La ampliación del Puerto de Veracruz ocasiona un ecocidio. ¿Qué hacer para impedirlo? ¡Organización obrera!
Max L. Chapa
Una vez más el ecosistema de Veracruz corre un gran peligro. La Secretaría de Marina, uno de los muchos aparatos de represión del Estado hacia la clase trabajadora, ha iniciado la colocación de la segunda escollera del proyecto de ampliación del Puerto de Altura de Veracruz, un impacto ambiental que recae directamente sobre el arrecife vivo de La Gallega, hogar de cientos de especies, varias incluso endémicas de la región. Pasando completamente por alto la orden de suspensión que la Primera Sala de la Suprema Corte ordenó en febrero de 2022.
Dicha escollera está siendo conformada por toneladas de roca de una cantera de Mozomboa, Actopan, cuyo impacto ambiental no está documentado en las evaluaciones correspondientes y que están arrojando las 24 horas sobre este arrecife, dañando su estructura y sedimentando la tierra que es fuente de refugio y alimento de los seres vivos que habitan en ella.
Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y GreenPeace (entre otras que es probable que se sumen con el paso de los días) han denunciado la magnitud del proyecto como un ecocidio y no podrían tener más razón.
A su vez, multitud de colectivos, organizaciones sociales y personas afines al activismo ambiental se han posicionado en contra de dicho proyecto, manifestándose con pancartas en el Malecón de Veracruz, redactando denuncias y cartas al ayuntamiento o exponiendo el caso en redes sociales. El descontento es evidente y completamente justificado, pues el daño no solo afecta a la fauna y flora del arrecife, también afecta a la población en general, pues estos daños repercuten en los aspectos biológicos y sociales del humano.
Como marxistas entendemos la extrema importancia de conservar nuestro ecosistema y que sólo con la unidad del pueblo trabajador es posible hacer presión ante el gran capital y el Estado, que actúa como el defensor de los negocios de la burguesía y de la propiedad privada. Pero esta lucha no debe quedar solo en pancartas, hilos de redes sociales ni documentos que van a perderse en el laberinto burocrático. Si bien son útiles y fomentan la difusión del caso, esto es solo una herramienta dentro de toda una lucha, la lucha de clases. Y dentro de esta lucha, nuestra mejor arma son los métodos de organización obrera.
Dentro de esta problemática es normal que surjan enormes dudas entre la gente: ¿Por qué el Estado permite esto? ¿Sólo es culpa de la corrupción? Destruimos el ambiente, pero, ¿generamos empleos y mejoramos la economía de nuestras familias? ¿México es dueño de estos puertos o hay intereses extranjeros?
Este artículo pretende, además de exponer la terrible situación que enfrenta la biodiversidad portuaria, explicar mediante una visión materialista dialéctica, el verdadero funcionamiento del aparato estatal y de la economía burguesa dentro del puerto jarocho y sobre todo, brindar las herramientas óptimas para lograr la organización de la clase trabajadora en contra de la destrucción del medio ambiente.
El papel del Estado como defensor de los intereses el capital
El idealismo jurídico quiere ver en el caso Veracruz una historia de «leyes incumplidas»: sentencia de la Corte, desacato de la Marina. El análisis marxista revela algo más profundo: el Estado no es neutral, y sus leyes están hechas para defender las acciones de la burguesía.
En 2004, la Semarnat fragmentó la evaluación ambiental en catorce manifiestos para que ninguna instancia contemplara el impacto acumulado: fragmentar es la estrategia administrativa del ocultamiento. En 2012, con el parque nacional «encapsulando» al puerto, el Estado hizo lo que la ley de su propio Estado le permite: cambió la ley; un decreto presidencial modificó la poligonal del parque y desincorporó el arrecife Punta Gorda para liberar el área portuaria. Cuando la lucha ciudadana logró en 2022 que la Primera Sala declarara inconstitucional ese andamiaje, el Estado no se detuvo: en diciembre del mismo año reemitió la autorización con el mismo esquema fragmentado que la Corte había condenado. Y en 2025-2026, con la obra avanzando sobre el arrecife, el Estado pone el cuerpo institucional de la Secretaría de Marina (aparato de represión de clase) al servicio de los intereses de la burguesía.
Esto no es corrupción: es el comportamiento más esperable y lógico de un Estado que protege los intereses de la clase dominante. Justamente el Estado es, en palabras de Marx y Engels, «no más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa» y en la etapa imperialista es, además, el ejecutor directo de los megaproyectos que el capital privado necesita pero no puede levantar solo: 30,000 millones de pesos de inversión pública para crear las condiciones de rentabilidad de Hutchison Ports (ICAVE), de Sempra/IEnova, de Cargill, de las navieras trasatlánticas. El modelo es el mismo que en el sector eléctrico documentado por la lucha por la reforma eléctrica: la industria estatal pone la infraestructura, asume los costos y los riesgos, y el capital privado se instala después para capturar la ganancia (con subsidios que solo en electricidad superan los 471,000 millones de pesos).
El caso de Mahahual es otra demostración perfecta: contra el proyecto de Royal Caribbean no bastó el amparo (los magistrados lo deshicieron por un tecnicismo) ni la presión en redes: se frenó porque la lucha de masas hizo el proyecto políticamente insostenible. Y aun así, la respuesta presidencial no fue prohibir la devastación sino «proponer construirlo un poco más allá». En Veracruz ni siquiera esa concesión retórica existe: el proyecto sigue, porque el proyecto es del propio Estado, y el Estado de la 4T (como el de Peña, como el de Calderón) no piensa romper con la lógica del capital, osease, romper con el capitalismo, el libre mercado y la gran burguesía. El Estado mexicano prefiere dar pasos atrás en los derechos laborales y destruir ecosistemas sacrificar miles de vidas de trabajadores a enfrentarse con el imperialismo.
Limitar al capital, negociar con él, «ponerle un freno»: eso es lo que el gobierno reformista «intenta», pero no puede, porque la acumulación no se frena por decreto; se frena despojando de sus medios de producción a quien vive de ella.
Los tratados y organismos internacionales completan el ciclo: cuando el Estado, presionado, frena a una transnacional, el capital recurre a paneles de arbitraje internacional donde casi siempre gana. Los discursos vacíos sobre la soberanía nacional sin un programa de clase y revolucionario, bajo el imperialismo, es solo un chiste barato.
No es un accidente, es un asesinato y el culpable es la burguesía
Este acto no es un accidente ni un malentendido regulatorio. Es la expresión exacta de la naturaleza ecocida del capital. Lo que ocurre sobre La Gallega no se explica por la codicia de un funcionario individual o la negligencia de una dependencia; se explica por leyes económicas que operan detrás de los decretos, las sentencias y las licitaciones, en pocas palabras: por el actuar del Estado (que, como hemos mencionado, no podemos separar de su carácter de clase y su base económica).
El punto de partida del materialismo histórico es que la humanidad se desenvuelve en la naturaleza a través del trabajo: transforma su entorno y, al hacerlo, se transforma a sí misma. El problema no es la producción, ni la técnica, ni el «desarrollo» como hacen ver algunos intelectuales que señalan que el problema está en la industrialización, como si quisieran volver a la Edad de Piedra. El problema es la forma social en que la producción está organizada y cómo se utiliza la tecnología y medios de producción al servicio de la ganancia. Bajo el capitalismo, la transformación de la naturaleza no se subordina a las necesidades humanas ni a la reproducción de las condiciones de vida, sino a la valorización del valor: la producción por la ganancia, y dentro de ella la ganancia por la ganancia.
La ley de movimiento del capital es acumularse o morir. En cambio, la naturaleza opera con leyes y ritmos ajenos a la rotación del capital: tomemos por ejemplo un arrecife coralino, este conjunto de seres vivos tarda siglos en construirse, su ciclo vital no se acelera por decreto de una administración portuaria, una ideología u organización económica. Para el capital este es un obstáculo que amenaza su existencia misma.
Como escribió Marx en los Grundrisse, «el capital tiende a superar toda barrera espacial y temporal»; pero al superarla, transforma la naturaleza de presupuesto de la producción en obstáculo que debe abatir; y al abatirlo, destruye sus propias condiciones. Como decía Marx en El Capital: «el capitalismo destruye sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos».
De la misma manera, Marx formula con brutalidad:
«Todo progreso de la agricultura capitalista es un progreso en el arte de despojar no sólo al obrero, sino también al suelo; todo progreso en la elevación de su fertilidad para un lapso de tiempo dado es un progreso al mismo tiempo en la ruina de las fuentes duraderas de esa fertilidad».
El capital opera como un sistema de saqueo de las fuerzas vitales del trabajador y de la tierra, porque a ambos los registra como insumos «gratuitos» que no ingresan al balance contable. El arrecife no produce ganancias; los silos y los almacenes de contenedores sí. Por eso el arrecife es sacrificable.
Engels añadió una advertencia en su obra El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre:
«No nos hagamos ilusiones sobre nuestro dominio sobre la naturaleza… cada victoria sobre ella cobra su precio: la victoria se revierte contra nosotros, una vez tras otra».
La sedimentación total del arrecife por la modificación de corrientes, la pérdida de playas, el colapso de la pesca ribereña, la exposición de la costa a los temporales; todo ello es «el precio», pero un precio que no lo paga el capital que se expande: lo pagan los pescadores desplazados, los veracruzanos sin protección costera, la humanidad futura. La contradicción se desplaza: lo que para el capital es plusvalía, para la sociedad es destrucción.
¿Qué (no) hacer?
De todo lo anterior se sigue una crítica necesaria a las formas de lucha que, sin ser inútiles, se estancan cuando no se tiene una dirección política consistente con las necesidades materiales de la clase trabajadora.
La vía meramente jurídica es una trampa estructural. No por inútil (el amparo de 2022 fue una victoria real que frenó la obra tres años y fijó un precedente) sino por insuficiente: juega con reglas escritas para defender la propiedad y la acumulación. «Siempre va a haber un tecnicismo, algún papel que no se llenó, algún hueco legal», como señaló la experiencia de Mahahual. El poder judicial, en última instancia, es parte del mismo Estado que hoy en día sigue destruyendo el coral.
En cuanto al ambientalismo activista y las ONG’s. Estas estrategias desplazan la responsabilidad de las grandes empresas multinacionales y de los millonarios burgueses dueños de estas y la redirigen a la responsabilidad «individual» de la mayoría trabajadora: reciclar, sembrar un árbol, firmar una petición. Se pide que se den boicots individuales a las grandes empresas como si el problema estuviera en el consumo y no en la producción capitalista.
El ecocidio no es un problema de hábitos de consumo (lo que una persona «contamina” en un año, una multinacional lo puede hacer en cuestión de semanas o meses), es un problema de propiedad de los medios de producción y de la planificación. Mientras la distribución de los recursos la decida el mercado, no habrá consumo responsable que alcance; el 1% decide más sobre el metabolismo global del planeta que mil millones de consumidores. Solo con una administración obrera en los centros de trabajo, manufactura, fábricas, etc. Y bajo una economía planificada que se base en la satisfacción de las necesidades y no en el lucro desmedido podremos hablar de una verdadera estrategia efectiva que pueda hacer frente al declive ecológico.
Hablemos también de la transición energética y el mercado verde. Estos son, bajo el capital, la misma barbarie con etiqueta nueva: parques eólicos y solares instalados con despojo de tierras comunales, contratos leoninos, autoabasto de OXXO y Bimbo subsidiado por la CFE. La burguesía «preocupada por el clima» es la misma que saquea: quiere ser subsidiada para enriquecerse con la venta de la solución al problema que ella genera. Los autos eléctricos son más de lo mismo; mercancías fabricadas en grandes números sin control, con baterías de litio que miles de trabajadores precarios dan sus vidas por extraer. Todo para tener un almacén repleto de Teslas (por mencionar alguna de las ya muchas marcas y modelos híbridos/ eléctricos que siguen la lógica del libre mercado).
En cuanto a las protestas, nuestras consignas deben ser claras: saldremos a las calles a exigir solución inmediata ante el ecocidio que hoy amenaza a Veracruz, pero también debemos organizarnos para ir más allá, entender políticamente el papel del Estado y llegar a la conclusión de que el fin del ecocidio solo es posible luchando por el control portuario bajo dirección obrera, así como la producción nacional completa.
Redireccionemos la rabia general como si de una máquina de vapor se tratase, todo ese «vapor» de descontento debe direccionarse hacia un «pistón» que accione toda una maquinaria que haga posible el movimiento revolucionario. La clase trabajadora necesita de un Partido que les brinde las herramientas para lograr sus objetivos y la memoria histórica de los movimientos obreros del pasado.
Sólo con la unión de todos los trabajadores podremos hacer un cambio.
Nuestras consignas como comunistas
¿Qué sigue, entonces? No la resignación: la organización. La defensa de La Gallega no se gana en la demanda de amparo ni en la conferencia de prensa; se gana si se convierte en un proceso de masas que busquen tomar el poder.
Esto implica:
Primero: La defensa del arrecife con organización de clase. El arrecife no tiene defensores más legítimos ni más numerosos que los pescadores ribereños desplazados, los trabajadores portuarios de Veracruz, los jornaleros, los estudiantes y maestros veracruzanos, las comunidades costeras. La tarea revolucionaria es construir comités de lucha en cada sindicato, fábrica, cada cooperativa pesquera, cada escuela: comités que integren especialistas ambientales en conjunto con los trabajadores, que más que nadie conocen su entorno y su medio de vida. Todo esto regido bajo el centralismo democrático (que no es más que la forma más avanzada y efectiva de democracia que existe hasta el momento) en donde todos y todas tengan libertad de discusión, pero la máxima unidad en la acción cuando la mayoría decida.
Segundo: Fin del proyecto ecocida, administración ambiental de la clase trabajadora. No basta «suspender la obra»: la demanda debe ser la paralización definitiva del proyecto ecocida, la investigación de Marina, la Asipona y el Grupo INDI, y la reparación integral bajo responsabilidad de quienes han lucrado.
Tercero: Expropiación de los puertos bajo dirección obrera. La experiencia histórica mexicana lo confirma: la burguesía nacional nunca jugó un papel progresista; el desarrollo económico del país se hizo cuando el Estado expropió las principales industrias (petróleo, electricidad). Pero la historia muestra también el límite que tuvo el proyecto cardenista: la nacionalización estatal sin control obrero le da paso libre y pavimentado a la burguesía. Por eso la consigna no puede ser la renacionalización burocrática: debe ser: industria portuaria, energética y minera en manos de los trabajadores, bajo control obrero y planificación democrática. La Asipona no debe ser administrada por almirantes sino por soviets de trabajadores portuarios, pescadores y comunidades; el puerto debe servir al interés social, no al tráfico de las navieras.
Cuarto: Poder obrero para salvar el planeta. Mientras la clase trabajadora (el 99% de la población) no tome el poder del Estado para sí ni sea dueña de los recursos del planeta, no habrá evaluación ambiental integral que valga: siempre habrá un decreto que mueva la poligonal, un tecnicismo que vacíe el amparo, un contrato que meta las rocas de noche. Las conquistas parciales (frenar una escollera, tumbar un amparo en contra, renacionalizar un sector) son escuelas de guerra, no el final de la guerra. El capital no se reforma: se derrumba o nos derrumba.
Socialismo o barbarie, frente a un arrecife
Engels escribió que no debemos lisonjearnos de nuestras victorias sobre la naturaleza, porque ella, inevitablemente, cobrará venganza. El capital añadió una segunda venganza: un sistema que, para existir, debe crecer eternamente sobre un planeta finito, y que ya consume cada año lo que la Tierra tarda en regenerar. La Gallega sepultada bajo la roca de un contratista amigo es un epitafio anticipado: o la clase trabajadora organizada, consciente de su papel histórico, toma en sus manos las palancas de la economía y reorganiza el metabolismo social con la naturaleza bajo una planificación racional, o la barbarie capitalista terminará de hundir los arrecifes, los bosques, los ríos y, con ellos, la vida humana organizada.
No hay tercera opción. La pancarta en el malecón sirve si anuncia el paro nacional; la asamblea sirve si da pasos adelante en la lucha y organiza a la clase trabajadora; la acción proletaria sirve si encadena las huelgas, los paros, la acción directa de masas que haga imposible la obra; y todo ello sirve si conduce a que los trabajadores, dueños por fin de su trabajo y de su planeta, decidan qué se produce, cómo y para quién.
Que la roca que hoy cae sobre La Gallega recuerde, a quienes la tiran y a quienes la denunciamos, que el capitalismo ya nos declaró la guerra. Solo falta que el proletariado la tome como suya.
¡Socialismo o barbarie!
¡Expropiación de los grandes capitales portuarios y energéticos!
¡Control obrero y planificación racional del metabolismo sociedad-naturaleza!
¡Por un partido revolucionario de la clase trabajadora que lo haga posible!