Durante la última semana, el imperialismo estadounidense ha decidido escalar en sus niveles de agresión contra el gobierno venezolano. A las acusaciones por narcotráfico a Maduro y 13 altos funcionarios del Estado de Venezuela, la detección de un nuevo plan de terrorismo y magnicidio gestado desde territorio colombiano, el anuncio de la administración Trump de un nuevo plan transicional en nuestro país -sin Maduro y sin Guaidó– con un levantamiento paulatino de las sanciones económicas, ahora se suma el despliegue de fuerzas navales de EEUU en las cercanías a las costas venezolanas en el Caribe, con la excusa de una «operación antidrogas».
El miércoles 1 de abril, Donald Trump, en compañía de su Secretario de Defensa, Mark Sper, y el Fiscal General estadounidense, William Barr, anunció el envío de barcos de combate, lanchas navales, buques destructores, aviones y helicópteros al Caribe y al pacífico oriental para supuestas operaciones de combate al narcotráfico. Con una retórica plagada de eufemismos, la cabeza de la Casa Blanca alegó: «EEUU está lanzando una operación mejorada de lucha contra el narcotráfico contra el hemisferio occidental para proteger a los estadounidenses del azote mortal de los narcóticos ilegales». Más adelante, en clara alusión al gobierno venezolano, remató: «No vamos a permitir que los carteles de la droga aprovechen la pandemia para amenazar la vida de estadounidenses».
El que el imperialismo yankee esté redoblando, de forma casi desesperada, su plan para consumar un cambio de gobierno en Venezuela no es casual. Si bien, ahora podemos saber que la reciente gira mundial de Guaidó, que concluyó en EEUU, tuvo como fin preparar el terreno político-diplomático para esta ofensiva, la ejecución de la misma también parte de otras preocupaciones más acuciantes que no dejan dormir al actual inquilino de la Casa Blanca. La propagación del coronavirus Covid19 en EEUU, ha expuesto la ineptitud de la administración Trump y del capitalismo estadounidense en general ante la opinión pública de ese país. La profunda recesión económica que ya empezó, cuyas causas son anteriores a la pandemia pero que esta ha precipitado, y la creciente rabia entre las masas norteamericanas ante toda la situación, motivan a un desesperado Donald Trump a tratar de desviar la atención de sus problemas internos a costa de mostrarse como un fiero luchador contra el «eje del mal». Toda la atención de Trump claramente está puesta en las elecciones presidenciales pautadas para finales de año.
Lo anterior se confirma con las resistencias que al parecer encontró Donald Trump entre ciertos sectores del Departamento de Defensa estadounidense para proceder con la medida anunciada. Según una fuente citada por la revista Foreign Policy, la oposición se debió a lo inoportuna de la decisión, precisamente en un momento donde la Casa Blanca estima una cifra de 240.000 muertos estadounidenses por el virus Covid-19, y cuando el despliegue de los recursos para combatir la pandemia se hallan limitados. Nada de esto importó a un Donald Trump desesperado por conquistar su -cuesta arriba- reelección. Debemos anticipar que dichos cálculos electoreros no podrán frenar la vorágine de cambios sociales decisivos que el recrudecimiento de la crisis orgánica de todo el sistema capitalista está preparando en EEUU y en todo el planeta. Hemos entrado en un periodo convulsivo en la historia mundial donde la politiquería barata y chovinista clásica no surtirá mayores efectos.
Con el recrudecimiento de las presiones hacia el gobierno venezolano, EEUU busca cercar a Maduro para que éste acepte el nuevo «plan de transición en Venezuela», o en su defecto, producir un quiebre estatal que movilice a un sector del gobierno o de la oficialidad militar para forzar una «salida». Recordemos que el programa para la transición venezolana, presentado por EEUU el pasado 31 de marzo, contempla que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado, y que la Asamblea Nacional elija a 5 elementos, tanto del gobierno actual como de la oposición, para conformar un Consejo de Estado encargado de llamar a nuevas elecciones presidenciales y dirigir una transición ordenada de poder. Estos pasos, derivarían en el levantamiento paulatino de las sanciones económicas que EEUU ha venido imponiendo al Estado venezolano -con bloqueo de activos, restricciones comerciales e impedimentos para que este acceda a nuevas fuentes de financiamiento internacional, a PDVSA -con bloqueo a las exportaciones petroleras y a los intercambios comerciales con sus proveedores- y a funcionarios puntuales -con congelación de cuentas y activos en EEUU, y prohibición de entrada a ese país.
Debemos recordar que, a diferencia del caso boliviano, las Fuerzas Armadas venezolanas se han mantenido del lado de Maduro pese a todas las presiones. Claro que han habido casos de conspiraciones golpistas que contaron con el concurso de ciertos sectores militares -como la fracasada «Operación Libertad», sin embargo en cada uno de ellas no hubo implicación decisiva de elementos de la oficialidad. Esta lealtad no se ha forjado por mero apego ideológico o moral, sino a base de enormes concesiones económicas. En numerosos análisis hemos mencionado como la participación directa de cabezas militares en el control de PDVSA y en otras empresas estatales estratégicas -como la corporación militar para la explotación petrolera, minera y gasífera (CAMINPEG), ha constituido una entrega velada de parte de las enormes riquezas nacionales al sector castrense. También, el gobierno históricamente ha premiado a generales en situación de retiro con jefaturas de ministerios o candidaturas a gobernaciones y alcaldías. Esta situación se extiende a todas las capas altas de la burocracia estatal, donde la corrupción impera sin ningún freno. Pero estas prebendas, que han evitado que el poder estatal se quiebre hasta ahora (salvo el caso de la anterior Fiscal General, Luisa Ortega Díaz), pueden convertirse en su contrario.
Los privilegios que el gobierno ha concedido a los sectores militares y burocráticos que lo sostienen, pueden pasar a ser la misma base material que motive a una fracción de éstos a acudir al llamado de Washington para desalojar a Maduro del poder a cambio de la preservación de tales riquezas por parte del régimen que se instale. Al igual que el imperialismo, con este nuevo plan de transición, la oposición pro-yankee ya ha mostrado toda la disposición del mundo para establecer un nuevo pacto de poder con aquellos sectores militares y burocráticos del actual gobierno que se atrevan a dar un golpe de estado. La promulgación de la llamada «Ley de Amnistía» a través de la Asamblea Nacional a comienzos del 2019 es solo un ejemplo. Un rompimiento de la cohesión estatal solo ha de producirse si Maduro se halla acorralado, sin opciones, totalmente bloqueado financieramente -para al menos garantizar los flujos de renta que demandan sus apoyos en el Estado- y que en algún momento flaquee el respaldo de China y Rusia.
Si bien Maduro ha sido el garante de los intereses económicos de China y Rusia en el país, el apoyo de estas solo se ha mantenido en la medida en que los planes imperialistas han fracasado. Aunque China y Rusia han seguido concediendo oxígeno financiero, «asesoría» económica, apoyo diplomático y asistencia militar al gobierno venezolano -a cambio de ventajas en la explotación de los innumerables recursos nacionales-, estas potencias no estarían prestas a seguir metiendo sus manos en el fuego por un gobierno que eventualmente pudiera pender de un hilo. Asimismo, la posibilidad de que estas potencias puedan interceder militarmente en el continente americano si EEUU decidiera pasar la luz roja, es muy reducida. El gobierno venezolano puede convocar en los próximos días a las fuerzas armadas de estos países a realizar ejercicios militares en el Caribe, con fines disuasorios, pero garantizar una presencia permanente de dichas invitados es mucho más complejo. Todos estos movimientos navales abusivos que emprende el imperialismo estadounidense pueden derivar fácilmente en un bloqueo marítimo, lo que sin duda tendría funestas consecuencias económicas para un país que lleva seis años consecutivos en recesión profunda, que padece una brutal hiperinflación, que ha visto cómo sus exportaciones de petróleo se han desplomado en un 75% desde 2014, y que cuenta con el nivel de reservas internacionales más bajo en 20 años (6.780 millones de dólares en febrero). La ejecución de un bloqueo naval es la continuación lógica a la política de sanciones económicas contra el gobierno venezolano. El oprobioso sufrimiento que hoy padecen los trabajadores y el pueblo en general, producto de la crisis estructural del capitalismo criollo, la política de ajuste no declarada del gobierno y las sanciones estadounidenses, podría recrudecer a niveles genocidas.
Entretanto, Maduro lideró, el pasado lunes 30 de marzo, un encuentro del Consejo de Estado, instancia constitucional que convoca a representantes de los principales poderes públicos para atender coyunturas apremiantes. Entre los asistentes a la reunión se encontraban el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el Contralor General, Elvis Amoroso, el Gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, y el controvertido diputado Luis Parra, Presidente de la Asamblea Nacional por el lado del gobierno. Esta sesión sirvió para proyectar un aparente respaldo desde distintos poderes estatales y las importantes FFAA hacia Maduro.
Mientras en el país se aplican medidas de aislamiento social para prevenir mayores contagios por coronavirus, la crisis capitalista nacional y global no ha dejado de impactar en la economía. Los precios del petróleo venezolano, que de por si son bajos -gracias en parte a las sanciones imperialistas-, han descendido a cerca de 5 dólares por barril, según el propio Maduro. Este precio está 6 dólares por debajo del costo de producción del barril venezolano, lo que sin duda ya afecta seriamente el ya mellado presupuesto nacional. Aunque, como en toda crisis, se han registrado alzas en los precios del oro -que el gobierno venezolana vende por vías irregulares, la exportación de este recurso está muy lejos de representar un factor de compensación suficiente que sustituya a la industria petrolera. Según la consultora Ecoanalítica, las exportaciones petroleras para este año de profunda incertidumbre pudieran caer a menos de 8.000 millones de dólares, un tercio de lo recaudado en 2019. Por su parte, las exportaciones no petroleras venezolanas, como las ventas de oro, no superan los 2.000 millones de dólares. La misma firma estima un déficit de devisas de alrededor de 7,6 mil millones de dólares para el presente año.
La escasez de combustible y el deterioro acelerado de los servicios públicos, sobretodo del suministro de gas doméstico, son problemáticas que añaden mayor incertidumbre al ya complicado panorama social. Las refinerías del país ya casi no producen gasolina y los efectos de las sanciones imperialistas han dificultado su importación. Ante todo este contexto, la posibilidad de un bloqueo naval amenaza con seguir caotizando al país.
Desde la Corriente Marxista Lucha de Clases, rechazamos la presente ofensiva injerencista del imperialismo estadounidense contra nuestro país. Esta política criminal no puede más que encontrar repudio por parte de los trabajadores de Venezuela y el mundo. La única manera de combatir efectivamente tales políticas es retomando la senda revolucionaria para completarla organizando a los trabajadores y el pueblo en general para la toma de todas las palancas de la economía, la planificación económica central, el control obrero y el desmonte del Estado burgués. Es necesaria la expropiación de todas los monopolios del imperialismo, para poner sus recursos al servicio de un plan económico de emergencia revolucionario, bajo estricta contraloría social. Debe realizarse un contundente llamado internacionalista a los trabajadores del mundo y de EEUU especialmente para que respalden desde sus fronteras toda iniciativa revolucionaria que se emprenda desde Venezuela. En lo inmediato, las Milicias Bolivarianas deben convertirse en punta de lanza en la defensa territorial y organización de la resistencia popular en caso de una invasión, pero para ello es necesario que cuenten con todo el apoyo en armamento y pertrechos. Juan Guaidó y todos los colaboradores del imperialismo deben ser apresados cuanto antes.
Aunque estas medidas son demandadas por la más elemental lógica de defensa revolucionaria, está claro que la dirección gubernamental está negada a encaminarse por esta vía. El alto nivel de compromiso que estos dirigentes poseen hacia el mismo sistema capitalista que amenaza con devorarlos, y con ellos a todo un país entero, es irrompible. Es un compromiso forjado a base de las ventajas y prebendas corruptoras del Estado burgués. En resumen, es un compromiso con sus nuevos privilegios de de clase, con sus propiedades y testaferros. No hay nada de revolucionario en esta cúpula, la misma que sin miramientos decidió descargar todo el peso de la crisis del capitalismo a su misma base social de respaldo.
La única salida a este atolladero, en favor de los intereses de las grandes mayorías pobres, radica en la auto organización obrera y popular, y en la construcción de una alternativa revolucionaria preparada para ejecutar las tareas históricas de transformación socialista de la sociedad que el presente de lucha reclama.
A medida que transcurren las horas, Juan Guaidó sigue conspirando y jugando su papel como agente de desestabilización interna. La Fiscalía General le ha enviado una citación para presentarse el jueves 2 de abril, la cual desestimó. Ya veremos cómo el sistema de justicia actúa ante la burla de un personaje presto a reducir en cenizas su país para cumplir su sueño de ocupar Miraflores y saciar la voracidad de recursos estratégicos de su amo imperialista.
Corriente Marxista Lucha de Clases es la sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional