El asesinato de un nuevo estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, por parte de los Policías estatales de Guerrero es un nuevo crimen de Estado (dentro del que se expresan los tentáculos de caciques priístas, del crimen organizado y lo más podrido del PRD). Este joven de 23 años manejaba una camioneta donde iba acompañado de otros dos estudiantes de dicha normal. Hicieron una parada para comprar cosas, mientras se dirigían a recoger a otros estudiantes a la central de autobuses, y fueron acosados por una patrulla de la Policía estatal de Guerrero. Uno de ellos, conocido como Arenita, huyó, pero fue alcanzado y retenido por 3 horas. El otro, Osiel, fue retenido por alrededor de 10 horas y torturado por los elementos policíacos estatales, sin que nunca fuera presentado al ministerio público.
Con la tortura se buscaba que Osiel declarara que llevaban armas y drogas, cosa que no consiguieron. Se acusó a los estudiantes de poseer dos armas, una larga y otra corta. La primera no fue nunca presentada y todo indica que la segunda no fue activada y parece sembrada en la escena del crimen. También se dijo falsamente que llevaban alcohol y drogas, en otro intento de establecer una “verdad histórica”, es decir, dar una versión falsa de los hechos para encubrir la culpabilidad del Estado en este nuevo crimen. Pero esta versión se vino rápidamente abajo.
Yanqui Kothan Gómez Peralta, el estudiante asesinado, tenía 23 años, su madre señala que era deportista, muy contrario a la versión de sus vínculos con las drogas. Su madre, en una entrevista al canal de YouTube Rompeviento TV, repitió una frase ya dicha por los estudiantes normalistas: “Para el Estado ser estudiante es un pecado, ser normalista es un delito, pero ser de Ayotzinapa merece la muerte”.
La Fiscalía estatal hizo una prueba de rodizonato en la que los estudiantes salieron positivos, pero la pólvora puede esparcirse y no es concluyente de que ellos hayan disparado. No olvidemos que, en 2011, en una protesta, dos estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados, salieron positivos en dicha prueba pero luego se descubrió que ya muertos la policía puso en sus manos armas y las detonaron.
La prueba balística de efectos, que indica la trayectoria de las balas, muestra que estas vinieron de fuera hacia adentro pero no de dentro hacia afuera de la camioneta. Es decir, los estudiantes no dispararon, el estudiante fue ejecutado por los hombres uniformados de la Policía estatal. AMLO también desmintió que estos estudiantes estuvieran armados y hubieran disparado.
AMLO se ha doblegado ante el poder militar
Vayamos un poco más atrás. El presidente AMLO prometió justicia por la desaparición de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, estamos próximos a cumplir 10 años de este trágico hecho. En efecto, se dio un giro en la política, se realizaron nuevas investigaciones, se vino abajo la falsa verdad histórica construida por el Estado, se encontraron restos de dos estudiantes y se ratificó que este fue un crimen de Estado, donde actuaron conjunta y coordinadamente elementos policíacos de varios municipios, policías estatales, ejército, posteriormente marina y crimen organizado. Hacer justicia implica llegar al final de la verdad y el Ejército se ha protegido dando información parcial, mintiendo y ocultando pruebas clave que están bajo su control.
El gobierno de AMLO se ha apoyado en el Ejército para gobernar y le ha dado muchas concesiones. Este es un Ejército que no ha sido depurado y que ha presionado a AMLO. Un ejemplo claro es cuando fue detenido el general en retiro Salvador Cienfuegos por crímenes de tráfico de drogas en EEUU, él fungió como Secretario de la Defensa Nacional cuando ocurrieron los hechos de Ayotzinapa. Su actuar se puede resumir en su frase “no toquen a mis muchachos”, es decir no toquen al Ejército por el caso Ayotzinapa. Fue tal la presión de estas fuerzas armadas que AMLO tuvo que actuar al más alto nivel, para negociar con el gobierno de EEUU su liberación, sin que se hiciera ninguna investigación o juicio en México, dejándolo simplemente en libertad.
AMLO mismo condecoró el año pasado a Cienfuegos por sus aportaciones hechas en el Ejército, mientras declaraba que ya se había hecho justicia para Ayotzinapa. Ésta es una prueba de cómo el actual gobierno se ha doblegado ante el poder militar y se ha demostrado en el caso Ayotzinapa. Las distintas investigaciones han evidenciado la existencia de toda una serie de documentos que el Ejército tiene sobre su posesión y que no ha entregado. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), antes de abandonar el país, solicitó al Estado la entrega de esa información que tiene el Ejército. El que hubiera este freno fue la razón central de su salida de México.
AMLO dijo en la conferencia mañanera del 20 de septiembre de 2023 que “es falso que el Ejército no haya entregado toda la información”. Una semana después, Alejandro Encinas entregó el segundo informe de la CoVAJ, mostrando algunos documentos que habían estado en propiedad del Ejército y que aportaron nueva información. Con esto quedó en entredicho lo que había dicho AMLO, que el Ejército había entregado toda la información.
Los padres de los 43 y sus asesores demandan la entrega de más de 800 folios que el Ejército tiene y no ha mostrado. El informe de Encinas mostró algunos de éstos, poco tiempo después renunció y las relaciones entre el gobierno y los padres se enturbiaron aún más.
Un grupo muy pequeño de padres fue expulsado del movimiento por haber marchado a favor de la liberación de los Abarca (que gobernaban el municipio de Iguala cuando la noche del 26 de septiembre de 2014). Encinas fue muy cuidadoso de no negociar con este sector. Los padres tenían una reunión en enero con el nuevo subsecretario de gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y cuando llegaron estaban sentados en la mesa los padres expulsados. Eso era intolerable y se rompió el diálogo entre los padres y el gobierno. De allí los padres demandan diálogo directo con el presidente.
El presidente ha lanzado una ofensiva, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que depende de la OEA y de la que se desprende el GIEI, como la Comisión de Derechos Humanos Agustín pro Juárez y en particular contra el abogado de los padres Vidulfo Rosales. AMLO apela a un diálogo directo con los padres, sin permitirles que se dé junto con los asesores que ellos decidan. También da largas para la reunión, diciendo que se está recabando nueva información valiosa que les quiere mostrar. Nosotros creemos que debe haber diálogo sin que el presidente ponga condiciones. Los padres tienen el derecho de asesorarse de quien ellos consideren. Si fuera el caso que Vidulfo no está actuando de manera congruente, debe ser decisión de los padres, y solo de ellos, el excluirlo.
Las protestas de los padres
Hay una clara ruptura entre los padres y los funcionarios estatales del gobierno de AMLO. Los padres de Ayotzinapa instalaron un plantón en el Zócalo desde el pasado 26 de marzo. Exigen la apertura de los archivos militares, y un diálogo directo con el presidente. El pasado miércoles 6 de marzo, se decidió levantar el plantón. En esos 10 días no se acercó ninguna autoridad del Gobierno Federal, sólo las de la CDMX para pedir que se movieran, pues iban a instalar el escenario para el acto de inicio de campaña de Claudia Sheinbaum. Obvio no se movieron del lugar.
Es significativo que la candidata de la 4T a la presidencia de la república, la clara favorita a suceder a AMLO en la presidencia, dio a conocer sus 100 compromisos de gobierno, mientras los padres de los 43 se encontraban en plantón allí mismo en el Zócalo, y no dijo una sola palabra explícita de justicia para Ayotzinapa.
Una de las consecuencias de que no se haya tocado a los militares, ni con el pétalo de una rosa, es que sus organismos de inteligencia siguen siendo los mismos que en el tiempo del PRI y el PAN. Recordemos que ellos mismos tenían un infiltrado entre los 43 de Ayotzinapa y que no tuvieron reparo alguno en dejarlo morir junto a los demás estudiantes, con tal de encubrir el crimen. Hoy en día la inteligencia militar sigue actuando a sus anchas para generar ante la opinión pública la imagen de que los de Ayotzinapa son merecedores de todo menos de justicia.
Antes de levantar el plantón, el 6 de marzo, decidieron hacer una corta marcha y entregar una petición formal del diálogo con el presidente. En el camino se encontraron una valla y se dieron fricciones con elementos policíacos, quienes golpearon a un padre y a otro compañero. La manifestación terminó con la puerta 1 de Palacio Nacional rota con una camioneta. Si las fuerzas de seguridad lo hubiesen querido, habrían contenido la manifestación, pero permitieron que se rompiera la puerta. Este tipo de provocaciones tienen como objetivo preparar a la opinión pública para justificar un acto represivo. Al día siguiente fue ejecutado el estudiante Yanqui Kothan. No cabe duda que las fuerzas oscuras del Estado, de burgueses y altos funcionarios reaccionarios, que son las mismas que no han dudado en masacrar campesinos y estudiantes, siguen actuando impunemente.
Varios manifestantes ingresaron a las orillas de la sede presidencial, mientras Andrés Manuel López Obrador realizaba su conferencia de prensa matutina. Estos podrían parecer actos ultraizquierdistas, y claro está que se deben analizar, no desde un punto moral sino desde su efectividad política. Pero no podemos abstraernos del contexto de violencia en que está sumido el Estado de Guerrero. Fueron los propios padres quienes pusieron una barrera humana para evitar un ingreso mayor de los manifestantes al Palacio Nacional que llevara a una mayor polarización y salieron del lugar.
Fue un día después, el 7 de marzo, que fue ejecutado en Guerrero el estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta por miembros uniformados de la Policía estatal. Eso provocó la movilización de los normalistas quienes, según varios medios de prensa, como respuesta, retuvieron por algunas horas a algunos miembros de la Guardia Nacional.
Cuando se vino abajo “la verdad histórica” del caso Yanqui Kothan, se informó que habían sido detenidos los policías implicados. Pero estos nunca fueron entregados a la Fiscalía estatal ni se tiene claridad de qué dependencia los retuvo. Dándose así las condiciones para que el policía fuera liberado y escapara. Los estudiantes reaccionaron con una violenta protesta en la Fiscalía estatal, lanzando bombas caseras y quemando varios autos que se encontraban en el estacionamiento.
A la par de la fuga del policía, dos peritos que investigan el caso de los 43 y se trasladaban a Guerrero a apoyar la investigación del estudiante recién asesinado, desaparecieron. Por fortuna fueron encontrados con vida. Esto habla de que hay fuerzas que buscan generar la mayor inestabilidad y caos en la entidad y en el caso Ayotzinapa. También es claro que el Estado no se mueve bajo las órdenes de Evelin Salgado sino que tiene una lógica de actuación propia, donde sectores de la reacción controlan parte de este aparato y lo usan en su beneficio.
¿Caos provocado?
Lo primero que tenemos que señalar es que las demandas de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa son legítimas y siguen siendo una lucha justa. Que el actuar del gobierno de AMLO ha sido muy limitado y el no quererse enfrentar al Ejército ha llevado a que no se alcance la justicia. Es el claro límite de los reformistas que se apoyan en y fortalecen al Estado burgués que tiene una esencia represiva y asesina contra los trabajadores del campo y la ciudad.
Pero, por un lado hemos visto una campaña de desprestigio contra elementos como Vidulfo Rosales, el abogado de los padres; por otro, hemos visto también una campaña contra AMLO. La candidata de la derecha a la presidencia, Xóchitl Gálvez, se reunió con Luis Almagro, dirigente de la OEA. Poco después, The New York Times sacó un artículo que habla de un supuesto financiamiento a AMLO por parte del narcotráfico. Seguido de esto, se dio una guerra en redes sociales hablando de que AMLO es un narco presidente. Según el gobierno, el 96% de estos tuits vienen del extranjero. Más que un vínculo real del actual gobierno con el narco, vemos una guerra sucia de la derecha nacional e internacional, quienes aspiran al desprestigio del gobierno para ganar posiciones en las elecciones del 2 de junio. Por supuesto, la oposición de derecha busca acentuar que esta ruptura entre la lucha de Ayotzinapa y el Gobierno de AMLO se acentúe y en el choque jalar agua para su molino.
La noche de Iguala mostró cómo el Estado y el crimen organizado se pueden incluso fundir y confundir en el Estado de Guerrero. Políticos y empresarios mantienen vínculos o incluso son parte del crimen organizado. Las pasadas elecciones estatales fueron vistas por las masas como la oportunidad de deshacerse de esas mafias y se dio un voto masivo a Morena. Pero una elección no es capaz de cambiar la realidad y menos si los gobernantes no asumen un programa revolucionario ni se apoyan en el movimiento de masas de los trabajadores para transformar la realidad.
Viejos políticos mafiosos de los partidos del PRI y el PRD, apoyándose en el crimen organizado, buscan desestabilizar al Estado para debilitar y desprestigiar a los gobiernos de Morena y regresar a sus viejos cotos de poder. Esto, sumado a las disputas entre el crimen organizado y el combate a la lucha de las comunidades, estudiantes y trabajadores; es un coctel de violencia que mantiene a la población atemorizada. Lamentablemente, el caso de Yanqui Kothan no es aislado, hay un ambiente de violencia generalizada.
El fracaso de los gobiernos de Morena en el tema de la seguridad, la imposibilidad de dar justicia al caso Ayotzinapa y frenar la violencia en el Estado de Guerrero (que vive realmente una situación de barbarie), sumado a la violencia que han sufrido los estudiantes mismos, ha llevado a la FECSM de Ayotzinapa a realizar acciones de carácter ultraizquierdista.
Claro está, que en Guerrero es común la violencia en las protestas de masas y eso muchas veces está completamente justificado. Engels decía que la violencia es la partera de la historia. Pero lo que debemos cuestionarnos, alejados de moralismo, es qué métodos nos ayudan a alcanzar nuestros fines y cuáles nos alejan. Nosotros creemos que los métodos que nos sirven son los que ayudan a elevar la conciencia de los trabajadores, que ayudan a cohesionarnos e impulsar al movimiento de masas. En el contexto de violencia, evidentemente deben haber medidas de seguridad y autodefensa, pero la clave está en conseguir el apoyo y la movilización de los maestros, el resto de trabajadores, de los campesinos y los estudiantes.
Han habido acciones de los normalistas que han llevado a que pobladores de Tixtla (el histórico municipio donde se encuentra la normal) lleguen a pensar que sería mejor que cerraran Ayotzinapa y eso contribuiría a que la violencia bajara. Si la lucha de los estudiantes se aleja del pueblo trabajador, estarán perdidos. Los métodos ultraizquierdistas, además, son más susceptibles para que la reacción los use e incluso infiltre elementos en protestas para provocar inestabilidad. Esto se combate con democracia interna; con la formación de cuadros comunistas revolucionarios, con suficiente nivel y claridad política, y con una estrategia que ayude a cohesionar la lucha de los trabajadores.
El gobierno de Morena ha dejado en evidencia los límites de los reformistas y de la lucha electoral. Eso no significa que las masas hayan abandonado esas vías para expresar su descontento e incluso luchar contra la reacción. Pero hemos visto expresiones mucho más avanzadas de las masas en Guerrero para hacer frente a la barbarie del sistema capitalista. Podemos mencionar huelgas del transporte público que han paralizado a Acapulco para exigir seguridad. Si esto se generalizara en una huelga general de los trabajadores, daría una respuesta contundente a la violencia barbárica. Imaginemos a los normalistas parando y yendo a protestar, pero no solos, sino con los trabajadores del transporte en paro junto con los maestros (históricos aliados), con el clave sector turístico en huelga. Eso sí que sería una respuesta de unidad frente a la reacción y sus grupos armados. No olvidemos otros métodos: las Policías comunitarias. Es decir, las comunidades organizadas democráticamente con un sector armado para hacer frente al crimen organizado bajo el control de la base.
Recordemos algo más. ¿Qué pasó en 2014? La unidad de la masiva lucha de los maestros con otros sindicatos, con los estudiantes de Ayotzinapa y las comunidades organizadas en Policías comunitarias. Esto consiguió, en una histórica marcha a Chilpancingo, liberar a Policías comunitarios que habían caído presos. Esto en un contexto de lucha nacional, pero que tuvo su epicentro en la lucha local en Guerrero. Eso puso al régimen contra la pared y se establecieron, en varios municipios, elementos de doble poder.
En Tixtla, por ejemplo, se formó un Gobierno popular. Un dato curioso, producto de esa lucha el auditorio municipal fue ocupado por el movimiento y llenado de murales. A Yanqui Kothan le gustaba pintar y pintó un mural, siendo adolescente, en dicho auditorio.
La situación de doble poder o se generaliza y acaba con el Estado burgués actual o el Estado actual predominará y aplastará al naciente poder de los trabajadores. Esto segundo fue lo que pasó. Pero estas luchas marcan el camino a seguir.
Tenemos enemigos internos. Los reformistas están buscando institucionalizar la protesta, dar apoyos sociales a cambio que la gente no se movilice. Han fomentado el fortalecimiento del Estado y su monopolio de violencia. Si bien han atacado en algunos casos al crimen organizado, también han desmantelado a Policías comunitarias.
El problema central lo vemos en los límites del programa y la política de los reformistas. Sin duda que hay una intención de desestabilizar al Estado de Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado del partido Morena. Los reformistas no son capaces de resolver los problemas de fondo porque no buscan cambiar al sistema que es el problema de raíz. También, es cierto, que la derecha lanza sus tentáculos e intenta infiltrar nuestra lucha o cooptar a nuestros camaradas. Esto no se resuelve con una visión paranoica de desconfiar todos de todos, que es justo lo que busca la reacción, sino estableciendo mecanismos de democracia y control obrero y pugnando por direcciones conformadas por cuadros políticos consecuentes (nosotros diríamos realmente comunistas revolucionarios que promuevan la democracia obrera).
Existen elementos en el magisterio, en la FCSUM, en las comunidades, en otras escuelas y centros de trabajo, que ven necesaria una lucha revolucionaria ante la incapacidad reformista, ante la corrupción de algunos líderes, frente a las ganas y necesidad de los trabajadores y estudiantes de luchar, pero también de defender a nuestras organizaciones. Necesitamos crear cuadros comunistas revolucionarios consecuentes que pugnen por la democracia en el seno de nuestras organizaciones de combate, que pugnen por promover que las protestas ayuden a elevar la unidad y el nivel de conciencia del conjunto del pueblo, que defiendan a muerte nuestras demandas sin ninguna concesión al reformismo. Lo de los normalistas han sido crímenes de Estado, de un narco Estado, y la real justicia vendrá cuando acabemos con ese aparato criminal, que sólo será posible con un levantamiento generalizado de los trabajadores que barra con esta escoria y establezca un Estado de y para los trabajadores del campo y la ciudad.
Las condiciones de la lucha de clases en Guerrero no es un juego de niños. No vamos a poner el pecho a la reacción para que masacran a compañeros como Yanqui (que realmente fue una víctima de la reacción que busca inestabilizar al Estado y al país). Hay que saber actuar con cautela, proteger a nuestros cuadros y fortalecer la organización de masas de las comunidades y trabajadores de la ciudad y crear los cuadros revolucionarios que el movimiento necesita.
¡Justicia para Yanqui Kothan y los 43 de Ayotzinapa!
¡Por el desarrollo del movimiento de masas de trabajadores y estudiantes!
¡Por un Estado de los trabajadores que acabe con la violencia criminal del sistema!
