Las graves consecuencias del cambio climático se han estado haciendo sentir en todo el mundo, con incidencias más extremas en unos países que otros en la forma de incontrolables incendios forestales, inundaciones y deslaves devastadores o severas olas de calor. Recientemente, Uruguay ha sido también parte de esta lista, cada vez más larga, de países azotados por desastres climáticos.
Durante el primer semestre de este año, la zona metropolitana de Montevideo -donde habita aproximadamente el 60% de la población uruguaya-, estuvo al borde de quedarse sin suministro de agua potable.
De hecho, dependiendo de cómo se mire el asunto, aunque el suministro de líquido no llegó a interrumpirse por períodos prolongados de tiempo, en los hechos la gente sí quedó privada del acceso al agua potable: según los estándares técnicos, el agua que ha salido de las canillas en los últimos meses no es apta para el consumo humano.
Es cierto que la crisis de abastecimiento de agua ha sido detonada, al menos en primera instancia, por la sequía de los últimos tres años, y que además ha sido la más severa en los últimos 74 años de historia del país. Sin embargo, como veremos a continuación, la crisis ha sido preparada lentamente en las últimas décadas por las políticas estatales permisivas hacia las industrias pasteras y los capitales que controlan el agro negocio, principales artífices del saqueo de los recursos hídricos del país.
La sequía y la crisis de agua
El primer gran martillazo de la sequía cayó sobre el embalse de Canelón Grande, uno de los dos que ha surtido de agua históricamente a Montevideo. Hasta el jueves 09 de marzo de este año, la empresa estatal de tratamiento y distribución de aguas, Obras Sanitarias del Estado (OSE), pudo extraer agua de esta represa. Literalmente, el embalse se secó: hasta ése día el nivel del agua alcanzó el mínimo posible a fines de extracción.
Las imágenes del reseco embalse tuvieron un gran impacto en las comunidades aledañas. Lo que fue siempre un vasto espejo de agua, ahora se había convertido en un extenso valle de húmeda tierra negra. El único vestigio que recordaba a los pobladores que aquella plana extensión de barro seco fue alguna vez una laguna plateada, eran los charcos de agua terrosa de aspecto sucio en las zonas más bajas de la planicie, que aún no se habían evaporado. Por primera vez, la gente de las ciudades vecinas a Canelón Grande pudo caminar sobre el lecho del embalse. Botellas plásticas y viejos desechos lanzados al agua durante décadas, ahora se tostaban bajo el sol.
Aunque la situación no llegó a ser de la misma gravedad en Paso Severino -el otro embalse que surte a la capital-, sus reservas también estaban siendo agotadas rápidamente.
Este embalse, que se abastece del Río Santa Lucía, tiene una capacidad máxima de entre 60 y 70 millones de metros cúbicos de agua. En marzo, el volumen de agua en la reserva se había reducido hasta aproximadamente 25 millones, es decir, cerca del 50% de su nivel normal. En mayo, apenas dos meses después, el nivel había caído mucho más, llegando a 6 millones de metros cúbicos, que equivale al 10% de su capacidad.
La prolongación de la sequía durante mayo y junio continuó agravando la situación, y, a principios de julio, ésta alcanzó su cénit. Sólo quedaban 2 millones de metros cúbicos de agua, es decir, el 3,1% de la capacidad total del embalse. En ése momento, el gobierno anunció públicamente que, de no llover, las reservas disponibles en el embalse se agotarían en diez días, entendiendo que Montevideo y su zona metropolitana consumen aproximadamente 500.000 metros cúbicos de agua al día.
Finalmente, para el alivio de las decenas de miles de familias trabajadoras afectadas, y para la tranquilidad del incompetente gobierno de Lacalle Pou, que sin desparpajo había señalado públicamente debía esperarse a que lloviera para que la situación mejorase, el mismo mes de julio las lluvias comenzaron a llegar, ayudando a recuperar el nivel de Paso Severino.
El pasado miércoles, 23 de agosto, ante la recuperación de las reservas de agua, Lacalle Pou decretó el fin de la emergencia hídrica en el país. Sin embargo, la situación está lejos de resolverse de forma definitiva. Las causas estructurales del problema siguen estando presentes y los efectos del cambio climático continuarán agudizándose durante los próximos años.
Las medidas del gobierno ante la crisis y su impacto sobre las familias trabajadoras
Si bien el gobierno tomó ciertas medidas de última hora durante el pico de la crisis, y se llenó la boca hablando de cómo estaba enfrentando la situación, en realidad mostró una tranquilidad y un desenfado propios de quienes no sufrían en carne viva las consecuencias de la escasez crónica de agua.
Declaraciones del presidente Lacalle Pou, tales como: “si no llueve, habrá un lapso en que el agua no sea bebible”, o, “todos sabemos que demora dos años, mientras tanto, no hay un genio que frote la lámpara, tiene que llover”, generaron un profundo malestar entre la gente, en la medida en que evidenciaban la desconexión del gobierno con la realidad que se vivía en los hogares de clase trabajadora.
Días antes, ya había señalado que “la lluvia es nuestro aliado, es lo que resolverá el problema”, y, “lamentablemente no ha llovido.” Esto último mostró al país, cuando la crisis de suministro fue más álgida, que el jefe de Estado y gobierno consideraba la posibilidad de una mejoría en la situación como algo literalmente a merced del tiempo atmosférico, por no decir de la providencia.
No obstante, en mayo, ante la posible interrupción del suministro de agua si no volvían las lluvias a tiempo, el gobierno de Lacalle Pou optó extraer agua del Río de La Plata para compensar las paupérrimas reservas que aún quedaban en Paso Severino.
Pero, se sabe que el agua del Río La Plata es en buena medida salobre, es decir, contiene sales minerales en niveles muy superiores a los permitidos para el consumo humano. Específicamente, contiene en promedio unos 450 mg de sodio por cada litro y 700 mg de cloruros por cada litro de agua. Estos niveles de sodio y cloro doblan los niveles permitidos por la Unidad Reguladora de Servicios de Agua y Energía del país (URSEA).
Inmediatamente, al tomar agua de las canillas para preparar el mate o lavar los alimentos, la gente notó el distintivo sabor salado del agua que ahora estaba llegando a los hogares.
Niveles tan altos de Sodio son particularmente peligrosos en el caso de pacientes hipertensos, con problemas cardíacos en general, y también en pacientes con problemas renales. Asimismo, resulta peligroso para cualquier persona que padezca alguna patología en las que el alto consumo de sodio y otros electrolitos pueda poner en riesgo su vida.
Y esto no es todo. Debemos considerar también los niveles de trihalometanos, un subproducto de la potabilización de agua mediante dióxido de cloro, cuyo consumo prolongado puede causar algunos tipos de cáncer. Los estudios de la URSEA han determinado que, durante los últimos meses, los niveles de trihalometanos en el agua han superado los niveles establecidos en los estándares uruguayos para el consumo humano. Lo mismo al respecto de los niveles de hierro actualmente presente en el agua.
Ante la perspectiva de una crisis que se hacía inminente, miles de trabajadores, jóvenes y activistas de la izquierda en general comenzaron a movilizarse desde el mes de marzo. Protestaron por la afectación del suministro, pero también por la sobreexplotación de los recursos hídricos por parte de los grandes capitales: “no es sequía, es saqueo”, fue la consigna central de las movilizaciones.
En algunos casos los manifestantes llegaron hasta el parlamento, pero tuvieron como única respuesta por parte de las autoridades estatales, la orden dada a los cuerpos represivos del Estado de cercar el punto de llegada de las movilizaciones. Esa fue la respuesta del gobierno de Lacalle Pou a la gente que exigía el respeto del derecho humano al agua en las calles.
En realidad, la forma como el gobierno enfrentó la escasez de agua evidenció una ausencia de previsión casi absoluta ante lo que claramente se veía venir, puesto que ya el sector agropecuario había sido declarado en emergencia hacia finales de 2022, como consecuencia de la prolongada sequía. Lógicamente, el acceso al agua para el beneficio de los negocios de terratenientes y capitalistas ha sido, es y será una prioridad fundamental del gobierno, frente a los intereses de las masas trabajadoras y la protección de la naturaleza.
El análisis de esta crisis, por lo tanto, debe trascender las causas inmediatas y enfocarse en la raíz económica y política del problema.
Debemos comprender lo que ha ocurrido en términos de cómo el modo de producción capitalista genera miseria y penurias para la humanidad no sólo a consecuencia de la explotación de la fuerza de trabajo, sino también a partir de la sobreexplotación salvaje de los recursos naturales para la obtención de plusvalía.
La triste historia de esta crisis: cómo el Estado capitalista ha permitido el saqueo del agua
Tal y como la gente lo expresaba a viva voz en las protestas, al corear la consigna “no es sequía, es saqueo”, sería completamente equivocado considerar la actual sequía como la causa fundamental y única de la crisis de agua por la que ha atravesado el país.
Durante todo el período histórico previo a la sequía, los recursos hídricos del Uruguay han sido saqueados de forma sistemática, sólo beneficiando con ello a grandes capitales nacionales y extranjeros. Veamos.
En el contexto de la llamada primera ola de gobiernos progresistas en América Latina, que fue más bien la consecuencia política de un auge generalizado de la lucha de clases y del movimiento de masas en varios países de la región, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en consagrar como derecho constitucional, el monopolio estatal sobre los servicios de agua potable y saneamiento.
Mediante un plebiscito efectuado en paralelo con las elecciones presidenciales en octubre de 2004 –que ganaría Tabaré Vásquez por el Frente Amplio-, se otorgó carácter constitucional al monopolio estatal sobre el agua. El 64% de la población votó a favor de la propuesta, que una vez aprobada se convirtió en una referencia mundial en la lucha política por la defensa del medio ambiente y de los DDHH vinculados al medio ambiente: En Uruguay, el acceso al agua se había convertido en un derecho humano con rango constitucional.
Pero, más allá de esta conquista legal, el poder económico del agro negocio y las pasteras o papeleras se mantuvo intacto, y en consecuencia, su poder de facto sobre el uso del agua –que en teoría sólo puede ser explotada por el Estado- se ha mantenido intacto. Más aún, podríamos decir que este poder se ha incrementado desde la reforma constitucional a la fecha.
Toda la historia contemporánea de la lucha de clases evidencia que, si no se liquida de raíz el poder económico y político de los capitalistas, cualquier reforma progresiva -por más avanzada que sea-, termina en cierto punto convirtiéndose en su contrario, o al menos, termina siendo aplastada y retrogradada por el propio avance del capital.
Es esto lo que ha ocurrido con el derecho al agua en el Uruguay.
Apenas meses después de la probación de la reforma, el propio gobierno del Frente Amplio aprobó el proyecto de la pastera de capital finlandés, Botnia, ubicada en Fray Bentos, frente a la localidad de Gualeguaychú, del lado argentino.
En respuesta a la construcción de la pastera, se desarrolló en Gualeguaychú un importante movimiento de protesta en defensa del medio ambiente y el agua, que dio base a la formación de la llamada Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. Esta plataforma llegó a movilizar hasta 40.000 personas y llevó a cabo cortes de ruta en varias oportunidades. Desde esa fecha hasta hoy, también ha habido manifestaciones del lado uruguayo en contra del proyecto, desde la izquierda y los colectivos ambientalistas.
A pesar de las protestas, y del posterior conflicto diplomático entre los Estados argentino y uruguayo que provocó el proyecto de la pastera, su construcción siguió adelante.
Esta primera planta de Botnia se conoce hoy por las siglas UPM. La UPM comenzó a funcionar en 2007. En 2009 se construyó una segunda planta, que está en manos de Arauco y Stora Enso, empresas de capital chileno y sueco/finlandés, respectivamente. Luego, en 2016, se aprobó la construcción de una segunda planta de UPM en las riberas del Río Negro, en Paso de los Toros, en el interior del país. Esta segunda planta es aún más grande que la primera planta de Botnia, y fue inaugurada por Lacalle Pou en plena crisis del agua en la capital.
En la actualidad, la primera planta de Botnia consume 107 millones de litros diarios de agua para su funcionamiento. Por su parte, la UPM 2, en Paso de Toros, consume unos 136 millones de litros diarios.
Luego, está la cuestión de la producción de cereales y oleaginosas.
Durante los últimos veinte años, en el contexto del período de auge de la demanda y precio de las materias primas en el mercado mundial, la producción agropecuaria del Uruguay se ha doblado, pasando de aproximadamente 706 mil hectáreas cultivadas en el período 1998/1999, a 1 millón 598 mil hectáreas cultivadas de cereales y oleaginosos, incluyendo tanto rubros de invierno como de verano. Es decir, ha habido un crecimiento de poco más del 100% en las últimas dos décadas. De esto puede deducirse lógicamente que el consumo de agua por parte de la agroindustria se ha doblado-al menos- en el mismo período de tiempo, y, en consecuencia, también se ha doblado el grado de presión que estas industrias ejercen sobre los recursos hídricos del país.
Las consecuencias de todas estas concesiones otorgadas al agro negocio en materia de explotación del agua, ahora se han tornado evidentes.
Un artículo del sociólogo Daniel Pena publicado en el blog político uruguayo Zur, señala, con base en un estudio de 2021 patrocinado por el CLACSO, que tan sólo la industria de la pulpa de papel consume 20 veces más que el total de agua potabilizada para el consumo humano en el país.
Por su parte, la ganadería, la industria sojera y el arroz, consumen hasta 20, 17 y 4 veces la cantidad de agua potabilizada para consumo humano, respectivamente, de acuerdo a este estudio llevado a cabo por Santos, Sosa y Sanguinetti, citado en el artículo de Daniel Pena.
En total, sólo estas cuatro industrias, tomando en cuenta que en promedio se calcula una pérdida de agua potabilizada de hasta el 50% -lo que implica siempre el doble del consumo final de agua-, se tragan –valga la metáfora- hasta 122 veces la cantidad de agua tratada para consumo humano. En términos porcentuales esto significa que la agroindustria emplea alrededor de un 80% del agua consumida en el país.
Así es como, por años, el Estado les ha permitido a las industrias pastera, oleaginosa y ganadera, chuparse vorazmente las fuentes de agua potable de la población, mientras estas obtienen jugosas ganancias de ello. Era lógico pues, que ante una sequía como la de los últimos tres años, la sobre explotación de este recurso detonase una crisis de suministro como la que se ha vivido recientemente.
Y así, de ser el país de extraordinarias reservas hídricas que plasmó en su constitución el derecho humano al agua potable en 2004, Uruguay pasó a quedarse sin agua potable en 2023.
La desinversión progresiva en la OSE
Otro factor de peso en la ecuación, es el deterioro histórico de la red pública de suministro de agua.
Según un estudio realizado por la Cooperativa de trabajo Comuna para la Federación de Funcionarios de la OSE y publicado en 2020, la OSE requiere aproximadamente dólares $ 2000 millones, para lograr el objetivo de cobertura universal de saneamiento y agua potable.
Los gráficos correspondientes muestran una recuperación paulatina de la inversión durante la primera década de este siglo, medida en pesos constantes equivalentes a su valor en 2010 y en pesos corrientes como parte del PIB total, y luego, muestran una caída paulatina desde la crisis capitalista de 2009 hasta la fecha, a pesar de que hubo una leve recuperación a mediados de la década pasada.
La caída sostenida de la inversión estatal en la OSE, agudiza la crisis de escasez, en tanto inhabilita al ente estatal competente para efectuar las reparaciones y sustituciones de tuberías necesarias. De hecho, como hemos comentado más arriba, se estima que aproximadamente un 50% del agua que procede de los embalses se pierde de esta forma, lo que obviamente tiene un impacto considerable en el margen de consumo final.
Todo esto resulta aún más absurdo, cuando se toma en cuenta el hecho de que los grandes capitales del agronegocio no sólo saquean el agua del país, sino que lo hacen prácticamente gratis. Si al menos el Estado les cobrase por el consumo, podría financiar la reparación y mantenimiento de la red de la OSE, o construir plantas potabilizadoras complejas, que permitan hacer apta para el uso humano las aguas del Rio de la Plata. Realmente apta, utilizando mecanismos y tecnologías que permitan potabilizarla, entendiendo los niveles de contaminación que hay en las aguas de este río. Pero esto no ocurre así.
En el código de aguas de 1978 está contemplado un canon que permite el cobro del agua consumida por la industria ganadera, sojera o pastera, pero nunca se ha aplicado en la práctica. Sólo se aplica en algunos casos concretos como la Coca-Cola, que paga a la OSE una tarifa comercial por el agua que consume.
Por otra parte, aunque la caída de la inversión en la OSE es un fenómeno de larga data, que se retrotrae incluso hasta los gobiernos del Frente Amplio, hoy es perfectamente acorde con la política de ajuste fiscal y recortes a favor del gran capital, del gobierno de la Coalición Multicolor, con Lacalle Pou a la cabeza del Estado. Su gobierno no sólo ha extremado este proceso, sino que incluso ya está tomando medidas para favorecer la privatización del agua.
Más allá de la sequía el problema es el capitalismo
Hemos visto que, más allá de la sequía, son causas diversas, profundamente enraizadas en el modo capitalista de producción, las que han venido abonando el terreno para la actual crisis.
Ya sea que analicemos las reformas limitadas del Frente Amplio-que no acabó con el poder de las pasteras y el agro negocio sobre el agua-, o la política de ajuste fiscal descarnado de la Coalición multicolor encabezada por Lacalle Pou -que busca claramente mejorar los márgenes de ganancia de los capitalistas y reducir el déficit fiscal a costa de estrangular más y más el ingreso de la clase trabajadora-, la crisis de agua que ha vivido el Uruguay se ha preparado lentamente en el tiempo.
Esta crisis no ha sido más que un salto cualitativo, luego del largo y lento proceso de acumulación de cambios cuantitativos en la explotación de los recursos hídricos del país. Ciertamente, ha sido detonada por la larga sequía, ocurrida en el contexto del cambio climático y el fenómeno del Niño. Pero, en última instancia, fue preparada durante años sobre la base de la sobre explotación brutal de las fuentes de agua para el beneficio de unos pocos.
En este espíritu de ideas, es necesario desarrollar el debate sobre cómo la planificación de la economía, bajo el control democrático de la clase obrera, y sobre la base de la propiedad estatal de los medios de producción, puede permitir el desarrollo social y humano sin devastar la naturaleza en tanto fuerza productiva y fuente de recursos.
Este es un debate muy necesario para el movimiento comunista internacional, y debe prestársele la atención debida. Sobre todo, porque puede contribuir de manera importante a la propaganda y agitación de nuestras ideas entre las masas trabajadoras, pero también porque nos arma de cara al futuro, un futuro marcado por el impacto del cambio climático sobre la vida humana, pero también sobre el propio régimen capitalista de producción.
La lucha por superar esta crisis ambiental que ha afectado al Uruguay, pero que también está afectando una serie de países del continente y del mundo, es y será, sobre todo, una lucha política, una lucha de clases.
Como hemos visto, la sobreexplotación del agua para la generación de plusvalía, ha sido uno de los factores centrales en la crisis uruguaya del agua. Pero, también, la política de desinversión y de recortes fiscales, que ha minado la base económica y financiera de la OSE, ha contribuido a la pérdida del agua bombeada a la ciudad a través de canillas y tuberías rotas. En ambos casos, los intereses capitalistas son diametralmente a los intereses de las familias de clase trabajadora que necesitan del vital líquido en condiciones aptas para el consumo humano.
A los distintos sectores del capital, tanto el nacional dueño del agro negocio, como a los extranjeros que poseen la industria de la celulosa, no les interesa la satisfacción cabal del derecho humano al agua, ni la protección de los acuíferos y de los suelos, sino, sobre todo, les interesan sus ganancias.
A los partidos del capital, agrupados en la Coalición multicolor, les interesa defender los intereses de sus amos, los capitalistas que sobre explotan el agua y demás recursos naturales.
Por su parte, las organizaciones reformistas -como el Frente Amplio- y sobre todo sus dirigencias, carecen de un programa de clase y una política genuinamente combativa, revolucionaria y consecuente en defensa de los intereses de las masas trabajadoras y de la naturaleza. Lamentablemente, por esta razón terminan sirviendo, ya sea por acción u omisión, a los intereses de los capitalistas. Esto lo señalamos con firmeza, aun y cuando reconocemos entre sus bases a genuinas luchadoras y luchadores clasistas y revolucionarios, con los que podemos hacer causa común en la lucha por tirar abajo al capitalismo para defender la vida humana y la naturaleza.
En última instancia, será imposible acabar con la devastación del medio ambiente, mientras la producción de valores de uso esté guiada por el lucro y subordinada a la propiedad privada de los medios de producción.
Por lo tanto, para acabar con la devastación medioambiental, necesitamos destruir este sistema, y planificar la economía en beneficio de la humanidad y la naturaleza.
Medidas programáticas de transición para luchar contra el saqueo del agua
Sin embargo, existen medidas transicionales de corto y mediano plazo por las que podemos y debemos pelear, para frenar el saqueo del agua, en el transcurso de la lucha más general por echar abajo al capitalismo.
Por ejemplo, luchar por la implementación del cobro a todas las industrias del agronegocio por el agua que consumen, de acuerdo al código de aguas de 1978, y que estos fondos sean dirigidos a financiar el mantenimiento y mejoría de la red pública de suministro de la OSE, así como la potabilización de otras fuentes de agua. Estos fondos deben ser administrados por la clase obrera, de forma pública, democrática y transparente.
De la misma forma, es necesario pelear por el control obrero general dentro de la OSE.
Sólo las y los trabajadores, que padecemos y conocemos de primera mano las fallas y falencias del sistema de suministro en nuestros hogares y en las propias instalaciones de la red de la OSE, podemos mejorar cabalmente el sistema. Los burócratas, que históricamente han dirigido y dirigen instituciones de esta naturaleza o ministerios relacionados, sólo piensan en sus intereses privados, sus altos salarios y beneficios, y no en el bienestar de las mayorías.
En lo que respecta a las industrias del agronegocio y las pasteras, es necesario dar la batalla política en la base de sus sindicatos para politizar a los trabajadores hacia la cuestión de la explotación de la clase obrera, y la sobreexplotación del agua y el capitalismo: la expoliación del hombre, la mujer y la naturaleza por el capital, son caras de una misma moneda.
Debemos explicar la necesidad del control obrero democrático sobre la producción en estas industrias, para ponerlas al servicio de la sociedad y que esto permita mejorar las técnicas y tecnologías de producción, a fin de disminuir el impacto sobre el medio ambiente.
Parte de la plusvalía generada por la clase obrera en estas industrias debe destinarse a la implementación de técnicas de producción agroecológicas a gran escala y al financiamiento de investigaciones en esta área, que permitan reducir la contaminación de las aguas y el empobrecimiento de los suelos como consecuencia de la actividad agrícola tradicional -monocultivo sojero, uso de agro tóxicos, entre otros-.
Para tener una idea de la situación, aproximadamente el 50% del área total de cultivo sojero se ubica en tan sólo tres departamentos del país: Soriano, Colonia y Río Negro. Estas tres provincias están ubicadas en el litoral del Río Uruguay, y los desechos químicos resultantes del proceso de producción, van a parar al río Uruguay y de ahí al Río de La Plata. Si además incluimos a las provincias de Paysandú y Flores, la primera también ubicada en el litoral del Río Uruguay, y la segunda en el litoral del Río La Plata, se alcanza el 66% de la superficie total cultivada. Durante la zafra 2021/22, el área estimada de siembra de soja fue de 1.165.000 hectáreas. Todo el excedente de los fertilizantes, herbicidas y pesticidas empleados en el cultivo, va a parar al agua de estos ríos.
Por otro lado, parte de las ganancias de estas industrias deben ser destinadas a la construcción de plantas de almacenamiento y tratamiento de agua, no sólo para sanear las aguas residuales empleadas en el proceso de producción antes de devolverlas a los ríos, sino para implementar la reutilización de aguas residuales en el propio proceso productivo, a fin de no afectar los acuíferos con la extracción desmesurada del recurso. El desarrollo e implementación de tecnologías que permitan reducir el consumo en el proceso de producción, también debe ser un imperativo a este respecto.
Toda esta lucha, lógicamente, debe ir de la mano con la lucha por la defensa de los salarios y del ingreso general de la clase trabajadora, así como de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo. Una cosa no puede estar desvinculada de la otra.
Finalmente, debemos dar una batalla política para ganar a las y los trabajadores más combativos y avanzados en estas industrias, al trabajo de transformar sus sindicatos actuales en verdaderos instrumentos de lucha revolucionaria, superando y reemplazando a los actuales jefes sindicales que llevan políticas de conciliación de clase con las grandes capitalistas, para que estas instancias sirvan a las tareas arriba mencionadas.
El retorno de las lluvias ha mejorado la calidad del agua recientemente, y al menos por ahora pareciera que se cerrado el período de crisis extrema, al punto que Lacalle Pou ha levantado la emergencia nacional. Pero, las causas estructurales de la crisis, más allá de la sequía siguen estando allí. ¿Qué pasará en el futuro, si la sequía vuelve con más gravedad?
La lucha por echar abajo al capitalismo es la única vía que nos permitirá superar la catástrofe medioambiental que nos amenaza en todo el mundo. Debemos unir la lucha por la defensa de nuestras reivindicaciones y condiciones materiales de existencia, a la lucha por la defensa de la naturaleza de la depredación que llevan adelante los capitalistas. Urge poner manos a la obra.
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