Hace poco más de dos meses que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) se aprobó y ha puesto en el punto de mira de la sociedad toda una trama de corrupción que hay detrás de este, así como las limitaciones de la misma reforma.
Vale señalar que la elección tradicional de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la hacia el Poder Ejecutivo (el presidente) y eran ratificados por el Senado, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras solicitudes y concursos de méritos. Pero ahora con la reforma judicial se propone la elección popular rumbo al 2025-2027, enmarcada en la política de combatir la corrupción en todos niveles de gobierno, y el poder judicial no fue la excepción. El “segundo piso” de la 4T, con Claudia Sheinbaum al frente, será el campo de batalla para materializar la reforma, la cual se mantiene en pie incluso ante las impugnaciones de inconstitucionalidad rechazadas el pasado 5 de noviembre en la SCJN por no alcanzar la mayoría calificada.
La reforma desato múltiples movilizaciones a nivel nacional. Jueces y ministros salieron a las calles en defensa, supuesta, de la democracia en el país, pues se dice que la reforma trastoca la independencia, la libertad y la democracia en México. Pero estos jueces que se han movilizado no se caracterizaron en sus gestiones por ser impartidores de justicia.
Lo que la reforma trastoca profundamente son los intereses y los privilegios que jueces y magistrados han tenido, por ejemplo, salarios superiores al del presidente, apoyo para telefonía, comida, transporte, rentas, pensiones vitalicias y múltiples prestaciones que generan de la cúpula del Poder Judicial una casta privilegiada que sirve a los intereses del gran capital.
De acuerdo con el Manual de Remuneración del Poder Judicial de la Federación, un juez de distrito en 2024 recibe 139 mil 210 pesos al mes, a esto se le suma 261 mil 672 pesos por concepto de aguinaldo y prima dominical, y en caso de ser necesario por concepto de riesgo pueden darles hasta 424 mil 518 pesos, Estas cifras son iguales o mayores para los distintos cargos en el PJF, como los consejeros de la Judicatura Federal, el Controlador de la Corte o los ministros y los magistrados.
Con la reforma en marcha estos salarios se reducirán, ya que plantean como tope máximo el sueldo en el cargo de la presidencial. La política de la austeridad republicana y del “combatir la corrupción” es la esencia misma de la reforma.
Una vez que los grandes sueldos y privilegios en el Poder Judicial van a desaparecer, ratas más grandes comienzan a saltar del barco. 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia han presentado su renuncia, alegando que es producto del ataque a la democracia, además han dicho que no se someterían a elección popular.
Norma Piña encabezaba el sentir de la defensa de los privilegios en el Poder Judicial, quien renuncio con la firme intención de proteger las pensiones vitalicias con las que se quedarán antes de los cambios en el nuevo régimen que implica la reforma. Con una demagogia reaccionaria típica de la derecha, los jueces movilizaron a la base de trabajadores del Poder Judicial y a algunos estudiantes, sobre todo del área de derecho, de algunas universidades, utilizándolos como carne cañón. Los trabajadores sostuvieron un “paro” de labores en San Lázaro -aunque con salarios pagados- hasta el 28 de octubre. Otra estrategia que han utilizado ha sido la de ampararse contra la reforma.
La reforma presuntamente tiene el objetivo de purgar el sistema judicial de la corrupción de esta banda de mafiosos que siempre está dispuesta a amparar a delincuentes y gente del crimen organizado, y que por supuesto también salvan de pagar impuestos a sus amigos empresarios.
Son muy conocidos los casos de cómo han amparado al tramposo, explotador y ratero de Salinas Pliego para que no pague miles de millones de pesos al gobierno; han defendido a violadores, estafadores, narcotraficantes, etc. Pareciera que su papel es el de evitar y liberar de la cárcel a todos los delincuentes, en vez de castigarles. Todo el Poder Judicial está podrido porque engendra un Estado de derecho solo para quien domina la economía nacional. Así lo demuestra el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, los feminicidios en el país y un sinfín de crímenes que se quedan entre miles de capetas.
A nivel nacional el 96.3% de los delitos denunciados e investigados quedaron impunes, pero los mayores índices se registran en delitos de alto impacto. La impunidad que impera en nuestro país en casos como la desaparición forzada es de un 99.5%, en extorsión (98.4%), fraude (97.2%) y en homicidio doloso (96.8%). Estos datos provenientes de la investigación Hallazgos 2023 de la organización México Evalúa afirman la profunda crisis justicia en México y la condición de impunidad para las víctimas.
La impunidad es un vicio que perpetua violencia y delitos de los cuales nunca hay resolutivos o reparaciones de daños, al contrario, se maquinan justificaciones y trámites burocráticos para meter en un callejón sin salida a las víctimas y sus familias. Esto ha generado un sentimiento de desconfianza ante un sistema judicial totalmente alejado de la realidad y esto ha definido incluso si la gente ve efectivo o no el denunciar. El índice de confianza en un Ministerio Público sólo llega a un 11%.
La reforma es una medida que pone a raya a la burocracia y a los viejos elementos del Poder Judicial, con la intención de mostrar que las instituciones son completamente funcionales y, si se tiene un manejo sin corrupción, con una ética y buena moral, y si los jueces y magistrados son electos popularmente, entonces responderán a las necesidades del pueblo directamente. Pero esto es solo es caer en la retórica de que basta con limpiar superficialmente el rostro de las instituciones burguesas para su funcionamiento. Es seguir dándole concesiones y confiando en el aparato de Estado burgués. La lucha porque se imparta justicia tiene su trinchera en la organización de la clase trabajadora y luchar por una nueva sociedad.
Nosotros como comunistas no creemos que con la reforma se va a solucionar los problemas de falta de justicia o de corrupción. Un sistema judicial enmarcado dentro del Estado burgués y la lógica capitalista, sea del gobierno burgués que sea, resulta completamente ajeno a la gente que vive en medio de un mar de violencia, opresión e injusticia. Estos problemas están íntimamente ligados al sistema capitalista. Lo que sí creemos es que esta reforma, que no es la mejor, pondrá en evidencia que la base del problema es el sistema y no simplemente basta con un nuevo poder judicial más democrático o menos corrupto.
¡No a los jueces y magistrados que se enriquecen a costa de los trabajadores!
¡Por una sociedad donde el capitalismo sea desterrado, y con él todas sus lacras como la corrupción y la injusticia!