún, son una piedra en el zapato, y una muy molesta, por cierto.
Por eso es importante abordar la cuestión del Estado para aterrizar en la cuestión de un sector estatal que fiel a sus principios y de una manera muy férrea sigue defendiendo los intereses de la clase poseedora, es decir, el poder judicial y por ende la impartición de justicia en nuestro país.
El Estado, garante de la burguesía
Para nosotros los marxistas la cuestión del Estado es fundamental, nos distingue claramente tanto de los reformistas, como de los anarquistas. Unos creen que es posible “reformarlo” y los otros, suponen su “erradicación” de un tajo. En ambos casos la forma de abordar el problema es deficiente.
Por un lado, los reformistas pugnan por pequeños cambios que, acumulándose harán un “gran cambio”. Pero lo hacen de forma lenta, para no asustar a la burguesía, pero en realidad no buscan ese cambio. Más bien se adaptan al Estado burgués y se convierten en un freno del movimiento de los trabajadores. Por otro lado, los anarquistas consideran que cualquier rastro de autoridad debe de ser erradicado de una vez y para siempre sin tener en cuenta que, aun después de derrocar a la burguesía, ésta tiene de miles de formas de lanzar una contrarrevolución y la principal la pueden encontrar en el poder estatal.
Lenin en el Estado y la Revolución, cita la obra de Federico Engels: El origen de la familia, la propiedad privada y el estado y pone énfasis en que:
«El Estado —dice Engels, resumiendo su análisis histórico— no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad; tampoco es ‘la realidad de la idea moral’, ni ‘la imagen y la realidad de la razón’, como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado; es la confesión de que esta sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables, que es impotente para conjurarlos. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna no se devoren a sí mismas y no se consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del ‘orden’. Y este poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia cada vez más de ella, es el Estado».
Por lo tanto, podemos decir que el Estado no es un ente que haya existido siempre y no necesariamente va a ser eterno, más bien, surge bajo determinadas condiciones para “regular” las contradicciones de clase. En otras palabras, desde su surgimiento, el Estado nació para proteger la propiedad privada, convirtiéndose en un instrumento de opresión y explotación de la clase oprimida y todos los elementos que se desprenden de él (cuerpos armados, leyes, cárceles, etc.) cumplen la misma función.
De esta forma la cuestión del Estado es clave para comprender las características del gobierno en turno, así como el cúmulo de contradicciones que trae consigo. AMLO es un reformista y en sus planes no está el derrocamiento del Estado burgués ni del capitalismo. Sus políticas van más en función de “reformar” o hacer menos pesarosa la vida de los oprimidos.
Sin embargo, y aunque AMLO no atenta contra la propiedad privada, ni contra la extracción de plusvalía, él no es un representante de la burguesía, pero tampoco es un fiel representante de los intereses de la clase trabajadora, lo que intenta hacer es maquillar la brutalidad del capitalismo con los programas sociales. Aun así, se ha enfrentado a los más rabiosos representantes de la burguesía nacional, porque lo que hace AMLO va en contra de las funciones del Estado burgués y que, en su momento, tanto Calderón y Peña —como todos los gobiernos anteriores—, cumplieron cabalmente, es decir, abrir de par en par las puertas del erario para el enriquecimiento lícito e ilícito de la burguesía.
La 4T y la impartición de justicia
Partiendo de lo expuesto anteriormente, es obvio que bajo la administración de AMLO la estructura estatal, cabe mencionar burguesa, sigue intacta. Morena ha llegado al gobierno, pero eso no ha significado un cambio en el funcionamiento del gobierno en ninguno de sus aspectos fundamentales.
Muy al contrario, siguen prevaleciendo los elementos esenciales y básicos del Estado burgués, y a AMLO y a Morena eso no parece incomodarles lo más mínimo, pues en lugar de eliminarlos, lo que pretende es “reformarlos”. Pero a pesar de que la 4T, AMLO y Morena no van al fondo del asunto, son el blanco de los ataques más furiosos, porque bajo su administración han ido cerrando la llave de los recursos públicos con los que se enriquecían algunos burócratas, así como ha ido regulando la entrega de concesiones a particulares. Y aunque AMLO no atenta de ningún modo contra la propiedad privada, su política si ha atacado los privilegios de sectores que en administraciones anteriores se llenaban las manos con los recursos del gobierno, ya sea por medio de corruptelas a la hora de entregar una concesión o desviando el dinero para su beneficio personal.
En algunos frentes ha tenido éxito, en algunos casos dicho éxito ha sido parcial, pero en algunos más va en franca derrota. Y justamente uno de los frentes que más trabajo le ha costado es el de la impartición de justicia, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación que, al ser organismos autónomos del gobierno, actúan en pos de sus intereses y de los de la burguesía. Esto puede sonar muy grotesco, porque generalmente se pensaría que en la impartición de justicia no hay diferenciación, sin embargo, es en donde existe una mayor separación entre las clases sociales.
Dicho de otra forma, estos organismos velan por los intereses de los ricos y poderosos, no porque sean malas personas, sino más bien porque esa es la función que deben de cumplir. No existe otra manera de entender que en nuestro país una persona de la tercera edad que roba un pan y jamón para saciar el hambre sea procesado, mientras que un empresario o político por el desvío de millones de pesos pague un amparo y siga el proceso en libertad.
Un ejemplo en el que vemos que solo pugnan por sus intereses y privilegios fue cuando se ampararon en 2018 contra la reducción de sus salarios, siendo que ese dinero iba a ser destinado a los programas sociales de AMLO. Obviamente no pensaron en las familias que viven en pobreza extrema o que sufren desnutrición.
Pero, enfocándonos en la relación que mantiene el gobierno con las instancias que dictan justicia en México, existe una enorme contradicción, porque se supone que el Estado y sus instituciones deben de jalar parejo, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, vemos que el presidente, representante del poder ejecutivo, jala para un lado, mientras que el poder judicial jala para otro. Esto es entendible, AMLO quiere “reformar” el Estado mexicano, pero éste tiene miles de elementos que salen en su defensa (por los intereses que están involucrados).
Algunos de esos intereses se reflejan en los amparos que la burguesía y sus esbirros han estado lanzando en contra de los megaproyectos de la 4T. Por ejemplo, después de cancelar el aeropuerto en Texcoco, en el que estaba metida la cuchara de la burguesía, y anunciar la construcción del aeropuerto en Santa Lucia, el Poder Judicial tuvo que analizar y juzgar un total de 147 recursos interpuestos contra la construcción del nuevo aeropuerto. La razón principal para suspender provisionalmente las obras fue esperar los dictámenes ambientales, pero bien sabemos que era una forma de presionar al gobierno para echar marcha atrás y continuar las obras en Texcoco. De entre las organizaciones que promovieron los distintos amparos encontramos a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia.
Otro caso que ha marcado las contradicciones en el seno del Estado mexicano es el referente a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). A todas luces sabemos que desde 2009, con la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se inició el desmantelamiento del sector energético. Fue en 2013, con el llamado Pacto por México, que se erigieron las bases para que el sector privado, nacional y extranjero, empezara a recibir contratos y concesiones sobre sectores antes exclusivos de la nación como lo fue la industria eléctrica y los hidrocarburos. Y ahora que la 4T pretende, al menos en materia eléctrica, volver a los que existía antes de 2013, se ha encontrado con la férrea defensa de la derecha, de la burguesía y del poder judicial.
Hasta ahora se han interpuesto más de 250 amparos contra la LIE, algunos de ellos todavía no son analizados hasta que se publiquen los nuevos reglamentos y la legislación secundaria. Es decir, los jueces han aceptado los amparos, aunque éstos no se refieren directamente a la LIE, en cualquier caso, los amparos van a servir para frenar la ley y con eso el poder judicial antepone los intereses de particulares, sobre los intereses de la población en general.
En ese sentido podemos ver el ejemplo del juez Juan Pablo Gómez Fierro que consideró que la política de la Secretaría de Energía (Sener) afecta la libre competencia e incumple requisitos regulatorios. El juez amparó a todas las compañías de electricidad contra la nueva política de la Sener con la que se pretende limitar la generación privada de fuentes renovables. El juez no solo resolvió a favor de la empresa EGP Magdalena Solar, sino que hizo extensivos los efectos a todas las compañías que participan el mercado eléctrico mayorista.
Este mismo jurista amparó a todas las empresas contra el acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el pasado 29 de abril, en el que se prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La Primera Sala de la Suprema Corte confirmó en octubre la suspensión definitiva de la política de la Sener, lo que significa que queda sin efecto mientras resuelve su constitucionalidad y el argumento del juez Gómez Fierro es que la política de la Sener es inconstitucional porque afecta la libre concurrencia y competencia, además de incumplir con los requisitos regulatorios.
Aquí vemos nuevamente la contradicción entre el ejecutivo y el poder judicial ya que, mientras AMLO dice haber acabado con el neoliberalismo este juez aboga por la libre competencia, algo que afecta directamente a los bolsillos de millones de habitantes pues los costos de la energía dependerán del mercado, es decir, es una receta para marcar aún más la diferencia entre los explotados y los explotadores.
Decretos presidenciales: ¿la mejor respuesta ante la ofensiva del poder judicial?
Lo expuesto líneas arriba deja claro que, aunque AMLO puede tener muchas buenas intenciones en beneficio de la mayoría de la población, se ha topado con miles de trabas dentro del mismo Estado. Y desde mi punto de vista no es que los jueces y magistrados sean conservadores, más bien juegan muy bien el papel que se les dio: defender los intereses de la burguesía y la propiedad privada.
AMLO pretende sacar de la jugada al poder judicial, y de paso al legislativo, por medio de decretos, es decir, desde su posición como presidente, tiene la capacidad de emitir normas que todos deben acatar, sin que éstos pasen por la aprobación del poder legislativo o judicial. Obviamente, AMLO quiere estar un paso adelante por los posibles amparos que los jueces seguirán dando en contra de los proyectos que la 4T lance.
Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto presidencial que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México” por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional.
Las obras relacionadas con este decreto están vinculadas a la infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles en todas sus modalidades: energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional.
Así que, proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Olmeca, en Tabasco, entre otros, podrían ser beneficiarios de este decreto. Mismos que han sido bombardeados por innumerables amparos que han detenido parcialmente su construcción.
Aunque muchos pueden ver como algo lógico y hasta normal el decreto, éste es un arma de doble filo. Hay que recordar que Calderón, por medio de un decreto, extinguió Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que hizo que miles de electricistas perdieran su fuente de empleo. Entonces se debería de tener mucho cuidado con los precedentes que deja, porque, aunque Morena gane las elecciones en 2024, no sabemos qué tipo de gobierno será. Incluso, si es que el PRI o el PAN lograrán ganar, podrían echar atrás a través de decretos lo que hasta ahora se ha obtenido por medio de la lucha de la clase trabajadora.
Reformismo o revolución
López Obrador ha sido muy enfático al decir que todos los males que aquejan a México, como a muchos países en el mundo, derivan de la corrupción. Si somos benevolentes, y aceptamos esa premisa, tenemos que ser muy estrictos y decir que la corrupción no es el problema de fondo, sino más bien una consecuencia del verdadero problema. Por lo tanto, eliminar la corrupción no hará que el resto de los males que aquejan a millones de mexicanos desaparezcan de un momento a otro.
Asimismo, también es muy frecuente escuchar que el neoliberalismo ha sido abolido en nuestro país. Sin embargo, eso está muy lejos de ser cierto, porque en materia económica se siguen los ejes principales de esta doctrina. Porque una cosa es que el gobierno se apriete el cinturón, lo que en la 4T se llama austeridad republicana, y a parir de esos ahorros se destinen recursos a los programas sociales, así como a los proyectos sexenales, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya. Y otra, muy diferente, sería realmente erradicar no solo el neoliberalismo, sino el capitalismo, ya que uno es inherente al otro.
Sin embargo, la política del gobierno no se enfoca en esto último, sino más bien en querer reformar el capitalismo, algo que es totalmente imposible dadas las características del sistema mismo. Por ejemplo, eliminar la corrupción no eliminará la explotación, ni los bajos salarios, muchos menos el enriquecimiento de los empresarios y banqueros.
Y aunque en los discursos del presidente, de algunos diputados, senadores e incluso gobernadores hablen del fin del neoliberalismo, son solo eso, discursos. Ya que la realidad de miles de mexicanos no cambia con discursos iracundos contra los males del neoliberalismo, y es que la visión reformista se centra en ir “reformando” el capitalismo, volverlo más humano y a partir de ahí que la población más vulnerable pueda “vivir mejor”. De forma certera podemos decir que si eso llega a suceder es algo temporal, porque mientras el Estado siga existiendo tal y como está, nada de fondo cambiará.
Sabemos muy bien que AMLO no busca ni desmantelar el Estado burgués, ni acabar con el capitalismo en México, lo que él busca es el desarrollo social, pero ese es un tema muy ideal, sobre todo si tomamos en cuenta lo que dice Rosa Luxemburgo en su obra Reforma o Revolución:
“El Estado actual es, ante todo, una organización de la clase dominante, y si ejerce diversas funciones de interés general en beneficio del desarrollo social es únicamente en la medida en que dicho desarrollo coincide en general con los intereses de la clase dominante. (…) Pero esta armonía solamente dura hasta un cierto momento del desarrollo capitalista.”
Por lo tanto, AMLO ha estado generando cierto equilibrio entre las clases, sin embargo, en varias ocasiones se ha encontrado entre la espada y la pared, y para salir bien librado ha hecho concesiones a la burguesía, no a los trabajadores.
Así podemos ver claramente que, AMLO y la 4T quieren minimizar las contradicciones, más no erradicarlas. La vía que proponen es “meter en cintura” a los empresarios y banqueros, algo que no es posible, al menos no dentro de los límites del Estado burgués y del capitalismo. La única vía para terminar con las contradicciones, para que la justicia realmente sea pronta y expedita, no viene de reformas, sino de un proceso revolucionario que barra con el Estado y sus instituciones que son garantes de la clase dominante en la actualidad.
